Desde hace tiempo la calidad de la democracia en el Estado español está en la UCI. Realmente cuando se supone que fue concebida la democracia española, ésta ya nació con más de una tara y anomalía por todos conocidas. La herencia franquista en los diferentes estamentos del Estado es algo que no es necesario volver a recordarla. Ni tampoco es necesario resaltar que el Poder Judicial del régimen del 78 no era ni más ni menos que el Poder Judicial franquista. Las mismas togas pasaron de aplicar la justicia franquista a dictar resoluciones bajo el paraguas del nuevo régimen.
A lo largo de los años ese Poder Judicial ha coexistido con el régimen existente sin grandes sobresaltos. Cuando ha tenido que dictar sentencias para apuntalar el régimen 78 ha tenido grandes alabanzas de los partidos que llevan sustentando este entramado desde hace más de cuarenta años (PSOE-PP). Y han sido varias las ocasiones en las que se han dado circunstancias que se han roto más de una costura del traje del supuesto Estado de derecho. Generalmente en la inmensa mayoría de esos casos el origen del conflicto procedía de la periferia territorial. Cuando han tenido que juzgar hechos cuya procedencia había que buscarla en disputas políticas procedentes de Euskal Herria y Catalunya, las más altas instancias de la judicatura española no han tenido ningún reparo en hacer volar por los aires todo lo que suene a un modelo de justicia garantista o a cualquier derecho fundamental que tengan las personas encausadas.
El problema es que estos casos de vulneración de los derechos civiles y políticos han sido vistos desde el resto del Estado como una cuestión lejana, que parecía que no iba con ellos. Pero de un tiempo a esta parte, en concreto, desde que en enero de 2020 fue investido el Gobierno de coalición actual, las togas empezaron a disparar a otros objetivos. De hecho, hace un año publiqué un artículo que lo titulé “Golpe de Estado de baja intensidad”[1], pues ya se venían dando ciertos episodios que eran muy preocupantes.
Este golpe de estado de baja intensidad, como hasta la fecha no ha logrado su objetivo, que no es otro que derrocar a este gobierno para que la extrema derecha acceda al poder, ha ido subiendo peldaños y el último ha sido la retirada del acta del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. En esta tesitura, la izquierda española empieza a vivir auténticas pesadillas desde que ha pasado a estar en el punto de mira de los poderes del Estado, convirtiéndose en el blanco de sus ataques con el objetivo de finiquitarlos políticamente y que vuelvan a la irrelevancia política.
El caso de Alberto Rodríguez es de una gravedad enorme, que se puede resumir con la siguiente frase: el Poder Judicial, con sus resoluciones, pisotea la separación de poderes para dejar sin efecto la voluntad de la soberanía popular que está representada en el Parlamento. Pero como he dicho anteriormente, esta forma de actuar por parte del Poder Judicial no es nueva. Existen precedentes que tienen muchos elementos en común con el caso de Alberto Rodríguez y que es necesario tenerlos presentes para poder tener una mejor visión de la involución que se está viviendo en algunas instituciones del Estado.
Los ataques e injerencias del Poder Judicial hacia el Poder Legislativo han logrado condenar a presidentes y miembros de la mesa de órganos legislativos, como son los casos vividos en el Parlamento Vasco y en el Parlament de Catalunya.
En el primer caso la mesa del Parlamento Vasco se negó a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak a requerimiento del Tribunal Supremo. Por dicho motivo condenó a su presidente, Juan Maria Atutxa (PNV) y a otros dos miembros de la mesa, Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB Berdeak). Un caso de injerencia del Poder Judicial sobre el Legislativo autonómico vasco. El presidente del tribunal que les condenó era Marchena. El caso, como no podía ser de otra forma, acabó en TEDH, que dio la razón a los condenados y anuló la condena impuesta.
El segundo caso es la condena a Carmen Forcadell (ERC), siendo presidenta del Parlament de Catalunya. Los motivos que justificaron la condena es que facilitó el debate y aprobación de las leyes de desconexión. Por ello fue condenada por sedición, es decir, por dejar que en el Parlament se pudiera discutir una ley, que es para lo que se supone que sirve una cámara legislativa, para que sus miembros debatan y aprueben leyes, y luego ya se verán si se ajustan a la legislación o no, pero a priori, en un parlamento todo es discutible y debatible. Este procedimiento no ha tenido tiempo material de llegar a Estrasburgo, pero no cabe duda que ese es su destino, y en este caso el presidente del tribunal que condenó a Forcadell también fue Marchena.
Ambos casos citados tienen un denominador común: una injerencia por parte de un poder, el judicial, sobre otro, el legislativo. Y en ambos casos el mensaje es muy claro: cuidado con salirse de la línea, que los jueces guardianes del actual régimen están por encima de la representación popular y la separación de poderes no es que sea inexistente, sino que uno de ellos, el Judicial, está por encima del Legislativo que es la expresión de la soberanía popular.
Ahora el Tribunal Supremo ha dado un paso más en su injerencia ante el Poder Legislativo. Esta vez la víctima ha sido la mesa del Congreso de los Diputados. Pero en este caso, se ha encontrado una presidenta, Meritxell Batet, que es de un partido (PSOE), que lleva sustentando el régimen del 78 desde su inicio y obviando los informes de los letrados de la cámara que rechazaban que se inhabilitara al diputado de UP, Alberto Rodríguez, se ha plegado a las exigencias del Tribunal Supremo que lo condenó y que estaba también presidido por Marchena. Curioso, el mismo magistrado que actuó en los anteriores casos mencionados y que salía en los mensajes de Whassapp de los parlamentarios del PP como persona idónea para presidir el Tribunal Supremo y controlar la Sala Segunda por parte del PP. Si en algún momento cabía alguna duda por parte de algún despistado, con todo esto cual duda debería de estar más que de sobra despejada.
La actitud de la presidenta del Congreso no es casual. El hecho que no haya tenido en cuenta los informes realizados por los letrados del Congreso, lleva a pensar que ha obedecido instrucciones provenientes de otras instancias, porque los letrados no están como figuras decorativas. Quizá sea casualidad que esta semana pasada PSOE y PP hayan pactado la renovación del Tribunal Constitucional y algunas otras instituciones, pero la verdad es que da que pensar.
Si la sentencia contra Alberto Rodríguez fue un atropello jurídico en lo concerniente a las pruebas practicadas y la valoración que de ellas hizo el tribunal, el retirarle su acta de diputado por parte de la presidenta del Congreso, ha sido un castigo político. Es preocupante, que la presidenta del Congreso no haya tenido presente los reiterados varapalos que el TEDH ha dado a las resoluciones que el TS, que de la mano de Marchena, ha emitido en procesos judiciales de un marcado cariz político. Da la sensación que no les debe de preocupar la imagen cara al exterior. En la actualidad, con toda la secuencia de ridículos judiciales a nivel internacional del Tribunal Supremo para intentar sin ningún éxito la extradición de Carles Puigdemont, es como para que la presidenta del Congreso hubiera tenido muy en cuenta la opinión de los juristas del Congreso, más que nada por una cuestión de higiene democrática. Si se me apura, hasta por preservar la imagen del régimen al que representa cara a Europa. Pero da la sensación que ante ciertas cuestiones, la imagen que pueden proyectar hacia el exterior no les importa absolutamente nada.
Todo esto no tendría un cierto tono surrealista, si no fuese porque el PSOE y UP forman parte de un Gobierno de coalición, que está siendo atacado por la extrema derecha a través de los elementos que tiene colocados dentro del Poder Judicial.
Lo realmente grave es que cada vez que hay un conflicto de esta naturaleza la posición del PSOE es nítida. Elige apuntalar al régimen del 78. Lo lleva haciendo desde hace años con el tema de la monarquía y, sobre todo, desde los escándalos que ha protagonizado el Emérito y que han salido a la luz en los últimos meses. Lo hace cuando tiene que tapar temas relacionados con los abusos policiales y violencia de Estado durante el franquismo como los ocurridos en los últimos cuarenta años. Y después de lo que se ha visto en el último congreso del PSOE, en que sólo ha faltado que sacasen a hombros a Felipe González, lo único que se puede uno preguntar ¿hasta cuándo Unidas Podemos va a seguir haciendo de palmeros de este gobierno?
Desde que Aristóteles escribió Ética a Nicómaco allá por el siglo IV a.C. han pasado más de 2.300 años y para el ser humano la ética sigue siendo un tema recurrente. Si bien el pensamiento del filósofo de Estagira sigue siendo piedra angular en todo lo relativo al razonamiento que gira alrededor del ser humano, la vida actual nada tiene que ver con la que vivieron en la Grecia Clásica. En la actualidad estamos inmersos en tiempos de incertidumbre, que se caracterizan por unos cambios vertiginosos, lo que obliga al hombre a interpretar las nuevas situaciones existentes para buscar unos códigos de conducta que nos puedan ayudar a que las relaciones con nuestros semejantes se muevan en unos parámetros lo más cercanos, en la medida de nuestras posibilidades, a la felicidad. Porque no olvidemos que la ética tiene como finalidad la búsqueda de la felicidad.
En estos tiempos de cierta zozobra por lo que nos pueda deparar el futuro, que se refleja en el los valores que hay en nuestra sociedad, el filósofo Javier Sádaba publicó en septiembre de 2020 su ensayo “Una ética para el siglo XXI”. Editorial Tecnos, en una edición de bolsillo.
Bajo un título un tanto sugestivo, Sádaba da respuesta desde una mirada ética al mundo en el que vivimos. Para ello, este ensayo de algo menos de 200 páginas, consta de seis capítulos. En cada uno de ellos “desde la perspectiva de la ética” se acercará a los desafíos que el ser humano tiene en la actualidad.
Estando inmersos en la pandemia que nos sacude, este libro puede ser una ayuda para poder afrontar los grandes problemas que tenemos en esta sociedad, teniendo muy presente los actuales avances tecnológicos que afectan directamente a las personas.
Ética y cultura.
Este primer capítulo lo desarrolla en tres partes. Lo inicia realizando un compendio de lo que es la ética para posteriormente abordar la cultura. Las enfrenta entre sí, para finalizar con las conclusiones del autor.
Al hablarnos de la ética, Sádaba lo inicia con una definición que nos sirve para tener presente en qué parámetros se va a mover a lo largo de esta obra: “ La ética o moral consiste en lograr el mejor modo de vida con uno mismo y con los demás […] En ser fiel a lo que uno cree y hacer el mayor bien a los otros evitando su mal”. A partir de aquí, inicia una síntesis de lo que es la ética. Si bien en este ensayo ética y moral los utilizará como sinónimos, da unas pinceladas de las diferencias existentes y los usos para la ética. Incide en que la ética o moral forma parte de las ciencias sociales o humanas, de ahí que factores como “la libertad humana la rodean de una inevitable incertidumbre”, pero sin llegar a ser algo arbitrario.
En este contexto en el que para responder a las dudas que surgen en el campo de la moral surgen las justificaciones o “Teorías Morales”, desarrollando cinco teorías: emotivismo, intuicionismo, la moral de la religión, deontologismo (principialismo) y el utilitarismo. Haciendo un discurso en el que desmonta las tres primeras teorías, se centra en el principialismo, siendo Kant su principal defensor y en el utilitarismo, representado por Hume, Bentham y Mill, para enfrentándolos entre sí llegar a la conclusión que lo ideal es combinar ambas opciones para “hacerlos complementarios”. Si “para el deontologista algo es bueno porque debe hacerse”, por el contrario “para el utilitarista algo debe de hacerse porque es bueno”. Para Sádaba hay que empezar siendo utilitarista, pero ha de haber una barrera compuesta de principios para neutralizar el egoísmo.
Este debate lo traslada a nuestros días utilizando la economía y los Derechos Humanos para analizar ambas posturas.
