El secuestro de Pablo González. El precio del periodismo independiente

No corren buenos tiempos para la defensa de los derechos y libertades fundamentales en Europa Occidental. Derechos como los de libertad de expresión, manifestación o información llevan tiempo siendo cercenados de forma alarmante. No es que sea una cosa de anteayer, pues la degradación de la democracia de corte liberal se lleva produciendo desde hace décadas y, casualmente, los primeros pasos de esta deriva coinciden en el tiempo con la caída de los países de Europa del Este, al inicio de la década de los noventa. Cuando el capitalismo dejó de tener competencia pasó a enseñar su verdadera faz. La situación continuó acrecentándose después de los atentados del 11-S, recientemente la pandemia que hemos sufrido en los últimos dos años ha sido la excusa perfecta para continuar en esa dirección y ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania ha supuesto la última vuelta de tuerca en esa deriva de recortes de derechos.

Cualquier escenario siempre es bueno para que desde los gobiernos y las organizaciones supranacionales se cercenen derechos individuales y colectivos. En unos casos la excusa es salvaguardar la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Así lo empezamos a sufrir después de los atentados del 11-S, con ilegalizaciones de organizaciones políticas, al amparo de que todo podía ser terrorismo, con listas interminables de organizaciones que de la noche a la mañana pasaban a ser terroristas. En otros casos, escudándose en la seguridad sanitaria, como lo vivido durante la pandemia. Eso sí, en este caso, se viese como se viese, el recorte de derechos fundamentales fue arbitrario, y así lo pudimos comprobar a lo largo de los diferentes confinamientos que tuvimos en los dos últimos años. Derechos fundamentales como el de manifestación, se podían ejercer en función del barrio al que perteneciesen los manifestantes. Y ahora la guerra en Europa del Este está sirviendo para que los gobiernos europeos apliquen leyes pensadas para situaciones de guerra, pero sin estar en guerra, puesto que está localizada de forma muy nítida; es una contienda ente Ucrania y Rusia, y no pasa por las mentes de la  OTAN ni la UE la idea de formalmente ser parte directa en el conflicto.

Detrás de todo este recorte de derechos individuales y colectivos, lo que está habiendo es un intento de control de la disidencia política e ideológica, y para ello el paso fundamental que están dando los estados es la manipulación de la información. Esta tiene que llegar a la ciudadanía lo suficientemente cocinada para que cualquier parecido con la realidad sea pura coincidencia, pero que sirva a los intereses de los que dominan en los países occidentales.

En todo este deterioro de la salud democrática, los medios de comunicación son la herramienta perfecta para que el Poder pueda llevar a cabo toda esta estrategia, y el periodismo independiente se acaba convirtiendo en la mayor víctima. Los aparatos de los Estados se apoyan en los grandes medios de comunicación que pertenecen a los grandes grupos económicos para la defensa de sus intereses y los periodistas de esos medios no dejan de ser marionetas en manos de los que dirigen esos medios de comunicación.

En este ambiente de manipulación informativa, tienen que andarse con cuidado todos aquellos profesionales del periodismo que son independientes y que tienen un compromiso con la sociedad y con el derecho a una información veraz.

Desde que dio comienzo el conflicto entre Ucrania y Rusia los estados que forman parte de la OTAN y la UE están utilizando la información como el arma más importante para ganar la batalla ante la opinión pública, por lo que el derecho a la información ha pasado a mejor vida. Desde Occidente se ha criticado duramente la actuación del Gobierno ruso en esta materia, pero las diferencias entre ambas partes son más bien de matices. La prohibición de poder ver canales de televisión ruso en Europa occidental es una vulneración del derecho a una información plural. Da la impresión que sólo buscan el pensamiento único. Y con todo esto que acabo de exponer no  justifico la decisión de Putin de invadir Ucrania, pues son cuestiones diferentes.

En este conflicto no quieren testigos que cuenten las cosas que ven, porque la verdad pone en peligro los intereses de toda esa maquinaria montada para que la ciudadanía se forme una opinión en función de los intereses de los países occidentales y cuando hay algún periodista que su objetivo es informar al margen de los poderes mediáticos no deja de ser una persona molesta.

