La alternativa republicana. Un ejercicio de higiene democrática

Realizar una propuesta republicana en el Estado español debería de situarse dentro de la normalidad democrática, pero, hoy en día sigue siendo un ejercicio complejo, al seguir estigmatizada por algunos sectores de la ciudadanía, al percibirla como una propuesta de la izquierda rupturista que siempre tuvo un tono crítico con la Transición y con lo que vino de la mano de ésta: el régimen del 78.

El pilar en el que el régimen del 78 tenía previsto sustentarse era la Constitución y dentro de ese pack venía incluida la monarquía, institución que el dictador ya se había encargado de recuperar como forma de gobierno a través de la Ley de Sucesión que fue aprobada en 1947, reservándose la potestad de nombrar al futuro monarca. Cuando entendió que era el momento, designó al que sería el futuro rey y el nuevo régimen surgido de la Constitución del 78 no solo no puso reparo alguno a dicho nombramiento, sino que acabó por encumbrar a la monarquía como vértice superior de la pirámide del régimen. La estrategia del régimen era que no hubiese posibilidad de elección, el todo o nada.

Al hablar de república a uno le viene a la mente las dos experiencias que ha habido a lo largo de la historia y que tienen como denominador común el intento de modernizar el Estado español para asemejarlo a los países europeos de la época, pero sucumbieron a los ataques que recibieron desde el primer momento por las élites existentes, más preocupadas en salvaguardar sus privilegios e intereses económicos que en el avance de la sociedad del momento.

Desde que accedió al trono el rey Juan Carlos I la llama republicana ha estado siempre encendida, aunque durante bastantes lustros no haya tenido la suficiente intensidad para abrir un debate en la población. Pero en los últimos diez años las tornas han ido cambiando y desde hace tiempo la institución monárquica no pasa precisamente por sus mejores momentos y es que se han vivido situaciones que han deteriorado su imagen hasta el extremo que hace algunas décadas esta circunstancia hubiera sido inimaginable.

En toda esa vorágine de escándalos de corrupción en los que el epicentro está siendo la monarquía representada por quien ha sido figura visible en los últimos cuarenta años, Juan Carlos I, pero sin olvidar a otros miembros destacados de la Corona, me parece interesante traer aquí el libro  “La alternativa republicana” de Hugo Martínez Abarca (Editorial Catarata), publicado en junio de 2021. Es un ensayo en el que su autor realiza un repaso histórico de los últimos cuarenta y cinco años y para ello desarrolla su trabajo bajo los siguientes ejes: la figura de los dos monarcas que ha habido durante ese periodo, examina la construcción del mito de la Transición y la corrupción que ha inundado las estructuras políticas y económicas del régimen del 78.

Antes de pasar a comentar el libro, no quisiera pasar por alto el prólogo realizado por Luís Alegre. En un libro de estas características, en el que se hace un relato de las últimas cuatro décadas, realiza algunas reflexiones que merece la pena tenerlas presente, como qué es el patriotismo y en lo que lo han convertido todos aquellos que diariamente utilizan ese término como arma arrojadiza.

Al hablar de la monarquía, Luís Alegre lanza algunas preguntas que a lo largo de este libro encontraremos las respuestas. Se pregunta “si la monarquía tiene más poder que el que nos imaginamos”, algo que no se recoge en ningún texto legal, y va más allá cuando se pregunta “si es la piedra angular desde la que se articula y constituye la arquitectura de las élites”. Luís Alegre quizá realiza una de las mejores definiciones de lo que es la Corona al decir que “es símbolo de la unidad y permanencia de una arquitectura de élites dispuestas a bloquear cualquier opción de progreso allí donde despunte en los más mínimo”.

Hugo Martínez Abarca, a la hora de realizar el relato de estos últimos cuarenta y cinco años, divide el libro en tres bloques en los que narrará como se ha ido moldeando y retorciendo el relato de la Transición (lo que el autor denomina “la construcción del mito de la Transición”), la deriva de la monarquía a lo largo de este periodo, para finalizar tratando de enfocar lo que debe de ser hoy en día una alternativa republicana. Y todo el relato va acompañado de algo que ha sido el santo y seña de la monarquía española y de las élites económicas y políticas: la corrupción estructural, siendo la monarquía la cabeza más visible.

Todo proyecto de cambio necesita tener un nombre y para el autor no hay otro que el de república, un nombre que “representa una ruptura con el pasado”, pero ello exige “eliminar muchísimas connotaciones hoy asociadas en España a la república y enriquecerla con connotaciones más compartidas, modernas y esperanzadoras”. Y es en este aspecto donde este ensayo supone una ruptura con la defensa que se hace de la república desde la izquierda. En palabras de Hugo Martínez Abarca, la propuesta republicana “pasa por hacer de la república una imagen de un proyecto popular y democrático” que englobe la modernidad, la justicia, la ecología, el feminismo y que sea europeo.

La “vinculación simbólica y emocional” de la república con la izquierda española es el principal impedimento que tiene este término para poder ser el nombre del cambio en España. Por ello plantea una alternativa no sólo republicana para España, sino también al tipo de republicanismo. Porque si en innumerables ocasiones los acérrimos defensores de la monarquía son quienes más la empujan al abismo, “la república como bandera de la izquierda imposibilita su emergencia como motor del cambio de país”. La II República, anhelo histórico de la izquierda, pertenece a un tiempo histórico diferente al que vivimos en la actualidad y la llegada de una república solo puede lograrse si se da un movimiento que englobe a la mayor parte de la ciudadanía.

La primera parte del ensayo, bajo el título “formación del espíritu de la Transición”, es un repaso de lo que fue realmente la Transición y la posterior idealización de esta etapa, mediante la creación de un relato. El autor cuando habla de este periodo lo realiza en los siguientes términos: “Cuando hablamos de la Transición (con mayúsculas) en realidad hablamos de un relato a medio camino entre lo místico y lo épico que se construyó muchísimo después, básicamente entre 1995 y 2002 “.