Deja para el final hablar, por un lado, del amoral, que sencillamente es quien rechaza las diferentes teorías para vivir al margen del resto de los seres humanos, siendo él el epicentro de su mundo y, por otro, quien opta por vivir la moral en su plenitud. Éste último elige el vivir La Vida Buena, teniendo como objetivo que todo el mundo viva mejor, lo que a esta persona le aporta “una satisfacción de conciencia que le hace sentirse a gusto con el resto de los humanos”.
Para el autor, el objetivo de la Vida Buena debería de estar siempre presente, aunque los avatares del día a día los vayan rebajando.
Al entrar a confrontar ética y cultura nos llevará a través de conceptos como la etología y biología, lo que desemboca en la relación entre los genes y la cultura, pues para Sádaba “la base de la cultura se entienda como se entienda, reside en la genética”.
Menciona tres formas culturales sobre las que les pasará el filtro de la ética para optar por una de ellas. Rechaza el concepto de cultura basada en “la posesión de los mayores conocimientos y sabiduría posibles” pues desde un punto de vista ético este concepto trae aparejados “el elitismo y la estratificación clasista de la sociedad”. La cultura como “transmisión social de conocimientos, entendidos estos en su sentido más amplio” la deshecha por el riesgo que “inmovilismo podría afectar a la transmisión social en cuestión”. Para el autor, una cultura dentro de los parámetros de la ética aconseja vivir la cultura de forma democrática. Une los conceptos ética, cultura y democracia. La cultura tiene que servir para “vivir el día a día con la mayor curiosidad posible” y una ética cultural debería “ayudarnos a que no nos engañen ni nos autoengañemos, a que sepamos aspirar a una manera política de vivir que nos haga convivir como iguales y con toda la libertad posible”.
Viendo los tiempos en los que estamos inmersos, con un ascenso de las ideas totalitarias, las palabras de Sádaba nos sirven para poner en valor el respeto a la diversidad cultural dentro de los valores democráticos.
Ética y política.
Este capítulo es el más extenso. En él, el autor una vez que de la mano de Kant nos interrelaciona ambos conceptos al propugnar “el ejercicio de la política,.., sin entrar en colisión con derechos básicos de la persona”. Nos realiza un repaso histórico fugaz de las diferentes ideologías, arrancando en el siglo XVII con algunas pinceladas sobre el liberalismo político, para pasar a hacer una autentico repaso de las diferentes corrientes de la izquierda. Sin perder de vista que Sádaba se define como una persona libertaria, tanto en este libro como en el anterior que ha publicado[1], realiza un análisis en el que nos expone sus puntos de vista al respecto.
Al analizar las diferentes ideologías del entorno de la izquierda, uno de los interrogantes que se plantea Sádaba es dónde se encuentran en la actualidad los socialistas clásicos que se oponían a la lectura que el leninismo hacía en lo referente a la dictadura del proletariado. Por lo que respecta a la socialdemocracia, le asigna el papel de blanqueador del capitalismo. Y acabará realizando un análisis del anarquismo. La conquista o la destrucción del Estado no deja de ser el debate que a lo largo de los años ha sobrevolado en las diferentes corrientes de la izquierda.
Para Sádaba, el comportamiento de un partido ante “la conquista o la destrucción del Estado” o “cómo se confronta un partido político respecto a la estructura del Estado sirve hoy como criterio esencial para distinguir si se trata de un partido de la antigua usanza o de lo que se está llamando la nueva política”.
Todo este estudio tiene como finalidad realizar una crítica mordaz a lo que ha sido la trayectoria de la izquierda durante los últimos cincuenta años, sobre todo en el Estado español. Aboga por una democracia radical, en la que prevalezca la soberanía de los individuos, que están por encima de los políticos que se deben de limitar a ser “recadistas” de cada uno de los individuos “y no al revés”.
Es muy crítico con la teoría del mal menor que ha rondado en la izquierda española como argumento recurrente para aceptar la transición española, convirtiéndose “dogmáticamente en un principio incuestionable” que le ha llevado a encadenar fracasos, pues ha estado más preocupada en obtener poder que en “buscar alternativas … para construir una sociedad verdaderamente democrática”.
Para el autor, la ética, dentro del campo de la política, tiene que buscar una justicia para toda la sociedad, que sirva para mejora la vida de todos.
Desde el campo de la ética, profundiza en la democracia, las ideologías totalitarias y los Derechos Humanos donde nos hace un diagnóstico en el que pone el acento en la desideologización en la que se encuentra inmersa la sociedad actual. La ideología se va diluyendo hasta tocar suelo, lo que sirve de caldo de cultivo para el resurgimiento de la extrema derecha cuyos pilares son el totalitarismo y la negación de la democracia. Ante esta situación los “Derechos Humanos languidecen” al no tener una “ideología convencida que los defienda”.
Para Sádaba, el triunfo de la concepción utilitarista de la ética está llevando a esta pérdida de valores morales y a que “la democracia haga aguas”.
En la última parte de este segundo bloque, lo dedica a la “ética y la identidad local en el marco de un mundo global”. Nos expondrá una serie de conceptos como son identidad y globalización. Para ello vuelve a traer a colación la identidad cultural desde una perspectiva local y global. Sádaba nos dice que la cultura la hacemos los seres humanos, pues esta no está dada y la identidad cultural la va construyendo el ser humano, siendo el idioma, historia y tradición los tres motores de nuestra identidad cultural.
A la hora de desarrollar el estudio de la identidad local en el mundo global, como vasco y conocedor de la idiosincrasia de su pueblo, utilizará Euskadi y su identidad cultural como herramienta para realizar un análisis crítico de la situación en la que se encuentra. A este respecto el filósofo portugalujo sostiene que “la identidad vasca tiene que ser vasca y universal. Conseguirlo, supone entender la identidad como un conjunto de rasgos distintivos que se modifican a lo largo del tiempo y que dependen de nosotros” y para ello entiende que “los vascos debemos de mantener aquello que nos constituye como tales”. A la hora de poder entender esta cuestión, el acervo cultural es una herramienta fundamental.
Ética y Economía
Este capítulo no es de los más extensos, pero Sádaba sintetiza su discurso lo suficiente para que su análisis sea sencillo y ágil. Si economía y política tienen una relación estrechísima, capitalismo y liberalismo son dos caras de una misma moneda. Esto es una cuestión importante porque la crítica que realiza de la economía capitalista, va indisolublemente unida a la crítica al sistema político que lo sustenta, cuestión esta que ya ha sido tratada en el bloque anterior.
A la hora de hablar de ética y economía, se centra en la ética de la empresa o ética de los negocios, pues esta (la empresa) se ha convertido en el corazón de la economía capitalista. Sin la existencia de la empresa, el capitalismo no sería como lo conocemos en la actualidad. La empresa lo mueve todo, genera las condiciones necesarias para que el capitalismo se pueda expandir en todos los ámbitos, siendo la responsable de las desigualdades que sufre la sociedad actual. La empresa se ha convertido en el epicentro del sistema capitalista dentro de la aldea global en la que vivimos y en autentico “incitador al consumo”. Por tanto ¿qué mejor forma para hablar de la ética en la economía que haciéndolo sobre la empresa?
Sádaba, a lo largo de este bloque hace un repaso histórico de la concepción que han tenido de la empresa algunos pensadores y filósofos para pasar a analizar dos puntos de vista contrapuestos: los que propugnan una ética de la empresa y los que, por el contrario, realizan una crítica de raíz a este concepto. Nos muestra como a lo largo de la historia de la humanidad ha habido una contraposición significativa entre economía y ética. Y para hacer ese recorrido histórico, se remonta a la Grecia Clásica y, en concreto a Aristóteles, como pensador más antiguo que ya veía con desconfianza “la obtención de rentas ilimitadas”, pues ello “trastocará el recto funcionamiento de la ciudad”. Esa disputa entre economía de la empresa y ética sirve para plantearse si la empresa tiene moral o su único objetivo es la obtención de beneficios. Para ello, nos hablará de los términos RSE (Responsabilidad Social de la Empresa) y RSC (Responsabilidad Social Corporativa), que hoy están muy en boga, como un intento de salvaguarda de la imagen reputacional de las empresas.
La defensa de la ética empresarial se caracteriza por proyectar un capitalismo con rostro humano, “no cuestionarán el capitalismo sino sus excesos”, son defensores del mercado, pero “sujeto a limitaciones”. Sus seguidores utilizarán términos como RSE y RSC como herramientas para mejorar la relación de la empresa dentro de la sociedad. Dejar a un lado el término consumidor para sustituirlo por ciudadano. La pregunta es si detrás de todo este proceso de moralidad empresarial no se esconde una nueva fórmula para cosechar mayores beneficios, como ha ocurrido en empresas donde se ha puesto en práctica.
El autor se posicionará entre los que realizan una crítica radical hacia los defensores de la ética en la empresa. A la hora de analizar las teorías económicas opuestas a la ética empresarial, mencionará a marxistas y libertarios. De los primeros manifestará que “el socialismo real ha fracasado”, si bien hará una mención a la corriente del entorno del marxismo que entiende que el concepto de ética empresarial no deja de ser un intento de consolidar el sistema capitalista. Sádaba argumenta que no sostienen una alternativa clara al capitalismo, pero su insatisfacción le lleva a afirmar que “otro mundo es posible”, y para ello, canalizarían sus esfuerzos en utilizar algunas herramientas existentes dentro del sistema capitalista, como la organización de cooperativas y empresas autogestionados, como método para que la sociedad se organice en movimientos sociales, para poner en marcha los mimbres para que crezca el movimiento asociativo.
Otra de las críticas que realizan a la ética empresarial se fundamenta en que bajo esta imagen un tanto altruista y con rostro humano se esconde el mejorar la cuenta de resultado de las empresas.
Sádaba no se opone al libre mercado, pero si a la mercantilización global existente, ni se opone a la competencia siempre que esta se mantenga dentro de los parámetros de “una armonizada humanidad”.
Ética y feminismo: la igualdad de la mujer
Dedica una parte de su obra al feminismo, al ser un asunto que todavía no ha sido superado de forma global por la sociedad. Siendo consciente el autor de la imposibilidad de ser original en este punto, afronta este tema para dar una respuesta comprometida.
Es interesante la radiografía que hace a lo largo de la historia para constatar la valoración que se ha hecho de la mujer, que ha tenido como denominador común la marginación a la que ha estado sometida y el desprecio hacia el género femenino.
Para Sádaba “la revolución del pensamiento femenino ha traído consigo una revolución similar en lo que atañe a la igualdad y la diferencia” y este tema pasa por “establecer una teoría feminista en la que se insista más en la diferencia, en la igualdad, o se busquen fórmulas intermedias”.
En el campo de la ética el autor nos habla de una ética masculina y otra femenina, que irían ligadas a la conciliación de las virtudes femeninas y masculinas, para la búsqueda de una ética más equilibrada. Cualquier avance en el marco de la ética que recoge este ensayo, pasa porque se dé en el marco de una sociedad igualitaria, y la igualdad hombre-mujer es, sin duda alguna, primordial.
Ética y religión
Al tratar sobre la ética y la religión lo hace desde dos planos diferenciados. En un primer lugar lo enfoca desde una visión académica, para ver la relación que tienen ambos términos. Es de tener cuenta la valoración que realiza de “la religión en sentido amplio” como herramienta para la búsqueda de respuestas, porque “solo desde la conciencia de tales contrasentidos surge el gran animal que es el hombre. Solo de esa manera se hace el hombre un animal interesante”.
