Ejército democrático versus Ejército español (El Ejército de Vox)

Los últimos doscientos años de historia del Estado español está plagada de todo tipo de asonadas militares, sublevaciones, pronunciamientos e injerencias políticas del estamento militar en la vida política. La institución militar ha tenido un deseo desenfrenado de protagonismo en la historia de España, con la peculiaridad que esta institución siempre ha estado copada por familias de clase alta y de rancia tradición militar.

El siglo XIX fue un cúmulo de intervenciones militares, en su mayor parte liberales, aunque también las hubo de tinte conservador. Todos esos pronunciamientos se realizaron con el deseo de intervenir en la política española. Riego, Espartero, O´Donnell, Narváez, Martinez Campos, Pavía son algunos de los nombres más conocidos. Algunos llegaron a presidir diversos gobiernos bajo el reinado de Isabel II. Los pronunciamientos de esa época eran bastante efímeros, puesto que su duración iba ligada al gobierno surgido del pronunciamiento de turno, que en algunos casos era derrocado por otro pronunciamiento. Pero salvando el sexenio democrático con la llegada de la I República, todos tenían un denominador común: la institución monárquica no se ponía en cuestión. Por cierto, la denominación de “sexenio democrático” nos sugiere que antes y después de ese periodo la democracia no era la característica que adornaban a los gobiernos borbónicos.

El siglo XX siguió la estela del que le precedía, pero los golpes militares tuvieron un color muy diferente. Fueron sublevaciones militares de tinte fascista, totalitario y fueron acompañadas de una estrategia basada en la represión y el terror a gran escala.

La primera la protagonizó Miguel Primo de Rivera, con la instauración de un Directorio Militar (1923-1930) y es necesario recordar la colaboración que prestó el PSOE a lo largo de la dictadura de primorriverista.

La segunda sublevación militar desembocó en una guerra civil y es de sobra conocida. La lideraron una serie de militares, entre los que se encontraba Francisco Franco, con el apoyo de organizaciones fascistas y ultracatólicas. Pusieron en práctica una represión despiadada que tuvo su continuidad después de la finalización de la Guerra Civil alargándose a lo largo de cuarenta años.

Durante la dictadura franquista se fue moldeando un ejército que era fiel reflejo del régimen dictatorial y totalitario en el que estaba sumido este país. Fueron varias décadas en las que la impronta franquista echó unas raíces tan fuertes que después de la muerte del dictador esta institución ha seguido controlada por esa cúpula militar que se encuentra muy alejada de los estándares democráticos occidentales.

Esta pequeña introducción que acabo de realizar sobre los últimos 200 años del ejército español  es para poner en contexto el último ensayo que ha escrito Luís Gonzalo Segura, ex teniente del Ejército español, y publicado recientemente bajo el título “El Ejército de Vox”; Ediciones Akal  (Foca investigación). El libro, que no supera las 180 páginas, es de una rápida lectura y desde el principio despierta un gran interés al lector.

En este ensayo el autor ha realizado un trabajo pormenorizado y documentado con la finalidad de demostrar algo que es un secreto a voces: el Ejército español en su mayor parte es ultraderechista. Para ello sigue tres líneas de trabajo.

La primera es el análisis de hechos recientes de la política de este país para constatar la ideología mayoritaria dentro del Ejército español. La segunda línea es un trabajo minucioso y detallado de los resultados electorales de abril y noviembre de 2019 en las secciones donde votaban los militares de las diferentes bases y destacamentos del Ejército. La tercera es una relación pormenorizada de las exaltaciones ultraderechistas y actuaciones nada propias de un ejército supuestamente democrático, desde 2015 hasta nuestros días y la impunidad de la que han gozado.

Lo interesante no es sólo lo que dice, sino quién lo dice, porque cualquier persona que no sea ingenua puede llegar a conclusiones muy similares a las que llega el autor: Una persona que ha pasado por la Academia General de Zaragoza y, posteriormente, ha cursado los cursos correspondientes para obtener el grado de teniente. Los que estamos entrados en una edad y realizamos la mili  podemos decir que ese periodo nos sirvió para saber lo que se cocía dentro de las cuatro paredes de un cuartel. Por el contrario, hoy en día la mayor parte de la sociedad desconoce absolutamente el Ejército. Y esto último puede parecer una anécdota pero es muy peligroso como posteriormente se comentará.

A la hora de realizar este ensayo, el autor parte de una premisa: “España es un régimen autoritario moderno de apariencia democrática construido sobre una estructura franquista”. Es difícil mejorar esta definición. Para Luís Gonzalo Segura, esta situación se ha sustentado en “una Constitución escrita por franquistas o rendidos al franquismo para perpetuación de franquistas en el poder y que ha contado con un sustento mediático de franquistas, colaboradores franquistas o rendidos al franquismo. Y de aquel franquismo, esta extravagante democracia”. Con esta sencilla descripción la Transición queda ubicada en lo que fue.

Analiza algunos sucesos que se han vivido en este país protagonizados por miembros de la cúpula militar y que en cualquier país democrático hubieran sido atajados de raíz por el poder político. Por el contrario, en el Estado español los poderes políticos han mirado para otro lado y esos acontecimientos han tenido el blanqueo de la prensa española.

Explica los acontecimientos que se produjeron con la publicación del Manifiesto de los Mil en julio-agosto de 2018. Fue promovido por 200 altos mandos militares (generales, coroneles y tenientes coroneles) y que posteriormente se adhirieron un gran número de altos mandos hasta llegar a la cifra de 1.000 mandos. La finalidad era responder a la decisión del Gobierno del PSOE de exhumar el cadáver del dictador para sacarlo del Valle de los Caídos. También trata la actitud de las Fuerzas Armadas en el conflicto de Cataluña, las injerencias y actuaciones que han realizado. Han actuado con toda impunidad.

Realiza una muy atinada reflexión a la hora de analizar la cúpula militar. El autor manifiesta que los mandos militares, mientras están en activo, esconden su ideología para hacerla pública cuando pasan a la reserva. Es una forma de salvaguardar su posición profesional, pero en cuanto tienen ocasión hacen gala de esa ideología.

Hay otro dato en el que Luís Gonzalo Segura incide para explicar esta situación. Es el acuerdo tácito existente a lo largo de estos últimos cuarenta años entre las élites políticas y la cúpula militar. La clase política y, en concreto, los diferentes gobiernos del PSOE han sido los convidados de piedra ante el funcionamiento interno del Ejército. En virtud de ese “acuerdo tácito” los militares han tenido y tienen carta blanca para campar a su antojo en los cuarteles y, a cambio, no causar ningún problema en la calle. Nunca ha habido un intento de democratización de esta institución. Para dar consistencia a este planteamiento en la segunda parte de este ensayo realiza una pormenorizada enumeración de las aberraciones que han cometido y que han pasado desapercibidas por la falta de firmeza de los diferentes gobiernos y la cierta complicidad de la mayor parte de la prensa.

Analiza la irrupción de militares en las listas electorales de VOX en las elecciones autonómicas de Andalucía y el blanqueo informativo por parte de los medios del Régimen del 78. Desde las elecciones de 1977 nunca se había dado un desembarco en política de estas características por parte del estamento militar y de la Guardia Civil. Aporta un dato muy revelador: La suma de los militares que se han presentado en las listas electorales del resto de partidos a lo largo de la historia no alcanza el número de los que se han enganchado al banderín de Vox.

La división del voto de derecha en tres partidos (PP, Vox y Cs) y el análisis de las secciones electorales donde votan los miembros del Ejército, también ha servido para comprobar que una inmensa mayoría de los militares son de derechas y, más concretamente, son ultraderechistas que hasta hace pocas fechas eran el ala ultra del PP y ahora tienen otra opción política en la que encajan a la perfección.

A mí, particularmente, me ha parecido muy interesante la crítica que realiza a la izquierda. La desidia por dominar el Ejército se une al deseo de las élites por controlarlo y pone sobre la mesa un ejemplo irrefutable. En los más de 50 folios del acuerdo de gobierno entre PSOE y UP, no hay ninguna mención a la regeneración de las Fuerzas Armadas españolas. Igual esto nos sirve para entender el motivo por el que en las ruedas de prensa del Gobierno durante este Estado de alarma hay más altos mandos militares que miembros del Gobierno. Igual es una cuestión de cuotas de poder.

En el libro se realiza un estudio pormenorizado de los resultados de Vox en las diferentes secciones de los colegios electorales donde votan militares y sus familias, con análisis comparativos con los datos que Vox ha obtenido en esas provincias. Todo el estudio va acompañado de una serie de cuadros y tablas que son de gran utilidad.

Ni que decir tiene que recomiendo su lectura a cualquier persona que tenga interés por el temas y preocupación por el ascenso de la extrema derecha en el Estado español.

La factura de la fiesta de los Pactos de la Moncloa

La crisis sanitaria producida por el coronavirus nos ha asomado en un abrir y cerrar de ojos al abismo de una nueva crisis económica. Estamos en un escenario que nos es absolutamente nuevo. Ante esta situación, en el Estado español se han alzado voces que plantean la necesidad de reeditar unos pactos similares a los Pactos de la Moncloa para superar esta situación de emergencia económica.

Para poder abordar la necesidad o no de unos pactos de esta naturaleza, similares a los que se firmaron en 1977, es necesario hacer un ejercicio de memoria histórica, para poder ubicar lo que fueron los Pactos de la Moncloa en el contexto de la época, y a partir de ahí evaluar si en la actualidad es la solución para toda la ciudadanía en su conjunto.

Los Pactos de la Moncloa fueron firmados por las fuerzas políticas y sindicales en octubre de 1977, pero se empezaron a gestar pocos días después de las elecciones el 15 junio de 1977. Eran las primeras elecciones después de cuarenta años de dictadura franquista. Desde la muerte del dictador se había puesto en marcha el proceso de reforma política y se iban quemando etapas sin que en ningún momento el establishment viera peligrar su status quo. Los aparatos del Estado franquista no habían sido depurados y en lo concerniente a los poderes económicos la oligarquía que se enriqueció a la sombra del franquismo seguía controlando todo el entramado económico. Suarez a la hora de formar el primer gobierno de la UCD nombra vicepresidente económico a Enrique Fuentes Quintana, quien sólo estuvo ocho meses en el cargo, pero que fue uno de los ideólogos de esos pactos.