Trata algunas cuestiones de todo ese periodo como el tan idolatrado “consenso”. Una palabra que formaba parte de la retórica de la Transición. Hugo Martínez Abarca realiza un análisis crítico a este concepto y en lo que se ha convertido. Pues el consenso “dificulta todo cambio” y “la justicia nunca se conquista por gracioso acuerdo con quien se beneficia de la injusticia”, todo lo contrario que la democracia pues una de las virtudes consiste en ser la herramienta para gestionar las diferencias existentes en una sociedad plural. Una de las características de la democracia, es que “canaliza de forma pacífica y legítima los disensos”. Pero el consenso ha acabado transformándose en “derecho de veto” de los sectores más inmovilistas a la hora de poder realizar cualquier cambio que reclama la sociedad.

Para el autor, la sacralización de la Transición ha sido un instrumento de gran utilidad para el “conservadurismo” tanto de izquierdas como de derechas, pues ha servido para impedir cualquier tipo de cambio y ha impedido solucionar problemas que se arrastraban desde el inicio de este período.

Sin embargo, para Martínez Abarca, la cultura política de la Transición llegó a su fin con la llegada de Aznar pues antepondrá el partido al Estado, llegando a usar “el llamado constitucionalismo, la Transición y el 78 como identidad propia”.

Explica de forma sucinta las dos diferentes etapas de lo que fue el periodo de Aznar en el Gobierno. Una primera en la que ensalza a Azaña, como intelectual y político por su labor para “construir en España una democracia moderna e ilustrada” y a Cánovas como “demócrata moderado y con sentido de Estado”. La segunda etapa fue la que se vivió durante su segunda legislatura en la que gozó de mayoría absoluta. Desarrolla el cambio radical de discurso que se da a partir de ese momento, impulsando el revisionismo histórico, haciendo un nuevo relato de la Transición con la finalidad de acometer “una construcción ideológica usando la idea del patriotismo constitucional y retorciéndola hasta hacerla sinónimo de nacionalismo español”.  El régimen del 78 se “definía por dos valores: unidad de España y monarquía”. Y lo más grave de este discurso era que todo aquel que se saliera ni era constitucionalista y ni era demócrata. Toda esa etapa se convierte en lo que Martínez Abarca llama “autoritarismo liberal”. Es la época en la que se da un recorte de libertades políticas en nombre de la lucha contra ETA, hasta llegar a construir una teoría de que “todo lo que no sea PP es susceptible de ser ETA”.

Para el autor, la cultura de la Transición ha sido derrotada, sobre todo con la llegada del 15M, pero lo que no ha sido derrotado hasta la fecha es el régimen del 78, pues las instituciones han sobrevivido a todos los movimientos que han puesto en tela de juicio la política de las últimas décadas.

La segunda parte del libro, sin duda, entra a fondo con la institución monárquica. El hecho que a partir de 1995 se fuera haciendo un relato de la Transición cada vez más restrictivo, lo convertía en algo cada vez más excluyente, pero también su aislamiento era mayor, hasta llegar un momento que cada vez más personas se ubicaban más lejos de lo que representaba Transición y el régimen del 78.

En el ensayo se va recogiendo una serie de factores que van haciendo perder legitimidad democrática a la monarquía, entrando en una deriva en la que cada vez menos españoles se sienten representados por esta institución hasta llegar el momento en el que Juan Carlos I se ve obligado a abdicar.

El autor destaca la fragilidad actual de la monarquía al tener “dos gravísimos problemas, el generacional y el territorial”, debido al rechazo que suscita esta institución entre los nacidos en democracia y los nacionalistas vascos y catalanes. Y eso le hace tener “un problema de futuro”. Pero incide en el factor generacional como “el más estructural a largo plazo”.  Esto se ve reflejado en las diferentes encuestas y estudios que se han realizado sobre la institución.

Hace una defensa por la que los republicanos no pueden esperar a que la monarquía caiga con el paso del tiempo gracias al crecimiento de su rechazo. La propuesta republicana tiene un recorrido importante en la regeneración democrática, teniendo presente las dudas que pueden surgir en muchos ciudadanos a la hora de sumarse a la opción republicana pues el hecho que la monarquía tenga un rechazo no es sinónimo que la alternativa sea aceptada.

Repasará los negocios ilegales del emérito, su conexión con el tejido empresarial español, como desde el inicio de la Transición “el Estado se ponía al servicio de los negocios corruptos de Juan Carlos I” y como llegado el momento entrará en esta ecuación el Parlamento, gracias a los partidos que sustentan el régimen (PSOE, PP, Cs y VOX), para hacer saltar por los aires los principios del Estado de derecho. De hecho, el autor lo describe diciendo que “la protección al monarca hacía retorcer (vulnerar) la legalidad hasta el extremo que hacían pensar que de una monarquía parlamentaria estábamos pasando a un parlamento monarquizado”. Todo ello ha creado un ambiente para que la corrupción se haya institucionalizado. Un efecto dominó que tiene su origen en la cúspide de la pirámide del Estado y que se ramifica por el resto del poder político y económico. Para ello aportará una serie de casos de prácticas corruptas, algunas de dominio público y otras que han podido pasar más desapercibidas para gran parte de la opinión pública.

Si para el autor “lo mejor que podía pasar a la monarquía para no ser cuestionada es pasar desapercibida, formar parte del paisaje”, la monarquía empieza a salir de la irrelevancia política para tomar partido en cuestiones de carácter político. El caso más grave y con mayor repercusión que recoge el ensayo es el discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, a raíz de la movilización soberanista que se dio en Catalunya con motivo del 1 de octubre. Rompe con el papel que había tenido la monarquía de 1978 para “tomar partido de forma beligerante con una posición que no era unánime” en el conjunto de la sociedad. Y en este tema quiero rescatar la reflexión que realiza Luís Alegre en el prólogo de este ensayo, al señalar que es “la quiebra definitiva de la legitimidad monárquica” al renunciar a su función moderadora y arbitral. El hecho que se haya posicionado en este tema y guardar silencio sobre otros temas le acaban dejando en evidencia. Y sin ir más lejos, estos días el rey ha vuelto a actuar de parte al no informar a todos los partidos sobre su patrimonio, limitándose a informar a los que sustentan el actual régimen. A dado la espalda una parte muy importante de la ciudadanía para hacer política sin tener legitimidad alguna.