Siendo cierto que la relación entre moral (ética) y religión tiene su punto de partida en el origen de las religiones, pues estas “incorporan un código moral a sus creencias”, Sádaba nos dice que hay que abandonar la idea que moral sea religión. Y a partir de esa afirmación nos mostrará que si bien ambas nacieron de la mano, por el contrario, la religión se moverá en el ámbito de la fe y la moral tendrá su desarrollo en el ámbito de una sociedad laica. La teología y la moral chocarán cuando una invada el terreno de la otra y ¿Cuándo se invade? Cuando una impone sus postulados a la otra.
Al estudiar esta cuestión desde “la vida cotidiana”, Sádaba nos recuerda que en la sociedad actual se siguen dando soluciones desde una visión teológica a las cuestiones morales que rondan en esta sociedad, llegándose a dar la paradoja a día de hoy, que el no creyente es el que tiene que fundamentar su postura, en vez de ser el creyente sobre el que recaiga la carga de la prueba.
Para el autor de este trabajo, esto lleva a que la religión católica goce del apoyo institucional, lo que lleva a situarla en un lugar privilegiado, en el que la religión esté por encima de la ética.
La ética ante la ciencia del siglo XXI
Los grandes avances de la ciencia en los últimos decenios han abierto nuevos escenarios en los que el hombre tiene que buscar respuestas y para ello necesita de la ética. Esta se convierte en una herramienta imprescindible para que los avances en todos los ámbitos de la ciencia no pongan en cuestión la identidad del ser humano. Javier Sádaba dará respuesta a todo esto a través de la ética y lo hará hablando de tres temas: la bioética, la eutanasia y el transhumanismo.
El autor nos habla de la bioética, cuya función consiste en aportar “una valoración moral sobre las ciencias de la vida”. Para ello nos realizará un viaje para darnos a conocer las diferentes tendencias que se mueven en este campo y las respuestas que dan al respecto, teniendo presente que “lo científico y lo humanístico se tocan o pueden tocarse en ocasiones”.
La bioética se enfrenta, entre otros, a temas como el aborto, eutanasia, las células madre o investigación sobre embriones. De todos estos temas se centrará en la eutanasia.
Defensor de la práctica de la eutanasia, Sádaba profundizará en ella para enfrentarla con la moralidad y las objeciones existente.
Si en palabras de Sádaba, para Francis Bacon, el significado de eutanasia es “buena muerte”, el autor de este ensayo aboga por la inclusión de varias características fundamentales como “la voluntad clara del paciente de que se acabe con su vida, irreversibilidad de la enfermedad, con la consiguiente falta de alternativas, y sufrimiento físico y psíquico”, lo que le lleva a diferenciar algunas prácticas que no se pueden considerar propiamente eutanasia activa.
La eutanasia la encuadra “dentro de los derechos que nos competen a los humanos y que funcionan para proteger algunas de nuestras necesidades”. Y nada tiene que ver con la eutanasia pasiva o el suicidio asistido. La gran diferencia con el suicidio asistido es que en este último caso no se le aplica a un enfermo terminal, como sucede en la eutanasia.
Sádaba nos realiza un discurso muy clarificador para diferenciar la eutanasia con cierto tipo de praxis que sí que se pueden considerar atrocidades contra vida y la dignidad humana. Y desmonta los tabús y la imagen manipulada que se quiere dar de la eutanasia.
Cuando confronta la eutanasia con la moralidad, utiliza como pilares la libertad y el no sufrir. En el caso de la libertad, que equivale a ser uno dueño de sus actos y, por tanto, debe de ser respetada “la libertad que la persona tiene sobre su cuerpo y su salud”. Si el morir es el último acto de la vida, este tiene que estar en manos de cada individuo, para que pueda de tener un final con dignidad, que pasa por el respeto a que la persona pueda decidir con su propia muerte.
En esta confrontación entre ética y eutanasia Sádaba nos viene a decir que uno de los fines de la ética, al igual que la medicina, es evitar el sufrimiento Hay que evitar el sufrimiento inútil. Lo importante no es la vida sino la calidad de vida, y la eutanasia ayuda a minimizar el sufrimiento.
El último tema que trata en este capitulo es el concerniente al transhumanismo. Genética, robótica y desarrollo tecnológico son términos que están ayudando a mejorar el cuerpo humano. En el caso de la robótica, nos acerca a la Inteligencia Artificial. Todo esto tendría como finalidad “lograr seres superhumanos con una inteligencia” superior a la nuestra. Todos estos avances que van superando el concepto que tenemos de humanidad, está revolucionando hasta tal punto los estándares existentes, que se está abriendo paso términos como inmortalidad.
Al hablar de inmortalidad la ciencia entra en el campo de las religiones, pues, como nos dice Sádaba, “el núcleo de las religiones de nuestro entorno reside en la superación de la muerte”. Buscan la inmortalidad. En la actualidad nos encontraríamos con unos avances científicos que podrían poner en peligro al ser humano como lo concebimos, o en palabras de Sádaba “tales transformaciones podrían acabar con lo que entendemos por Homo Sapiens”.
Para finalizar, la lectura de este libro nos puede ayudar a responder algunos interrogantes que nos surgen en este mundo tan complicado y cambiante. El filósofo Javier Sádaba nos expone en este libro su visión de una serie de temas alejada de cualquier dogmatismo.
A lo largo de la historia de la humanidad tanto las civilizaciones como los imperios han tenido una evolución un tanto similar a los seres humanos. Surgen, van creciendo hasta alcanzar su cenit, y a partir de un momento empiezan un periodo de decadencia que los aboca, en el mejor de los casos, a su desaparición y en las situaciones más traumáticas a su total destrucción.
En la prehistoria la duración de las civilizaciones e imperios podía prolongarse durante varios milenios, pero con el transcurso del tiempo el periodo de maduración de las diferentes civilizaciones, imperios y hegemonías han ido acortándose de forma sustancial. La secuencia es diáfana. La civilización egipcia se prolongó durante más de 3.500 años, la civilización romana y su posterior imperio se extendieron lo largo de algo más de un milenio y los posteriores imperios, como el español o el británico, apenas duraron unos siglos. Ahora que la hegemonía de EEUU está en retroceso y a falta de ver quién coge el testigo, aunque da la impresión que es China quien tiene todas papeletas, podemos decir que su duración no ha llegado ni a tan solo doscientos años. El mundo cada vez se mueve a mayor velocidad, lo que hace que tenga una vida muy intensa pero que los periodos de dominación a nivel internacional sean menores.
En este contexto parece que los EEUU han entrado en una fase en la que su hegemonía no sólo está en entredicho, pues lleva tiempo dando síntomas de agotamiento, sino que los últimos acontecimientos están siendo el preludio de su desaparición como la potencia que hemos conocido a lo largo del siglo XX y, de paso, está arrastrando a los países que forman la UE y lo que conocemos como Occidente, pues no dejan de ser sus aliados estratégicos y preferentes a través de la OTAN y otros tratados internaciones.
La salida a trompicones de Afganistán ha sido algo más que un simple traspiés. Ha supuesto un torpedo en la línea de flotación de la estrategia geopolítica de todos los países occidentales cuyas consecuencias se podrán evaluar con el tiempo. Pero hay una cosa que es necesaria tener presente, cuando alguien pierde es porque otro gana y en este caso el verdadero ganador lo veremos más pronto que tarde, porque no parece que los talibanes vayan a ser los vencedores de la batalla geoestratégica.
El ridículo con el que nos han obsequiado todos los países que han tenido una intervención directa en Afganistán a lo largo de estos últimos veinte años será estudiado en los libros de historia como uno de los fracasos más estrepitosos de la política intervencionista americana y sus socios en este conflicto, superando con creces a Vietnam o a los fracasos militares de Napoleón y Hitler en la gélida Rusia. EEUU y los países de la OTAN acaban de tener en Afganistán su Waterloo particular y no parece que estén haciendo propósito de enmienda. Las políticas intervencionistas de EEUU y sus aliados en la zona van de fiasco en fiasco y han logrado que desde Túnez hasta la frontera con India, todos esos países sean un avispero. Un conflicto internacional con varios escenarios bélicos, Libia, Siria, Kurdistán, Palestina, Irak, Yemen y Afganistán entre otros, con muchos intereses cruzados en juego y con un mundo cada vez más inseguro.
La llegada de los talibanes al poder en Afganistán era de todo punto esperable. Han realizado un trabajo de hormiga desde que en 2001 fueron desalojados del poder. Han sido pacientes y han tenido una ayuda externa nada desdeñable. El Gobierno proamericano de Afganistán de los últimos veinte años ha podido mantenerse en el poder única y exclusivamente gracias a la ayuda integral que ha recibido de Occidente. Un apoyo que se ha plasmado en todo lo que puede necesitar un gobierno para mantenerse en el poder. Era como un bebe que requería todo tipo de cuidados, pero con el paso del tiempo, en cuanto lo dejaron para que se valiese por sí mismo, se diluyó como un azucarillo en el agua.
La llegada de los talibanes era predecible desde la firma de los acuerdos de Doha por parte de la Administración de Trump en septiembre de 2020. Pusieron la pista de aterrizaje a la llegada de los talibanes, pero el poder presentar a la opinión pública americana la salida de su ejército de Afganistán, no dejaba de ser la fotografía que necesitaba Trump para presentarla en la campaña electoral a las elecciones presidenciales que estaban a dos meses vista. El aceptar ante los talibanes la retirada de las fuerzas militares americanas podía ser una fuente de votos, pero también era la firma del acta de defunción del régimen proamericano de Afganistán.
Son muchas las preguntas que quedan en el aire y muchas las hipótesis que se pueden formular sobre lo ocurrido en Afganistán y los nuevos equilibrios internaciones que se van a dar a partir de ahora, y para ello va a ser necesario que pase un tiempo prudencial para poder tener una perspectiva sobre todo lo ocurrido.
A estas alturas creer que EEUU cuando interviene militarmente en un país es para exportar la democracia es creer sencilla y llanamente en la cuadratura del círculo. Todo este tipo de intervenciones en absoluto han tenido una finalidad política, sino de control geoestratégico. La estrategia que EEUU ha utilizado de forma reiterada nunca ha pasado por poner los mimbres para que en el país invadido se fuera consolidando un régimen democrático con el que sus habitantes se sintieran identificados. Sólo hay que ver el modus operandi que han desarrollado en Latinoamérica a lo largo de la historia, llenando el continente de militares golpistas. Las soluciones que han planteado, y Afganistán es uno de los ejemplos palmarios, han sido la de poner a un gobierno títere, corrupto hasta las cejas, que más que servir a los intereses de su pueblo, estaba interesado en satisfacer las pretensiones de quienes lo habían colocado en la cúspide y, de paso, enriquecerse por si en algún momento fuese necesario buscar un exilio dorado.
La política geoestratégica que EEUU y sus aliados han desarrollado a lo largo del planeta y en especial en Oriente Medio y el norte de África en los últimos cincuenta años han estado presididas por tener aliados que están en las antípodas de los estándares democráticos y de los derechos humanos, pero con el fin de satisfacer un deseo insaciable de apropiarse de todos los recursos naturales de esos países, y para ello no han escatimado esfuerzos, ni se han preocupado por esos valores que presiden los discursos de los dirigentes de Occidente. Es sorprendente que a estas alturas hablen del desastre que supone que hayan llegado los talibanes al poder en Afganistán cuando la mayor parte de los países de la región son la negación de lo que Occidente dice representar y por el contrario las relaciones internacionales de estos con Occidente son muy estrechas. Países como las monarquías del Golfo Pérsico o Israel deberían de sonrojar a cualquier demócrata, pero para los dirigentes de EEUU y la UE siempre han estado por encima otros intereses mucho más oscuros, entre ellos el crematístico, lo que les ha llevado a ser capaces de incendiar una región del planeta para defender sus objetivos.