El proceso de reforma de las instituciones franquistas para amoldarlas a lo que se podría denominar una democracia de corte occidental iba encarrilada. Los partidos más importantes de la oposición democrática habían renunciado a sus planteamientos iniciales y aceptaron este proceso político de reformas políticas que en ningún momento cuestionaba las instituciones franquistas, pues iban a ser los cimientos del régimen del 78 que estaba por venir. No muy lejos quedaban los posicionamientos en favor de la ruptura democrática y de no reconocer a un régimen que fuera heredero del régimen franquista. Sin ir más lejos, en 1976, todos los partidos de la izquierda parlamentaria estaban en contra del proceso que aceptaron con posterioridad.

Dentro de ese contexto es necesario recordar la profunda crisis económica que se vivía en aquellos años, fruto de la crisis del petróleo surgida en 1973. Un pais con una estructura económica y un sistema fiscal obsoleto que estaba pensado para beneficiar a las élites económicas, con una tasa de paro que rondaba el 6% y una inflación superior al 40%. Algo propio de un régimen antiguo y totalitario. A nivel sociolaboral, había una gran conflictividad laboral. Por poner un ejemplo, hacía poco más de un año de las luchas obreras que se vivieron en Vitoria-Gasteiz y que costaron la vida a cinco trabajadores a mano de las fuerzas policiales.

Toda esta situación llevó a las élites políticas a plantear unos acuerdos para “salvar al Estado de la catástrofe”. Fueron invitados todos los partidos del arco parlamentario y los recién legalizados sindicatos, en concreto, UGT y CCOO.

La realidad era que esos pactos iban a servir para encajar todas las estructuras socio-económicas del franquismo en el proceso de reforma política. En esos pactos no se puso en entredicho el origen de las riquezas de la oligarquía de la época, pues estaban pensados para eso, para que a partir de entonces nadie los pusiera en duda. Si la acumulación de capitales había sido gracias a las políticas del régimen franquista eso quedaba en el cajón del olvido. Este paso era fundamental para salvaguardar a las grandes familias y que a partir de ese momento tuviera todo un nuevo rol democrático.

Unos de los objetivos de estos acuerdos era realizar un ajuste en la clase trabajadora de la época. Para ello era necesario involucrar en la causa a los dos sindicatos que en ese momento eran los más importantes en el mundo laboral, UGT y CCOO, y que, a su vez, eran correa de transmisión de los dos partidos del centro-izquierda con mayor peso parlamentario (PSOE y PCE).

El texto aprobado tenía dos partes: una de reformas económicas y otra de reformas políticas. Por lo que respecta a las primeras, que es lo que ahora nos interesa, algunas de las cuestiones que afectaban de lleno a la ciudadanía de la época eran las siguientes: Se limitaba la subida de los salarios al 20% cuando en el momento de la firma la inflación se situaba alrededor del 30%, llegando el año siguiente al 40%. Esto no dejaba de ser una bajada del poder adquisitivo de los trabajadores, pues perdían, en el mejor de los casos un 10% de poder adquisitivo. Si algún convenio colectivo no respetaba la subida estipulada se permitía el despido del 5% de la plantilla y a esa empresa se le retiraban las ayudas crediticias y fiscales. En los puestos de trabajo de nueva creación ocupados por jóvenes se podrá despedir libremente durante los dos primeros años. Los efectos fueron tan catastróficos para la población que la tasa de paro se disparó del 5,6% de la población activa a finales de 1977 al 25% en los siguientes años, llegando a los cinco millones de parados.

Lo poco positivo que trajeron los Pactos de la Moncloa fue la reforma fiscal que se puso en marcha y que trajo consigo la desaparición de los impuestos que gravaban las diferentes rentas (trabajo, capital, etc…) para crear el Impuesto sobre la Renta y la reforma del Impuesto sobre Sociedades, aunque las presiones de ciertos sectores lograron que algunos aspectos de la reforma no salieran adelante.

El tiempo demostró que el ajuste se cebó con las clases más humildes y, por el contrario, no se cumplieron las medidas que iban a ser beneficiosas para la gran mayoría de la población.

Teniendo una somera idea de lo que fueron los Pactos de la Moncloa de 1977, hay que plantearse cuál es la intención de sus nuevos patrocinadores. Da la sensación que las dos almas del Gobierno están siendo las impulsoras de una iniciativa que está abocada al fracaso por múltiples razones.

Desde una óptica política, en este momento no hay condiciones objetivas para que haya un acuerdo de esta naturaleza con una oposición de derechas que en muchos momentos no reconoce la legitimidad del actual Gobierno, llegando a esgrimir un discurso que en algunos casos bordea la línea del golpismo. Pero desde una óptica socio-económica es materialmente imposible llegar a ningún acuerdo con los partidos que son los representantes del ultraliberalismo europeo y responsables de los recortes de todos los servicios públicos, dejando al Estado del bienestar como un solar. Son los arietes de las políticas privatizadoras, defensores a ultranza de las reformas fiscales que han traído consigo el abandono de la progresividad en las políticas fiscales, lo que ha generado que las rentas más altas aporten mucho menos y, por tanto, baje la recaudación ¿Alguien puede llegar a pensar que se puede llegar a un acuerdo con los responsables de todo este desaguisado?

En el supuesto hipotético que se llegara a crear una mesa con los partidos políticos y otras organizaciones sociales habría que analizar las diferencias estratégicas de los dos partidos del Gobierno a la hora de plantear unos pactos de esta naturaleza. No tienen los mismos intereses el PSOE y UP. En la actualidad tienen un programa de gobierno, pero esos hipotéticos pactos sobrepasarían los límites de ese pacto y en ese momento se empezarían a vislumbrar las diferencias internas de este Gobierno y eso sería contraproducente para el Gobierno porque la derecha tendría una ocasión idónea para torpedear al gobierno de coalición. Y no hay que olvidar que deberían de contar con los partidos que ayudaron a que triunfara la investidura de Sánchez, por eso de la aritmética.

Lo que más me llama la atención es la postura de Pablo Iglesias,  abogando por un pacto entre todas las fuerzas políticas y sociales siendo sabedor que en este tipo de acuerdos las oligarquías y las clases altas suelen ser los que, de una u otra forma, ganan la partida. Parece que quiere emular a Santiago Carrillo cuando se firmaron los Pactos de la Moncloa de 1977. El líder del PCE salió en la foto, pero los trabajadores fueron los que pagaron la factura de la fiesta.

Una vez que esta crisis sanitaria se haya superado, el Gobierno tiene que adoptar una serie de medidas que no puede obviar. Debe reforzar el papel del sector público en todos los ámbitos como herramienta para proteger a la mayor parte de la población, sobre todo, aquella que es más vulnerable. Para ello tiene que realizar una serie de reformas urgentes que desmonten el desastre generado por las políticas neoliberales que se han llevado durante muchos años, tanto por los gobiernos del PP como por los gobiernos del PSOE.

Para finalizar, no es muy lógica la forma en la que el Gobierno está abriendo la fuente del dinero para las empresas. No puede ser que el Estado cargue con las ayudas al sector privado a cambio de nada. Estos días se ha abierto la veda del chorro de dinero a las empresas por parte de las entidades financieras, pero con la garantía del Estado, a través del ICO, sin que a estas empresas se les exijan contrapartidas, además, lógicamente, de la devolución del dinero prestado. Está siendo un descontrol total y absoluto, porque una de las cosas que se debería de exigir a las empresas que quieren acceder a estos fondos es la prohibición de la destrucción de empleo ¿Dónde están los beneficios de las empresas en los últimos años? No es muy normal que en menos de un mes las empresas hayan pasado de tener una situación financiera en algunos casos buena y en otros razonable, a que ahora estén en la ruina más absoluta.

Soy partidario que para que las empresas puedan acceder ayudas del Estado o con la garantía de éste, se analicen sus estados financieros para comprobar si la situación de las empresas antes del Estado de alarma era buena, mala o regular. No se puede consentir que empresas bien saneadas y con una capacidad financiera para hacer frente a la crisis se puedan acoger a este tipo de ayudas o desde el primer momento empiecen a aplicar ERTES. La crisis vuelve a ser una bicoca para las empresas. Reciben ayudas públicas y con la excusa de la situación económica tienen barra libre para hacer ajustes laborales. Lo dicho, la factura de la fiesta siempre la pagan los mismos.

Enseñanzas que deja el paso del coronavirus

Estamos viviendo unos días que van a quedar grabados en nuestra memoria para el resto de nuestras vidas. Las personas que pertenecemos al primer mundo hemos estado acostumbradas a ver todo tipo de desastres a través de los medios de comunicación, pero como si la fiesta no fuera con nosotros.

Para no perder la perspectiva, lo primero que hay que poner encima de la mesa son los datos, y si los comparamos con cualquier epidemia de gripe, en principio no debería de generar esta situación de alarma. Según datos del Centro Nacional de Epidemiología, las personas fallecidas en el Estado español por gripe en la temporada 2018-2019 ascendieron a 6.300 fallecidos y 35.300 personas fueron hospitalizadas. En este momento los fallecidos por el coronavirus ascienden a 295 personas y los contagiados a 7.989 personas[1].  Tampoco hay que perder de vista que la mayoría de los fallecidos por coronavirus tenían otras patologías y/o eran personas de edad avanzada. No dejo de tener presente que este virus, entre otras cualidades, tiene una facilidad de expansión muchísimo mayor que cualquier otro virus y su mayor mortalidad.

Lo cierto es que en estos momentos nos encontramos en una situación que la inmensa mayoría de la población nunca habíamos experimentado hasta ahora, con unas medidas excepcionales en materia sanitaria impensables en los países ricos y ante esta situación parece que se está acabando el mundo. Todo esto nos debería de hacer reflexionar y aprender algunas lecciones.

La primera reflexión que voy a realizar es desde un punto de vista global, como sociedad perteneciente a ese Primer mundo, en el que se mira al resto del Planeta por encima del hombro.

Lo que nos está sucediendo es producto de una catástrofe sanitaria, que podía haber sido una catástrofe natural (terremoto, inundaciones, etc…). Todo este tipo de situaciones se producen al margen de la voluntad del hombre, pero también las hay, y esas son las más terribles, por culpa de la actuación de ser humano. Ambos tipos catástrofes nos deberían de ayudar a sacar conclusiones para el futuro inmediato, pero ahora me voy a ceñir a las que genera el hombre como consecuencias de sus decisiones.