El ensayo también recoge dos momentos en los que la monarquía toma partido para “consolidar los factores culturales e ideológicos más conservadores, tradicionalistas y ligados al catolicismo”. Uno es la entrevista que Pilar Urbano hizo en 2009 a Sofía, en la que “destapa los planteamientos más reaccionarios de la reina frente a los avances que estaba dando la sociedad española”, posicionamientos que en muchos casos ni la extrema derecha los lleva al extremo de los planteamientos de la emérita.

El otro es el acto de nombramiento de príncipe de Asturias, tanto cuando fue nombrado Felipe de Borbón, como cuando ha sido nombrada su hija Leonor. Dos discursos similares, llenos de valores tradicionalistas cristianos en los que la nación española está unida al cristianismo y a la lucha contra los musulmanes que nacieron y vivieron en la Península Ibérica, señalándolos como enemigos invasores.

La tercera parte del ensayo, que titula “el emperador está desnudo”, la inicia haciendo un símil entre el traje del emperador y la Transición, pues cualquier parecido del relato con la realidad es pura coincidencia. Martinez Abarca continúa con un rápido repaso de la crisis de 2008, el colapso del sistema financiero, el saqueo de las cajas de ahorros, siendo el Estado el que financió todo el desastre, pero pagando un alto coste los trabajadores, siendo el recorte de derechos laborales una de las herramientas más utilizadas. Pero donde hace una parada importante es en lo que denomina “tres fotos de familia”: El Escorial, en referencia a la boda de la hija de Aznar, pues fue la foto de la Gürtel, Bankia, para explicar lo que supuso esta entidad financiera en la compra de voluntades de políticos de la oposición e Iñaki, para hablarnos de la corrupción de la Casa Real, a través del yerno del rey y sobre el que hubo un procedimiento judicial con condena.

Se adentra en lo que supuso el 15 M. Esa nueva generación que ponía en tela de juicio la Transición, el bipartidismo, la apelación a una “democracia real” y que se posicionaba en contra de las elites políticas y económicas. Ese discurso que recogió Podemos en su primera etapa basado en dos conceptos: la denuncia de las élites y el antagonismo entre los de abajo frente a los de arriba. Al analizar toda esta etapa, se adentra a exponer la evolución que se dio en Podemos, desde su nacimiento como herramienta que nace como la maduración del 15M. Si el Podemos inicial era una expresión política necesaria, puesto que la no participación en política era regalar las instituciones a las élites que habían controlado todo hasta la fecha, hay un posterior abandono de ese “discurso innovador, rupturista y transversal heredado del 15M”, para recuperar el discurso de la izquierda clásica, utilizando la república como eje aglutinador de la izquierda.

Sin duda, esta es la parte más herética del libro, pues junto con algunos argumentos que realiza en la introducción, es donde construye un discurso que rompe con la tradición republicana existente y Martínez Abarca lo expresa en los siguientes términos: “la república como bandera de la izquierda imposibilita su emergencia como motor del cambio de país”. Aboga por una república incluyente, defensora de los derechos y libertades más avanzadas, contrapuesta a la corrupción y enemiga de las élites. Una república despojada de “tradiciones identitarias políticas del pasado”. En esta línea trata el tema de los símbolos y, en concreto, el de la bandera, que entiende que la ve más como la representación de la nostalgia que de la esperanza republicana.

Reivindica la modificación del imaginario colectivo, para desterrar los episodios más reaccionarios de la historia, para unir la lucha por la república con una serie de acontecimientos históricos dignos ser tenidos en cuenta. De todos ellos voy a enumerar únicamente tres: El modelo federal de la I Republica Española de la mano de Pi i Margal,  la solidaridad internacional reflejada en las Brigadas Internacionales y la aportación a la lucha antifascista durante la II Guerra Mundial.

El ensayo de Hugo Martínez Abarca es una aportación que podrá tener detractores dentro del espacio republicano, pero que es necesaria tenerla en cuenta si se quiere construir un discurso que sirva para atraer a todas aquellas personas que ven a la monarquía como el mayor obstáculo para lograr una transformación pero les falta dar el paso para percibir a la I Republica del siglo XXI como un ejercicio de higiene democrática.

La alternativa republicana
La alternativa republicana. Editorial Los libros de la Catarata

La miseria moral de Occidente

En primer lugar, como cuestión preliminar, y viendo que al tratar el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha aumentado la sensibilidad de la opinión pública hasta el extremo que si uno hace un comentario o análisis crítico acerca de una de las partes en conflicto ya se le acusa de estar a favor de la otra, voy a dejar claras algunas cuestiones.

En primer lugar, estoy en contra de todo tipo de agresión, militar o de otra naturaleza, a cualquier país soberano, por eso me parece una aberración la carrera armamentística de las grandes potencias mundiales que sólo tiene una finalidad: la defensa de los intereses económicos de las élites de los países contendientes. Las guerras son un instrumento del capitalismo para acumular más riqueza y para ello, utilizan el nacionalismo más reaccionario para enfrentar a unos pueblos contra otros, siendo estos los que ponen los muertos en todo conflicto. Y quien sufre las consecuencias es, como siempre, la población civil. Y por supuesto, estoy en contra de los que exportan la guerra lejos de sus fronteras con la finalidad de obtener grandes beneficios para sus empresas armamentísticas.