En algo más de veinte años han conseguido el record de desestabilizar toda la región, que de por sí ya era un escenario caliente, organizando una guerra contra Irak, financiando una serie de guerras para derrocar a los regímenes de Siria y Libia, teniendo como socios preferentes a Israel y Arabia Saudita a los que les han dado cobertura para todos sus desmanes. Y al final, todos esos conflictos se les han ido de las manos. Cuando a principios de los años ochenta del siglo pasado financiaron todo tipo de grupos muyahidines, entre los que estaban los talibanes, para luchar contra la URSS en Afganistán, utilizando Pakistán como auténtico santuario fueron engordando a un monstruo que ha acabado por devorarlos.
Durante décadas Occidente ha tenido como uno de sus objetivos estratégicos hacer suculentos negocios con las monarquías de Oriente Medio, vendiéndoles armamento pesado, teniendo constancia que gran parte de ese armamento podía acabar en manos de grupos de integristas islámicos para realizar todo tipo de tropelías tanto en esa región como en diferentes partes del mundo y no parece que a los países occidentales eso les haya importado demasiado. Por encima de toda ética democrática estaban muy los intereses de la industria armamentística y las contrapartidas que podrían obtener de las monarquías feudales de los países del Golfo. El lema podría ser el capitalismo por encima de la democracia.
La relación que Occidente, pero sobre todo EEUU, tiene con Pakistán, que ha sido la gran base logística de los talibanes es para tener muy presente. Algo que puede parecer a simple vista como una auténtica contradicción o, dicho de otro modo, un error de cálculo por parte de Occidente, no deja de ser una zona oscura en la que Occidente ha jugado sin que le genere ninguna contradicción pero donde se ha vuelto demostrar que han sido el cazador cazado.
Que nadie se lleve a engaños, el régimen talibán no se va a sentir sólo ni va a sufrir ningún tipo de bloqueo económico al estilo de Cuba o Venezuela. Esta forma de actuar sólo está reservada para países que reivindican su soberanía, se oponen a todo tipo de injerencias externas y tienen a gala defender un sistema económico al margen de capitalismo. Si ya en el mes de julio, antes de haber tomado el poder, una delegación de los talibanes se desplazaba a Pekín para reunirse con los dirigentes chinos, nada más tomar el poder han viajado a Pakistán para reunirse con sus autoridades. Pero el país que ha sido el mayor aliado estratégico de los talibanes ha sido Qatar y por lo últimos movimientos habidos, Turquía no se quiere quedar atrás. Por tanto, si en menos de un mes de haber logrado los talibanes el poder, ya han conseguido todos estos éxitos a nivel internacional, la duda no es si Occidente va a reconocer a los talibanes, sino cuanto van a tardar en reconocerlos. Como siempre, mirarán para otro lado en materia de derechos humanos e intentarán que sus enemigos estratégicos no tengan el control total de la zona, aunque se me antoja que llegan muy parte para evitar esto último.
En todo este tablero que es la política internacional a nivel mundial tanto Rusia como China, pero sobre todo esta última, se empiezan a encontrar muy cómodas. Sin necesidad de realizar intervenciones bélicas generalizadas, al estilo de los EEUU, están ampliando sus aéreas de influencia en todos los continentes. No es que sus políticas se caractericen por métodos éticos en su forma de operar, pues utilizan todo tipo de fórmulas para ir expandiendo su influencia.
Y como ocurrió cuando estalló la Primera Guerra Mundial, a lo largo de todas estas décadas la socialdemocracia europea ha vuelto a desarrollar un papel en el que le ha preocupado mucho más los intereses de las élites de sus respectivos países que los intereses de las clases populares. No se les ha visto un posicionamiento uniforme habiendo aceptado las políticas de los partidos de la derecha europea e intentando no contravenir mucho las posturas de los EEUU. La socialdemocracia está totalmente desaparecida en lo que atañe a la política internacional, lo que deja el camino expedito para que en política internacional la derecha europea pueda hacer seguidismo de la política internacional de los EEUU, al servicio de los intereses de las multinacionales que tienen intereses en esas regiones de conflicto.
Todo este desastre que ha supuesto la llegada de los talibanes al poder de Afganistán y el desastre humanitario que ya estamos viendo, lo único que está sirviendo es para que los partidos xenófogos y de extrema derecha pongan encima de la mesa su discurso de odio para que siga calando en la población, utilizando como mantra su discurso en contra de los refugiados y el miedo al enemigo exterior. No deja de ser un discurso que cala fácilmente en la población y que no parece que encuentre grandes obstáculos para ponerlo en práctica. En este tema, una vez más, la UE está intentando escurrir el bulto y dentro de su discurso vacío aunque de frases grandilocuentes, no está haciendo absolutamente nada por resolver la emergencia humanitaria que se avecina. La fractura interna que arrastra desde hace tiempo lleva de forma irremediable a otro nuevo fracaso y así hasta que se acabe autodestruyendo.
El periodismo, más que una profesión, es una vocación de servicio a la sociedad. Otra cosa bien distinta es lo que en la actualidad practican infinidad de medios comunicación, que tienen como objetivo primordial ser fieles escuderos de los poderes económicos que los financian. No van a morder la mano que les da de comer, lo que los convierte en una especie de blanqueadores mediáticos de oscuros intereses económicos.
“Fábrica de cuentos” es una novela de Javier Mestre, publicada en noviembre de 2019 por la editorial La Oveja Roja. Un libro que no supera las 300 páginas y en el que nos adentra en ese mundo tan fascinante que es el periodismo, pero que no es necesario escarbar mucho para toparse con la cruda realidad. Una de las profesiones más vilipendiadas, donde la expresión “derechos laborales” está reservada para un reducido número de personas, la élite de la profesión. Quienes lean esto último pueden pensar que esta situación es producto de la crisis económica que nos sacudió a partir de 2008. Pero no, la normalización de la precariedad en el periodismo se arrastra de mucho tiempo atrás. Quizá sea ese el método para poder ejercer un control sobre las personas que ejercen la labor de informar a la sociedad. De esta forma, al que se sale de la línea establecida es mucho más fácil marginarlo, porque “el opinar es un lujo que no se pueden permitir”.
La historia o, mejor dicho, las dos historias que encarnan Luz y Luna, dos antiguas compañeras de la facultad de periodismo, sirven para dar cuerpo a la novela de Javier Mestre y que este nos conduzca por un relato en el que pone sobre la mesa temas tan importantes como la ética periodística, el periodismo de trinchera que desde hace años estamos viendo tan de cerca y lo complicado que resulta hacer periodismo independiente, sobre todo cuando el medio de comunicación está en las antípodas ideológicas del periodista que desarrolla en él su trabajo.
Las dos personas sobre las que va transcurriendo la trama de la novela representan dos proyectos de vida que se reflejarán a la hora de ejercer su profesión. El entorno social y familiar de cada una de ellas las marcará a la hora de tomar decisiones en un mundo como el periodismo, en el que independencia profesional y estabilidad laboral son dos polos que se repelen.
El autor, a través de las dos protagonistas de su novela, contrapone dos conceptos de la profesión periodística. Por un lado, la periodista “comprometida hasta la médula con su profesión y con la función social del periodismo, que es sacar a la luz la verdad para transformar la sociedad y dejar un mundo mejor que el que nos encontramos” y, por otro lado, una visión práctica de la profesión en la que prevalece la necesidad de la búsqueda de unas condiciones laborales que sirvan para tener una vida digna. “¿Qué importa la línea editorial, qué más da las opiniones? Por la posibilidad de tener un trabajo y sacar adelante a su familia”. Al fin y al cabo, para un periodista de a pie el opinar “es un lujo que no se puede permitir”, pues está reservado para los que tienen unas condiciones laborales inalcanzables para la inmensa mayoría de la profesión. Para ella “las palabras contrato y sueldo” suponen una meta casi inalcanzable en el mejor de sus sueños.
El autor plasma una fotografía muy nítida de lo que son los medios de comunicación, sobre todo los escritos, con una descripción francamente brillante de ese periodismo de trinchera que más que informar se dedica a fabricar editoriales en serie, convirtiéndose en una maquina propagandística para sus acólitos o para el despistado de turno que se topa en Internet con alguno de sus artículos. Lo que Javier Mestre denomina en el libro de forma muy elegante “churrería informativa” y que no es otra cosa que una fábrica de fake news. Pura “maquinaria de guerra periodística”. A la persona que decida leer la novela le será sumamente fácil poner nombre y cara al medio de comunicación, incluido su director, en el que se inspira. La novela no deja lugar a dudas.
Javier Mestre en su novela nos ofrece una panorámica muy descriptiva y clarificadora de la labor que supone ser periodista de conflictos olvidados que no son portadas de los periódicos ni abren telediarios a no ser que a algún periodista de nuestro entorno le ocurra alguna fatalidad. Ese deseo periodístico de “arrojar luz” sobre los innumerables rincones oscuros que hay a lo largo del planeta les convierte en testigos incómodos de un horror que en la mayor parte de las veces Occidente procura mirar para otro lado para no soliviantar a algún país de la región. Ante todo, que no se vea afectada la geopolítica y los intereses económicos que los países del Primer Mundo tienen en la zona. Los derechos humanos y todo lo que puede afectar a las personas de esas regiones olvidadas quedan en un segundo plano y el periodista se convierte en un testigo incómodo no sólo para los países donde se producen este tipo de vulneraciones sino para el país de donde procede.
Es una novela de lectura ágil, que conforme uno avanza en su lectura se va zambullendo cada vez más en ella y una vez finalizada es de las que te invita a reposar su lectura para pasar a plantearse una serie de preguntas y duda, porque todo esto no es blanco ni negro, hay una infinidad de matices que no se pueden pasar por alto.
La derecha española no ha podido aguantar más y ha decidido quitarse la careta. Han intentado durante algo más de cuarenta años vender a la opinión pública que era una derecha demócrata y civilizada, pero al final la cabra siempre tira al monte y en este tema no iba a ser una excepción. La semana pasada hemos podido ver como el Partido Popular ha llamado a las cosas como les pide el cuerpo. Debe de ser que el calor veraniego ha ayudado a que se derrita la capa de cera democrática que se impregnaron en el rostro para dar el pego al personal.
Para ellos, Franco no dio un golpe de Estado, la culpa de todo la tuvo la II República y les ha faltado decir que la responsabilidad todo lo sucedido fue de las personas que no votaron a las candidaturas de la CEDA en las elecciones de febrero de 1936. La derecha española y sus satélites, encabezados por la Brunete mediática, acabarán echando en cara a la población de la época que no introdujeran en la urna la papeleta correcta ¡al tiempo! De poco les sirve que diferentes historiadores de reconocido prestigio hayan manifestado que lo sucedido fue un golpe de Estado contra un régimen legítimo y legalmente constituido. A partir de aquí, cualquier cosa que digan pasará a un segundo plano.
Después de la muerte del dictador la inmensa mayoría de la clase política que medraba a la sombra del franquismo inició un proceso de desembarco en una multitud de partidos políticos que acabaron convergiendo en lo que fue UCD y Alianza Popular (PP). Ambos partidos estaban a rebosar de líderes políticos que hacía menos de dos años se paseaban con la camisa azul falangista, la boina roja requeté o con esos uniformes tan pomposos que hemos visto en las imágenes en blanco y negro de las Cortes franquistas o conmemoraciones del régimen ¿Quién no recuerda a Fraga Iribarne con ese uniforme blanco impoluto con una banda con los colores de la bandera franquista y saludando al dictador Franco? Eran los líderes políticos de un régimen basado en la represión y el terror pero que no renunciaban a seguir dominando los resortes políticos y económicos del Estado después de la muerte del dictador. Para ellos el Estado español no era más que su cortijo donde podían campar a sus anchas.