Desde el final de la II Guerra Mundial, los países occidentales se han dedicado a exportar y a propagar todo tipo de conflictos a lo largo y ancho de este mundo. Hemos visto como cientos de miles de personas inocentes morían en bombardeos que realizaban países del primer mundo o eran cooperadores necesarios, porque facilitaban armas a todo tipo de países de las zonas en conflicto. Los países occidentales han llevado la guerra, la violencia  y la miseria a países como Palestina, Iraq, Libia, Yemen, Siria, África Central, etc… y con una única finalidad: expoliar todas las riquezas de los países del Tercer mundo. Esos conflictos y formas de explotación económica lo que han generado son muerte, pobreza, exilo y éxodo en esos países. Todo ello para que en Occidente se viviera mucho mejor y acrecentar las diferencias entre unos países y otros. La respuesta de las sociedades occidentales ha dejado mucho que desear, careciendo de un mínimo de sensibilidad y solidaridad. Sólo hay que ver la tragedia diaria que se da en el Mediterráneo o los diez años de guerra en Siria.

Ante todo ese cúmulo de desastres provocados, es curioso que con el problema del coronavirus entremos en pánico, como si esto fuera una película de ciencia ficción en la que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. El egoísmo de Occidente nos ha llevado a no querer ver todos los desastres provocados por las grandes potencias, que han pasado en otras latitudes. Algunas a la vuelta de la esquina, y lo único que nos ha preocupado es que los efectos colaterales nos pudieran salpicar. Un ejemplo de esto último, y de los más elocuentes, es cuando en la prensa salía información relativa al avance de algunas de las facciones del Estado islámico en el Norte de África, en concreto en Libia. Los titulares nos decían que ya estaban muy cerca de Europa. Daba igual lo que le ocurriera a la población que se encontraba en sus manos. Lo importante era que en Europa no pasase nada. Por tanto, sería necesario que las sociedades de los países ricos aprendieran alguna lección con la situación de alarma que está generando la crisis del coronavirus y a partir de ahora diera un giro de ciento ochenta grados y se actuara con criterios de solidaridad y humanidad, pero sin poner excusas ni salvedades.

La segunda reflexión que nos trae el coronavirus es que uno se vuelve a topar con la realidad, que, por cierto, es muy testaruda. Este tipo de situaciones de excepcionalidad nos vuelven a demostrar que el actual sistema no sirve para dar respuestas a las necesidades de la mayoría de la población y, sobre todo, a la más vulnerable. Esa parte de la sociedad que todavía no ha salido de la anterior crisis. Todavía no había sacado la cabeza del pozo cuando se la han vuelto a meter de un puntapié.

El coronavirus ataca a cualquier persona, independientemente de su poder adquisitivo, pero las secuelas que deja no son iguales para todo el mundo. El coronavirus está dejando al descubierto las políticas neoliberales, que con la excusa de los recortes, decidieron desmantelar la sanidad pública para convertirla en el negocio de sus amiguetes. Eso sí, con la frase recurrente, pero falsa, que era para la optimización del gasto y los recursos. Otra de las consignas con las que nos ha bombardeado el discurso liberal era que había que bajar impuestos, porque el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en el del Estado. Como si los servicios sociales, entre los que se encuentra la sanidad, se pagasen con ayuda divina. La crisis del coronavirus ha tocado en la línea de flotación de los mensajes liberales pero, sobre todo, en los dos que acabo de exponer.

Por eso estamos en un momento único para desmontar este discurso económico liberal que lo único que ha aportado a la humanidad es el aumento de las desigualdades en todo el planeta. Estamos en un momento crucial, porque es necesario dar la vuelta a la hegemonía del discurso liberal y evitar la posibilidad que el discurso populista de extrema derecha triunfe bajo el paraguas de una supuesta seguridad. Intentarán vender que la seguridad está por encima de derechos y libertades, pero detrás de ese discurso lo que se esconden son políticas que generarán muchas más desigualdades. A día de hoy no ha salido ningún representante de la extrema derecha denunciando que la aplicación salvaje de ERES y ERTES por parte de las empresas la van a sufrir los sectores más débiles de nuestra sociedad. Se envuelven en una bandera para defender sus intereses de clase.

La última cuestión que quiero tratar es la situación particular que se está viviendo en el Estado español. Los acontecimientos de la última semana han sido vertiginosos y en cuestión de horas nos hemos introducido en la oscuridad de un túnel muy similar al que fueron los años más duros de una crisis de la que muchos a día de hoy no han podido salir. La crisis económica y el coronavirus tienen algunos denominadores comunes.

El primero, sin ninguna duda, es que el coste va a recaer sobre los trabajadores. No ha habido tiempo para que las empresas notases el efecto del coronavirus y los ERES y ERTES empiezan a proliferar como las flores en primavera. Y lo más grave es que gracias a la incapacidad de este Gobierno, que después de más de dos meses, ha sido incapaz de derogar la reforma laboral que aprobó el PP cuando no llevaba ni dos meses gobernando. Otros cooperadores necesarios en este desastre están siendo los dos sindicatos mayoritarios a nivel de todo el Estado (CCOO y UGT). Les ha faltado tiempo para facilitar los despidos y suspensiones de contratos de trabajo.  Y el lazo que adorna todo este escenario de incertidumbre y miedo es la preocupación de algunos por la caída de la bolsa, que no deja de ser un mercado especulativo que en muchos momentos no se rige por datos económicos, sino por las presiones especulativas de los grandes inversores. No creo que un trabajador que le cuesta llegar a fin de mes en condiciones normal pueda tener como preocupación la caída del Ibex 35.

Para finalizar, la crisis del coronavirus está siendo una auténtica cortina de humo para poder sacar adelante una respuesta a toda la corrupción existente en la monarquía española. El virus se ha convertido en el mayor aliado del monarca español y de su familia. La decisión que ha tomado Felipe VI no deja de ser una operación rápida y bien calculada para lavar la imagen de la Corona y que los escándalos de la familia real pasen desapercibidos. Las ultimas publicaciones empezaban a deteriorar la imagen, de por sí bastante mala, de todo lo que suena a Monarquía española y la familia que la compone. Hubiera sido interesante ver que hubiese ocurrido con todas las informaciones aparecidas si en este escenario no hubiera hecho acto de presencia el coronavirus. Con motivo de la pandemia han cancelado todo tipo de apariciones públicas. Vamos a ver si con el problema del coronavirus el monarca realiza una declaración como la que protagonizó el 3 de octubre de 2017.


[1] Dato obtenido de la edición digital del diario El País a las 11,10 horas del día 16 de marzo de 2020.

Los complejos de la izquierda española

La escritora y ex militante de las Brigadas Rojas, Bárbara Balzerani, en su novela “Compañera luna” describe lo que fueron las políticas del PCI de los años 70-80 del pasado siglo, conocidas por la “democracia progresiva”. Esa revolución que “no lleva ni al comunismo, ni siquiera al socialismo, pero que a cambio de un repliegue de posiciones prometía una salvaguarda ante las nunca adormecidas tentaciones de la derecha fascista”.

El nuevo Gobierno de coalición lleva un mes y da la sensación que ha asimilado este concepto al pie de la letra y en las decisiones que está tomando le está faltando la determinación que suele tener la derecha cuando gobierna.

Cuando el PP llegó al gobierno de la mano de Mariano Rajoy no tuvo ningún complejo a la hora de aplicar sus políticas. Llegaron a la Moncloa con la determinación de poner el ADN de la derecha a todo tipo de medidas y, sobre todo, sabían perfectamente para quienes gobernaban y qué intereses representaban.

A la semana siguiente de haber llegado al poder no les tembló la mano para aprobar el primer decreto-ley en el que entraron a legislar sobre cuestiones tributarias, presupuestarias y financieras.  La excusa perfecta era la necesidad de reducir el déficit y ante la imposibilidad de iniciar el año con unos presupuestos aprobados por el Gobierno del PP no dudaron en legislar de la noche a la mañana.  El uno de enero de 2012 amanecimos con una subida del IRPF, pero cuidado, el peso de la reforma no estaba pensado para que lo sufrieran las rentas más altas y la ciudadanía lo pagó a escote.

Ese fue el pistoletazo de salida para aprobar en cuatro meses alrededor de 15 decreto-ley, entre los que se encontraba la reforma laboral, norma que no se demoró mucho, pues fue aprobada en el tercer decreto-ley, cuando la derecha llevaba poco más de un mes en el Gobierno. La derecha utilizó el mismo procedimiento para realizar reformas en el sector financiero, en materia energética, renovables, liberalización del comercio y servicios, etc… Toda aquella materia que con la Constitución en la mano se podía legislar a través de un decreto-ley y no era preceptivo tramitarla a través de Ley orgánica, el Gobierno del PP utilizó la vía del decreto-ley para aprobarla a la mayor brevedad.  La lectura de todo ese tsunami legislativo no dejaba lugar a dudas. El PP había llegado con las ideas muy claras y no estaba para perder el tiempo.

La derecha cuando gobierna no tiene complejos en aplicar sus políticas liberales en materia económica y políticas conservadoras en materia de derechos y libertades. Dicho de otro modo, abogan por políticas económicas para beneficiar a las multinacionales, grandes empresas y rentas altas y en lo político restricción de todo tipo de libertades para tener amarrada a la ciudadanía; y para ello no dudan en poner en marcha toda la maquinaria propagandística necesaria con el objetivo que cale en la población y, si es necesario, sacar a la policía a la calle para que quede claro quién manda.

Por el contrario, el nuevo Gobierno y los partidos que lo forman están actuando con muchísimas dudas. En un mes únicamente han sido capaces de aprobar la subida de las pensiones, del salario de los funcionarios e incrementar el SMI en la revolucionaria cantidad de 50 euros. Las medidas que han aprobado no dejan de ser la aplicación de la ley y, lo más grave, es que parece que el incremento del SMI es el responsable del incremento del desempleo en sectores como la agricultura. Conclusión: la izquierda falla a la hora de explicar sus decisiones políticas.

