Operación Ogro. Un golpe al corazón del régimen franquista (1ª parte)

Todavía hay personas que cada 20 de diciembre nos viene a la mente, aunque sea un recuerdo lejano, el mayor golpe que recibió el régimen franquista. Me estoy refiriendo al atentado de la organización ETA que acabó con la vida del almirante Carrero Blanco, en el que este año se cumple el cincuenta aniversario. Un acontecimiento histórico que a día de hoy nadie duda que fue determinante en la evolución del régimen, puesto que en esas fechas los días del dictador tocaban a su fin, y la gran incógnita era cómo se gestionaría el franquismo sin Franco.

Sobre el atentado y sus consecuencias políticas se han escrito innumerables artículos y libros, algunos de los cuales han desarrollado teorías de lo más variopintas y rocambolescas. En algunas se afirmaba que detrás del atentado estaba la CIA, en otras que fue ejecutado por alguna organización extranjera e incluso se ha llegado a decir que detrás de todo estaban dirigentes del propio régimen franquista, porque Carrero les molestaba. Todas estas hipótesis no han tenido mucho recorrido y, como posteriormente veremos, algunas de ellas fueron alimentadas por algunos dirigentes políticos antifranquistas a los que el atentado les cogió con el pie cambiado.

Actualmente la mayor parte de la población no conoció esa época, y en el mejor de los casos, muchas de las personas que vivieron el magnicidio, tienen un recuerdo un tanto lejano, entre otros motivos, porque no contaban con el uso de razón suficiente como para poder entender lo que estaba pasando en ese invierno de 1973.

Con la perspectiva que da el paso de los años, lo que en este texto se recoge tiene como finalidad rescatar aquel oscuro periodo de la historia, la España en blanco y negro del No-Do, hacer una fotografía panorámica de la dictadura, de la figura de Carrero, la pieza clave del régimen, relatar cómo se fue urdiendo el atentado, los motivos que llevaron a la organización ETA a realizar esta acción, la lectura política que realizaron y las repercusiones que tuvo.

La noche oscura de la dictadura

Desde que finalizó la Guerra Civil, las organizaciones que defendieron la República contra el fascismo, pasaron a luchar contra la dictadura desde la clandestinidad. Algunas, como el PCE, practicaron la guerrilla rural, el maquis, hasta finales de los años 40, pero ante la gran dificultad de coordinar la lucha armada y la lucha de clases, la dirección del PCE dio un giro a su estrategia para enfocarla en infiltrarse en las organizaciones del régimen. Otras organizaciones, desde un primer momento, se dedicaron a realizar su labor en la clandestinidad, sobre todo en el ámbito socio-laboral, pero siempre con grandes dificultades, sufriendo caídas de sus cuadros.

Durante la dictadura se produjeron protestas que en muchos casos se expresaron mediante manifestaciones y huelgas. La mayoría de estos conflictos tenían como finalidad reivindicar mejoras económicas o laborales de la población que vivía en unas condiciones de miseria, a lo que había que añadir las reivindicaciones de carácter nacional en lugares como Catalunya y Euskal Herria. No es necesario decir que cualquier atisbo de protesta, sufría la represión feroz del régimen que se traducía en caídas constantes de militantes y cuadros de las organizaciones antifranquistas.

Con los rescoldos de la guerra, en los años cuarenta será en Catalunya y Euskal Herria donde estallen las primeras huelgas, pesaba la tradición de lucha sindical, extendiéndose estas a otros puntos del Estado. El periodo 1946-1947 fue de especial conflictividad, destacando la huelga que estalló en Bizkaia en 1º de mayo de 1947, siendo secundada por 50.000 trabajadores, la huelga general en Manresa en 1946 o en la factoría CASA de Getafe.

La década de los 50 transcurrió por derroteros similares a la anterior, las protestas siguieron focalizándose en mayor medida en Asturias, Catalunya y Euskal Herria y más tímidamente en el resto del Estado, pero la oposición al régimen, con todas las dificultades que conllevaba la clandestinidad, intentaba reconstruirse, cosa que se pudo percibir mejor en los años 60.

Las décadas de los 60 y 70, la respuesta al régimen se consolida

Si hasta mediados de los años 60 la mayor parte de las protestas y las huelgas se dieron en lugares muy concretos del Estado, con la declaración de varios estados de excepción, sobre todo en Bizkaia y Gipuzkoa, a partir de 1968, estas se fueron extendiendo a lo largo del Estado español. En agosto de ese año, con motivo del atentado que ETA realizó contra el jefe de la Brigada Político-Social de Gipuzkoa, el torturador Melitón Manzanas, el gobierno declaró un Estado de excepción en Gipuzkoa y en enero de 1969 se vuelve a imponer esta medida en todo el Estado para atajar las protestas estudiantiles.

Desde la mitad de los sesenta se dio un incremento considerable de la conflictividad en todos los ámbitos. Si en 1966 se realizaron alrededor de 100 huelgas en todo el Estado, en los siguientes dos años se multiplicaron por tres, hasta llegar a 1975, año en el que se alcanzó la cifra de 1.595 conflictos colectivos. La respuesta a la dictadura se había extendido por todo el Estado, a la que se adherían, además de los trabajadores, estudiantes, diferentes sectores de la sociedad que se habían convertido en contrarios al régimen franquista y un sector de la Iglesia, que veía como los derechos más elementales eran continuamente pisoteados.

En este contexto, en los años 60, además de las organizaciones que tenían un arraigo histórico, hubo un resurgimiento de un número importante de nuevas organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles. Eran tiempos en los que el debate se centraba en los métodos de lucha para acabar con la dictadura, y entre estas organizaciones, en diciembre de 1958, surgió en Euskal Herria la organización ETA (Euskadi Ta Askatasuna), un movimiento independentista que a partir de los años 60 fue quien más quebraderos de cabeza dio al régimen franquista, convirtiéndose en un referente político contra la dictadura. Sus militantes pertenecían a una generación que no conoció la guerra, se sentían libres de la losa que pesaba sobre la generación anterior, que se encontraba lastrada por el recuerdo de la guerra y su resultado, siendo críticos con el modelo de resistencia que se llevaba a cabo hasta el momento por el PNV. Serán los protagonistas de las protestas que en la década de los 50 se empezaron a producir en Euskal Herria. Esta  generación se caracterizaría por la desconfianza que tienen en las instituciones vascas en el exilio y por su incapacidad política.

La situación que se vivía en el Estado español en los primeros años de la década de los setenta era de un fortalecimiento de las protestas contra el franquismo, fruto de las luchas obreras y estudiantiles de finales de la década anterior.

Ante la respuesta popular, el régimen incrementa la represión

La dictadura franquista inicia la década de los setenta a golpe de represión. En diciembre de 1970 se celebró el Consejo de Guerra de Burgos contra dieciséis militantes vascos de la organización ETA, algunos de ellos eran acusados del atentado contra el policía torturador Melitón Manzanas. Un proceso organizado por el régimen franquista que tenía como finalidad dar un escarmiento a los militantes de la organización independentista vasca y que la población viera que la dictadura era indestructible. Sobre los acusados pesaban unas peticiones de condena elevadísimas, habiendo peticiones de pena muerte para seis de los dieciséis militantes encausados.

El resultado del proceso judicial fue un hito en la lucha contra el franquismo, el proceso se volvió en contra del régimen, los acusados durante la vista oral lo convirtieron en un proceso contra el franquismo y la sentencia del tribunal militar no se movió un ápice de la petición del fiscal, confirmando las peticiones de condena a muerte; pero el régimen no tuvo en cuenta la respuesta que iba a tener. Las protestas que se dieron en Euskal Herria, se extendieron por el resto del Estado español y las capitales europeas, algo que el régimen no pudo obviar. Y a todo ello habría que añadir el secuestro del cónsul alemán en Donostia por parte de la organización ETA que tuvo como finalidad el dar a conocer el problema vasco a todo el mundo y volver a recordar que en la vieja Europa seguía habiendo una dictadura que desde que dio el golpe de Estado en julio de 1936, había tenido como método para perpetuarse en el poder la práctica del terror contra la población civil.