Con la muerte de Franco en noviembre de 1975 las élites franquistas tenían todos los medios a su alcance para realizar una reforma política que les permitiera tener impunidad por todos los delitos cometidos durante el régimen franquista y les permitiera seguir controlando las instituciones para preparar la operación de lifting que daría como resultado la aprobación de la Constitución de 1978. La verdad sea dicha que no lo tuvieron muy complicado, el dictador tuvo una muerte sin muchos sobresaltos, a excepción de los dolores de cabeza que le producían los movimientos de protesta que se daban sobre todo en Euskal Herria y en algunas zonas concretas del Estado.
La mayor parte de esa clase dirigente, representada en la UCD, como no podía ser de otra forma, dio su apoyo sin ningún tipo de reservas al texto constitucional. No dejaba de ser una garantía para que pudiesen seguir controlando los resortes del Estado aunque no gobernasen. Hubo un sector más pequeño, representado por Alianza Popular, que en su momento se opuso. Las huestes de Fraga Iribarne no acababan de asumir lo que suponía para ellos la muerte del dictador, aunque con el paso del tiempo, supieron entender que en esta nueva etapa se podían mover como pez en el agua, pues lo aprobado no dejaba de ser una reforma del franquismo, hasta el extremo que en la jefatura del Estado estaba la persona que designó Franco, algo inaudito en cualquier régimen que se quisiera equiparar a una democracia. Las mentes más avezadas del régimen franquista no tenían dudas al respecto, sabían que el nuevo escenario seguía siendo propicio para que pudieran controlar los aparatos del Estado y seguir haciendo negocios, antes con Franco y luego con el inquilino de la Zarzuela. Y a todo esto habría que añadir que el PSOE y el PCE se plegaron a toda ese bodrio mal llamado Transición española.
No voy a traer a colación lo que en los últimos años de la dictadura se denominó el bunker, y que su expresión política era Blas Piñar y los grupos de extrema derecha que se movían entorno a Fuerza Nueva, pues no dejaban de ser un grupo de nostálgicos que tenían el reloj parado en el 18 de julio de 1936. Con posterioridad muchos de los acólitos de Blas Piñar fueron recogidos con cariño en el regazo primero de AP y posteriormente del PP. Al fin y al cabo el hijo pródigo no dejaba de sentar la cabeza y volver a la casa común de la derecha. Dicho de otra forma, habían logrado reunir en un mismo partido todo el espectro que va desde el centro hasta la extrema derecha. Esa fue la gran obra de Aznar.
El actual Partido Popular (PP), por mucho que se disfrace de lagarterana, tiene su inspiración política en la antigua AP, complementada con la manada de políticos que abandonaron el barco de la UCD cuando este se hundía y teniendo como presidente fundador a un ex ministro franquista, Fraga Iribarne. Es de todo el mundo conocido que durante su mandato como ministro de Información y Turismo (1962-1969) se produjeron acontecimientos siniestros como el fusilamiento de Julián Grimau o el asesinato de Enrique Ruano y como Ministro de Gobernación (1975-1976) se produjeron los asesinatos de cinco trabajadores el 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz y dos asesinados en Montejurra por grupos de extrema derecha con la connivencia de los cuerpos policiales. Un personaje tan siniestro que en cualquier país democrático hubiera sido sentado en un banquillo, en España presidió el partido más importante de la derecha ¡Atado y bien atado!
Teniendo claro los orígenes de la actual derecha española, no debería coger de sorpresa a nadie el posicionamiento de los dirigentes del Partido Popular. Con la aparición de VOX se ha proyectado una imagen que tiene como pilar fundamental el colocar a VOX en la extrema derecha para de esta forma situar al PP en el espacio del centro-derecha y conforme a esos estándares democráticos equiparar el PP a la CDU de Ángel Merkel o a La República en Marcha de Emmanuel Macron. Lo que no deja de ser la cuadratura del círculo, algo habitual en la política española.
Este arranque de sinceridad por parte del PP y su entorno que han tenido al blanquear el golpe de Estado de julio de 1936 no se puede pasar por alto. Después de todo lo visto, una vez más no hay lugar a dudas que el PP no reúne los estándares de la derecha democrática europea. Las diferencias entre el PP y la CDU de Ángela Merkel son abismales. Mientras la líder alemana tiene prohibido a los políticos de su partido de llegar a acuerdos con la extrema derecha alemana, el PP no sólo no pone reparos a pactar con VOX, sino que en muchos momentos asimila el discurso de VOX como suyo. Prueba palpable que las diferencias entre ambos partidos son de matices. Otro tanto ocurre con el líder francés, Macron, que ha dibujado una línea muy nítida que separa a su partido de la extrema derecha francesa y europea.
En muchos momentos se está diciendo que VOX está ganando la batalla ideológica, cosa que es cierta, pero si tenemos presente que muchos de los dirigentes de VOX hasta fechas recientes militaban en el PP, ostentando cargos políticos de cierta relevancia, la conclusión es que el PP de forma más o menos expresa siempre ha sido el heredero político del franquismo, aunque hayan moderado su discurso. Ahora, con la irrupción tan importante de VOX, el PP se ha visto obligado a abrir el baúl de sus esencias y a rescatar su verdadera ideología, lo que le lleva a hacer declaraciones todo pelaje y a posicionarse del lado de los militares golpistas del 36.
No parece que haya ayudado a solventar esta situación la pertenencia del Estado español a algunas estructuras supranacionales como son la UE y la OTAN. El hecho que el PP haya convivido con partidos demócratas y, por tanto, antifascistas de la Europa Occidental, no ha servido para nada. Si acaso para blanquear a la derecha franquista española, lo cual no deja de ser un fracaso para la derecha europea.
En el modelo político de las democracias parlamentarias que se dan en la Europa Occidental nos encontramos con una serie de partidos que se desenvuelven entre el centro-derecha y la derecha, marcando distancias con la extrema derecha. Son partidos herederos de una tradición conservadora, liberal o democristiana que marcan sus diferencias de forma muy nítida con la extrema derecha. Esa es la gran diferencia existente con la derecha española.
Para encontrar una derecha que tenga un pedigrí democrático en el Estado español hay que poner la vista en los partidos de derechas que hay tanto en Catalunya como Euskal Herria. En Catalunya la antigua CiU y los que hoy son sus herederos: PNC y PDeCAT, así como en Euskal Herria el PNV, son los únicos representantes de una derecha que no tienen ningún nexo de unión con el régimen franquista. El hecho que pertenezcan a naciones con reivindicaciones históricas dentro del Estado español, como el hecho que se posicionaran en favor de la II República cuando el golpe de Estado de 1936, lo que les acarreo sufrir la represión de la dictadura franquista, hace que sirva para poder ver con mayor nitidez la diferencia entre la derecha franquista y la derecha democrática.
A esta derecha de las naciones históricas del Estado español, que no voy a poner en cuestión su trayectoria demócrata lo que si se le puede exigir es que no cometan algunos de los errores que cometieron en el pasado, al llegar a acuerdos con el PP que fueron funestos y que con posterioridad se les volvieron en su contra. Pactos como el del Majestic, firmado entre el PP y CiU que sirvió para que Aznar llegase a la Moncloa o el acuerdo que firmaron Arzallus y Aznar en Génova 13, sede del PP en 1996, con la finalidad de apuntalar aún más al Gobierno del PP, sólo sirvieron para blanquear y fortalecer a la extrema derecha española.
Después de lo acontecido la semana pasada con el bochornoso espectáculo que dio Pablo Casado rodeado de franquistas convictos, en el que se jaleo el golpe de Estado de julio de 1936, se ha abierto la veda para reescribir la historia. Para esa labor la derecha franquista tiene a su disposición a un gran número de dirigentes políticos del PP, VOX y Cs y a una legión de periodistas y tertulianos de la prensa más reaccionaria, alguno de los cuales ya llevan tiempo haciendo gala de ese revisionismo histórico. Ante este intento de reescribir la historia la única postura de los demócratas pasa por reivindicar el papel de la II República, como régimen legal y legítimamente constituido que fue derrocado mediante el uso de la violencia y trazando una línea muy nítida que separa a los demócratas de los golpistas franquistas y sus amigos.
En octubre de 1981 se celebró un pleno en el Congreso de los diputados para aprobar la entrada de España en la OTAN. En aquel momento Felipe González tuvo una intervención en la que manifestó que «debemos responder a los planes del Gobierno diciendo que si entramos en la OTAN por mayoría simple del Parlamento saldremos de la OTAN por una decisión de mayoría simple del Parlamento”.
A partir de aquí la historia es de sobra conocida. Cuando el PSOE llegó al Gobierno ni hubo votación en el Congreso para salir por mayoría simple, ni se posicionó en contra de la OTAN en el referéndum que organizó en vísperas de finalizar su primera legislatura. En esa consulta Felipe González echó toda la carne en el asador para que saliera el sí y aquí paz y después gloria.
La realidad nos demostró que una vez que España entró en la OTAN esa decisión vino para quedarse. Han pasado casi cuarenta años desde que se aprobó la entrada y a día de hoy parece harto complicado que se produzca una salida de esta organización supranacional.
Todo lo que aconteció con todo lo relativo a la OTAN a principios de los ochenta me está recordando, salvando las distancias, el proceso abierto para la derogación de la reforma laboral. Un proceso que viene precedido por una posición nítida tanto en los programas electorales que los dos partidos que gobiernan (PSOE y UP), como en el documento que elaboraron para gobernar en coalición. Esa posición se resumía en la derogación de la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP. Pero en la actualidad una vez más, no se sabe muy bien que es lo que está persiguiendo el Gobierno, ni los objetivos que se ha marcado. Esto que estamos viviendo, como lo que se vivió con el tema de la OTAN o en otros temas políticos, tienen un denominador común: todas esas decisiones que aprueban los gobiernos y que tienen como objetivo políticas en contra de las mayorías sociales una vez que han salido adelante vienen para quedarse, bien en su totalidad o en parte. Pero siempre sobrevive algo de lo que han aprobado. Esa es su victoria.
La ministra de Trabajo en la actualidad tiene abiertas unas conversaciones-negociaciones con los agentes sociales para no se sabe muy bien si derogar la reforma laboral que aprobó el PP en febrero de 2012, realizar una reforma de la reforma del PP, valga la redundancia, o ni una cosa ni la otra.
En los acuerdos de Gobierno que firmaron PSOE y UP en diciembre de 2019 se recogía una batería de medidas que se podían estructurar en dos grandes apartados formados, por una parte, por la derogación de la reforma laboral de febrero de 2012 y por otro, la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Dentro del apartado referente a la derogación de la reforma laboral, a su vez, se podría hablar de dos subapartados. El primero sería la derogación de la reforma laboral en su conjunto y el segundo, la derogación “con carácter urgente” de algunas materias de esa reforma laboral hasta que se procediera a la derogación total de la reforma laboral. Alguna de esas materias de derogación urgente ya ha sido aprobada, como es el caso de “la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad”.
Lo que no tiene ningún tipo de explicación racional es la inacción del Gobierno, a través de la ministra de Trabajo para derogar de forma urgente cuestiones que se recogen en el pacto de Gobierno como “las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo”, “la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”, modificaciones como la del “art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa”, la limitación de “la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa” y la revisión del “mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves”.
Estas cuestiones que he relacionado vienen recogidas de forma expresa en el acuerdo firmado por los partidos que forman el Gobierno de coalición y en buena lógica debía de haberlas derogado de forma urgente, como así han hecho con “la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad”.
En buena lógica, los esfuerzos del Gobierno se deberían de dirigir a la derogación de la reforma laboral por el mismo mecanismo que utilizó el gobierno del PP, decreto-Ley, sin tener que entrar a negociar con los agentes sociales. No es que sea malo negociar con ellos, para escuchar sus puntos de vista, pero hay que señalar dos cuestiones que muchas veces se omiten con facilidad.