En el marco de estas políticas acomplejadas hace unas semanas la nueva Ministra de Trabajo se desmarcó con unas declaraciones en un medio de comunicación en el que manifestaba que “Técnicamente no es derogable toda la reforma laboral, sería irresponsable”. No había pasado ni un mes de la firma del documento entre el PSOE y Unidas Podemos en el que acuerdan por escrito derogar la reforma laboral y ya empiezan a matizar y limar todo lo acordado. Por el contrario, la derecha cuando gobierna no se anda con dudas ni titubeos ni hace políticas de concertación social. Las cuestiones técnicas no le suponen ningún impedimento ni contratiempo. Legislan y si algo de lo aprobado es una aberración legal ya habrá tiempo para corregirlo o cuando se lo corrija un tribunal habrá pasado mucho tiempo y durante ese tiempo han impuesto su ley. La derecha es como la policía, que primero pega y luego pregunta.

Si todo lo dicho hasta ahora es preocupante, lo es mucho más el viraje que se ha producido en el discurso de uno de los socios de gobierno, Unidas Podemos. Es de auténtico vértigo. No es que haya entrado en una senda de moderación o de modulación de su discurso, es que lo que está haciendo es una auténtica reubicación dentro del tablero político. Las declaraciones y posicionamientos que están teniendo en las últimas semanas hubieran sido impensables hace poco más de un par de meses ¿Alguien se hubiera imaginado que Podemos hubiera rechazado en la Mesa del Congreso la petición para que el Rey compareciera con la finalidad de dar cuenta de temas relacionados con negocios de armamento de empresas públicas con Arabia Saudí? Pues eso ha ocurrido a mediados de enero. Los representantes de Unidas Podemos y En Comú en la Mesa del Congreso no han tenido ningún problema para votar en contra junto al PSOE, PP, Cs, y VOX.

Frases cómo las de Irene Montero, cuando dice que si para subir el SMI tienen que aplaudir al borbón lo van a seguir haciendo, son anécdotas si lo comparamos con lo que ha ocurrido esta semana en la Mesa del Congreso cuando Unidas Podemos y En Comú han votado en contra de la solicitud de EH Bildu de publicar la hoja de servicios de Billy el Niño, argumentando dudas jurídicas. En este tema han pecado de ingenuidad si pensaban que no iba a trascender. No han tenido en cuenta que podía saltar a la opinión pública y cuando ha venido un aluvión de críticas se han visto en la necesidad de rectificar de forma urgente.  El error de cálculo ha sido mayúsculo hasta el extremo que ha tenido que salir al paso el mismo Pablo Iglesias.

De la situación de Cataluña únicamente señalar que para que el Gobierno volviera a tener los pies en el suelo ERC tuvo que recordarle los acuerdos a los que habían llegado. Por lo visto se les había olvidado que para que este gobierno salga adelante es imprescindible su apoyo.

En el Estado español ha podido pasar inadvertida la postura que Unidas Podemos ha mantenido ante la huelga general que se celebró el pasado día 30 de enero en Euskal Herria, pero la postura ha ido en la línea que está teniendo en estas últimas semanas. Ha vuelto a dar un paso atrás. Ha ignorado las reivindicaciones recogidas en la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria promovida por la mayoría sindical vasca y agentes sociales convocantes para cruzar a la otra orilla, en la que se encuentran el PNV, PSOE, PP a junto la patronal vasca y dos sindicatos minoritarios en Euskal Herria, CCOO y UGT. Si, aunque parezca ciencia ficción estos dos sindicatos en este territorio son minoritarios.

Podemos ha abandonado las dinámicas que se han llevado hasta este momento en Euskadi para la defensa de los derechos sociales, bajándose del tren de la huelga. Para ello la argumentación que dio Podemos Euskadi en su cuenta de Twitter es de lo más infantil. Manifiestan que era una “huelga de carácter social y político”. Pues claro que era una huelga de marcado carácter social y político, como todas las huelgas generales que se han dado en la historia de este país. Desde la primera huelga general que convocó CCOO en junio de 1985 para la defensa de las pensiones, pasando por la huelga general del 14D de 1989, hasta las convocadas en contra de las reformas laborales y de pensiones que han realizado los diferentes gobiernos del PP y PSOE. Absolutamente todas las huelgas generales tienen ese perfil. Cualquiera diría que son nuevos en política. Bien es verdad que no debería de coger de sorpresa la actitud de Podemos Euskadi, porque de un tiempo a esta parte su acercamiento al Gobierno de coalición PNV-PSOE que hay en la Comunidad Autónoma Vasca ha ido en aumento. La colaboración de Podemos para la aprobación de los Presupuestos Generales de esa Comunidad ha sido la piedra sobre la que se está fundamentando toda su nueva estrategia.

Todo este viraje lo que hace flotar en el ambiente es un mensaje para las altas instancias: Podemos ha entrado en la senda de la moderación, en la que Bárbara Balzerani define como un repliegue de posiciones dentro de ese concepto de “democracia progresiva” para salvarnos de las tentaciones de la derecha fascista. El asalto a los cielos puede esperar. Estamos en la hora de tragar sapos hasta la indigestión.

Una nueva partitura para una orquesta inédita

Ya tenemos partitura y sólo hace falta que la nueva orquesta la sepa interpretar bien. Cuando uno se pone a leer el pentagrama le suena algo la melodía. Ni mucho menos es la Quinta sinfonía de Beethoven, pero la aritmética parlamentaria da para lo que da. El miedo, que a más de uno le puede rondar en la cabeza, es que después de haber creado esta obra musical, llegue el futuro gobierno y se ponga a interpretar Paquito Chocolatero y entonces se acabó la esperanza de la izquierda española para las próximas dos décadas.

El documento que han acordado el PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno durante esta legislatura no es un asalto a los cielos. Es producto de unos resultados surgidos de unas elecciones en las que los partidos que apuestan por romper amarras con el Régimen del 78 han obtenido unos resultados modestos y no aceptar esa realidad es querer vivir en otra dimensión.

El acuerdo tiene luces y sombras y su interpretación va en función de cada persona. Habrá quienes quieran ver que la botella está medio llena y quienes, por el contrario, la vean medio vacía.

Aún siendo una obviedad, es obligado decir que este acuerdo llega tarde, quizás muy tarde, porque con unos números muy similares se podía haber dado con anterioridad. No me estoy refiriendo a los resultados de abril de 2019 sino a las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Los actores hubieran sido los mismos, pero con un desgaste mucho menor, la ciudadanía se hubiera ahorrado el suplicio de las elecciones de junio de 2016, pero, sobre todo, nos hubiéramos evitado la tortura de la última etapa del Gobierno del PP y el espectáculo bochornoso que dio el gobierno del PP en Cataluña el 1 de octubre de 2017 y la judicialización de un conflicto de naturaleza política, porque quiero pensar que con Podemos en el Gobierno no se hubieran dado ninguna de las situaciones que se vivieron en esos meses en Cataluña. La frustración de no haberse logrado un Gobierno producto de las elecciones de 2015 hay que endosárselo al PSOE. Un partido que estaba en horas muy bajas y fracturado.

Hay que tener presente que va a ser el primer gobierno de coalición desde las primeras elecciones de junio de 1977 y eso es un dato positivo porque significa que se va a gobernar desde la pluralidad y la diversidad y con un añadido fundamental, va a recibir el apoyo de otras fuerzas políticas, que van a estar vigilantes, van a ser necesarias y, si se me permite, imprescindibles a lo largo de toda la legislatura, lo que le va a obligar a ser más trasversal. A este Gobierno de coalición, le guste o no, va a tener que negociar día si día también con ERC y con EH Bildu, porque son las únicas opciones cercanas que tiene para sacar muchas de las medidas que han acordado, cómo por ejemplo todas las relativas a las políticas socioeconómicas.

El acuerdo es ambicioso. No es que las medidas que han acordado sean la quintaesencia en el ámbito de la izquierda, pero es que son medidas imprescindibles para acercar a este país al espacio de la Europa social, pues hasta la fecha nos habíamos ido alejando.

El documento firmado por el PSOE y Unidas Podemos tiene un poco de todo. Desde medidas muy concretas en las que se explica de forma muy nítida la actuación del futuro gobierno  hasta otras, que no pasan de ser meras declaraciones intenciones.  

En las políticas sociolaborales y fiscales hay medidas para acabar con la deriva liberal del PP aunque sean insuficientes y es positivo que hayan dedicado un capítulo a revertir la despoblación aunque no hayan pasado de enumerar las metas que se han puesto. Ni que decir tiene que en materia de igual a este acuerdo era lo mínimo que se le podía exigir.

La cuestión territorial la han querido abordar desde un punto de vista competencial y administrativo. Han omitido el debate de la plurinacionalidad del Estado, porque esta cuestión no se menciona por ninguna parte y la situación de Cataluña se la quitan de en medio con la frase “Abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual” y con la decisión de traspasar a la Generalitat las competencias recogidas en el Estatut. Es decir, cumplir la ley. Por el contrario, han preferido que otras cuestiones se recojan en los documentos que el PSOE ha firmado con el PNV y con ERC. Lo lógico hubiera sido que ambos documentos hubieran tenido el visto bueno de los dos partidos que van a gobernar porque en un tema tan importante como éste entiendo que debía haber participado Unidas Podemos, que para eso va a ser corresponsable de todas las decisiones que se tomen en el Consejo de Ministros, pero esta forma de actuar quizás tenga una explicación que a mí se me escapa.

No cabe duda que negociar el tema territorial ha debido ser lo que más le ha quitado el sueño al PSOE. Pedro Sánchez, con sus declaraciones sobre Cataluña, puso el listón muy alto durante los meses previos a las elecciones. Actuaciones como el montaje policial contra los CDR que se está diluyendo como un azucarillo en un vaso de agua, la aprobación del decreto-ley conocido como el 155 digital, la amenaza con volver a aplicar el artículo 155, etc… terminaron de ser la guinda a su deriva. Por el contrario, el hecho que figure en el documento de acuerdo de gobierno la frase “Abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual”, es una vuelta a la cordura. Al PSOE no le ha quedado más remedio que reconocer la existencia de un “conflicto político” porque Sánchez y su entorno no se cansaron de repetir durante la campaña que no existía un conflicto político y que lo único que había era un conflicto de convivencia. La tozudez en política acaba pasando factura.

En los otros dos documentos que ha firmado el PSOE, uno con el PNV y otro con ERC, es donde acuerdan los pasos a dar para intentar desatascar la situación de Euskal Herria y Cataluña, pero sobre todo, para que sea en el ámbito político donde se resuelvan este tipo de conflictos. En el texto firmado con el PNV es donde se llega a hablar de una forma un tanto difusa de plurinacionalidad cuando se recogen expresiones como “reconocimiento de las identidades territoriales” o “atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia”.