Ante las innumerables protestas, de la ciudadanía europea, muchas de ellas de forma espontánea, en contra de la sentencia dictada por el tribunal militar que juzgó a los militantes de ETA, obligó a muchos de esos gobiernos a tomar una posición contraria a la ejecución de los procesados con penas de muerte, ejerciendo una presión al régimen franquista hasta ese momento desconocida. La única salida que le quedó al régimen franquista fue la de conmutar dichas condenas, lo que generó grandes contradicciones internas en el régimen franquista, dándose una lucha entre las diferentes familias que lo sustentaban, y en esa pugna interna entre los representantes del búnker franquista y los sectores tecnócratas del Opus Dei, estos últimos quedaron tocados y en esa lucha dentro del régimen, Carrero Blanco ostentaba la vicepresidencia del Gobierno.

El Proceso de Burgos sirvió al régimen para aprender la lección que no podía volver a organizar ningún proceso judicial similar porque se le podía volver en contra, como le ocurrió con el de Burgos, y se decantó por eliminar a los responsables de ETA, en vez de capturarlos vivos y juzgarlos. Esta práctica supuso que desde 1970, cayeron abatidos por las fuerzas policiales nueve militantes de ETA y en una de esas redadas, en abril de 1973 el jefe del aparato militar, Eustakio Mendizabal, Txikia, fue tiroteado por la Policía, resultado muerto.

Hasta que ETA atentó contra Carrero Blanco, el único atentado que había planificado con la finalidad de acabar con la vida de alguna persona fue el perpetrado contra Melitón Manzanas, por el contrario, fue constante el incremento de la represión por parte de los aparatos policiales del régimen.

Carrero Blanco. La sombra alargada del régimen franquista

En esos años, en los que el dictador era casi octogenario, hubo una figura política que llevaba años atesorando poder, convirtiéndose en imprescindible para la supervivencia del régimen una vez que desapareciera el dictador, el almirante Carrero Blanco, un militar que siempre se mantuvo al margen de las diferentes familias que sustentaban el régimen y que, sin duda alguna, era, si no la única, sí de las poquísimas personas que interpretó a la perfección los fundamentos ideológicos sobre los que Franco basó su régimen. Supo entender y representar las esencias del franquismo.

Nacido en 1904 en la localidad de Santoña (Cantabria), en el seno de una familia de tradición militar, entró con 15 años en la escuela militar naval para desarrollar la carrera militar, tomando parte en la guerra de Marruecos. El golpe de Estado de julio del 36 lo cogió en Madrid, y al no poder unirse a los golpistas,  pidió asilo político primero en la embajada de México y posteriormente en la francesa, hasta que logró huir a Francia, para en 1937 pasarse al bando sublevado, teniendo puestos de relevancia en la flota fascista.

A partir del final de la guerra, su carrera fue meteórica. En 1939, con la finalización de la guerra, fue nombrado jefe de Operaciones del Estado Mayor, en 1941, subsecretario de la Presidencia, lo que le permitió tener una relación muy cercana con Franco. A partir de entonces, la influencia que ejerció sobre el dictador fue creciendo hasta llegar a ser nombrado ministro subsecretario de la Presidencia en julio de 1951, vicepresidente del Gobierno en 1968, en sustitución del Muñoz Grandes, para llegar a su cenit en junio 1973, al sustituir a Franco en el puesto de presidente del Gobierno, quedándose este último como jefe del Estado.

El almirante fue quien diseñó cómo debía de ser el franquismo cuando el dictador muriese, y para ello fue el artífice de la Ley de Sucesión y de la elección de Juan Carlos para suceder a Franco. En todo momento destacó por ser un defensor de las relaciones con EEUU, propulsor de los acuerdos bilaterales entre el régimen franquista y la Administración norteamericana y partidario de la instalación de bases militares norteamericanes en el Estado español.

Católico preconciliar, monárquico, anticomunista, antiliberal y antisemita, Carrero representaba lo más reaccionario del franquismo. En el libro Operación Ogro, los miembros del Comando Txikia realizaron una definición muy nítida del personaje: “Es el hombre clave del Régimen, el hombre que durante años han preparado cuidadosamente para continuar el franquismo, el hombre que en esos momentos garantiza su continuidad”.

Operación Ogro

Como anteriormente he mencionado, el atentado en la persona de Carrero Blanco ha servido para que se hayan construido teorías sustentadas en hipotéticas conspiraciones, en las que participaban servicios secretos extranjeros y una amalgama de oscuros intereses, que en algunos de los casos, para intentar un cierto viso de credibilidad, han tenido que meter todas esas piezas con calzador, pero que si se profundiza un poco en la cuestión, todas esas hipótesis se acababan cayendo como un castillo de naipes. Ninguna de esas publicaciones que han dado pábulo a ese sinfín de teorías conspirativas ha aportado pruebas con cierta consistencia, porque quizá hayan sido más producto de un deseo de vender ejemplares o porque no podían aceptar que una organización relativamente joven dejase en ridículo a una dictadura que llevaba casi cuarenta años teniendo como pilar fundamental la represión generalizada para tener controlada a la población.

Para poder acceder a la información necesaria para entender todo lo relativo a la operación que acabó con la vida de Carrero Blanco hay tres publicaciones, donde se puede obtener la información necesaria para dar respuesta a las dudas e interrogantes que puedan surgir sobre este tema. La primera es el Zutik 64 que publicó ETA en mayo de 1974, una publicación en euskera y castellano, en la que recogían muchos datos del atentado y las valoraciones políticas.

Operación Ogro. Un golpe al corazón del régimen franquista (1ª parte)
Portado de Operación Ogro. Baigorri Argitaletxea

La segunda publicación es el libro “Operación Ogro. Cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco”, que tiene su historia particular, al ser un documento de primera mano pues en su elaboración intervinieron los miembros del Comando Txikia, autor de la acción contra el almirante y presidente del Gobierno de la dictadura. El libro que fue editado por primera vez en 1974 por el editorial Mugalde de Hendaia y Ruedo Ibérico en París, fue escrito bajo el seudónimo de Julen Agirre. Pasados diez años del atentado, en el prólogo a la edición que publicó la revista “Punto y Hora” fue desvelado el verdadero nombre de la autora, Eva Forest, que además de ser la persona a la que la dirección de ETA le encargó la preparación de este libro, fue destacada colaboradora del comando, entre otras actividades, en lo relativo a facilitar su ocultamiento y huida de Madrid una vez cometido el atentado. Este libro tuvo una nueva edición realizada por la editorial HIRU, cuando se cumplió el vigésimo aniversario, con la particularidad, que por primera vez, el libro se publicó en su totalidad, pues hasta la fecha en ninguna de las ediciones anteriores, aparecía como  los miembros del comando contaban la huida del lugar del atentado, su ocultamiento y posterior salida de Madrid. La última edición de este libro corrió a cargo de la editora del diario Gara, al cumplirse cuarenta años del magnicidio. Hay que decir que en el libro hay algunos pasajes en el que se recogen algunos datos falsos para no dar pistas a la policía puesto que en el momento de su publicación en el 1974, parte de la infraestructura de apoyo  que tuvo el comando estaba intacta y para no develar algunas cuestiones relativas a la metodología de trabajo que utilizó el comando, pues podían ser utilizadas en futuras acciones.

Operación Ogro. Un golpe al corazón del régimen franquista (1ª parte)
Operación Ogro. Editorial Txalaparta

Un tercer libro de reciente publicación es el escrito por Iñaki Egaña, que con el título “Operación Ogro. Hechos y construcción del mito” (Editorial Txalaparta), intenta desvelar algunas cuestiones relacionadas con el atentado y su entorno, desmonta con datos muchas de las informaciones falsas que se han publicado, así como las teorías conspirativas. Aclara algunos pasajes que recoge el libro de Eva Forest y que de forma deliberada quedaron algo borrosas, para preservar la seguridad de los miembros y la infraestructura en Madrid de la organización independentista.