La primera es para resaltar que esta forma de proceder es perniciosa para una de las partes, en este caso los trabajadores. Cuando el PP aprobó la reforma laboral no abrió ningún tipo de negociación con los representantes de los trabajadores y ahora para derogarla el Ministerio de Trabajo ha abierto un proceso negociador que no se sabe muy bien en qué va a acabar. No se está siguiendo ni el mismo criterio ni lo que en un primer momento acordaron los integrantes del Gobierno de coalición: la derogación de la reforma laboral de 2012.
La segunda cuestión se asienta en tener claro donde reside la soberanía popular y de donde emanan los poderes, para a partir de ese punto tener claro el proceso que se debe seguir para hacer un cambio legislativo de esta naturaleza. Si la soberanía reside en el pueblo, éste elige a los órganos legislativos (Congreso y Senado), y si los elegidos han sido bajo un programa electoral, todo lo que sea salirse de ese cauce no deja de ser una adulteración del mandato popular. Hay una diferencia grandísima entre escuchar a los agentes sociales y sentarse con ellos para acordar un texto legislativo para luego presentarlo en las Cortes. Con esta forma de actuar, se les ha dado capacidad legislativa a unos señores que sin necesidad de presentarse a unas elecciones van a poder participar en la elaboración de la legislación laboral. De ahí que un proceso interminable de reuniones con patronal y sindicatos a lo único que lleva es a que los primeros estén tensando las negociaciones para dilatarlas en el tiempo y que no se cambie nada de la legislación vigente y en el supuesto que se cambie que sea lo menos posible.
A la patronal la reforma laboral de Mariano Rajoy le pareció fantástica, porque el PP no deja de ser el partido que defiende los intereses de las élites y los empresarios de este país, y no deja pasar la oportunidad de legislar en favor de los colectivos a los que representa. Sutil diferencia con la izquierda cuando gobierna, que suele ser incapaz de llevar al BOE las propuestas de su programa electoral.
Por todo ello, lo razonable en estos momentos sería su derogación mediante otro decreto-ley para volver a la situación previa. Cualquier otro camino es alejarse del documento que los partidos que forman el Gobierno suscribieron para presentarse a la investidura y lo único que consigue es generar muchas dudas a los partidos que facilitaron tanto la moción de censura como la investidura del Gobierno actual.
Tampoco es comprensible que todos los temas que iban a derogar “con carácter urgente” no se hayan realizado a día de hoy en su totalidad. Un decreto-ley de esa naturaleza no requiere más que de voluntad política, pues técnicamente no tiene gran complejidad.
Si pasamos a leer la prensa de estos días es significativo que utilizan frases como “la reforma laboral de Díaz” o “la reforma laboral del Ministerio de Trabajo”, etc… No es casualidad que usen estos términos, pues de las informaciones existentes lo que lleva a pensar es que el Gobierno no está planteando una derogación de la reforma laboral que aprobó el PP, sino de una reforma de la reforma, es decir, ¿lo podríamos llamar la contrarreforma? El chiste fácil que a uno le viene a la mente es que esperemos que no sea como la Contrarreforma de la Iglesia en tiempos de Lutero.
Esta forma de proceder únicamente beneficia a la patronal, representada en la negociación por la CEOE y CEPYME. Su estrategia es clara, pero sencilla al mismo tiempo. Pasa por dilatar estas negociaciones con el objetivo de arañar todo lo posible y que se apruebe lo más tarde posible y esperar a que en las próximas elecciones acceda al Gobierno otros partidos más cercanos a sus intereses, sin olvidar que los empresarios juegan con la carta del Caballo de Troya que tienen dentro del Gobierno, la ministra Calviño. No van a encontrar mejor aliado que ella y con la remodelación del Gobierno ha obtenido más poder aún si cabe.
A la opinión pública nos pueden contar lo que sea pero al final la realidad suele ser tozuda y lo que nos estamos encontrando es que cada miércoles el BOE no publica ningún decreto-ley que recoja lo que acordaron los partidos que forman parte de este Gobierno y todo lo que no se publica en el BOE no deja de ser política virtual.
La utilización de la figura del indulto ha sido una constante a lo largo de la historia relativamente reciente del Estado español. Las asonadas militares que se dieron a lo largo del siglo XIX solían traer consigo algún tipo de indulto para los militares y políticos afinen a los uniformados que habían salido triunfantes del pronunciamiento de turno. Los golpes de Estado a lo largo del siglo XX fueron otro cantar, pues la característica de estos fue la represión generalizada manu militari, lo que conllevó que se perpetuaran en el poder y que todavía estemos bajo los efectos del que realizaron en julio de 1936.
Desde el momento que el Tribunal Supremo dictó la sentencia en la que condenaba a los políticos independentistas catalanes se han traído a colación dos instrumentos para obtener su excarcelación: amnistía e indulto. Términos que difieren mucho entre sí y que es necesario diferenciarlos.
La amnistía, vocablo de origen griego, tiene su inspiración en Mnemosine (Mνημοσυνη), diosa de la memoria. Y de ahí surge el término amnesia (Pérdida total o parcial de la memoria que impide recordar o identificar experiencias o situaciones pasadas), del que surgirá amnistía, que viene a ser el olvido de los delitos cometidos. La RAE la define como el “perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. Por tanto, es el olvido y/o perdón de un tipo de delitos, aplicándose a la totalidad de las personas que lo hayan cometido y llevando aparejada la extinción de responsabilidad, por lo que las personas beneficiadas no tendrán antecedentes penales.
Esto contrasta con la figura del indulto, que viene a ser una medida de gracia por la que se perdona el cumplimiento de la pena a la persona que ha cometido el delito, pero no se le exime de la responsabilidad derivada del delito cometido, pues el delito en sí no desaparece, teniendo un carácter individual, pues sólo se aplica de forma individualizada y no con carácter general a todas las personas que hayan participado en delitos de esa naturaleza. Esto último tiene su importancia como más adelante se verá.
Manifestación en Barcelona en apoyo a los políticos procesados
En todo este proceso hay tres posturas diáfanas y antagónicas entre sí. La que representan los partidos de la foto de Colón y sus medios de comunicación afines, la Brunete mediática, que se oponen de forma radical a cualquier tipo de media de gracia para con los presos políticos catalanes. La segunda postura es la que ha utilizado el Gobierno, el indulto únicamente para los nueve políticos condenados por el Tribunal Supremo. Y por último la que defiende el independentismo catalán que reivindica sin ambages la amnistía como solución a este conflicto.
Por lo que respecta a los defensores del inmovilismo poco o nada se puede añadir. Tanto la Brunete mediática como los partidos de la foto de Colón se han enganchado a este banderín, algo, que por otra parte era de todo punto de vista esperable. Es su forma de hacer política y la forma de tener lo más agrupado posible a su rebaño político. Su postura les puede dar ciertos réditos políticos en el resto del Estado y no quieren desaprovechar la ocasión. Lo que no entraba en sus cálculos es que dos estamentos de lo más reaccionario, en los que se apoya el régimen del 78 hayan adoptado una posición diametralmente diferente. Me estoy refiriendo al empresariado español, representado por la CEOE y los obispos.
Haciendo un ejercicio de análisis político comparado, no deja de ser un auténtico sarcasmo que las diferentes consultas que ha organizado la oposición venezolana, al margen del Gobierno venezolano, en ningún momento se hayan visto en la Unión Europea como unos actos en los que se cometieran infracción penal alguna y en el caso de los partidos que se oponen a los indultos, en todo momento alentasen ese tipo de acciones como método de protesta. Da la impresión que lo de organizar consultas a la población al margen de la legalidad vigente incurre en una infracción penal según donde y cuando se realicen. Debe ser que ejercer la legitimidad democrática es patrimonio de unos pocos.
Sin embargo, en el tema que nos ocupa, lo fundamental es contrastar las otras dos opciones existentes para solucionar el problema de los presos políticos catalanes, ver quienes las defiendes y buscar una solución al problema de Catalunya.
Anteriormente he expuesto de forma muy laxa las diferencias existentes entre amnistía e indulto. Ahora bien, ambos conceptos si los llevamos a la praxis política las diferencias se agrandan de forma considerable.
Los defensores del indulto hay que situarlos en los partidos que forman el Gobierno de coalición, aunque con matices a lo largo del tiempo. Por un lado, tenemos al PSOE, que no hace tanto tiempo apoyaba la aplicación del 155 y apoyaba los procedimientos judiciales que se abrieron en la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, porque había que salvaguardar “el Estado de derecho”. Es decir, abogaba por buscar una salida judicial a un problema político. Pedro Sánchez no hacía más que enseñar una de las mil versiones que lleva sacando a la luz desde que dirige los designios del PSOE.
Por lo que respecta a la postura de Podemos, esta se ha movido en no judicializar el problema catalán y en contra de los procesos judiciales abiertos. Y una vez que se hizo pública la sentencia, abogó por los indultos, entre otros motivos, por una cuestión importante: derogar el delito de secesión. Postura lógica, porque con la sentencia en la mano la aplicación de esta figura penal se podía convertir en un instrumento para criminalizar cualquier tipo de protesta en el marco de una huelga general, movilización como el 15M o protestas antidesahucio. Desde los partidos de la izquierda enseguida percibieron que la sentencia del TS ponía en peligro algunos derechos fundamentales.
Para el Gobierno la búsqueda más sencilla para que los nueve condenados por el Tribunal Supremo obtuviesen la libertad ha sido utilizar la figura del indulto. De esta forma han salido a la calle, aunque seguirán impedidos para el ejercicio de ningún tipo de cargo público, pues no se les anulan ni las inhabilitaciones y las responsabilidades civiles que les fueron impuestas. Los indultos han sido decretados con una serie de condicionantes que impiden a los indultados poder ejercer una actividad política plena. Así, de esta medida no se han podido beneficiar ni los que tomaron el camino del exilio ni todas aquellas personas que están inmersas en otra serie de procedimientos penales como consecuencia del procés. Esta cuestión es fundamental, porque con la medida que ha adoptado el Consejo de ministros los únicos beneficiados son un número reducidísimo de personas si lo comparamos con todas las personas que continúan imputadas en otras instancias judiciales.
El Gobierno está vendiendo los indultos en clave de magnanimidad con los presos políticos catalanes, pero eso no se corresponde con otras acciones que está llevando a cabo. Sin ir más lejos, el Gobierno ha quedado retratado estos días con algunas de sus actuaciones y sus declaraciones. El dar marcha atrás en la reforma del Código Penal que está preparando en lo referente a la derogación del delito de sedición, alegando que no hay un supuesto consenso con los partidos que apoyaron la investidura es una muestra que no está por la labor de adecuar el Código Penal español a los estándares democráticos. No deja de ser el mantenimiento de la legislación que le da cobertura para volver a encarcelar a quien vuelva a poner urnas. Otro botón de muestra han sido las manifestaciones de rechazo al informe del Consejo de Europa contra España por el juicio del procés. Esta actitud es más típica de la Turquía de Erdogán o de la Rusia de Putin, o de un hipotético gobierno de coalición entre Casado y Abascal. Lo que no tiene un pase es que el Gobierno de Pedro Sánchez actúe de esta forma, pero quizás todo sea producto de intentar sacar a relucir una de las mil caras que tiene el líder del PSOE. Y ese intento de intentar contentar a los que desde su partido han puesto el grito en el cielo por los indultos.