Este acuerdo no le gustará a mucha gente de la izquierda. Lo criticarán porque verán en Podemos una renuncia a una serie de reivindicaciones. Algunos dirán que este pacto apuntala el Régimen del 78. No cabe duda que eso es cierto. Para muchos este acuerdo es una renuncia a asaltar los Cielos. Pero al principio he dicho que la aritmética parlamentaria da para lo que da y es que a los escépticos habría que preguntarles si con la representación que tiene Unidas Podemos y con el apoyo de otras organizaciones de izquierdas se podía haber logrado un acuerdo mucho más de izquierdas. El no firmar ese acuerdo podría suponer el suicidio político de Podemos y poner en bandeja la llegada de la ultraderecha al poder y eso lo han entendido perfectamente el independentismo de izquierdas (excepto la CUP), al facilitar con su abstención la investidura de Sánchez.

Si la investidura no hubiera salido adelante estaríamos en la antesala de una repetición electoral y se le hubiera puesto una alfombra roja al golpismo del siglo XXI para que llegase al poder. Algunos sectores de la izquierda tienen la costumbre de caer en un izquierdismo infantil, que en muchos casos lo que realmente les ocurres es que tienen un auténtico terror a ser opción de gobierno. Se sienten más a gusto desde las trincheras de la calle, pero sin asumir riesgos en tareas de gobierno.

Si se analiza lo que ha ocurrido en los últimos meses desde una óptica menos convencional, la irresponsabilidad de Sánchez de empeñarse en que no hubiera un gobierno de coalición después de los resultados de abril de 2019 quizás haya sido lo mejor que le ha podido pasar a la izquierda por dos motivos.

El primero es el hundimiento de Ciudadanos (Cs). Los datos de las elecciones de abril eran unos resultados trampa para la izquierda. Es verdad que los números eran algo mejor que los de noviembre, pero también es cierto que el PSOE podía obtener la mayoría absoluta con Cs y el sólo hecho que existiera esa posibilidad podía dinamitar cualquier acuerdo de izquierdas. Lo mejor que le ha podido pasar a la izquierda real y a las formaciones del cambio es que Cs abandonara su pose moderada y sacara su verdadera cara, la de un partido que puede disputar el espacio político de la extrema derecha al PP y a VOX, porque eso ha sido su perdición. Los nuevos resultados lo han dejado en la marginalidad política. Por tanto, el PSOE deja de tener ese comodín de poder recurrir a Cs.

El segundo factor que ha sido positivo es que con los resultados del 10 de noviembre el PSOE ha tomado conciencia del peligro que presenta el ascenso de la extrema derecha. No es que la extrema derecha haya aparecido como arte de magia. Hasta ahora había votado al PP y a Cs, pero ahora han salido todos del armario. Tengo el convencimiento que este hecho le asustó al PSOE y en menos de 24 decidió no seguir con su estrategia suicida y por eso llegó a un acuerdo urgente con Unidas Podemos.

Para finalizar, este acuerdo de Gobierno tiene dos tipos de enemigos. La derecha carpetovetónica, de la mano de la Brunete mediática. La sesión de investidura y lo que están publicando en estos días no es más que un aperitivo de lo que nos espera. El lenguaje será pre golpista e intentarán utilizar la calle para meter presión. El nuevo Gobierno tendrá que saber contrarrestarlo, porque ganar la batalla mediática es fundamental y no debería de dejar la calle en manos de la ultraderecha. Los otros enemigos proceden del mismo PSOE y la única fórmula que tiene Pedro Sánchez para que no se le vaya el partido de las manos es que el nuevo Gobierno tome decisiones sin complejos y en eso no sería malo que se fije en cómo actúa la derecha porque lo hace de cine.

La Justicia española hace aguas

No hay mayor ciego que el que no quiere ver. Quien no ha querido ver lo que iba a dictaminar el Tribunal de Justicia de la Unión europea (TJUE) sólo se puede deber a que en muchas ocasiones las personas confundimos los deseos con la tozuda realidad que está esperando a la vuelta de la esquina para que uno se choque de frente con ella.

El jueves, día 19 de diciembre era una fecha señalada en rojo en el calendario político. Ese día el Poder Judicial español y, por tanto, la democracia española iba a pasar la prueba del algodón democrático en el TJUE. Lo que se dilucidaba en Luxemburgo, sede de este tribunal, era si la Sala del Tribunal Supremo, que ha juzgado el Proces, había actuado conforme a derecho al impedir a Oriol Junqueras adquirir la condición de eurodiputado cuando salió elegido en las elecciones europeas y si tenía que haber sido excarcelado para adquirir dicha condición. Pues bien el resultado de la prueba ha sido de suspenso rotundo.

No me voy a extender en los hechos porque son de sobra conocidos. A lo largo de todo el proceso, las actuaciones, tanto del juez instructor como las realizadas por la Sala del TS que ha juzgado a los acusados por el Proces, no han tenido ningún éxito cuando han tenido que defender sus decisiones judiciales en tribunales de otros miembros de la UE. No han sacado adelante ninguna de sus pretensiones ni el Bélgica, ni en Alemania, ni en Escocia, ni ahora, ante el TJUE. Esto es algo que debería de hacer reflexionar para poder entender todo esto. Que la máxima instancia judicial del Estado español no haya obtenido ninguna respuesta favorable es como para preguntarse a qué se puede deber este ridículo en toda regla.

Para analizar todo esto, quizás habría que analizar las raíces del Poder Judicial del Estado español, sus orígenes, quienes lo controlan, si fueron depurados los elementos franquistas que durante 40 años dieron cobertura en los tribunales a la represión franquista. Estas cuestiones son más propias de un libro que de un artículo porque hay material suficiente para ello. Pero lo que en Europa les debe de llamar la atención es la poca calidad jurídica de la justicia española a la hora de dictar sus resoluciones judiciales.

Dan la imagen que detrás de esas togas hay una patente de corso para tomar decisiones judiciales con fines políticos, o dicho de otra forma, esos jueces actúan al dictado del poder político y toman decisiones para dar cobertura a las políticas que despliega el Poder Ejecutivo. El conflicto catalán ha evidenciado más que nunca esa forma de actuar. Nunca mejor dicho, esta vez se han pasado de frenada. La judicatura española se ha debido pensar que tenía barra libre para campar a sus anchas y que en Europa funcionarían las presiones, cómo las que llevaba realizando Borrell desde que desembarcó en Bruselas para desempeñar las funciones de Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común. Pues bien, esta vez han cosechado otra monumental derrota político-judicial.

Ocurre que cuando un órgano jurisdiccional europeo tiene que dictar una sentencia de esta naturaleza en un proceso en el que se discutía una serie de derechos fundamentales protegidos en el marco de la Unión Europea no podía ponerse de perfil y a los miembros del TJUE no les ha quedado más remedio que zumbar al Tribunal Supremo, autor de uno de los mayores desaguisados judiciales. Todas estas resoluciones formarán parte del libro negro de la justicia española. Irá a continuación de las resoluciones que se han dado en este país desde los procesos por brujería que dirigió la Inquisición en el siglo XVI contra las mujeres de Zugarramurdi hasta los procesos de la dictadura franquista. Esta es la prueba del algodón de la calidad de la justicia española actual que no dista mucho de épocas pretéritas.

Nos encontramos en este barrizal porque el Gobierno del PP abandonó la vía política para solucionar el problema y apostó por ganar la batalla a través de la vía policial y judicial. El Gobierno del PSOE, nacido de la moción de censura, tampoco tuvo el valor político de coger el toro por los cuernos y afrontar el problema territorial y ahora, en plena fase de negociación, al PSOE le ha explotado en la cara la sentencia del TJUE. Los términos de la resolución eran previsibles, porque el informe del abogado general de la UE dictaminó en la misma línea de la sentencia dictada, pero el Gobierno en funciones ha actuado como si esta historia no fuera con él y ha pasado lo que tenía que pasar. Sánchez nos deleitó durante toda la precampaña y campaña electoral con un tono duro, prometiendo mano dura para resolver la crisis de Cataluña, aplicando el 155 digital y amenazando con todos los males del infierno, para ahora necesitar e implorar a ERC un acuerdo de investidura. Todavía resuenan las palabras de Sánchez diciendo que en Cataluña no hay un problema político, que el problema es de convivencia. Pues con la sentencia en la mano y con las diferentes resoluciones dictadas en los diferentes países de la UE la imagen resultante es que además de un problema político los diferentes gobiernos españoles siguen sin asumir la realidad existente, deteriorando aún más su imagen internacional.

Ante esta sentencia el Estado español y sus poderes fácticos tienen dos opciones: la de resolver el fracaso judicial que ha supuesto la sentencia del Proces, declarando nulo de pleno derecho el juicio, poniendo en la calle de forma inmediata a todos los procesados, o, por el contrario, la de enrocarse, sacar pecho, envolverse en la rojigualda. Eso sí, que nadie entienda que esto último como una manifestación de nacionalismo español. Utilizarán el eufemismo de nuevo cuño, patriotismo constitucionalista y manifestarán que desde la UE se está violando la soberanía española, olvidando que los tratados internacionales aprobados en las Cortes Generales forman parte del ordenamiento jurídico español.

Por lo que respecta al  Trío de Colón, está en modo gallinero, mucho cacareo y aplicando a rajatabla la segunda opción. Tampoco se les puede pedir más, Quod natura non dat, Salmantica non præstat. Y la Brunete mediática sigue confundiendo sus deseos con la realidad, e instalado en su nube particular.

Reflexionando sobre el efecto Errejón

Todas las fichas ya están en el tablero político para afrontar unas nuevas elecciones que, se mire por donde se mire, podían haberse evitado. Sin embargo, el maquiavelismo de unos, la falta de visión a largo plazo de otros y la esquizofrenia de alguno, han llevado a una situación que no tiene marcha atrás. No cabe duda que el 10N va a traer sorpresas, quizás más de las que nos podamos imaginar, porque en política todo es posible.

Todo lo vivido en estos últimos meses se podría calificar como  un cúmulo de despropósitos sino fuese porque en política las cosas no suceden porque sí. Un análisis sereno de lo vivido, nos deja una serie de ideas que pueden servir para poder afrontar el futuro a corto plazo.