Por todo lo que acabo de exponer, estoy en contra de todas las agresiones y guerras que se han dado o se dan a lo largo del planeta, que por cierto, en la actualidad hay algo más de una docena de ellas y de las que no se habla. El hecho de que la guerra se esté produciendo en Europa no lo hace más grave que cuando ocurre en otras regiones del mundo.

En el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania también voy a hacer una consideración preliminar. El conflicto no se ha iniciado el pasado 24 de febrero con el ataque de Rusia a Ucrania y su invasión. El conflicto lleva produciéndose desde 2014, con alrededor de 14.000 muertos en la zona del Dombás. Si bien es cierto que hay muchas personas que teniendo conocimiento de esto, curiosamente han entrado en un estado de amnesia para poder mantener en este momento un discurso bélico acorde con los dictados de EEUU, la OTAN y ese títere de los EEUU que es la Unión Europea.

Dicho todo esto, son innumerables los temas que se pueden tratar entorno a este conflicto, pero el que en este momento me preocupa es la miseria moral de Occidente en esta conflagración, que se puede englobar en las siguientes cuestiones: política de refugiados, política de sanciones, vulneración del derecho de información y blanqueo de regímenes que no cumplen los estándares de las democracias liberales.

No ha sido necesario que hayan pasado más de dos semanas desde que el Ejército ruso iniciara la ofensiva contra Ucrania para volver a constatar una vez más la mezquindad de Occidente con la colaboración inestimable de la gran mayoría de los medios de comunicación, pues no hay cuestión que afecte a este conflicto que no esté bajo los efectos de la manipulación política y/o informativa.

Occidente en general y Europa en particular, representan en estos momentos la mayor de las miserias y cada día que pasa logran superarse. A lo largo de las dos décadas que hemos consumido de este siglo, los países occidentales han llevado la guerra a diferentes zonas del planeta, en algunos casos de forma directa, como fueron las invasiones de Afganistán, Irak y los bombardeos a Libia, o de forma indirecta, apoyando a algunos países o grupos terroristas para derrocar a gobiernos que no eran de su cuerda o que eran un estorbo para sus intereses en la zona, como son el caso de las guerras en Siria y Yemen.

EEUU, en colaboración con los países que forman la OTAN y la UE, ha exportado destrucción y muerte para millones de personas inocentes que veían como de la noche a la mañana lo perdian todo, convirtiendo su vida en un infierno, siendo su única salida la huida y el abandono de su país. La situación actual de Ucrania es similar a la vivida en Siria, Libia, Iraq, Afganistán o Yemen. Mención especial tiene la cobertura que proporciona Occidente a las políticas belicistas del Estado de Israel para atacar al pueblo palestino y los países de su entorno, especialmente Siria. Es la típica guerra que se encuentra junto a nosotros, como el que tiene una jaqueca crónica que llega un momento que pasa a ser como algo connatural a esa persona. Eso sucede con la situación de los palestinos. Una situación sangrante en la que Occidente mira para otro lado, pues no se puede disgustar a Israel.

Las imágenes de destrucción y de personas huyendo que estamos viendo estos días son similares a las de cualquiera de los conflictos que he enumerado. Lo que cambia es que las personas que en Ucrania lo están sufriendo son blancos, rubios, no tienen la tez morena ni son negros, profesan la religión cristiana, van vestidos con ropa occidental de las mismas marcas que por estas tierras se consumen y llevan consigo un móvil de última generación. Y todo esto no es cuestión menor, pues casualmente en cuanto estalló este conflicto, la celeridad demostrada por los gobiernos de la UE ha sido inimaginable. No tardaron ni 48 horas en ponerse de acuerdo para aprobar el status de refugiado para todo aquel ucraniano que entrase en un pais de la UE, vamos, todo lo contrario de lo que ha sucedido en otras crisis humanitarias promovidas y provocadas por ese tridente formado por EEUU, la OTAN y el tonto útil que es la UE. Ello ha venido a demostrar que existen refugiados de primera y de segunda. Se critica a la extrema derecha, pero se acaba actuando como ella. La bajeza moral ha llegado hasta el extremo de diferenciar a las personas que huían de Ucrania entre los que eran nativos de este país y los que habían recalado en él como consecuencia de la huida de otros conflictos, como los procedentes de Siria o Afganistán. Si la actitud con la inmigración ucraniana la comparamos con el trato dado a lo largo de estos últimos días a las personas que saltaban la valla en Melilla, la comparación es insultante. Estos últimos eran recibidos a porrazo limpio. Eso con el gobierno más progresista de la historia. No quiero ni pensar cómo serán recibidos cuando VOX gobierne.

En relación a la acogida a los refugiados me parece impresionante el gesto de solidaridad de la sociedad europea volcándose en acoger a los refugiados ucranianos, dando ayuda de todo tipo, personas que han cogido una furgoneta y se han ido a traer familias para acogerlos en sus casas. Pero, como he mencionado anteriormente, en las dos últimas décadas ha habido varias crisis humanitarias provocadas por los países occidentales y, en el mejor de los casos, ha habido sectores de la población que han dado un apoyo, pero ni mucho menos ha tenido la misma magnitud, y ha estado sujeto a la crítica constante de los partidos de derecha europeos. Esto en el Estado español lo sabemos muy bien, el trio de Colón en su conjunto ha estado en contra de cualquier acogimiento a inmigrantes, aduciendo del peligro que generaba el efecto llamada. Ahora parece que no hay riesgo de que se produzca el tan temido para la derecha efecto llamada y toda solidaridad es poca. La conclusión es que la doble vara de medir de la clase política europea ha sido asimilada por la sociedad. Y con esto en absoluto critico la solidaridad desplegada durante estas últimas semanas, sino que echo en falta que se actúe de la misma forma cuando se dan situaciones similares en otros conflictos, con el agravante que su origen se encuentra en las injerencias políticas y militares de los países de occidentales. Hasta en la solidaridad hay un poso de xenofobia.