¿Por qué atentar contra Carrero Blanco?

Los miembros del Comando Txikia, en el libro de Eva Forest, realizaron una reflexión en torno a esta cuestión, tanto si hubieran llevado a cabo el secuestro, como finalmente atentaban contra la vida del almirante.

En ambos escenarios, el objetivo era la pieza fundamental en el funcionamiento del Régimen, y para ello realizan un análisis exhaustivo de la figura de Carrero Blanco, llegando a definirlo en los siguientes términos: “llegó a ser insustituible por su experiencia y capacidad de maniobra, porque nadie lograba mantener como él el equilibrio interno del franquismo”. Inciden en el papel que desempeñó para colocar a Juan Carlos como sucesor de Franco “cara a la opinión pública y Carrero desde la sombra tendría el poder auténtico”. Esta argumentación los llevaba a plantear que “eliminar a Carrero significaba dejar coja la maniobra de desdoblamiento y, sobre todo, privar a la oligarquía del quizá único elemento capaz de asegurar la continuidad del Régimen, una vez desapareciera la figura del viejo dictador”. Analizándolo en estos parámetros, la conclusión a la que llegaron es que “desde el punto de vista de atacar al Estado español era aún más importante la ejecución”, aunque la idea inicial era la de su secuestro, porque para la organización era una prioridad lograr la libertad de sus militantes presos.

El atentado abría una ventana a la posibilidad de poder derrocar a la dictadura mediante la lucha armada, algo que hasta la fecha no se plantaba ni como hipótesis de trabajo en la mayoría de las organizaciones antifranquistas. Los miembros del Comando Txikia tenían muy claro que la represión había logrado que el pueblo asumiera la imposibilidad de poder derrocar a la dictadura mediante la lucha armada, proyectando la imagen que el Estado era invencible. No dejaba de ser una forma de eliminar la combatividad para que asumiera que todo pasaba por pactar con el Régimen.

Eran conscientes que el nuevo escenario iba a acarrear un incremento de la represión, ante una acción de tal magnitud. Y así fueron los dos últimos años de la dictadura franquista, en los que hubo seis condenas a muerte en ese periodo, pero también se iban a agudizar las contradicciones del régimen.

Los primeros pasos de ETA en Madrid

Volviendo a los meses previos del magnicidio, el año 1973 fue relativamente tranquilo en la actividad de ETA, las capturas y muerte de varios de sus militantes destacados alimentó la euforia en la prensa del régimen, que volvía a dar por desarticulada a la organización. No era la primera vez que se daba una situación similar, en la que el régimen manifestaba haber desarticulado a la organización independentista, pero en este caso la realidad era que la mayor parte de la militancia estaba inmersa en la preparación de la primera parte de la sexta asamblea que se celebró en agosto de 1973 en el Iparralde, excepto un reducidísimo número de militantes que estaba planificando una operación que sacudiría los cimientos de la dictadura.

En el libro de Eva Forest, los miembros del comando Txikia relatan como en el mes de diciembre de 1972, ETA da los primeros pasos, que consistieron en comprobar una información que había llegado a la organización y que era así de escueta: Carrero Blanco, la mano derecha de Franco, iba todos los días a misa de nueve a una iglesia situada en la calle Serrano, regentada por los jesuitas y muy cerca de su domicilio. En ese momento, no dejaba de ser una información que reciben y, con todas las cautelas propias de un dato de esa naturaleza, decidieron contrastar el dato, cosa que de forma discreta, realizaron dos militantes a finales de ese año. Fruto de ello averiguan el recorrido que realizaba todos los días desde que salía de su domicilio, en la calle Hermanos Bécquer, para dirigirse en el coche oficial a la iglesia de San Francisco de Borja, en la calle Serrano, justo enfrente de la Embajada de los EEUU, para una vez que terminaba la misa, bajar por Serrano, girar a la izquierda en la calle Juan Bravo, tomar la calle Claudio Coello, que es de un único sentido para subir a Diego de León y volver a su domicilio.

En este punto, el relato que se recoge en el libro de Eva Forest, por razones de obvias, no se ajusta en su totalidad a la realidad, pues desde hacía unos meses dos militantes cualificados residían en Madrid, a causa de una cuestión de índole interna de la organización.

Sobre la fuente de la información, en el libro de Eva Forest, los miembros del comando manifiestan que ETA tenía colaboradores fuera de Euskal Herria, pero en este punto Iñaki Egaña, desvela algunos datos de como la obtuvieron, que unidos a la información del sumario correspondiente a las personas que fueron detenidas en septiembre de 1974 en Madrid, pueden dar algunas pistas sobre el origen de la información.

Del secuestro a hacer volar por los aires a Carrero Blanco

A principios de 1973 es cuando se puede decir que ETA empezó a barajar la posibilidad de realizar una acción de envergadura en Madrid, momento en el que envían un comando a Madrid para analizar pormenorizadamente los movimientos de Carrero y el entorno de la iglesia de la calle Serrano. Hasta entonces, la organización independentista nunca había actuado fuera de territorio vasco. Una vez realizada esa labor es cuando un pequeño núcleo de la dirección de ETA toma la decisión de secuestrar a Carrero Blanco con la finalidad de solicitar la liberación de todos los presos políticos existentes en el Estado español y que tuviesen una condena superior a diez años, independientemente de la organización a la que perteneciesen. Estiman que era factible que el Régimen aceptase el canje de prisiones si la persona objeto del secuestro fuese “la pieza fundamental para su funcionamiento, la que garantizada su continuidad y esa pieza era precisamente Carrero”.

Estando muy avanzada la preparación del secuestro del almirante, tuvieron que desechar dicha acción. En principio, por un lado tuvieron un percance que surgió con el lugar donde iban a esconderlo, si bien la complejidad de efectuar el secuestro exigía un gran número de militantes con el grave riesgo que eso suponía para una organización que había sufrido un gran número de detenciones en los últimos meses. Pero lo que les acabó empujando a abandonar la idea del secuestro es que en junio de 1973 fue nombrado presidente del Gobierno, lo que trajo consigo un aumento de las medidas de seguridad, que Carrero se iba de vacaciones hasta septiembre y empezaba a tener desplazamientos de carácter oficial, por lo que ya no iba todos los días a misa. Todo ello influyó para que la dirección de ETA decidiera acabar con la vida del almirante.

Bibliografía utilizada:

Bruni, Luigi: ETA. Historia Política de una lucha armada, Txalaparta, Bilbao, 1987.

Caro Baroja, Julio y AA.VV: Historia General del País Vasco, La Gran Enciclopedia Vasca-Haranburu Editor, Volumen XIV, Donostia, 1981.

Casanova, Iker-Paul Asensio: Argala, Txalaparta, Tafalla, 1999.

Eva Forest: Operación Ogro. Cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco, Hiru Argitaltxea, 1993 y Baigorri Argitaltxea, 2013.

Iñaki Egaña: Operación Ogro. Hechos y construcción del mito, Txalaparta, Tafalla, 2023.