En primer lugar, cuando se utiliza la palabra bloque progresista o bloque de izquierdas sólo se puede entender como expresión retórica para hacer un discurso político en el que se intente  conectar con ese sector de la ciudadanía que se siente de izquierdas, pero cuando va a las urnas  introduce la papeleta del PSOE, en un acto de fe, con el convencimiento que esas siglas representan algo dentro de la izquierda.

En el lado opuesto está el votante de izquierdas que tiene una imagen del PSOE que se encuentra en sus antípodas, pero que es consciente que la travesía del desierto conlleva recorrer el camino, en algunos momentos, de la mano de esa máquina electoral que se llama PSOE; el mismo que puede pasar más tiempo pidiendo ayuda a la derecha para que facilite un gobierno de Pedro Sánchez que sentando las bases de un gobierno que corrija la deriva neoliberal que ha sufrido la ciudadanía en los últimos 10 años.

Pero la batalla del relato se puede resumir de la siguiente forma: Una nula intención por parte del PSOE de negociar nada que no fuese un gobierno gratis total y así tener las manos libres para  hacer las políticas a las que nos tiene acostumbrados cuando llega al poder. Siempre teniendo en mente el intentar no enfadar a la oligarquía financiera y empresarial. Y el desaprovechamiento de UNIDAS PODEMOS del momento de flaqueza del PSOE, cuando quedaron descolocados por la decisión de Pablo Iglesias de hacerse a un lado para llegar así a un acuerdo, fue una ocasión única de entrar en el Gobierno, aunque fuera con calzador. Cuando se desperdician ocasiones de este tipo lo que ocurre es que el rival político no te las vuelve a dar.

Otra cosa es que la ciudadanía que sólo se informa a través de los medios de comunicación convencionales tenga claro el relato, porque no nos olvidemos que la inmensa mayoría de la población no tiene una actitud proactiva a la hora de informarse. Se limita a recibir la información que le dan los grandes medios de comunicación. Lo de bucear y contrastar la información es una actividad de una minoría.

En todo este escenario, el tercer protagonista es Cs. No hay que olvidar que, en esta legislatura fallida, la suma del PSOE y CS en el Congreso daba mayoría absoluta y que en ningún momento utilizó esa aritmética para llegar a algún acuerdo de gobernabilidad con el PSOE, y erigirse en lo que tanto sueña Rivera, ser el partido líder de la oposición que facilita ciertos acuerdos de Estado. Este partido se encuentra sumido en una deriva entre el suicidio político y la esquizofrenia ideológica. Ha dejado pasar la mejor oportunidad que ha tenido para evitar unas elecciones y poder consumar lo que realmente quería el PSOE y sobre todo la CEOE y la oligarquía de este país: Un pacto entre estos dos partidos que sirviera para en lo político apuntalar el Régimen del 78 y en lo socioeconómico para no tocar las reformas neoliberales que se han llevado a cabo durante los diez últimos años. Por eso, viendo que Cs no se movía de su posición inmovilista, sumergido en una competición con sus socios, PP y VOX, en ver quien es más de extrema derecha, los poderes económicos se han pasado todo este periodo pidiendo al PSOE que no llegase a un gobierno de coalición con Unidas Podemos o que el mal menor fuera la repetición electoral. A esto hay que añadir que hace unos días se ha publicado la noticia que, en verano, Pedro Sánchez manifestó al jefe de la CEOE que no pensaba pactar un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Está claro quien ha ganado la batalla ¿a alguien le quedaba alguna duda?

A priori esta situación lo único que generaba era un futuro negrísimo para la izquierda, y sobre todo, para todo lo situado a la izquierda del PSOE. Lo vivido en los últimos quince días se podría calificar como situación de pánico, porque en este barrizal empezamos a observar que en el 10N va a haber más de un perdedor.

En un principio se ha hablado de una gran abstención por parte del electorado de izquierdas y de una subida del PSOE en intención de voto, pero después de la irrupción de MÁS PAÍS, a día de hoy nada de todo lo dicho está claro. Lo que se dice clara solo hay una cosa. El PP va a obtener un resultado mejor que en abril, porque hacerlo peor es ya imposible. En el PP le deberían estar agradecidos eternamente al PSOE por esta repetición electoral. Un favor que solo se puede entender dentro de los fundamentos ideológicos que tienen todos los defensores del Régimen del 78, y sobre todo, en lo concerniente a recuperar el bipartidismo. Otra bocanada de oxígeno para que el Régimen se recupere.

Cs empieza a vivir su particular calvario y no porque las encuestas le vaticinen unos malos resultados. Su actitud de no colaborar en buscar una salida para un gobierno dócil, que evitara veleidades progresistas, le va a acarrear enemigos dentro en los poderes económicos y ya le ha generado problemas internos que a lo largo de los próximos meses, veremos si no van a más. No hay que olvidar que es un partido que si no tiene el apoyo de los poderes económicos y del establishment no es nadie.

Pero sin duda alguna, todos los análisis que se estaban realizando hasta ahora acerca de cuál podría ser el nuevo mapa político y la situación que estaba viviendo el centro izquierda, se han quedado obsoletos con la irrupción en este proceso electoral de un nuevo sujeto político: El partido liderado por Íñigo Errejón. Se había especulado mucho sobre este escenario, pero cuando se pasa de la especulación a la confirmación de la noticia todo el tablero político se recoloca de forma más o menos virulenta y  esto trae consecuencias.

El primer efecto de la irrupción de MÁS PAÍS ha sido el de conseguir ser un revulsivo para toda la izquierda. Desde los que califican a Íñigo como un traidor y un peón del sistema, pasando por los que lo ven con buenos ojos siempre que desgaste a PODEMOS, porque piensan que puede ser un agente político más manejable que Podemos. Por otro lado está ese sector de la izquierda que estaba muy quemado por lo vivido en estos últimos meses y que dudaba entre quedarse en casa o votar con la nariz tapada y que ahora ha encontrado una nueva ilusión en este nuevo partido. Lo que está claro es que la irrupción de Más País no ha dejado indiferente a nadie. Este hecho tampoco ha pasado  desapercibido para la derecha, porque si en algo le puede perjudicar es en la variable con la que jugaban, la gran abstención en la izquierda, que ahora puede no ser tan grande.

La aparición de este nuevo partido es un movimiento que tiene algunas lecturas, tiene como objetivo no dejar huérfano a ese votante de izquierdas que está sumido en el hartazgo de ver como se ha perdido una oportunidad histórica para que, por primera vez, la izquierda entre en el gobierno de este país. Quizás uno de los políticos que ha visto esta situación de forma más nítida es Gabriel Rufián, en algunas de las declaraciones que ha realizado.

La propuesta de sólo presentarse en las circunscripciones en las que tengan posibilidad de obtener representación institucional, sin restar dentro del bloque del centro izquierda, y de no presentarse en provincias poco pobladas, pidiendo de forma implícita el apoyo al PSOE o a Unidas Podemos, es un signo de prudencia y de no beligerancia hacia estas dos formaciones.

Una de las incógnitas más importantes es saber de dónde va a atraer más votos. Si en un primer momento se ha dicho que sería a costa de Unidas Podemos, realmente saldremos de dudas una vez que conozcamos los resultados electorales. No habría que descartar que uno de los partidos más damnificados con la irrupción de MÁS PAÍS sea el PSOE. La línea que ha seguido Sánchez y su entorno tiene un poco de estrategia suicida. Hay declaraciones que han realizado que son para enmarcarlas y guardarlas en el cajón de los disparates. Si las han escuchado con posterioridad puedo entender que ahora no duerman tranquilos. Tengo dudas de que esta estrategia le genere alguna rentabilidad al PSOE, por el contrario, creo que incrementa el hartazgo. A esto hay que añadir que, durante el debate de investidura, Sánchez se pasó más tiempo pidiendo a la derecha que le facilitara la investidura que intentando atraer a la izquierda. Poco ha tardado en renegar de la posición que le llevó a dimitir como secretario general del PSOE en 2016, para no facilitar la investidura de Rajoy, de la que hizo bandera para presentarse de nuevo a la secretaria del PSOE. Por todo este elenco de contradicciones puede ser que el electorado del PSOE en su gran mayoría no le dé la espalda a Sánchez, pero si le puede costar unos puñados de votos, lo suficientemente importantes como para que el PSOE no consiga el objetivo que busca con esta repetición electoral que es recuperar el peso que tenía en otras épocas en el espectro del centro-izquierda.

¿Gobierno de coalición o repetición electoral?

Han pasado más de dos meses desde las elecciones generales y durante este tiempo el PSOE se ha dedicado únicamente a solicitar al resto de los partidos que faciliten su investidura como gesto de responsabilidad para facilitar la formación de un nuevo gobierno. Bien es verdad que hasta ahora sus mensajes se han dirigido más a su derecha que a su izquierda. Esta solicitud, como no podía ser de otra forma, ha ido acompañada con la muletilla recurrente “para no depender del independentismo”.  La verdad sea dicha que hasta en esto el PSOE ha sido poco original.

No se puede olvidar que la foto que salió de las urnas el día 28 de abril no fue una buena foto para la izquierda. Es verdad que se había conseguido evitar la llegada del tridente ultraderechista al poder. El trio de Colón no consiguió sus objetivos gracias a los números nefastos que obtuvieron en Cataluña y Euskal Herria. Los resultados que obtuvieron los partidos nacionalistas e independentistas, tanto de izquierda como de derecha fueron determinantes para evitar que se repitiera una situación como la de Andalucía después del 2 de diciembre. Pero no es menos cierto que el resultado obtenido por el PSOE le daba un margen de maniobra lo suficientemente holgado como para buscar algunos acuerdos, muy lejos de los deseos del electorado de izquierda, tendentes a contentar a los poderes económicos y a los guardianes del Régimen del 78. De hecho, los números le dan la posibilidad de gobernar con el apoyo de Ciudadanos.

EL PSOE ha esperado los resultados de las elecciones municipales y autonómicas para diseñar una estrategia que se ha centrado en la presión, por todos los flancos, a Ciudadanos para que facilite la investidura de Sánchez. Para reforzarla ha contado con todos los poderes políticos y económicos, habiendo sido hasta la fecha totalmente infructuosa. Ciudadanos, pero sobre todo su líder, está en estos momentos en una ardua batalla por querer pelear con PP y VOX por el espacio de la derecha dura, hasta el extremo de llegar a perder las formas en más de una ocasión. Está claro que cuando se pelea en el lodazal los contrincantes no están para finuras. Pero llama la atención que el líder de Ciudadanos haya hecho oídos sordos a todos los requerimientos que le han realizado los que hasta ahora han sido sus mayores valedores, la oligarquía y los grupos de presión políticos.