La política de sanciones que aplica Occidente no deja de ser una forma arbitraria de imponer su hegemonía. Su finalidad no es tanto la democratización ni el respeto de los derechos humanos en los Estados a los que se les aplica cualquier medida de esta naturaleza, sino que sigan los dictados de EEUU y de la UE. A la hora de imponer sanciones económicas a un Estado las grandes potencias tienen presente los beneficios o perjuicios económicos y geoestratégicos que la decisión generaría. En función de esto se blanquea al régimen de turno, sin perjuicio que sea una dictadura feudal, caso de las monarquías feudales del Golfo Pérsico con Arabia Saudita a la cabeza, un Estado genocida, al estilo de Israel con el pueblo palestino o Marruecos con el pueblo saharaui. A ninguno de estos países se les ha impuesto sanciones económicas. Y habría que preguntarse ¿y por qué ahora a Rusia? Porque el régimen ruso no ha engañado a nadie en los últimos 30 años. Ha practicado la represión contra la prensa y la oposición hasta el punto de llegar a envenenar, asesinar o encarcelar a ciudadanos rusos, practicó atrocidades durante las dos guerras de Chechenia y durante todo este tiempo la Comunidad Internacional nunca tomó medidas de calado, se ha limitado a protestar y nunca se han puesto en tela de juicio los procesos electorales rusos sobre los que ha habido algo más que indicios de fraude.

Ahora, como la cosa en materia energética se complica, el guardián de las esencias democráticas, EEUU, ha dado un paso más en su falta de ética y por cuestiones crematística no ha dudado en tocar la puerta de Venezuela y de intentar normalizar las relaciones. Después de haberlo demonizado y de haber aplicado un embargo económico que lo ha sufrido todo el pueblo venezolano ahora da un giro de 180 grados. Partiendo de la premisa que Venezuela es un Estado soberano sobre el que no debe de haber ninguna injerencia extranjera, el viraje de los EEUU es una muestra más de la falta de toda moral en materia de derechos humanos.

Otro tema que es muy preocupante es que la vulneración del derecho de información es una constante en una guerra y esta no está siendo una excepción. Entiendo que para la inmensa mayoría de los medios de comunicación de Occidente debe de ser casi imposible escribir desde unos parámetros de imparcialidad, rigor y profesionalidad sobre las innumerables cuestiones que afectan al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Su relación de dependencia con los grandes grupos económicos y de poder político les lleva a ubicarse en el bando del poder. Por tanto, nada podemos esperar de su labor, pues va dirigida a apuntalar a los prebostes políticos y económicos.

Es muy preocupante que en lo relacionado con la información se esté viviendo un auténtico estado de excepción. La decisión adoptada por los países de la UE de prohibir la emisión de canales de televisión rusos es una vulneración del derecho que tiene el ciudadano a elegir donde se quiere informar y de tratarnos por tontos. Que este tipo de prácticas se den en Rusia, un país donde los derechos fundamentales se encuentran diariamente vulnerados, es algo esperable, pero que lo haga la UE es muy preocupante, como lo es que el reportero vasco Pablo González se encuentre encarcelado en Polonia acusado de espionaje, sin que a día de hoy hayan aportado prueba alguna. Ante esta vulneración del derecho de información la UE mira para otro lado. Debe de ser que no quieren testigos incómodos.

A lo largo de estas semanas se ha podido observar cómo los medios de comunicación españoles han intentado desnaturalizar algunos hechos que se han producido en los últimos ocho años en Ucrania. Comprobar como han intentado lavar la cara del régimen ucraniano surgido del Euromaidán[1] en cuestiones como la quema de la casa de los sindicatos en Odessa por parte del grupo paramilitar de ideología neofascista Sector Derecho, partidario del Gobierno ucraniano, donde murieron más de cuarenta personas que se habían refugiado en ese edificio para protegerse de las agresiones de estos grupos, la inclusión en el ejército regular ucraniano de todas estas unidades paramilitares neonazis o la ilegalización de los partidos comunistas de Ucrania son una muestra de la labor que está realizando la prensa. Además de poca profesionalidad, no han dudado en alinearse con una de las partes enfrentadas, en vez de ser rigurosos a la hora de informar.

Da la sensación que la UE se siente más cómoda con medios de comunicación que blanquean a organizaciones nazis y fascistas a través de la cobertura informativa que les están proporcionando. Tanto en televisión como en la prensa escrita han aparecido entrevistas a miembros de grupos fascistas que se han apuntado de voluntarios para alistarse en los regimientos nazis que hay en Ucrania, como es el Regimiento Azov (grupo paramilitar nazi ucraniano que ha sido integrado en el ejército de este país). Lo cuál no deja de ser un blanqueamiento político del actual régimen ucraniano, que no es que haya brillado por la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos.

Esto último me sirve para enlazar con la última cuestión que es la relativa al blanqueo por parte de Occidente de los regímenes que no cumplen con los estándares de las democracias liberales y un ejemplo es el régimen ucraniano. Las políticas de las democracias occidentales vienen a demostrar que no tienen ningún interés en que países como Ucrania se conviertan en democracias donde se garanticen los derechos civiles y políticos de la población y se respeten los derechos humanos, entre otros de las minorías existentes. EEUU y sus socios están más preocupados por la geopolítica para la defensa de sus intereses y lo de la democracia y los derechos humanos se queda en pura retórica.


[1] Euromaidán: Revolución que se produjo en Ucrania en 2014.

La izquierda española está en bucle

Parece que la izquierda española sigue instalada en su particular bucle y no tiene mucha intención de salir de él. Siempre que tiene un fracaso electoral se habla de abrir un proceso de reflexión para conjurarse y salir de la deriva en la que se encuentra desde hace tiempo, pero la realidad es que desde 2016 es incapaz de superar esta tendencia en la que se ha instalado.

La situación ha pasado de ser preocupante a, si se me apura, dramática, puesto que el reloj corre en su contra. El calendario electoral se le va echando encima y se me antoja un tanto complicado que sea capaz de salir de la tormenta que tiene encima. No hay territorio, comunidad autónoma o nación del Estado español en la que no haya tenido un fracaso electoral.