José Antonio Castellano López: Carrero Blanco. Historia y memoria, Los libros de la Catarata, 2023 Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): Historia de Euskadi. El Nacionalismo y ETA, Ruedo Ibérico, 1977

Tres fechas claves en la historia del pueblo vasco

El pasado mes de octubre se han celebrado los aniversarios de tres acontecimientos de relevancia en la historia del pueblo vasco sobre los que voy a realizar esta reseña. Los tres tienen un mismo denominador común: la relación jurídico-política existente entre Euskal Herria y España. Estos momentos históricos son la aprobación de la Ley de 25 de octubre de 1839 de confirmación de los fueros, la aprobación el 1 de octubre de 1936 en las Cortes españolas del Estatuto Vasco de la II República y otro 25 de octubre, pero de 1979, la celebración del referéndum para la aprobación del Estatuto de autonomía para los territorios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

La ley de 25 de octubre de 1839 tiene su origen en el final de la primera guerra carlista, el 31 de agosto de 1839, mediante el Abrazo de Vergara entre el general isabelino Espartero y el general carlista Maroto. Al finalizar la guerra se procedió a la aprobación de la Ley de Confirmación de los fueros. Esta denominación no deja de ser un eufemismo, porque esa ley lo que realmente trajo fue el primer recorte a los fueros que tenían los territorios vascos hasta la fecha. Las Cortes aprobaron dos artículos con el siguiente contenido: “1º. Se confirman los Fueros de las Provincias Vascongadas y de Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía 2º. El Gobierno, tan pronto como la oportunidad lo permita, y oyendo antes a las provincias Vascongadas y Navarra, propondrá a las Cortes la modificación indispensable que en los mencionados Fueros reclame el interés de las mismas, conciliado con el general de la nación y de la Constitución de la Monarquía”. Como consecuencia de esta ley, en 1841 se aprobará la Ley “Paccionada” de modificación de los Fueros de Navarra.

Este sometimiento y armonización de los Fueros a la “Constitución de la Monarquía” y que no fueran en contra de la “unidad constitucional de la Monarquía” no era otra cosa que un recorte de tal magnitud que los Fueros perdían la esencia de su existencia, pues eran la herramienta jurídico-política fundamental que permitía a estos cuatro territorios gobernarse al margen del resto de la corona. Hasta la fecha lo único que compartían era el mismo monarca. El catedrático de Historia contemporánea Juan Pablo Fusi, en su trabajo “EL PROBLEMA VASCO: DE LOS FUEROS AL ESTATUTO DE GUERNICA”, define de esta forma a la ley de 25 de octubre de 1839: “la ley que abriría el proceso de abolición de los fueros, el régimen institucional histórico de los territorios vasco-navarros”.

De la lectura de estos dos artículos se pueden extraer las siguientes conclusiones: Si se confirmaban los Fueros, sin perjuicio de la unidad constitucional, es evidente que hasta 1839 no se había dado esa unidad constitucional y si estos Fueros tenían que ser conciliados con el general de la nación y de la Constitución de la Monarquía es que hasta la fecha ni “conciliaban”, ni las normas existentes en el Reino formaban un cuerpo legal homogéneo que permitiera hablar de una nación pues no existía una compilación normativa donde se recogiera todas esas normas e instituciones necesarias para definirlo como un Estado.

A partir de la aprobación de esta ley con el eufemismo de “confirmación de los fueros” se procedió a una derogación de las instituciones y normas más genuinas de los fueros. En el caso de Navarra el recorte que sufrieron lo expresa José Mari Esparza Zabalegi en los siguientes términos: “Navarra dejaba de ser un reino y pasaba ser mera provincia; desaparecían sus Cortes y con ellas la independencia legislativa y judicial; se perdía la capacidad de emitir moneda propia; el virrey era sustituido por un capitán general, en el plano militar y por un gobernador, en el civil; se obligaba a los navarros a participar en el servicio militar o “contribución de sangre”; se  trasladaban las aduanas del Ebro a los Pirineos, integrándose Navarra en el mercado estatal”[1]. Por lo que respecta a los otros tres territorios vascos estos recortes se dieron con posterioridad.

El motivo más importante por el que el poder central iniciara el proceso de abolición foral vasca no fue otro que el de defender los intereses económicos de las clases, sociales y políticas, dominantes de la época. La legislación foral vasca a principio del siglo XIX era un obstáculo para los intereses de las nacientes clases altas en Euskal Herria, sobre todo de las ubicadas en Bilbao y San Sebastián. Los negocios de la oligarquía, alta burguesía vasca y española y de la naciente burguesía comercial de Bilbao y San Sebastián, chocaban con la foralidad[2]. A todo esto habría que añadir el hecho de que, esta legislación, no era propicia para que capitales extranjeros pudieran entrar a explotar las riquezas naturales existentes en el subsuelo vasco. Contrariamente, en otros lugares del Estado, acontecía que las concesiones de las explotaciones mineras estaban en manos de empresas y capital extranjero[3] y habían sido adjudicadas a precios muy ventajosos para las compañías explotadoras. La hegemonía socioeconómica de la oligarquía y burguesía vasca era importante y ambas estaban interesadas en acabar con el proteccionismo que recogía las normas forales, para así poder potenciar el librecambismo. En este periodo, los liberales coinciden con los intereses de la aristocracia terrateniente andaluza y castellana, pues los procesos de desamortización que lideraron los diversos gobiernos liberales originaron una concentración de inmuebles y tierras en manos de un reducido grupo de terratenientes y oligarcas, en detrimento de las clases más desfavorecidas y de los bienes comunales.

Todo esto llevará a la Corona a intentar la abolición de los fueros, lo único que faltaba para llegar a este desenlace era esperar el momento idóneo. Desde la llegada de los borbones hubo varios acontecimientos históricos en los que se detecta el objetivo de la desaparición de los fueros. A principios del s. XVIII (1718) se produce el primero, fue el episodio de privación de los fueros a Bizkaia con ocasión de la sublevación por el Estanco de la Sal, sin embargo no fue el único. Los vaivenes de la política española desde la llegada de los borbones, y especialmente desde la Guerra de la Independencia con la lucha entre absolutistas y liberales por el control del poder, facilitaban que los fueros se convirtieran en una víctima más de la lucha que mantenían ambos sectores políticos; por ello se puede afirmar que la cuestión foral es la causa principal de la Primera Guerra Carlista en Euskal Herria[4]. Todo este proceso culminaría en julio de 1876 con la abolición de los fueros en su totalidad.

La definición que mejor se ajusta a la lucha llevada por el pueblo vasco en el siglo XIX a través de las guerras carlistas la aporta el Colectivo IPES. Fue la expresión de “la lucha entre la necesidad de unificación económica de la burguesía a nivel del Estado y por consiguiente de unificación de sus estructuras políticas y culturales y la resistencia de un pueblo a ver suprimido violentamente su modo de producción tanto a nivel económico como político y cultural”[5].

La segunda fecha a tener presente es la aprobación del Estatuto Vasco el 1 de octubre de 1936 en las Cortes españolas de la II República, reunidas en Valencia mediante el procedimiento de urgencia, en plena guerra civil.

Para llegar a la aprobación de este Estatuto, hubo que recorrer un tortuoso camino. La cuestión vasca no empezó con buen pie. Hay que partir de la premisa que el nacionalismo vasco no fue invitado a la reunión del Pacto de San Sebastián, celebrada el 17 de agosto de 1930, para fijar una hoja de ruta para instaurar la República, muy por el contrario, sí se contó con la presencia de los nacionalistas catalanes. En aquel momento tampoco puso mucho interés el PNV en asistir, pero lo cierto es que el hecho tuvo sus repercusiones, pues en las decisiones adoptadas se recogía, de forma expresa, admitir la personalidad política catalana. Sin embargo, la ausencia en dicho acuerdo de los políticos vascos autonomistas, redundaría de forma perjudicial en una futura aprobación de un Estatuto de autonomía vasco[6].

Una vez que se proclamó la II República, el Gobierno republicano no demostró interés alguno por sacar adelante un estatuto para Euskal Herria, al contrario de Cataluña, pero en Euskadi empezaron a darse los pasos para la aprobación del Estatuto. La Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza (SEV-EI), compuesta por nacionalistas, tradicionalistas y republicanos, elaboró un proyecto articulado del Estatuto General del Estado Vasco a instancia del asamblea de ayuntamientos, movimiento vinculado al PNV[7]. Ese proyecto partía de la base que la República, en su constitución, estaba dispuesta a adoptar un modelo federal, pero de hecho no fue así, pues se definió como República integral. Ese texto seguía una línea aconfesional, acorde con la nueva forma de gobierno y los aires que lo inspiraban.