En esta situación se encuentra el periodista vasco Pablo González, que lleva más de 130 días secuestrado e incomunicado en una prisión de Polonia, bajo la acusación de ser espía ruso. Para denunciar esta situación y solidarizarse con el Pablo González, el pasado jueves, 7 de julio, se celebró en Euskal-Etxea de Madrid un acto en el que intervinieron personas de diferentes ámbitos[1]. También intervino mediante videoconferencia Oihana Goiriena, compañera de Pablo González.

Este caso está sirviendo para poder observar el grado de rusofobia que se está trasladando a la ciudadanía. El hecho que Pablo González tenga doble pasaporte, español y ruso, al ser hijo de uno de los niños de la guerra que acabó recalando en la URSS, que domine el ruso y sea un conocedor de los países de esa zona, habiendo estado como periodista en el Dombás, ha servido para estigmatizarlo desde el momento que se conoció su detención.

Del acto quisiera destacar algunas cuestiones que son importantes para poder entender el nivel informativo que se está dando en Europa occidental entorno del conflicto entre Ucrania y Rusia.

Desde la óptica jurídica el magistrado Martín Pallín definió esta situación como un secuestro judicial. La detención se ha producido en un país que no es parte directa en el conflicto, puesto que Polonia y Rusia no están en guerra. Se están vulnerado todo tipo de legislación y tratados europeos, que son de obligado cumplimiento en Polonia al ser miembro de la UE. Pablo González se encuentra en un régimen de incomunicación en el que se le ha prohibido tener un abogado de su confianza y tener una comunicación con su familia. Y dentro de esta situación la abogada Silvia Arribas denunció la pasividad del Gobierno español que se ha limitado a darle asistencia consular mediante tres visitas que le ha realizado el cónsul español. La UE en este caso está mirando para otro lado, sabiendo de las dudas que desde hace tiempo ha generado en este organismo la judicatura polaca.

Desde la óptica del derecho a la información, el panorama que describieron diferentes intervinientes del mundo del periodismo fue bastante negro. Las diversas intervenciones que se dieron en la sala tuvieron un denominador común: hicieron hincapié en la falta de solidaridad por parte de los profesionales del periodismo y la falta de sensibilidad que se vive en nuestra sociedad ante situaciones de este tipo.

El grado de abandono que está sufriendo Pablo González llega al extremo que si uno intenta buscar en Internet la única crónica sobre el acto es la que ha escrito Iñaki Alrui, para el digital LoqueSOMOS. Aquí os dejo el enlace de la crónica para quien esté interesado: https://loquesomos.org/desde-madrid-pablo-gonzalez-libertad.

El apagón informativo está funcionando a la perfección en una sociedad en la que se presume que es transparente. Y en palabras de la periodista Teresa Aranguren, nos encontramos en un contexto de pensamiento único.

Para finalizar, es de agradecer que el salón de actos de Euskal-Etxea de Madrid haya podido servir para ser un altavoz de la solidaridad con el periodista Pablo González, puesto que un acto de esta naturaleza no es lo más atrayente para muchos auditorios.


[1] Los intervinientes fueron Lola, del Colectivo de Madres contra la Represión, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, Ana María Pascual, periodista de Público, Silvia Arribas, abogada de la Asociación Libre de Abogadas y la periodista Teresa Aranguren.

Los papeles de Sísifo

El castigo que Zeus impuso a Sísifo fue tener que subir una enorme piedra a lo alto de una montaña y al llegar a la cima la piedra rodaba hacia abajo y Sísifo tenía que volver a subirla de nuevo, así una y otra vez.

El mito de Sísifo es la fiel imagen de lo que es un periódico. El castigo de un periódico es tener que empezar todos los días la ingente labor de construir una nueva edición. Un trabajo que empieza en el subsuelo y que cuando llega al cielo, vuelta a empezar, pero que puede ser mucho más duro y complicado si ese periódico es escrito en una lengua minorizada como es el euskera y tiene como finalidad la divulgación y defensa de la cultura que representa. En este caso el castigo se incrementa de forma exponencial, sobre todo cuanto desde los aparatos del poder lo estigmatizan con noticias intoxicadoras en las que se intenta criminalizar su actividad.