A todo esto, hay que añadirle que la extrema derecha empieza a ver reflejados sus resultados de las elecciones generales de noviembre de 2019 en las CCAA donde se han realizado elecciones, como es el caso de Castilla y León. Y parece que algunas élites pensantes de la izquierda española, para tapar los fracasos propios y evitar buscar respuesta a sus problemas, han puesto el foco en el peligro que supone la extrema derecha, actitud que no es nueva, y algunos se han metido en la espiral de siempre; que si un cordón sanitario para aislar a la extrema derecha, que hay que blindarse contra VOX, etc… En relación con esto, ha habido una catarata de análisis en medios de comunicación digitales del espacio de la izquierda, así como en redes sociales, en las que se analiza el fenómeno del ascenso de la extrema derecha, pero echo en falta una crítica profunda sobre lo que le sucede a la izquierda estatal. Es lo de siempre, más preocupados por los demás que por los problemas propios. Y ahora con los enredos existentes en el PP, estamos todos más pendientes del adversario que de corregir la deriva que se vive en nuestra casa.

Ante esta descomposición de la izquierda que se está viviendo, a mí me vienen a la mente algunas preguntas-reflexiones de lo más sencillas.

¿Cuál es el problema que se da en la izquierda? ¿su caída se debe al crecimiento de la extrema derecha o es producto de sus propios errores? O dicho de otro modo ¿No será que el crecimiento de la extrema derecha es consecuencia de los errores de la izquierda? Entonces ¿No sería lo lógico profundizar donde falla la izquierda y preguntarse por qué mucha gente que votaba esta opción ahora le ha dado la espalda? Lo que está claro es que esos ciudadanos que no hace tanto tiempo votaban a la izquierda nacida del 15M no se han esfumado por arte de magia. Siguen en el mismo lugar donde se encontraban hace unos años, pero han dado la espalda a la izquierda surgida del 15M para vaya uno a saber si se han ido a la abstención, por sentirse defraudados o, por el contrario, se han dejado seducir por ese discurso de la extrema derecha.

En la izquierda siempre ha flotado esa actitud en la que cuando se cosecha algún fracaso se mira con cierta superioridad intelectual a ese votante que por su condición socioeconómica debería de ser un voto fiel de la izquierda y, en cambio, vota opciones diametralmente opuestas. ¿Alguna vez hemos pensado si el problema radica en nosotros?

Para buscar respuestas a la crisis en la que está sumida la izquierda quizá haya que recurrir a análisis sencillos y no perderse por las ramas. Voy a exponer de forma somera algunas pequeñas ideas al respecto para que luego cada cual saque sus propias conclusiones.

Si un gran porcentaje de votantes han dejado de votar a la izquierda es porque el grado de satisfacción ha desaparecido y/o porque no ha cumplido con las expectativas creadas. Este es un mal endémico en la izquierda. Cuando llega al poder le cuesta tremendamente tomar iniciativas de calado, se pierde en grandes discursos. Luego esas decisiones que toma llegan tarde y mal al BOE, y algunas veces ni llegan. Se quedan en auténticos brindis al sol. 

Tiene una grandísima incapacidad de legislar para revertir las políticas que realiza la derecha. Y lo voy a resumir en dos temas de sobra conocidos: el fracaso de la derogación de la reforma laboral, pues sólo se ha derogado una parte minúscula de lo que aprobó la derecha cuando gobernó y la Ley Mordaza, que vuelve a ocurrir lo mismo que con la reforma laboral. En el caso de la Ley Mordaza, hasta tal punto es preocupante, que ha tenido que llegar el Consejo de Europa para solicitar que realicen una reforma de calado para adecuar la legislación española a los estándares democráticos y equipararla a las normas europeas e internacionales de derechos humanos. Que después de dos años de gobierno tenga que venir un organismo internacional y te diga eso, no cabe duda que algo falla en una acción de gobierno que se define como progresista y/o de izquierdas.

Es muy preocupante que después de algo más de dos años de gobierno hayan sido incapaces de sacar adelante la ley de vivienda, que ha ocasionado continuos enfrentamientos entre los socios de gobierno, la ley del “solo si es si”, la Ley de Memoria Democrática y la reforma fiscal, y por lo que respecta a la nueva Ley de Universidades ni está ni se la espera a corto plazo. El anterior ministro de Universidades Manuel Castells, que pasó con más pena que gloria por el ministerio de Universidades, lo que logró es poner en pie de guerra a toda la comunidad universitaria, sobre todo al alumnado de la universidad pública, llegando a organizarle una huelga en otoño pasado.

De la situación de Catalunya poco o nada hay que añadir. Este Gobierno está dando largas a sentarse con el Govern en la mesa de diálogo y lo apuesta todo a las disensiones entre los partidos que forman el bloque independentista. No tiene interés alguno en abordar este tema. Actúa en clave electoral y quiere evitar la pérdida de votos en otros territorios ¿no sería más lógico que hiciera una política didáctica en el resto del Estado explicando que la cuestión de Catalunya se resuelve dialogando, con más dosis de democracia y escuchando a la opinión de la ciudadanía catalana?

Si todo esto es grave, lo es mucho más ver cómo esta semana el PSOE se ha unido a PP, VOX y Cs para tumbar las propuestas de reforma fiscal pactadas por UP con los socios de investidura. El PSOE puede votar tranquilamente junto con la extrema derecha sin inmutarse. Eso sí, en los días previos a la votación de la reforma laboral, en un estado de semi histeria, salía el ministro Félix Bolaños acusando a otras formaciones de izquierdas de salir en la foto votando junto al bloque de extrema derecha. La desvergüenza no tiene límites.