El Gobierno está vendiendo estos indultos como la fórmula mágica que va a servir para solucionar el problema de Catalunya, sin querer abordar el problema de fondo que es tan sencillo como que las reivindicaciones de una parte muy importante de la ciudadanía catalana no pueden ser ejercidas porque el marco jurídico-político actual lo impide y hablar de otras cuestiones no deja de desviar la atención y marear la perdiz. La imposibilidad de poder ejercer el derecho a decidir el modelo de país en el que quiere vivirla ciudadanía catalana choca de forma sistemática con el muro que forma el régimen del 78. El drama existente es que gane quien gane en las elecciones catalanas, los partidos que pierden, que casualmente siempre son los mismos, pueden dormir tranquilos porque las reivindicaciones de los partidos que forman el bloque vencedor no pueden ponerse en práctica y sus programas electorales acaban siendo papel mojado o, en su defecto, si lo quieren poner en práctica, les espera el palo y tente tieso. El Gobierno ha ido posponiendo de forma reiterada la reunión de la mesa de diálogo y mientras el tiempo y la legislatura transcurre, siendo el margen de maniobra cada vez es más corto pues la legislatura no corre, vuela.
La estrategia del Gobierno de coalición es bastante simple: busca romper el bloque independentista a través de unos indultos trampa, pues sólo neutralizan el caso de nueve personas, dejando la situación empantanada para otras muchas que no son tan mediáticas. Es una estrategia legítima, pero, al mismo tiempo, carente de ética y un tanto peligrosa. Es peligrosa porque con la salida de los presos condenados por el procés, se ha encontrado una reivindicación unánime de amnistía, como fórmula para resolución del conflicto, al margen de las diferencias existentes entre las organizaciones independentistas. En un tema de esta naturaleza, las diferencias han quedado aparcadas para unirse en la reivindicación de la amnistía. Si el Gobierno pensaba que desde las filas del independentismo iba a recibir el aplauso generalizado es que no ha entendido nada hasta el momento.
La postura del independentismo en defensa de la amnistía como única forma de solución del conflicto tiene su fundamento en varias cuestiones. Partiendo de la definición que he realizado de amnistía, en términos políticos esta no se ciñe únicamente al olvido y/o perdón de un tipo de delitos para todas las personas que lo hayan cometido. La aplicación de una amnistía política va más allá, pues suele ser la consecuencia última del reconocimiento de los objetivos políticos que persiguen los condenados, lo que conlleva que no tenga razón de ser la condenada que en su día les impusieron.
En términos políticos la amnistía viene a ser el respaldo a la lucha o actividad política que han ejercido las personas condenadas y beneficiadas por la aplicación de esta medida y elevar su lucha a ejemplo para toda la sociedad con la extinción del delito para la totalidad de personas que se puedan afectar. Es por ello, que cuando una medida de esta naturaleza es concedida por algún gobierno suele llevar aparejada algún acuerdo entre las partes beligerantes. Todo esto con el añadido que los delitos por los que fueron condenados se resumen en poner urnas para que la población participase de un referendum.
El independentismo catalán ha sido un ejemplo a la hora de utilizar métodos pacíficos, algo que no ha pasado desapercibido en Europa, por más que desde el Ministerio del interior hayan tenido una actitud intoxicadora, con la cooperación necesaria de los medios de comunicación cercanos a la extrema derecha española. Mucho más fructífero hubiera sido que este gobierno hubiese realizado tiempo atrás una labor pedagógica para explicar a la ciudadanía que la puesta en libertad de los presos políticos catalanes era una cuestión de higiene democrática y explicar que la represión a quien tiene por objetivo poner urnas es propia de otros países y/u otros tiempos. Los próximos meses van a ser cruciales en el desenlace del conflicto Catalunya-España. La pelota está en el tejado del Gobierno español para poder desatascar una situación que se lleva arrastrando a lo largo del tiempo. Debe de tener voluntad política para abordar el problema con valentía y hacer pedagogía con la población del resto del Estado para que entiendan la naturaleza del conflicto y que muchos sectores abandonen el lema del “a por ellos” que pusieron en marcha los partidos de la derecha extrema y la extrema derecha española en 2017 durante los meses del procés. En política buscar la cuadratura del círculo sólo sirve para tropezarse con el mismo obstáculo
La victoria contundente que el PP ha obtenido en las elecciones autonómicas madrileñas está alertando la posibilidad de un cambio de ciclo político. Si nos guiamos por las encuestas que se están publicando, la derecha podría obtener una mayoría absoluta en el Congreso de los diputados.
Este nuevo panorama que hace unos meses parecía harto improbable, es producto de un desgaste del actual Gobierno de coalición que en poco menos de dos años ha sido incapaz de poner todos los medios para ejecutar el acuerdo de Gobierno que aprobaron en diciembre de 2019 y plasmarlo en una batería de leyes e iniciativas que sirvieran para dejar sin efecto la involución que fue la etapa del PP en el Gobierno de la mano de Mariano Rajoy.
El documento que firmaron en su día PSOE y Unidas Podemos (UP), sin ser la panacea, era lo suficientemente interesante como para poder avanzar en el camino de la recuperación de derechos fundamentales civiles y sociales. Este Gobierno durante el tiempo de legislatura que ha consumido debía de haber impulsado una batería de leyes e iniciativas que negociadas previamente con las formaciones políticas que posibilitaron su investidura, sirvieran para derribar toda la involución que se vivió durante la etapa neoliberal del PP.
Cierto es que los primeros meses de la pandemia trastocaron ese calendario de actuaciones y hasta se podría admitir que el Ministerio de Trabajo diese prioridad a toda esa batería de Decreto-leyes que están siendo imprescindibles para sofocar la situación laboral de millones de trabajadores como consecuencia del confinamiento y la pandemia y durante los primeros meses dejase a un lado la derogación de la reforma laboral del PP. Lo que no tiene lógica es que diese un auténtico parón en el resto de temas y que este Gobierno no haya avanzado en el cumplimento de su propia hoja de ruta que elaboró y que fue instrumento fundamental para que los socios que lo sustentan facilitasen la investidura.
Con la perspectiva que está dando el transcurso de casi año y medio de gobierno, y la inacción en la que está sumido, la conclusión que se obtiene es sencilla. Todo se resume en el bloqueo que existe desde dentro de la mayoría del gobierno a la hora de sacar adelante el programa pactado por PSOE y UP y el modus operandi está siendo diáfano.
Para ello es necesario tener una mirada retrospectiva. La situación que está viviendo este Gobierno tiene su origen en las circunstancias que llevaron a que se diese este acuerdo de coalición. Este gobierno es producto de una repetición electoral, pues las elecciones de abril de 2019, aun dando a los dos partidos que forman la coalición de gobierno una mayoría superior a la que tienen en la actualidad, fue imposible que llegasen a un acuerdo.
En los meses posteriores a las elecciones de abril de 2019 un hipotético acuerdo entre PSOE y UP se antojaba harto complicado. No sólo hay diferencias ideológicas y políticas entre ambas formaciones. La cuestión va a allá. Estos dos partidos representan dos conceptos diametralmente opuestos de modelo jurídico-político que quieren para el Estado. El PSOE es un ferviente defensor del Régimen del 78, lo que lleva aparejado que no cuestione la monarquía y las instituciones surgidas a partir de 1978, posicionándose en contra del derecho de autodeterminación de los diferentes pueblos del Estado español y, a nivel socioeconómico cuando ha gobernado ha realizado políticas neoliberales, bordeando esa línea casi inapreciable que le separa del PP, teniendo una relación de gran complicidad con los poderes económicos.
Frente a esta posición de partido sostenedor del régimen heredero del franquismo, está UP que se alinea en una posición crítica contra las esencias de este régimen, manteniendo una actitud muy crítica con todos esos poderes con los que el PSOE no tiene problema alguno para salir en la misma fotografía.
Ante esta situación era tremendamente complicado que hubiera cierto grado de química entre ambas partes, aunque alguien dirá que la política es el arte de lo imposible y cosas más raras se han visto. La realidad se imponía y no hubo acuerdo, entre otras cosas, porque lo que realmente seducía al PSOE era llegar a un acuerdo con Ciudadanos (Cs), pues la suma de ambos partidos en el Congreso les daba una mayoría absoluta, sin tener que necesitar ningún otro apoyo. Que el PSOE se decantaba por esta opción es algo que está probado porque algunos líderes del PSOE han reconocido que esa era la opción que barajaban en su partido. La negativa reiterada por parte del líder de Cs para hablar con Sánchez y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con UP, abocó a una repetición electoral, pero el nuevo escenario que surgió en noviembre dejó al PSOE sin margen de maniobra. Con un Cs reducido a la mínima expresión, el PSOE tuvo que hacer de la necesidad virtud y negociar con UP un acuerdo de gobierno y un programa que a día de hoy todo hace iniciar que no cree mucho en él.
Eso y no otro motivo es lo que empujó a Sánchez a mover ficha a las pocas horas de las elecciones de noviembre de 2019. El PSOE, además de representar lo que representa, uno de los pilares del régimen, no deja de ser una máquina electoral que le obliga imperiosamente a estar en el poder para poder mantener su estructura como partido. Este tipo de partidos tienen muchos estómagos que alimentar y para ello su oxígeno es ostentar el poder en las diferentes administraciones. Eso le abocó a Sánchez a olvidar todo lo que había dicho en campaña y a abrirse a negociar no sólo con UP, sino con otras fuerzas políticas para que los números le dieran la presidencia del gobierno.
En el caso hipotético que se hubiera dado la posibilidad de haber llegado a un acuerdo con Cs después de las primeras elecciones, la relación entre ambos partidos no hubiera estado tan salpicada de diferencias y enfrentamientos entre ambos socios. Sólo hay que ver como el PSOE comparte gobierno con el PNV en la CAV y las diferencias son mínimas. Alguna que otra surge cuando se habla de un nuevo Estatuto, porque ahí le sale al PSOE la vena jacobina, pero por el resto de temas suele ser una balsa de aceite. Y algo similar se puede decir del gobierno de coalición que comparte en Cantabria con el PRC. Las diferencias son de andar por casa.
Este Gobierno está controlado por el PSOE y en algunos momentos los ministros de UP dan la sensación que son auténticos jarrones decorativos, surgiendo las profundas diferencias cuando se tropiezan con algún tema de los que vienen recogidos en el acuerdo de gobierno.
En el caso de los proyectos de ley que tienen que sacar adelante los ministerios controlados por el PSOE, el ministro en cuestión suele ignorar bastante el contenido y el espíritu del documento de forma casi sistemática, sacando adelante borradores de documentos que lo que consiguen es el enfrentamiento con sus socios de gobierno, que frecuentemente se traslada a los medios de comunicación con declaraciones cruzadas. Todo esto lo único que logra es soliviantar a los socios del Gobierno de coalición y, a partir de ese momento el esperpento está servido. Casos como el de la ley de vivienda que se tramita a través del ministerio de que controla Jose Luís Ábalos o la reforma de las pensiones que controla Escrivá están siendo la muestra palpable que los ministros del PSOE están ignorando un día sí y otro también los acuerdos firmados.
En el caso de los proyectos de ley que elaboran los ministerios controlados por UP, la estrategia del PSOE está siendo tanto o más sangrante. Al llegar los borradores a las inmediaciones del Gobierno. Es decir, cuando el ministro de turno de UP los lleva a la comisión de secretarios y subsecretarios, que la preside la vicepresidenta del gobierno, es el momento en el que la lugarteniente de Pedro Sánchez pone en marcha toda la maquinaria para aparcar esas iniciativas. Utilizando todo tipo de argucias jurídicas, como la solicitud de informes, la duda de la constitucionalidad de las iniciativas que se presentan, etc… La realidad es que ministerios como el de Igualdad han sido incapaces hasta el momento de aprobar ningún proyecto de ley en todo este tiempo. Ni el proyecto de del “Solo sí es sí”, que es la ley estrella de este ministerio y que lleva una tramitación de más de un año, ni la ley trans han sido capaces de llegar al Consejo de ministros para que sea aprobada y se remita al Parlamento.