El movimiento de alcaldes organizó varias reuniones para convocar una asamblea de alcaldes para debatir el proyecto de la SEV-EI. En esas reuniones varios alcaldes nacionalistas y tradicionalistas añadieron una enmienda de marcado perfil confesional. La comunidad vasca tendría completa autonomía entre la Iglesia y el Estado y estaría facultada para negociar un Concordato independiente con el Vaticano[8].

Ese proyecto será el que en el mes de junio de 1931 se debata en Estella con la inclusión de la enmienda anteriormente mencionada. Este Estatuto arrastró los siguientes problemas: Desde las filas del nacionalismo vasco, representado por el PNV, eligieron como compañeros de viaje a los carlistas, pues al inicio de la República la dirección del PNV veía con ciertas reticencias el nuevo régimen. El posicionamiento ideológico de su dirección estaba cercana al carlismo en la restauración foral como forma para recuperar los derechos históricos vascos y en la cuestión religiosa. El carlismo, si bien hablaba de la reinstauración foral, desde el mismo día que se proclamó la II República estuvo conspirando para su derrocamiento. Realmente el carlismo hacía muchas décadas que había marginado la cuestión foral y la base de su ideario ideológico se basaba en el integrismo religioso y la restauración de una situación predemocrática. En este momento, para los carlistas apoyar el Estatuto de Estella no dejaba de ser una táctica para atacar a la República. El PNV en los primeros meses de la II República había elegido unos aliados, que con el tiempo se quitarían la máscara para posicionarse en contra del Estatuto. Esta alianza era mirada con recelo por los republicanos y ello influyó en que miraran con recelo el autonomismo vasco[9].

Las modificaciones que se realizaron al Estatuto aprobado en Estella también recibieron la crítica de ANV, partido nacionalista, aconfesional y de izquierdas, nacido en noviembre de 1930.

En concreto, en cuanto desapareció del documento el perfil religioso, que el PNV y los carlistas añadieron al proyecto de la SEV-EI, estos últimos se descolgaron del proceso. El carlismo representaba a la oligarquía y la reacción por lo que era incompatible con el sector progresista del PNV, el cual iba ganando posiciones dentro del nacionalismo. Por el contrario, el carlismo día a día se iba profundizando en un endurecimiento reaccionario[10]. La figura que fue ganando peso en esa nueva imagen del PNV era la de José Antonio Agirre.

El tratamiento que se hacía de la cuestión religiosa en ese proyecto, debido a las modificaciones que introdujo el PNV junto con los carlistas, fue motivo más que suficiente para que socialistas y republicanos, que no se distinguían por una voluntad estatutaria, no lo apoyasen. Este Estatuto no prosperaría en las Cortes porque una de sus cláusulas, la relativa al Concordato con la Santa Sede, fue declarada inconstitucional, lo que provocó que todo el Estatuto fuera echado para atrás.

A partir de este momento, se inicia otro segundo intento para sacar adelante un estatuto, esta vez con el impulso de las Gestoras Provinciales. Al no haberse celebrado elecciones para las diputaciones, esas gestoras habían sido nombradas por el Gobierno central. Éste temía que si se celebraran unas elecciones para renovar las diputaciones, fueran controladas por nacionalistas y carlistas por el gran peso electoral del mundo rural vasco[11]. La comisión vuelve a utilizar el proyecto elaborado por la SEV-EI antes de las modificaciones de la Asamblea de Estella. En este nuevo texto las competencias reservadas al futuro Gobierno autónomo vasco son más limitadas que en el Estatuto de Estella, los idiomas oficiales son el euskera y el castellano (en el Estatuto de Estella sólo era el euskera) y las relaciones con la Iglesia se reservaban a la República[12]. Pero este proyecto tampoco fructificó. Ello se debió a que en la Asamblea celebrada en Pamplona, en junio de 1932, fue aprobado por los municipios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, pero no tuvo la mayoría entre los municipios navarros (123 en contra y 104 a favor). En días posteriores a la celebración de la asamblea, se publicaron referencias en las que hubo apoderados de algunos ayuntamientos navarros que infringieron el mandato del consistorio al que representaban, votando en contra o absteniéndose[13]. La posición contraria de la derecha navarra se vio ayudada por la postura de boicot[14] que mantuvieron los republicanos e izquierdas navarras. Republicanos y socialistas cometieron el error de no ayudar a crear un Gobierno vasco en el que estuvieran los cuatro territorios, lo que hubiera sido fundamental para dar estabilidad a la República y además hubiera servido para tener más controlados los movimientos golpistas en los que empezaba a tener presencia el carlismo. El primer intento de golpe de Estado de Sanjurjo se produjo en agosto de 1932, que tuvo el apoyo de la oligarquía vasca, junto con los terratenientes y financieros de la época y las viejas castas militares[15].

La situación derivó en la elaboración de otro proyecto únicamente para los territorios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Sus trabajos finalizaron el 6 de agosto de 1933, siendo votado en referéndum el 5 de noviembre de 1933, pero este Estatuto no pudo entrar en vigor. En las elecciones de noviembre de 1933 las derechas españolas obtuvieron el triunfo y, como era de esperar, el Estatuto se guardó en un cajón pues el bloque de derechas se oponía a su aprobación en las Cortes.

Hubo que esperar a que en las elecciones de febrero de 1936 saliera una mayoría absoluta del Frente Popular para que, en abril de ese año, el estatuto  se volviera a presentar en las Cortes españolas. La Comisión de Estatutos acuerda dar por válida la consulta realizada en noviembre de 1933, teniendo validez para los tres territorios (Álava, Gipuzkoa y Bizkaia) pero su aprobación en el pleno sigue demorándose y se produce el golpe militar de julio de 1936 que, al no triunfar, acabaría transformándose en una guerra civil. En esos momentos de organización de la defensa, ante el ataque de los sublevados y viendo que la República seguía sin desatascar el problema, algunos miembros destacados del PNV se movieron para la creación de un gobierno vasco que surgiera de las Juntas de Defensa[16].

Al final, en plena contienda, las Cortes Republicanas aprobaran el Estatuto el 1 de octubre de 1936. Un triunfo con sabor amargo porque todo este calvario se podía haber evitado y hubiera sido de gran ayuda para la defensa de la República. Sin embargo, se aprobó cuando más de la mitad del territorio vasco estaba ocupado por la sublevación fascista. Desgraciadamente, la suerte del Estatuto y de la Euskal Herria estaba echada y dejaba maltrecha a la República.

La tercera fecha, 25 de octubre de 1979, es la fecha del referéndum para la aprobación del Estatuto de autonomía para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. En este último caso el proceso duró algo más de dos años, lo que no fue óbice para que sufriera todo tipo de obstáculos y tensiones políticas y sociales.

En esta ocasión el régimen estaba representado por un gobierno cuyos miembros habían sido altos cargos de la dictadura franquista, con la misión de pilotar el proceso de reforma después del fallecimiento del dictador. Se presentaron a las elecciones a través de un partido, UCD, que estaba copado por personas destacadas del franquismo y que, a diferencia de AP, fundada por Manuel Fraga, intentaba ser la cara amable de una nueva derecha.

Los partidos tradicionales herederos de la República y del Estatuto del 1936, PNV, PSOE y PCE iban a ser los actores principales en todo este proceso que se iba a dar en Euskal Herria, junto con UCD. A todos ellos habría que añadir la presencia de un nuevo espacio político: la izquierda abertzale. En el período de la II República este espacio era muy reducido, siendo representado por ANV. Por el contrario, en el periodo 1977-1979 la izquierda abertzale era un movimiento político pujante que estaba representado por dos tendencias: Euskadiko Ezkerra (EE)[17] y Herri Batasuna (HB)[18]. Ambos espacios políticos tuvieron una participación en todo el proceso, si bien es cierto, que el Estatuto fue el momento que las terminó de alejar entre sí de forma irremediable. Las causas de ese alejamiento fueron más profundas y serán expuestas posteriormente.