Con el título de “Los papeles de Sísifo”, la obra de teatro escrita por Harkaitz Cano Jauregi[1] y dirigida por Fernando Bernués nos traslada en el tiempo a los días que se vivieron con el cierre del periódico Euskaldun Egunkaria en febrero de 2003. Ambientada en esos días convulsos en los que se vivió el cierre del único periódico editado en euskera.

En ese contexto, la obra nos presenta esa lucha diaria por sacar adelante la edición de un periódico, las dificultades con las que convive y, en muchos momentos, la desazón que les produce a las personas que trabajaban en un proyecto de esta naturaleza. La obra se ocupa de tratar temas como la ética en el mundo del periodismo, la precariedad que existe en esta profesión y lo difícil que es hacer periodismo independiente.

A lo largo de la representación se irán planteando diferentes cuestiones íntimamente ligadas con el mundo del periodismo y en estrecha relación con el cierre del diario Euskaldun Egunkaria. El derecho a la información y la libertad de expresión dentro de un Estado democrático están en todo momento en primer plano, pero al hilo de esto, se va desarrollando la relación existente entre justicia, policía y periodismo. Un triángulo cuyo vértice más débil es el representado por el periodismo, lo que hace cuestionar la calidad del Estado democrático. Los diálogos entre la juez y la policía nos muestran la línea tan fina que existe entre colaboración y presión por parte de esta última. La separación de poderes se desvanece para quedar reducido a un término hueco.

El periódico Euskaldun Egunkaria fue clausurado el 20 de febrero de 2003 por el juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional del que era titular Juan del Olmo. Pasados siete años, la sección primera de la Sala de lo Penal dictó una sentencia en la que absolvió a la totalidad de los procesados. Los términos de la resolución fueron muy contundentes con los motivos que llevaron al procesamiento de las personas que componían su dirección[2]. Pero no menos contundente fue la sentencia en lo relativo a la clausura y cierre del periódico por parte del juez[3].

En la obra aparece la práctica de la tortura, como reflejo de las que sufrieron los detenidos del periódico Euskaldun Egunkaria. Son escenas duras, que sirven para aproximarnos a lo que vivieron los detenidos durante el periodo de incomunicación[4]. La falta de investigación de las torturas que sufrió el director del periódico, Martxelo Otamendi, fue motivo de condena por parte del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

A día de hoy Sísifo sigue subiendo la enorme piedra a lo alto de la colina encarnado en el proyecto que surgió después del cierre de Euskaldun Egunkaria, como fue el surgimiento del nuevo periódico en euskera: Berria. Otra pelea diaria por lograr que todos los días se publique un periódico en una lengua minorizada.

A lo largo de la interpretación se intercalan imágenes vividas en los días de los cierres del cierre entre las que sobresalen la manifestación en apoyo a los detenidos y al periódico. La más multitudinaria que se haya realizado en Donostia.

En una de las escenas, una vez que se ha producido el cierre del periódico y la detención de varios de sus miembros, los actores interpretan la recepción de mensajes de apoyo al diario. Uno de ellos es que el que en su día envío Luis María Anson, el que fuese director del diario ABC y posteriormente de La Razón, que curiosamente, estaba entre el público el día que asistí a la representación. Una persona que está en la antípodas ideológicas y políticas pero que es obligado reconocerle que cuando cerraron los diarios Egin y Euskaldun Egunkaria no tuvo dudas en posicionarse en contra de ambos cierres y a favor de la libertad de expresión sin matiz de ningún tipo.

La escenografía ha corrido a cargo de Ikerne Gimémez, que a su vez interpreta en directo con guitarra eléctrica la música que acompaña a la representación, lo que le da cierta calidez y ayuda a romper la tensión en algunas escenas.