Anteriormente he mencionado que el Gobierno no ha sido capaz de sacar adelante la Ley de Memoria Democrática que está invernando en el Congreso, porque es consciente que con la redacción actual no le dan los números para aprobarla, pero es que en sus actuaciones diarias es incapaz de cumplir con la ley vigente (La Ley de Memoria Histórica). Esta semana ha vuelto a salir publicado que en el cuartel de Loyola hay una exposición sobre la División Azul. Y lo grave es que tiene todas las bendiciones de la ministra de Defensa y equipara esa exposición a otras exposiciones vinculadas a republicanos ¡Hay que tener estómago! Luego nos extrañamos de que haya grupos de Whassap de militares que digan las barbaridades que dicen. Tienen barra libre.

Con este tipo de políticas erráticas ¿alguien se extraña que no se dé una sangría de votos en la izquierda? y para tapar toda esta inacción de gobierno queda muy bien sacar el fantasma que viene la extrema derecha. De hecho, eso harán cuando se acerquen los procesos electorales y nos dirán que viene el lobo y apelarán a la responsabilidad para evitar que el fascismo entre en las instituciones. El problema es que igual ni yendo a votar y pasando lista se logra pararlo, porque el crecimiento de la extrema derecha es directamente proporcional a la incapacidad de este gobierno por hacer políticas en beneficio de las clases populares. Claro, luego tocará encomendarse a que en Catalunya, Euskal Herria y Galiza, las izquierdas soberanistas obtengan unos buenos resultados que impidan la mayoría absoluta de la extrema derecha. Lo que se suele decir, que vengan otros a sacar las castañas del fuego.

Dentro de la necesidad de hacer un análisis crítico dentro de la izquierda habría que lanzar de nuevo algunas preguntas, que reconozco que a día de hoy la respuesta puede ser un tanto ventajista después de haber visto lo que ha sucedido en estos dos últimos años ¿merecía la pena desgastarse en un gobierno de coalición con el PSOE en el que los choques han sido continuos? ¿Ha valido la pena renunciar a la calle y centrarse únicamente en la política institucional para ser la muletilla del PSOE? porque el vacío dejado en la calle lo ha ocupado la extrema derecha y ahora va a ser complicado recuperar el terreno perdido y ¿ha merecido la pena entrar en un gobierno que se ha limitado a hacer políticas neoliberales? ¿Lo poco que se ha conseguido en lo que va de legislatura se podía haber conseguido mediante un acuerdo de legislatura sin necesidad de abrasarse en un gobierno con tintes neoliberales?

Si la izquierda tiene que brillar por algo es por pisar el suelo de las ciudades y pueblos para conocer los problemas de la gente. No puede encerrarse en un despacho en el que llegan los datos de la subida del IPC, la energía, los carburantes o los alquileres en un informe frio. Las estadísticas son incapaces de transmitir los problemas de la gente y no vale ocultarse tras factores externos aunque los haya. Los números dicen que la economía crece, pero la realidad es que la brecha social sigue acrecentándose y cada vez aumenta más las personas en riesgo de exclusión.  

En el fracaso de la izquierda en las elecciones de Castilla y León hay que añadir dos problemas que la izquierda no se ha molestado en afrontarlos. En primer lugar su jacobinismo, pues todo lo relativo a los territorios es diseñado y decidido desde las direcciones ubicadas en Madrid, se hace y deshace de arriba abajo. En las elecciones de 2015 se pudo entender esa forma de actuar por la situación de excepcionalidad para echar al PP de las instituciones, pero a día de hoy esa forma de actuar está abocada al fracaso. Hay que respetar la plurinacionalidad del Estado español, pero con hechos. No basta con frases grandilocuentes.

El segundo problema es su desapego por el mundo rural. Respecto a esto último, en cuanto se saca a la izquierda de los problemas de las grandes ciudades o núcleos urbanos de cierta entidad se difumina. En los programas electorales lleva ideas muy importantes de y calado para afrontar los problemas que tiene el mundo rural, pero le falta realizar un trabajo a pie de obra. Da la impresión que da por perdida esa batalla, obviando que en algunos momentos ha obtenido buenos resultados o, al menos, mucho mejores que los cosechados en estas elecciones autonómicas. Porque no quisiera pensar que se deba a ver el mundo rural como algo de menor importancia y que no está a la altura intelectual de la izquierda urbanita, porque en muchas ocasiones esa es la sensación que uno puede percibir.

Ahora un sector de la izquierda se quiere volver a encomendar a un proyecto que su atractivo es la persona que lo va a liderar, Yolanda Diaz, o al menos esa es la esperanza a la que se intentan agarrar. De entrada soy bastante escéptico con los resultados que se vayan a obtener. Si el objetivo es parar la sangría de votos, puede ayudar algo, pero un proyecto tiene que ser algo más que la imagen de una persona, por mucho carisma que tenga, porque no vale de nada que lo tenga entre los convencidos, su imagen tiene que servir para atraer a otros y no sólo mantener a los incondicionales. Pero el problema es más profundo, es de agotamiento del proyecto y de distanciamiento entre los votantes y los dirigentes de la izquierda. En el fondo, la sensación es que se está apostando por un proyecto personalista para no poner sobre debatir sobre los problemas de fondo.

En esta reflexión he dejado a un lado de forma consciente el debate existente para que haya una única candidatura de izquierdas. Ese es un tema importante, pero sin un diagnóstico profundo de la situación actual, de nada sirven montar nuevas plataformas y proyectos. En esto último la izquierda tiene una experiencia contrastada, pero crear nuevas candidaturas no garantiza ganar elecciones.

Una farsa llamada reforma laboral

Karl Marx, al inicio de su obra El Dieciocho Brumario de Luís Bonaparte, se hacía eco de una frase de Hegel en la que el filósofo alemán decía que “todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos dos veces” para apostillarla Marx, diciendo que aparecen “una vez como tragedia y la otra como farsa”[1]. Sin lugar a dudas la reforma laboral del PP fue una tragedia para la clase trabajadora y la que ha aprobado el Gobierno del PSOE-UP se ha convertido en una farsa y en una estafa para los trabajadores, castigados por las reiteradas reformas laborales que han traído de forma sistemática la pérdida de derechos en materia laboral.