Desconozco si esta estrategia del PSOE tenía como finalidad la de obtener el apoyo de Ciudadanos o, por el contrario, que estos últimos se retrataran. Si esta segunda opción era la finalidad de Ferraz, no cabe duda que han logrado su objetivo, porque Ciudadanos en la actualidad se ha echado al monte. Pero la opción real del PSOE era la primera, pero se ha encontrado que Ciudadanos está en otra dinámica y es casi imposible que deshagan el camino andando.

En todo este proceso, hay que tener presente que el PSOE todavía tiene en la mente lo sencillo que le fue sacar adelante la moción de censura contra Rajoy. Fue un trabajo limpio y como quien dice “sin despeinarse”. Desde un primer momento manifestó que no iba a negociar con ningún grupo parlamentario. Era jugar con las cartas marcadas pues sabía el deseo unánime de toda la izquierda, partidos nacionalistas catalanes y vascos de echar a Rajoy. Solo hacía falta que se taparan la nariz para apoyar a Sánchez. Todo fuera por echar del Gobierno al partido más corrupto de Europa. Para ello, Unidos Podemos le ofreció un cheque en blanco para la investidura y, para que no quedara duda al respecto, Pablo Iglesias se puso a trabajar en favor de obra convenciendo a ERC, PdeCAT, PNV y EH Bildu. Todos apoyaron la moción de censura, no tanto por las pasiones que levantaba Sánchez en esos partidos, sino por la necesidad de echar a Rajoy. Pienso que el PSOE que puede ser muchas cosas, pero tonto no, ha querido volver a probar la misma fórmula para sacar a delante la investidura: ser apoyado sin necesidad de dar nada a cambio. Esta estrategia tenía su lógica porque en la actualidad tiene opciones a derecha e izquierda para llegar a acuerdos. Se ha reunido con los partidos con un solo punto en el orden del día, que le faciliten la investidura sin ofrecer nada a cambio. Por la derecha ha visto que la opción Ciudadanos parece haber entrado en barrena, por lo que vuelve a plantearse la opción Podemos, siendo consciente que a ese hipotético acuerdo hay que añadirle más apoyos.

Durante toda esta pelea siempre ha habido un mar de fondo, la amenaza soterrada por parte del PSOE y del Presidente del Gobierno de una repetición de las elecciones. Sin embargo la semana pasada se han dado informaciones que nos ofrecen algunas claves de lo que busca el PSOE. Por un lado, el PSOE envía señales de desear un pacto con Podemos, pero que su alcance sea un simple gobierno de colaboración y por otro, casualmente, el CIS nos obsequia con una encuesta electoral, en el supuesto de que hubiera que repetirlas, que no tiene desperdicio. Desconozco su fiabilidad, pero no me cabe ninguna duda que su publicación no ha venido dada por ningún fenómeno meteorológico. No sabemos si es verdadera o falsa pero no cabe duda que es verosímil y como dice el filósofo Daniel Innerarity, en política la verosimilitud es más importante que la verdad y no cabe duda que esta encuesta puede lograr su objetivo. Por el espectro de la derecha, pronostica que en global perderían nueve diputados, Cs lograría dar el sorpaso al PP, que perdería 5 escaños y VOX perdería casi la mitad de los escaños logrados en abril. La lectura que se puede hacer es: la guerra interna de la derecha se salda con la victoria de Cs, pero pierden toda posibilidad de liderar el centro. Parece que los datos son verosímiles viendo la actitud de los tres partidos de derecha.

Por lo que respecta al pronóstico que realiza sobre los partidos nacionalistas e independentistas no parece que haya movimientos significativos y augura una nueva caída de Podemos.  Este dato también puede entrar dentro de lo factible, porque puede existir un hipotético sector del electorado de Podemos que se muestre favorable a un apoyo a un gobierno del PSOE, aunque no sea de coalición.

Pues bien, a día de hoy, nos encontramos que la encuesta no ha conseguido mover de su sitio a la derecha ni tampoco ha conseguido que Podemos se pliegue a las exigencias del PSOE. Por ello, visto lo visto, el PSOE para defender su postura de no aceptar que Podemos entre en un gobierno de coalición ha tirado de manual hispano, con una cuestión recurrente, rancia y  ciertamente ventajista: la imposibilidad de formar un gobierno con un partido que está a favor de la celebración de un referendum de autodeterminación en Cataluña. Este argumento es muy socorrido y al electorado del PSOE le va a parecer un argumento de peso, sin pararse a pensar que la negociación de un gobierno de coalición se hace bajo la aceptación de un programa en el que ambas partes tienen que renunciar a ciertas cuestiones para poder llegar a un acuerdo y no me cabe la menor duda de que Podemos dejará a un lado esa cuestión si ello puede facilitar entrar a formar parte de un gobierno de coalición. El electorado de Podemos, fuera de las nacionalidades históricas, tampoco se vería muy defraudado por renunciar a un referendum en Cataluña como fórmula para resolver esta cuestión. Pero el problema que puede haber es que, con la actual representación parlamentaria de Podemos, haya más cuestiones en las que tenga la obligación de claudicar. Ahí es donde Podemos puede tener un desgaste muy superior que el que tendría si estuviera apoyando al ejecutivo desde fuera. Sin embargo, sus dirigentes apuestan por un gobierno de coalición, porque entienden que su recuperación política pasa por formar parte de ese gobierno y por eso están poniendo toda la carne en el asador. Ante esta posibilidad sólo cabe recordar que todos aquellos partidos que han compartido gobiernos de coalición con el PSOE y presididos por éste, han salido bastante perjudicados y si no que se lo pregunten a ERC e ICV cuando fueron parte del Tripartito catalán o a IU cuando compartió gobierno con el PSOE en Andalucía.

Deben de ser conscientes que el objetivo se antoja sumamente difícil y que si el PSOE no acepta la exigencia de Podemos, decide tirar la toalla y convocar de nuevo elecciones sus resultados pueden ser peores de los obtenidos el 28 de abril y eso sería el principio de su fin.

Hasta ahora lo que está claro es que el PSOE sigue marcando los tiempos, con una posición rocosa que nadie ha conseguido erosionar y, por su parte, Podemos tiene que gestionar una situación cada vez más difícil.

El turnismo político. Una democracia en decadencia.

El final de la I República, que da por concluido el sexenio democrático iniciado en 1868, sumió al país en una de las épocas más sombrías de la historia de España. Fue una experiencia democrática, que se inició con la caída de la monarquía de Isabel II, para acabar proclamándose la I República española.

Con la caída de la I República, vuelve a restaurarse la monarquía como forma de gobierno en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II. Ésta tuvo que abandonar el trono en 1868, entre otros motivos, por los grandes escándalos de corrupción que se vivieron en su reinado y en los que estuvo envuelta.

La Restauración de la monarquía en 1874 trajo consigo una monarquía parlamentaria y la Constitución de 1876, que, siendo rigurosos, no era equiparable a los regímenes parlamentarios existentes en Europa.

La Restauración monárquica tuvo una serie de formas de operar un tanto peculiares a través de las instituciones y la clase política de la época:

El bipartidismo: A través de un sistema electoral que primaba la alternancia en el poder de dos partidos, a fin de evitar la dispersión en muchos grupos políticos. El partido conservador y el liberal cumplían esa función a las mil maravillas.

El turnismo político: Entre los líderes de ambas formaciones (Cánovas y Sagasta) llegaron a un pacto tácito de alternancia en el poder. Planificaron el momento en que cada uno de ellos tomaría el poder, al margen de lo que pudiera deparar el resultado electoral. Cuando el partido en el poder había agotado su periodo de permanencia, el monarca encargaba la formación de un nuevo gobierno al jefe de la oposición. Éste disolvía las Cortes y convocaba unas nuevas elecciones que las ganaba el partido del nuevo presidente del Gobierno. Para ello, el presidente recién nombrado organizaba las elecciones con el objetivo de fabricar un resultado a su medida, para que su partido tuviese mayoría en el Parlamento.

Este sistema político era una farsa. Todo estaba preestablecido de antemano. La voluntad popular era continuamente falseada por los guardianes de este Régimen. No hace falta decir que este déficit democrático era el caldo perfecto para que, en los diferentes gobiernos de la Restauración, la corrupción y las malas prácticas políticas volvieran a campar a sus anchas.

Pues bien, parece que en la actualidad, en este país, hay partidos políticos que tienen un deseo irrefrenable de reeditar situaciones que deberían de estar desterradas de la práctica política.

Todo esto lo traigo a colación porque han aparecido algunas informaciones que parecen hacernos retroceder muchos años en el túnel del tiempo. Me estoy refiriendo, por un lado, a los acuerdos a los que han llegado PSOE y Ciudadanos para gobernar dos años cada uno  en los ayuntamientos de Albacete y Ciudad Real y, por otro lado, a la exigencia que ha realizado Ciudadanos al PP para aplicar la misma idea en el Ayuntamiento de Madrid. Bien es verdad que no se puede dejar en el saco del olvido esa sesión de investidura de Rajoy en la que el PSOE pasó del “no es no” en campaña a la abstención, previo golpe de Estado en Ferraz. Eso sí que fue todo un acto de fraude a los votantes del PSOE, al más puro estilo decimonónico.

Esta forma de actuar es la nueva fórmula política para aplicar el turnismo político. Una reedición moderna, más sofisticada si se quiere, pero que en su núcleo tiene la misma finalidad que en la Restauración española: ignorar la voluntad popular. En la Restauración no se sabía cuál era la voluntad popular porque el pucherazo estaba organizado desde unas fechas antes y en los casos actuales los resultados de las elecciones, en muchas ocasiones, sirven de poco si se   dan acuerdos de los partidos políticos que durante la campaña electoral nunca llegaron a comunicar. Es más, si durante la campaña electoral, caso hipotético, se les hubiera preguntado por la posibilidad de pactos de esta naturaleza es probable que los hubieran negado y que hasta se hubieran sentido ofendidos por la pregunta.

Este nuevo modus operandi tiene su parte interesante porque viene a ser como la prueba del algodón. Hay partidos políticos que están adoptando algunas decisiones que no son más que el deseo de llegar al poder a cualquier precio. Aunque no figura en sus estatutos ni documentos políticos, su único objetivo se circunscribe a tocar poder porque están faltos de ideas para solucionar los problemas de la ciudadanía. A esto se le llama la consecución del poder como elemento imprescindible para perdurar en el tiempo.