En esta ocasión la aprobación del Estatuto fue un proceso que se inició el 15 de junio de 1977, fecha en la que se celebran las primeras elecciones generales desde el derrocamiento de la II República. Duró algo más de dos años, pero tuvo tanta intensidad o más que la que se vivió durante el período republicano.

Las elecciones de junio de 1977 se celebraron sin la presencia de una parte muy importante de la izquierda abertzale, que decidió no concurrir a dichos comicios al no haber salido todos los presos políticos vascos de las cárceles y estar algunas organizaciones políticas ilegalizadas, porque en sus estatutos propugnaban la independencia de Euskal Herria. Por estos motivos hicieron campaña en favor de la abstención. Este hecho, sin duda alguna, condicionó en gran medida los resultados que se dieron. De las elecciones salieron dos partidos mayoritarios, PNV y PSOE y dos partidos minoritarios, UCD y Euskadiko Ezkerra.

Nada más constituirse las Cortes en julio de 1977, se inició un proceso laborioso de redacción, debate y aprobación de la Constitución. Este proceso, que duraría hasta diciembre de 1978, marcó toda la controversia que se dio en materia territorial.

Paralelamente, a partir de los resultados de estas elecciones se forma la Asamblea de parlamentarios vascos (diputados y senadores). A esta asamblea se unen la totalidad de los parlamentarios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, los dos diputados del PSOE por Navarra y el histórico nacionalista, Manuel Irujo, que había sido elegido senador por Navarra en la candidatura del Frente autonómico (PSOE-PNV). Los seis parlamentarios (tres diputados y tres senadores) de UCD elegidos  por Navarra no se unieron. La primera reunión de la Asamblea se celebró el 22 de junio de 1977 y todas las fuerzas políticas presentes adoptaron tres resoluciones: el reconocimiento de la personalidad política y administrativa de Euskadi, la legalización de todos los partidos sin excepción y una amnistía total para todos los hechos de intencionalidad política[19]. El consenso no daba para más.

A partir de este momento se inicia una serie de reuniones de esta Asamblea con un objetivo: poner en marcha el régimen pre-autonómico. Esto era un estado transitorio hasta que se aprobaran los estatutos de autonomía, que no podían llegar hasta que no hubiese una constitución que les diera cobertura legal y los regulara. Pero en las naciones históricas la presión popular al Régimen llevó a la concesión de este estatus transitorio que no dejaban de ser movimientos tácticos del Gobierno de la UCD para controlar la situación.

En los primeros compases hubo una cuestión que marcaría la marcha del proceso y mediría las  fuerzas entre los diferentes partidos: La negativa de los parlamentarios de UCD de Navarra a participar en un proceso común para los cuatro territorios vascos. Hay que tener presente que gracias a la ley de Hondt la UCD obtuvo en Navarra la mayoría absoluta de los cargos electos con menos del 30% de los sufragios. En ese momento la posición del PSOE era favorable a la integración de Navarra en Euskadi. Pero el Gobierno de la UCD, sabedor que tenía la llave, dio los pasos necesarios para que no se produjera la integración. Todo esto sin soliviantar al PNV y al PSOE. Movió las fichas tanto desde Madrid como de las instituciones navarras, que todavía no habían sido elegidas democráticamente, y que estaban controladas por el Bunker franquista.

En enero de 1978 se aprueba el decreto-ley de aprobación del pre-autonómico vasco y se nombra en febrero el Consejo General Vasco. Una institución que fue el reflejo de la situación política, foro donde PNV y PSOE rivalizaban políticamente a la hora de discutir el modelo de país que defendían. Las otras formaciones que lo componían (UCD y EE) no dejaban de ser meras comparsas, sin perjuicio que la UCD siempre jugaba con la tranquilidad que le daba que los suyos controlaran todo el aparato del Estado.

El proceso de elaboración del Estatuto se realizó en dos fases: la primera fase abarcó los meses de noviembre y diciembre de 1978. En ese período la asamblea de parlamentarios vascos debatió el proyecto de Estatuto. Éste fue presentado en el Congreso de los diputados el 29 de diciembre de ese año. La segunda se inicia en el mes de julio de 1979, momento en el que se inicia el trámite en el Congreso, siendo aprobado el 21 de julio y ratificado en referendum el día 25 de octubre de 1979. Este último proceso se realiza después que el 1 de marzo de 1979 se hubieran celebrado unas nuevas elecciones generales que trajeron un cambio en el tablero político. La irrupción de HB con 3 diputados y un senador, sin duda alguna, trajo de cabeza a los artífices de la Reforma. No hay que olvidar que en las anteriores elecciones las organizaciones que conformaban esta candidatura pidieron la abstención y en los regímenes parlamentarios todo lo que no tiene representación es como si no existiese.

Todo este proceso que trascurre desde las primeras elecciones después de la muerte del dictador hasta la aprobación del Estatuto fue un momento clave en muchos aspectos.

En dicho periodo durante la tramitación tanto de la Constitución como del Estatuto de autonomía se pudo observar el margen de maniobra que dejaba el régimen a las reivindicaciones territoriales de la población vasca. Hubo momentos muy duros y tensiones en los que parecía que todo saltaba por los aires, sobre todo cuando el Estatuto se debatió en el Congreso de los diputados en julio de 1979. Uno de esos momentos se produjo días antes que el Estatuto de autonomía se tramitara en el Congreso. En ese momento el Gobierno de la UCD sospesó la posibilidad de declarar un Estado de excepción en Euskadi. La portada del diario El País del día 23 de junio era muy elocuente, abriendo con la siguiente información: “Desmentidas supuestas interferencias militares en los estatutos”[20]. Tanto en este diario como en Cambio 16 informaban de la intención del Gobierno de implantar el Estado de sitio en Euskadi en el supuesto que las negociaciones para la aprobación del Estatuto vasco fracasaran[21].

En esta ocasión, a la hora de buscar acuerdos y compañeros de viaje, el PNV estuvo más cerca del PSOE que de los partidos abertzales. De hecho, en las elecciones de junio de 1977 al Senado se presentó en coalición con el PSOE con la marca Frente Autonómico. Desde un primer momento huyó de llegar a acuerdos con la izquierda abertzale. El deseo del PNV era que los poderes del Estado le consideraran el interlocutor válido para todo lo referente a Euskadi, pero en este momento histórico en el PNV volvían a aparecer dos almas: la sabiniana, favorable a la independencia, y la defensora de los derechos históricos a través de la reinstauración foral.

Es interesante ver las posiciones que mantuvo el PNV ante las dos cuestiones que se debatían en ese momento (Constitución y Estatuto de autonomía). En lo referente al debate constitucional, el PNV se abstuvo y realizó un discurso en defensa de los derechos forales que no fueron recogidos en la Constitución como este partido esperaba. Por ello se posicionó en contra del derecho de autodeterminación. Arzallus tuvo diversas intervenciones en el Congreso muy elocuentes. “El PNV se presenta en este momento con unos planteamientos más fueristas que nacionalistas […], por ello renunciamos a la constitucionalización de postulados férreamente defendidos por todo nacionalista y aceptamos planteamientos ajenos y hasta contrarios a los nuestros”[22]. En el PNV volvía a ganar el alma fuerista. Pero toda esta retórica en el Congreso era compensada con declaraciones en actos políticos en diversos lugares de Euskal Herria en las que se sostenía un discurso independentista. No dejaba de ser una táctica para aplacar a sus bases, con el agravante de que el Estatuto que posteriormente se aprobara, iba a tener que ceñirse a la Constitución.

En esta situación, en los meses de noviembre y diciembre de 1978, con la aprobación de una constitución en la Cortes que no había tenido el apoyo ni del PNV ni de Euskadiko Ezkerra y con el rechazo frontal de la izquierda abertzale extraparlamentaria, la Asamblea de parlamentarios vascos debate un proyecto de Estatuto; fue una labor realizada entre el PNV, PSOE y EE, con una UCD, consciente que estaba en minoría, pero que no le preocupaba mucho porque harían valer su posición cuando el proyecto fuese estudiado en el Congreso, cosa que así fue.