La obra ha sido representada en algunas de las capitales vascas y durante las últimas semanas se ha podido ver en Madrid, en el teatro María Guerrero, habiendo ofrecido dos funciones en euskera con subtítulos en castellano. Uno de los días que realizaron la función, posteriormente hubo un encuentro con el equipo artístico. La última función en Madrid es el domingo 2 de mayo. A partir de esa fecha inicia una gira por diferentes poblaciones de Euskal Herria, con el deseo del equipo artístico que sea representada en otros lugares del Estado.


[1] Harkaitz Cano Jauregi: Escritor vasco que desarrolla su actividad literaria principalmente en euskera. En su trayectoria literaria ha publicado obras de diversos géneros, como poesía, narrativa, ensayo y literatura infantil, habiendo obtenido, entre otros galardones, el premio Euskadi de literatura en tres ocasiones.

[2] La sentencia al analizar las imputaciones que recaían sobre los acusados y la teoría del todo es ETA se expresa en los siguientes términos: “La estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por E.T.A. conduce, en el proceso penal, a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación […] En definitiva las acusaciones no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con E.T.A., lo que por sí determina la absolución con todos los pronunciamientos favorables. Pero, más allá de esto, tampoco se ha acreditado ni directa ni indirectamente que el periódico Euskaldunon Egunkaria haya defendido los postulados de la banda terrorista, haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas ni que su línea editorial tuviese siquiera un sesgo político determinado, esto último, además, no sería delictivo. Por el contrario, incluso los miembros de la Guardia Civil que comparecieron como peritos reconocieron que no se había investigado si la línea del periódico era o no de apoyo a E.T.A., lo que hace incomprensible la imputación.”.

[3] La sentencia en lo relativo al cierre del periódico manifiesta que “ El cierre temporal de un medio de comunicación impreso de periodicidad diaria como medida cautelar es de difícil encaje en nuestro ordenamiento Jurídico […] En el campo de la legalidad ordinaria, cuando se trata medios de comunicación, ninguna norma habilita de manera precisa y directa al juez para suspender provisionalmente su actividad, pareciendo insuficiente la cobertura del artículo 129 CP para decretar el cierre cautelar de un periódico, salvo quizás en supuestos excepcionales en evitación de nuevos delitos graves y cuando no sea posible otra medida menos gravosa, pues no estamos ante empresas o sociedades cualquiera, sino que se trata de medios de comunicación que desarrollan una actividad imprescindible en una sociedad democrática al ser el vehículo para el ejercicio de derechos fundamentales básicos de los ciudadanos […] La suspensión provisional no tiene cobertura constitucional directa, pues en la Constitución solo se regula el secuestro como injerencia de los poderes públicos en la actividad de publicaciones y otros medios de información, medida que exige una resolución judicial motivada, protegiendo así los derechos relacionad […] De entre las diversas formas y modos de injerencia en la libertad de prensa, el cierre supone la mayor restricción, la suspensión o cancelación radical de todos los derechos relacionados con la emisión y recepción de información y opinión, de manera sistemática, afectando masivamente a derechos e intereses de múltiples personas -editores, profesionales de la información, escritores de prensa, colaboradores, suscriptores, lectores habituales y esporádicos- y de la propia sociedad. Por lo tanto, el cierre provisional o cautelar de Euskaldunon Egunkaria, único diario que existía en euskera, no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal especial y expresa que la autorizara. Por otro lado, el art. 129 del código penal, pudiera ser una cobertura incierta e insuficiente porque un periódico diario no admite, como decimos, ser considerado como una empresa cualquiera, además de que la aplicación de esa norma en el sentido indicado puede estar resucitando la vigencia del art. 21.1 LO 9/1984 que fue expulsado del ordenamiento jurídico por el Tribunal Constitucional.

”.

[4] En lo referente a las torturas la sentencia se expresa en los siguientes términos: “En la valoración de las declaraciones de los procesados tiene especial relevancia que las denuncias de estos sobre malos tratos y torturas sufridos durante la detención incomunicada –que fueron relatadas con detalle en la vista oral y antes ante el instructor y objeto de denuncia en los tribunales- son compatibles con lo expuesto en los informes médico-forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detención, si bien el Tribunal no puede llegar a conclusiones jurídico penalmente relevantes sobre el particular salvo constatar que no hubo un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de la incomunicación”.