A todo esto hay que añadir la imagen que están dando en los medios de comunicación, que ávidos de carnaza informativa, esto les viene como anillo al dedo. Pero lo más grave es la percepción que recibe la ciudadanía. Porque todo esto acaba generando frustración en el electorado y al final se acaba imponiendo la decepción.
La táctica que está siguiendo UP de criticar a posteriori algunas de las decisiones que previamente han sido aprobadas en Consejo de ministros, no pasa de ser una forma bastante burda de hacer oposición desde dentro del Gobierno. Las decisiones que se adoptan en ese órgano son colegiadas y no es muy coherente actuar de esta forma. UP realmente quiere actuar como si fuese un socio del Gobierno a través de un acuerdo de legislatura, en el que le permite tener una libertad mucho mayor. Pero la apuesta de la dirección de Podemos fue la de gobierno de coalición por encima de todo. Entrar en el Gobierno al precio que fuese y el resultado es que en menos de dos años han quemado al líder del partido y de la coalición. Pésimo negocio pues no parece que su estancia en el gobierno les esté deparando mejores perspectivas electorales.
Por el contrario, estas cosas no le pasan a la derecha. Cuando gobiernan no se andan con miramientos si una ley se ajusta a la Constitución o si puede levantar ampollas en la opinión pública. La derecha llega al Gobierno para servir unos intereses, tienen muy claros que tener a su disposición el Boletín Oficial del Estado es la mayor herramienta existente para aplicar sus políticas. Cuanto antes sea publicado en el Boletín la norma que quieran sacar adelante, ellos ponen todos los medios para lograr sus objetivos. Entonces ¿por qué le pasa a este Gobierno? Por una combinación de factores. El nulo entusiasmo del PSOE en sacar adelante la hoja de ruta acordada con su socio y la incapacidad política que está demostrando UP en el Gobierno.
Al margen de la pandemia y lo que ha acarreado, Podemos se ha volcado en el trabajo institucional, olvidando sus origines que no son otros que las calles y plazas. Lo del partido movimiento se ha quedado para los documentos políticos. Ha obviado la importancia que tiene la presión en la calle para poder azuzar a su socio de gobierno y lo que ha conseguido es que la extrema derecha se haya adueñado de la calle y que este partido se distancie más de su verdadero pulmón que es la capacidad movilizadora que se supone que es una de las esencias de la izquierda.
Todo esto siendo algo obvio, es una situación que se repite con gran frecuencia allá donde la izquierda llega a gobernar, exceptuando honrosas excepciones. La izquierda para que llegue al poder tienen que darse unas condiciones muy determinadas y a eso hay que añadir que los obstáculos que tiene que sortear no tienen comparación con la facilidad que tiene la derecha para ganar unas elecciones. Por ello no es comprensible que cuando la izquierda logra constituir gobiernos más o menos progresistas se diluya en ellos. Entran en una especie de burbuja y, lo que es más grave, se abre una brecha entre el gobierno y la calle.
Este gobierno olvida que las posiciones no están ganadas de por vida. El votante ya no es como hace cuarenta años que era fiel a unas ideas o a unas siglas. La ciudadanía está en constante movimiento y evolución y cuando observa que no hay diferencia entre las políticas de la derecha y la izquierda acaba votando a la extrema derecha populista porque les vende un discurso plagado de demagogia pero que les suena bien.
A este gobierno ya le empieza a correr el cronómetro, pues casi ha consumido la mitad de la legislatura y hay que tener presente que sacar adelante las diferentes leyes lleva unos plazos en función del tipo de norma que sea. Si a esto le añadimos que para que la ciudadanía pueda percibir la aplicación de toda esa nueva legislación tiene que pasar un periodo para que se vean los resultados. Los plazos se acortan y este año es fundamental para dar un impulso político. Las dudas radican de la voluntad política que tenga el PSOE en cumplir el documento de gobierno de coalición.
Toda esta inacción no hace sino allanar el camino a la derecha para que en las próximas citas electorales pueda lograr mayorías suficientes para poder gobernar. En estos momentos en los que por Europa corre el viento de los populismos de extrema derecha, los partidos que forman el Gobierno tienen la responsabilidad de retomar la iniciativa para hacer de muro de contención. No pueden estar pendientes de que los números salgan gracias a que en Catalunya y Euskal Herria los partidos de la foto de Colón son testimoniales. Ellos tienen que poner los mimbres necesarios para recuperar la ilusión en el electorado que les votó. En sus manos está limpiar el horizonte de los nubarrones que representa las derechas o que se oscurezca el futuro más inmediato.
A pocos kilómetros de la vieja Iruña (Pamplona) y en dirección norte, se encuentra el monte Ezkaba, desde donde se puede divisar toda la comarca de la capital del antiguo Reino de Navarra. En él se encuentra el fuerte de San Cristóbal. Una fortaleza militar de finales del siglo XIX, construida al finalizar la última guerra carlista, durante el reinado de Alfonso XII y que con posterioridad fue reconvertido en prisión para encarcelar a presos políticos.
Una vez que triunfó el golpe de Estado de julio del 1936 en Navarra, este recinto militar sería uno de los que utilizasen para recluir a cientos de prisiones políticos a lo largo de esos años. En este contexto, en mayo de 1938 este presidio vivió un hecho sin precedentes. En él se produjo una de las mayores fugas de prisioneros. Más de 800 presos lograron huir de esta fortificación. La inmensa mayoría fueron asesinados en su huida o detenidos por los sublevados. Muy pocos lograron su objetivo de cruzar los Pirineos para llegar a Francia.
Este suceso histórico ha servido a Amaia Olariz Rivas para inspirarse en su último trabajo literario. Con el título “El largo sueño de tu nombre”, publicado por el Editorial Txalaparta en marzo de este año, la escritora va tejiendo un relato que teniendo como argumento principal los hechos acontecidos en mayo de 1938 confluyen diferentes personajes de ficción que van dando vida a esta novela.
El silencio que ha reinado a lo largo de los años alrededor de lo acontecido con la fuga del fuerte del monte Ezkaba ha servido a la autora para rescatarlo de ese sueño tan profundo en el que se encontraba.
En esta novela histórica de poco más de 280 páginas la autora a través de los personajes que forman parte de la trama concibe una historia acerca de la fuga del fuerte de San Cristóbal y a partir de ahí es un volar la imaginación en la que van desfilando los diferentes personajes y cada uno con una mochila repleta de recuerdos, anhelos, angustias y miedos.
El protagonista, Mikel, un periodista que sustrae el diario de una persona recién fallecida será la pieza fundamental para encajar un puzle que llevaba más de setenta años esparcido y condenado irremisiblemente a no ser reconstruido. Ese pequeño diario dará pie para introducir en la obra a los diferentes personajes que irán aportando su granito de arena para el desarrollo de la trama.
Las historias desgarradoras que dan cuerpo a la novela son producto de la creatividad de la autora, pero se convierten en una ventana que nos acerca a lo que pudieron soportar las personas que sufrieron la reclusión en ese presidio y sus familiares, porque en una historia de ficción es imposible llegar al estadio de la realidad pues esta suele ser más dolorosa.
Ese diario que recoge lo vivido por un joven voluntario carlista a lo largo del año 1938 es un ejercicio de liberación de una carga con la que lleva conviviendo desde entonces. Un intento de reconciliarse con las víctimas y consigo mismo. Un intento desesperado para que lo que vivió no sea pasto del olvido.
La autora, a través de los personajes creados para esta novela, introduce algunos conceptos como la mirada autocrítica hacia el pasado de uno, que muchas veces cuesta aceptar y con la que en muchas ocasiones se convive de forma un tanto obsesiva o el miedo a la toma de decisiones que nos pueden marcar nuestro futuro o hacernos salir de nuestra zona de confort.
La novela tiene ritmo y va conduciendo al lector por los diferentes pasajes de la trama en una atmósfera de tensión e intensidad lo que ayuda a no perder la atención del relato. Todo ello consigue que desde el primer momento uno se sumerja de lleno en la trama de la novela.
Es una novela que a través de la mayor parte de los personajes que intervienen transmite sensibilidad y emociones, con el añadido que en algunos pasajes puede generar al lector una cierta angustia.
El lenguaje de la novela está muy bien cuidado, junto con las descripciones que realiza de los diferentes lugares de la geografía navarra por donde transcurre la novela.
Ante las sacudidas que nos da la vida, la tenacidad es la fuerza que necesitamos para poder rehacernos del sufrimiento padecido. Para ello muchas veces tenemos que iniciar un proceso de descubrimiento interior.
Ese camino es el que realiza Celia, la protagonista de la novela “Años de niebla”, escrita por Fernando Palazuelos y publicada en 2016 por el Editorial Ttarttalo.
La trama de la obra gira en torno a una mujer, que a sus veintiocho años en un breve espacio de tiempo encadena dos circunstancias personales adversas. Como válvula de escape inicia un trabajo sobre su genealogía, pero en esa labor de encajar todas las piezas, se encuentra con un espacio oscuro dentro de sus antepasados, el que corresponde a su abuelo materno, a quien no conoció y sobre el que recae un hermetismo familiar.
En su intento de seguir los pasos de su abuelo emprenderá un viaje desde Bilbao a Lisboa, con el objetivo de buscar algún rastro de su abuelo que desapareció en 1943. Una misión que se antoja inalcanzable, como le ocurrió a Telémaco cuando se aventuró a un viaje por las diversas ciudades de Grecia para buscar noticias de su padre, Ulises.
La protagonista realmente inicia dos viajes. Además del viaje físico en búsqueda de alguna noticia que le ayude a saber cuál fue el destino de su abuelo, “realiza un viaje interior en búsqueda de sí mismo y de un sentido para su existencia”. El viaje es la herramienta que utiliza para ir desprendiéndose del pesimismo que es innato a ella producto de su infancia y adolescencia.
A lo largo de la obra la protagonista inicia un descubrimiento interior que le ayudará a ir superando todos sus complejos y miedos. Es un proceso en el que irá curando las heridas con las que empezó su viaje a Lisboa. El fracaso de una relación anterior y el intento de abandonar un derrotismo transmitido por su madre. Este viaje le servirá de crecimiento personal.
Junto a la protagonista de la novela, Celia, el autor crea otro personaje, João, que viene a ser en cierta forma la antítesis de la protagonista. Una persona con un equilibrio interior. Algo que anhelaba tener ella. Gracias a él, la protagonista irá desprendiéndose de toda es lastre que le ha seguido como inseparable compañero de viaje.
En la novela hay un espacio para algunas reflexiones filosóficas. La verdad, la fe y el ser humano son algunas cuestiones que aparecen en esta obra.
La novela nos adentra en el Portugal dominado por la dictadura salazarista. En 1943 Europa está inmersa en la II Guerra Mundial, y Portugal que oficialmente es un país neutral, se convierte en centro de operaciones de espionaje, negocios turbios y país de paso para exiliados. Pero como dictadura de corte fascista, las relaciones con los países del Eje y con la España de Franco, daban pie a que en Portugal los servicios secretos de estos países actuaran con gran permisividad. Ese momento histórico le ha servido al autor para ambientar el relato. En la novela aparece la similitud de dos países que vivieron años de niebla, producto de dos dictaduras totalitarias.
En mi caso, la lectura de este libro hace imaginar al lector un viaje a Lisboa. Las descripciones que realiza a lo largo del relato de la capital portuguesa es una invitación a sumergirse por la ciudad. Quizás en mi caso influya el recuerdo lejano que tengo de la estancia en esa ciudad.
Para Celia, el fado es lírica de hermosa tristeza. El libro tiene momentos de tristeza, pero no cabe duda que es hermoso.
A lo largo del libro hay algunas dibujos e ilustraciones con frases y reflexiones.
Mikel Castrillo Urrejola 