 Cuando llegó la hora de debatir el Estatuto en el Congreso, como se ha dicho con anterioridad, el reparto de escaños había cambiado con motivo de las elecciones generales del 1 de marzo de 1979 y la correlación de fuerzas entre los partidos vascos ya no era la misma. En este momento el PNV tenía mayoría y HB había irrumpido con 3 diputados, siendo, por el contrario, el PSOE el partido más perjudicado.

El proyecto presentado por la Asamblea de parlamentarios vascos se topó con la fuerza que tenía el Gobierno de la UCD en el Congreso. En este partido había dos visiones: la defendida por un sector duro que apostaba por declarar medidas de excepción (Estado de sitio, excepción o similares) y otro sector más dialogante que abogaba por llegar a un acuerdo con el PNV.

El Estatuto tenía que ser discutido en la ponencia compuesta por una delegación elegida por la Asamblea de Parlamentarios vascos y la Comisión Constitucional, pero la realidad fue bien distinta. Esa ponencia no fue más que una pantalla, porque donde realmente se discutió el articulado del futuro Estatuto fue en el Palacio de la Moncloa. En un principio las reuniones eran entre Garaikoetxea, presidente del EBB[23], y Adolfo Suarez, presidente del Gobierno. Posteriormente se incorporaron personas relevantes de UCD y el PNV. Es de aquí de donde salió el texto que posteriormente se aprobó en el Congreso. En todo este proceso PSOE y Euskadiko Ezkerra quedaron marginados, con las consiguientes protestas de ambas formaciones. Por lo que respecta al contenido del texto, en palabras del diario El País del día 13 de julio “Las modificaciones introducidas como consecuencia de las negociaciones celebradas en La Moncloa afectan prácticamente a la totalidad de los artículos”[24].  Esta situación fue una constante en todo el proceso negociador.

Una vez que fue pactado entre el PNV y UCD, el paso por la ponencia y posterior debate en el pleno de la cámara baja no dejo de ser un mero trámite. La aprobación del Estatuto fue acompañada  por todo tipo de declaraciones y artículos periodísticos, ensalzando el acuerdo y el contenido del Estatuto por parte de las fuerzas políticas que estaban a favor (PNV, PSOE, UCD, EE, PCE). Fuera de ese ambiente de euforia las declaraciones de algunos políticos del PNV dejaban entrever que el Estatuto no era la panacea que pregonaban en sus declaraciones. En una entrevista realizada a Xabier Arzallus en el diario Egin, el 28 de diciembre de 1978, cuando la Asamblea de Parlamentarios vascos aprobó el proyecto que posteriormente se discutiría en el Congreso, el líder jeltzale declaraba  que “tiene que quedar claro que hemos partido de una realidad impuesta que es el marco constitucional concreto. Salir de este marco supondría la invalidación de todo intento estatutario, por lo que es necesario acatarlo. No es nuestro estatuto ideal, ni siquiera el que nosotros propondríamos. Es el que permite la Constitución”[25]. La pregunta que habría que realizarse  es la de que si el proyecto que fue sacado adelante por el PNV no era del agrado del PNV ¿qué grado de satisfacción podría tener el texto definitivo después de haber sido modificado casi en su totalidad?

Por lo que respecta a la posición de la izquierda abertzale, se dieron dos planteamientos antagónicos entre sí. La postura del sector representado por Herri Batasuna, KAS[26] y ETA militar fue contraria desde el momento en el que se empieza a hablar del pre-autonómico. No aceptaban que el proceso se iniciara a través de la representación salida de las elecciones del 15 de junio, al haberse encontrado algunas formaciones políticas sin legalizar. Para este sector la elaboración debía ser liderada por una asamblea de municipios democráticamente elegidos, la participación de Navarra en este proceso y el reconocimiento del derecho de autodeterminación. El eje sobre el que se movían eran los puntos recogidos en la Alternativa táctica de KAS. Como alternativa a este proceso estatutario, crearon un órgano de contrapoder popular vasco (EHBN[27]) que tenía, entre otros objetivos, la elaboración de un Estatuto nacional de autonomía para los cuatro territorios vascos. Era una postura pétrea en la que partían de la premisa de que cualquier participación en el proceso era legitimar las instituciones creadas al amparo de la Reforma, pues no dejaba de ser un lavado de cara del régimen franquista. Esta postura fue mantenida sin ningún tipo de fisura y era compartida por ETA militar, que era una de las dos ramas de ETA en ese momento.

La propuesta política del otro sector de la izquierda abertzale, el representado por la coalición Euskadiko Ezkerra y EIA, que actuaba en total coordinación con la organización ETA político-militar[28], tuvo dos fases bien diferenciadas. La primera se puede circunscribir al periodo que va desde las elecciones de junio de 1977 hasta el mes de noviembre de ese mismo año. En  esos meses la estrategia es similar a la que seguía el otro sector de la izquierda abertzale. Se posicionó en contra de los proyectos de régimen pre-autonómico que habían preparado PNV y PSOE. Redactó un documento alternativo en clave de ruptura democrática. Pide la urgente celebración de elecciones municipales y propone que la Asamblea de Municipios elegidos democráticamente y asambleas populares en la que estuvieran representados organismos populares, fuesen el marco donde se debatiese el Estatuto[29]. No aceptaban ni el Gobierno vasco en el exilio ni los resultados del 15 de junio por la falta de participación popular que entrañaban ambos proyectos.

Sin embargo, esta posición dio un giro de 180 grados en los meses siguientes. Una vez que EIA celebra su primer congreso en Zegama (Gipuzkoa) en el que sale elegida una nueva dirección y Mario Onaindia es nombrado secretario general, EIA cambia su planteamiento inicial y acepta el pre-autonómico que habían consensuado PNV y PSOE. Durante todo ese proceso EIA, a través de Euskadiko Ezkerra se posicionó en contra la Constitución, pero aceptó el proceso estatutario dentro de los límites de esa Constitución.

Durante el proceso de debate del Estatuto las organizaciones del bloque formado por EIA-Euskadiko Ezkerra-ETA político militar, lanzaron dos campañas que no tuvieron el éxito que esperaban. La primera fue la de “Estatutoarekin presoak etxera” (Con el Estatuto los presos a casa). La mayor parte de los presos políticos vascos de diferentes organizaciones se encontraban en la prisión de Soria y estaban llevando una lucha importante porque la policía estaba dentro del recinto de la prisión. La otra campaña fue “Estatutoarekin Nafarroa Euskadira” (Con el Estatuto Nafarroa a Euskadi). Ambas campañas conjugaban la lucha política que debían de realizar EE de la mano de EIA y la actividad de ETA pm con atentados propagandísticos. La realidad es que quien llevó el peso de ambas campañas fue la organización armada por la falta de capacidad movilizadora de EIA y EE, más preocupadas en la actividad institucional.

En esta disputa política que vivían los dos espacios políticos de la izquierda abertzale subyacía un análisis ideológico y político de mayor profundidad. Para el bloque político-militar[30] en el Estado español se estaba dando una transición de la dictadura hacia una democracia burguesa que sería equiparable a las que se daban en la Europa Occidental. Desde esta óptica, una organización como EIA no podía hacer una política demasiado enfrentada a los partidos democrático-burgueses, representados en Euskadi por el PNV y el PSOE[31]. Debía de trabajar desde las instituciones para lograr las condiciones adecuadas para iniciar un proceso hacia el socialismo. Por el contrario, las organizaciones de KAS y HB entendían que en el Estado español no se había dado un cambio de régimen. Se había realizado un proceso de reforma política en el que el franquismo seguía controlando todos los aparatos del Estado (judicatura, ejército, cuerpos policiales) estando al servicio de la misma oligarquía que había hecho negocios durante el franquismo. Las instituciones que habían surgido con el proceso de reforma iniciado en 1976 adolecían del carácter democrático para poder ser equiparadas a las democracias burguesas existentes en la Europa Occidental. Ante esta situación planteaban una lucha frontal.