Estos partidos pueden durar más o menos tiempo en el poder en función de las necesidades del Régimen y de la capacidad que tengan en la trastienda política para maniobrar. No olvidemos que son los títeres que mueve el Régimen para lograr sus fines y son la herramienta necesaria para recomponer las costuras del Régimen, pero el daño que hacen a la sociedad es de imposible reparación.

Para cuando la mayor parte de las personas lean este artículo, ya se habrán consumado muchos de los acuerdos que censuro en este escrito, sin embargo, estoy seguro de que nos encontraremos con algunos acuerdos que superen nuestra capacidad de asombro. Todo sea por el control del poder.

Aquellos polvos trajeron estos lodos. Lifting a la dictadura franquista

El refranero popular es muy rico y la experiencia me dice que siempre o casi siempre se cumple. El pasado martes en el Tribunal Supremo se produjeron dos hechos que van a tener una trascendencia política y jurídica muy profunda: Una resolución jurídica y una manifestación de un fiscal en las conclusiones de un proceso penal. Ambas tienen una trascendencia política y un importante toque de relectura de la historia, porque hacen una reinterpretación de la historia del siglo XX de este país.

El primer hecho de trascendencia que se produjo el pasado martes en el Tribunal Supremo fue consecuencia del auto de suspensión de la exhumación del cadáver del dictador Franco, que ha dictado este tribunal. En ese auto hay un párrafo que dice “habida cuenta de la significación de don Francisco Franco Bahamonde. El hecho que fuera Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975”. Esta resolución ha provocado un sinfín de comentarios en artículos y tertulias en los que se ha dicho de todo. Por ejemplo, que “la democracia española está seriamente tocada” o que “el Tribunal Supremo ha legalizado el franquismo” y expresiones similares.

Ante todos estos comentarios sólo puedo decir que me quedo atónito. Da la impresión que en este país periodistas, intelectuales y algunos políticos no se han querido enterar hasta ahora de nada. Absolutamente de nada. Es más, voy a decir una cosa que no debería escandalizar a nadie: La frase que se recoge en el auto del Tribunal Supremo es correcta y tiene su lógica, aunque a cualquier demócrata de verdad nos genere sarpullidos y se nos revuelvan las tripas. No es correcta desde un punto de vista histórico pero, desgraciadamente, es correcta desde un punto de vista legal. Para ello es necesario hacer un pequeño ejercicio de memoria histórica.

Es indiscutible que el nombramiento de Franco como Jefe del Estado el 1 de octubre de 1936 es un acto ilegítimo y que no se ajusta a derecho porque es producto de una rebelión militar contra la Republica, mediante el uso de la fuerza y contra un régimen legal y democráticamente constituido tras el abandono por parte del Rey Alfonso XIII de la jefatura del Estado. Tras el triunfo de esa rebelión militar los alzados imponen una dictadura sangrienta y genocida durante 40 años que se supone que finalizó cuando el dictador fallece.

El problema radica en que desde la muerte de Franco en toda la legislación que se aprueba no se recoge ningún párrafo en el que se declare a esa dictadura como un régimen ilegal. Es más, la Ley de Reforma Política de noviembre de 1976 no cuestiona ni el Régimen franquista ni las leyes emanadas de él. Tiene una finalidad muy clara: Realizar una serie de reformas legales en el edificio legal de la dictadura, sin cuestionar en ningún momento este régimen, para desembocar en un nuevo régimen heredero de la dictadura. Una democracia formal, pero en el que en ningún momento se cuestiona todo lo anterior y como botón de muestra tenemos varios ejemplos: El nuevo Jefe del Estado (Juan Carlos de Borbón) fue designado por el Jefe del Estado surgido del golpe de Estado. Las fuerzas de seguridad (Policía y Guardia Civil), que durante 40 años fueron el baluarte de la represión contra la disidencia política, no fueron depuradas. El Ejército español, baluarte del golpe de Estado-rebelión de julio de 1936 siguió intacto. Pero, sin duda alguna, lo más grave fue que uno de los poderes del Estado, el Poder judicial, que conforme la Constitución de 1978 iba a ser uno de los pilares del nuevo régimen, estaba copado por magistrados procedentes de la dictadura, los cuales defendieron en todo momento toda la legislación y esencias jurídico-políticas franquistas. Con estos antecedentes mal comenzaba la nueva etapa porque todas las instituciones anteriormente mencionadas mantuvieron en todo momento el espíritu heredado del franquismo.

Si todo lo expuesto hasta este momento no deja lugar a dudas, menos dudas quedarán si se tienen presentes las palabras del que fuera Ministro de Justicia del Gobierno de Adolfo Suarez a la hora de defender La Ley de Reforma Política. Se expresó en los siguientes términos desde la tribuna de las Cortes franquistas: “nadie incurre en el intento insolidario de rechazar período alguno próximo o lejano de nuestra historia de otra que sería estéril pretender fundar nuestro futuro sobre sobre un presente que reviva con pasión e ira antiguos antagonismos”. No creo que sea necesario recordar algunos discursos de Suarez, en los que se subrayaba que en ningún momento se cuestionaba la legalidad existente hasta ese momento. Pero ¿cómo iba a cuestionarlo si había sido ministro secretario general del Movimiento?

Posteriormente, en ninguno de sus artículos de la Constitución de 1978 se declaró ilegal el régimen surgido del golpe de Estado de 1936 y nombró garante de la Constitución a los mismos poderes que lo fueron del Régimen franquista. Es decir, se puso a la zorra a guardar el gallinero. Por tanto, no puedo entender que ahora llame la atención el auto del Tribunal Supremo. Si es que cuando a los poderes del Estado heredados del franquismo se les toca la fibra sensible sacan a relucir su ardor guerrero y a tener presente el discurso y esencias de la dictadura.

No quiero pasar por alto un dato histórico importante. En este contencioso, cuando el Tribunal Supremo ha tenido que fijar la fecha desde la que Franco estuvo al frente de la jefatura del Estado, ha designado la del 1 de octubre de 1936, sin tener presente que hasta febrero de 1939 la II República era el gobierno legítimo reconocido por la Comunidad Internacional, pues hasta la caída de la Republica coexistían dos gobiernos enfrentados por la soberanía nacional. Dato que resaltan muchos historiadores.

Desde 1978 no ha habido ningún gobierno que haya aprobado una ley en la que se diga de forma expresa que los 40 años de franquismo carecen de legalidad y que reconozca la legalidad republicana como la inmediatamente anterior a la actual. Y nadie puede negar que posibilidades ha habido para esto y para mucho más. A todo esto, la prensa ha sido de lo más dócil con todos los hechos que acabo de relatar y la izquierda ha pasado olímpicamente de liderar la respuesta democrática a todo este proceso de lavado de cara del franquismo. Se han condecorado a torturadores, a responsables de la represión franquista y durante un cierto tiempo el papel de jefe de la oposición lo desempeñó un antiguo ministro de Franco que firmó sentencias de muerte. Entonces ¿A qué viene este escándalo cuando el Tribunal Supremo habla de Franco como Jefe del Estado? Por tanto, duele reconocer que con la legislación vigente esa frase que tanto ha escandalizado es correcta. Realmente el escándalo se arrastra desde 1976 cuando esta izquierda mojigata acepta como propio el discurso del olvido, del borrón y cuenta nueva y de la reconciliación con los responsables del golpe de 1936.

Por tanto, no puedo entender que esta resolución del Tribunal Supremo genere tanta indignación. Si lo único que hacen es ser coherentes con la legislación existen y el espíritu que emana de ella. Aquellos polvos trajeron estos lodos. El problema radica que reconocer la argumentación que realizo implica denunciar el régimen que surgió en 1978 y ello conlleva cuestionar todos los pilares de ese régimen (monarquía impuesta por Franco, unidad indivisible de España, no cuestionar el Régimen franquista, etc…) y esto ya obliga a posicionarse de verdad. En el Estado español no ha habido la voluntad política que han tenido otros países para aprobar leyes de punto final, juzgar a los que durante la dictadura cometieron crímenes y no ha habido una ley de reparación y restitución que derogara las sentencias dictadas por los tribunales franquistas en las que condenaban y difamaban a los represaliados políticos. De hecho cuando se ha solicitado anular algunas de esas sentencias el Tribunal Supremo ha denegado dichas peticiones.

El segundo hecho que se dio ayer en el Tribunal Supremo lo protagonizó uno de los fiscales del Juicio del Procés. En su alegato, para defender la acusación por rebelión y querer demostrar el uso de la violencia, invocó el golpe de Estado del 23-F diciendo la siguiente frase: “Ya que la existencia de la violencia física queda limitada a aquellas zancadillas y zarandeos al general Gutiérrez Mellado que en paz descanse”. Menos mal que los hechos están grabados y los hemos visto infinidad de veces en televisión. Tiene la desfachatez de reducir la violencia al zarandeo a un miembro del Gobierno. Omite la utilización de armas de fuego y el secuestro durante más de 12 horas de 350 diputados. Esto es reescribir la historia, pero encima de forma cutre y tomar por tonta a la ciudadanía. En un país con un cierto pedigrí democrático, el ministro de Justicia de la mano del Fiscal General del Estado hubiera cesado ipso facto a este fiscal, que para eso depende de él. Pero aquí no pasa absolutamente nada ¿Cómo van a adoptar alguna medida contra un fiscal que está haciendo la inmensa labor de apuntalar al Régimen del 78? Lo normal es que le den una medalla pensionada como a Billy el Niño.

Lo más curioso es que entendía que, este segundo tema era tan importante, que merecía que esta noticia hubiese ocupado un espacio relevante en las cabeceras de los periódicos que todavía tienen una inspiración democrática. Pero es lo que hay. No vamos a pedir imposibles. Hay que tener presente que la intervención de este fiscal se ha realizado en el marco del Juicio al Procés, y cualquier cuestión en este tema conlleva poner en tela de juicio este proceso y, por tanto, cuestionar la actuación de los poderes del Estado. Y eso son palabras mayores. Así que nadie se escandalice si a partir de ahora los jueces y fiscales de este país deciden quitar el trabajo a los historiadores y ponerse a redactar los nuevos libros de historia. Por si acaso, guardemos los actuales para leerlos de vez en cuando e intentar protegernos de la que se nos avecina.