La última etapa de todo este proceso fue la campaña del referéndum  en la que se dieron dos frentes. Por un lado, las organizaciones que apoyan el Estatuto (PNV, PSOE, EE, UCD y PCE) y por el lado la izquierda abertzale (HB, KAS y ETA m), junto a algunos partidos minoritarios (EMK y LKI) que se posicionaron en favor de la abstención. La campaña no estuvo exenta de tensión. Un ejemplo de ello eran los argumentos que llegaron a dar el PNV y EE. Uno de ellos fue que si no se lograba el pacto del Estatuto había peligro de intervención militar en Euskadi y de involución golpista en el Estado español[32]. También hubo argumentos que no dejaban de ser un brindis al sol con el objetivo de obtener el mayor apoyo entre el electorado nacionalista como “El Estatuto es el primer paso para la independencia de Euskadi”. Había una posición, muy residual, contraria al Estatuto defendida de forma explícita por los partidos de ultraderecha, estando a la cabeza Unidad Nacional, cuyo líder era Blas Piñar, y de forma tácita por Alianza Popular, que no se sumó a hacer campaña en favor del Estatuto.

El Estatuto cosechó el apoyo de algo más del 53% del censo, algo esperado, después de todo el despliegue de medios que se hicieron por partidos políticos, medios de comunicación y diversos aparatos del Estado.

No habían pasado  ni tres años desde su aprobación cuando el Estatuto sufría el primer ataque recentralizador. Una de las consecuencias derivadas del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 fue el acuerdo entre la UCD y el PSOE para aprobar la LOAPA. La finalidad de esta norma era la de recortar las competencias que tenían la Comunidad Autónoma Vasca y Cataluña, derivadas de sus respectivos estatutos de autonomía. Pero ese intento recentralizador no llegó a fructificar como deseaban sus promotores porque el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en el que negaba el carácter orgánico y armónico de dicha ley.

A día de hoy de las 144 competencias que recoge el Estatuto Vasco en vigor quedan pendientes de transferir 33, lo que supone un 23 por ciento de su totalidad después de 40 años[33]. Se puede decir que es la  Ley Orgánica en vigor con menor grado de aplicación. La realidad actual es que no sólo no están transferidas las 33 competencias anteriormente mencionadas, sino que en la actualidad estamos viviendo una ola recentralizadora que se manifiesta a través de recortes en las nuevas leyes orgánicas que se aprueban y a través de las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional.

En esta situación, un tanto oscura, el Parlamento Vasco está inmerso en un proceso de elaboración de un proyecto para la redacción de un nuevo Estatuto. No parece que vaya a conseguir mayor consenso que el anterior, porque los obstáculos vienen a ser muy similares a los que se vivieron a finales de la década de los 70 del pasado siglo. La piedra angular sigue estando en el reconocimiento de la soberanía del pueblo vasco, lo que conllevaría el poder tener capacidad política para ejercer el derecho a decidir. Resolver esta cuestión será la clave para que llegué a tener un consenso amplio, pero tan importante o más será ver como se encaja dentro la estructura del Régimen del 78, o si, por el contrario, es necesario que se produzca un nuevo proceso constituyente.


[1] Esparza Zabalegi, Jose Mari: VASCOSNAVARROS. Guía de su identidad, lengua y territorialidad, Txalaparta, Tafalla, 2012.

[2] Castells Arteche, Luis: Fueros y Conciertos Económicos. La Liga Foral Autonomista de Guipúzcoa (1904-1906), L. Haranburu Editor, San Sebastián, 1980.

[3] Ibarruri, Dolores (Pasionaria): El único camino, Collection Ebro, 1975.

[4] Estornes Zubizarreta, Idoia: Carlismo y abolición foral. Entorno a un centenario 1876-1976, Editorial Auñamendi, San Sebastián, 1976.

[5] Colectivo IPES: Euskadi: Herri Batzarrea. Asamblea del Pueblo y política municipal. Zero, Bilbao 1978.

[6] Castells, José Manuel: El Estatuto Vasco. L. Haranburu editorea, 1796, Donostia, 1976.

[7] Ibidem.

[8] Caro Baroja, Julio y AA.VV: Historia General del País Vasco, La Gran Enciclopedia Vasca-Haranburu Editor, Volumen XII, Donostia, 1981.

[9] Eduardo Renobales: ANV, el otro nacionalismo. Historia de Acción Nacionalista Vasca-Eusko Abertzale Ekintza. Txalaparta, Tafalla, 2005.

[10] Caro Baroja, Julio y AA.VV: Historia General del País Vasco, La Gran Enciclopedia Vasca-Haranburu Editor, Volumen XII, Donostia, 1981.

[11] Eduardo Renobales: ANV, el otro nacionalismo. Historia de Acción Nacionalista Vasca-Eusko Abertzale Ekintza. Txalaparta, Tafalla, 2005.

[12] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): Historia de Euskadi. El Nacionalismo y ETA, Ruedo Ibérico, 1977.

[13] Castells, José Manuel: El Estatuto Vasco. L. Haranburu editorea, 1796, Donostia, 1976.

[14] Eduardo Renobales: ANV, el otro nacionalismo. Historia de Acción Nacionalista Vasca-Eusko Abertzale Ekintza. Txalaparta, Tafalla, 2005.

[15] Caro Baroja, Julio y AA.VV: Historia General del País Vasco, La Gran Enciclopedia Vasca-Haranburu Editor, Volumen XII, Donostia, 1981.

[16] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): Historia de Euskadi. El Nacionalismo y ETA, Ruedo Ibérico, 1977.

[17] Euskadiko Ezkerra se constituyó para las elecciones del 15 de junio de 1977 era una coalición formada por los partidos EIA y EMK (Movimiento Comunista de Euskadi). Este último partido en 1978 abandonó la coalición, quedándose EIA con la marca electoral.

[18] Herri Batasuna (Unidad Popular) era una coalición formada por los siguientes partidos: ANV, ESB, HASI y LAIA.

[19] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): El No Vasco a la Reforma, 1º La consolidación de la reforma, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1979.

[20] El País, 23-6-1979.

[21] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): El No Vasco a la Reforma, 2º La ofensiva de la reforma, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1979.

[22] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): El No Vasco a la Reforma, 1º La consolidación de la reforma, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1979.

[23] EBB: Acrónimo de Euskadi Buru Batzar. Es el órgano ejecutivo del PNV.

[24] El País, 13-7-1979.

[25] Casanova, Iker: ETA 1958-2008. Medio siglo de historia, Txalaparta, Tafalla, 2007.

[26] KAS: Koordinadora Abertzale Sozialista. En ese momento era un organismo formado por partidos políticos HASI, LAIA, la organización ASK y KAS Emakumeak.

[27] EHBN es el acrónimo de Euskal Herriko Biltzarre Nazionala o Asamblea Nacional Pueblo Vasco.

[28] ETA político-militar a principios de 1977 creo el partido EIA poniendo en práctica lo aprobado en su VII Asamblea. Actuaban en total coordinación y marcaban la línea política que tenía que llevar a cabo la marca electoral Euskadiko Ezkerra.

[29] Egido, José Antonio: Viaje a la nada. Principio y fin de Euskadiko Ezkerra, Txalaparta, Tafalla, 1993.

[30] El término bloque político-militar ha sido utilizado por diferentes investigadores e historiadores a la hora de englobar a las organizaciones EIA, EE y ETA pm.

[31] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): El No Vasco a la Reforma, 1º La consolidación de la reforma, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1979.

[32] Giacopuzzi, Giovanni: ETA. Historia política de una lucha armada 2ª parte, Txalaparta, Tafalla, 4ª edición, 2001.

[33] Eldiario.es, 27-1-2019