Para ahondar en esta farsa, la casualidad ha querido que el Gobierno de coalición haya aprobado esta reforma laboral el día de los Santos Inocentes. Una vez más la clase trabajadora emula a los santos inocentes del Evangelio, convirtiéndose en las víctimas propiciatorias de las políticas laborales del gobierno de turno. Y he dicho bien, ha aprobado una reforma laboral y no la derogación de la reforma laboral del PP de febrero de 2012, porque el tiempo ha venido a demostrar que ni la han derogado ni había intención de derogarla.

Para analizar el fondo del problema voy a hacer un repaso a la cronología de los hechos y para ello hay que remontarse al punto de partida, que no es otro que la llegada del PP al gobierno. Después de haber obtenido mayoría absoluta en las elecciones del 20 de noviembre de 2011. Mariano Rajoy fue investido el 20 de diciembre y no necesitó ni dos meses para aprobar su tan denostada reforma laboral. Esta es la eficacia demoledora de la derecha cuando gobierna. En concreto, en el Consejo de Ministros del 10 de febrero de 2012 aprobaron el “Real Decreto-Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral”. La convalidación de esa norma dependió única y exclusivamente de la mayoría absoluta de la que gozaba el PP en esa legislatura. Los sindicatos fueron ninguneados y el PP se puso a los servicios de la CEOE. Lo normal en estos casos.

Después de dos elecciones generales a lo largo de 2019, se produjo un acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y UP. No es que el PSOE se sintiera atraído por esta fórmula, pero es que tampoco era cuestión de convocar unas terceras elecciones en menos de un año, con el agravante de que el comodín de Ciudadanos acaba de recibir un torpedo en su línea de flotación, abocándolos a la irrelevancia política. Al PSOE ya no le daban los números en un hipotético acuerdo con Cs, así que las posibilidades de acuerdos se estrechaban por lo que la disyuntiva era clara:  pacto con UP o terceras elecciones. Esta segunda opción hubiera sido una situación propicia para que el tándem de extrema derecha PP-VOX pudieran llegar al poder y el PSOE optó por pactar con UP, como mal menor. Al fin y al cabo, el PSOE acumula una gran experiencia en política de pactos  y en cómo gestionarlos en función de sus intereses y un gran arte para torear al socio de turno. Y a todo esto UP no dudo en aceptar la propuesta. No habían tomado el Cielo por asalto, pero entraban en labores de gobernanza, que para esta formación era un salvavidas, pues sus resultados dibujaban una línea descendente. Y vendían un discurso basado en la idea que entrando en el Gobierno iban a lograr mejorar la vida de la gente.

En los acuerdos de Gobierno PSOE-UP la redacción del apartado sociolaboral fue sencilla, nítida, sin frase subordinadas ni con doble sentido. En el documento que firmaron en diciembre de 2019 a la hora de afrontar la reforma laboral del PP se expresaron en los siguientes términos: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral 2012….” (este texto venía en negrita, quizá para que no empezaran a surgir las dudas desde el primer momento y no dar munición a los escépticos a este pacto) y dieron un paso más adelante en este texto, al acordar la elaboración de “un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI” (también en negrita).

Con el documento en la mano, no parecía que hubiera dudas, plasmaron en el documento una promesa electoral que ambos partidos llevaban en sus respectivos programas electorales. En condiciones normales debía de ser cuestión de semanas que el Gobierno moviera ficha para derogarla. Si el PP para sacar adelante su reforma laboral, lo que conllevaba el estudio, redacción y aprobación, no necesitó ni dos meses, la derogación debía de ser casi de la noche a la mañana.

Pero no tenía ni un mes de vida este Gobierno y en una entrevista que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz concedió al diario El País (25 de enero de 2020) ya empezaba a recular y llegaba a realizar la siguiente afirmación: “Técnicamente no es derogable toda la reforma laboral, sería irresponsable”. Para ubicar la entrevista en el tiempo, esta se realizó antes de que estallase la pandemia y en un momento en el que el Gobierno debía de tomar decisiones de calado para que la sociedad percibiese que, por fin, había llegado un cambio radical en las políticas que surgian de este nuevo gobierno.

Con la perspectiva que da el tiempo que ha pasado es evidente que la entrevista de la ministra de Trabajo al diario El País tenía como finalidad el preparar el terreno para las renuncias que iba a hacer este Gobierno a lo largo de la legislatura.

Al poco tiempo llegó la pandemia y en todos ese camino lleno de complicaciones llegó el 20 de mayo de 2020 y como el Gobierno no tenía garantizados los votos suficientes en el Congreso de los diputados para la prórroga de uno de los Estados de alarma, los partidos del Gobierno (PSOE y UP) firmaron un acuerdo con EH Bildu en el que esta última formación se comprometía a apoyar la prórroga del estado de alarma y las tres fuerzas políticas se comprometían “a derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular”. Los términos utilizados no dejaban lugar a dudas, pero en cuanto se hizo público, Nadia Calviño, que más que vicepresidenta da la sensación que es la presidenta de facto, puso el grito en el cielo y el PSOE reculó sin ningún complejo. Ese es el valor que tiene la firma del PSOE en un acuerdo. En aquel momento Pablo Iglesias exigió que se cumpliera lo acordado, pero con el PSOE no va lo de Pacta Sunt Servanda (los acuerdos están para cumplirse) y al entonces líder de Podemos no le quedó más remedio que tragarse este sapo. Pero si esto fue grave, aún lo fue más que, ante ese acuerdo, los dos sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) saltaran como un resorte, exigiendo que antes se consultara a los agentes sociales. Algo inaudito, porque la derogación era una reivindicación sindical, pero parece que están más preocupados en ser invitados a una reunión y poderse hacer una fotografía que en la derogación de la norma para mejorar las condiciones laborales de los que dicen representar.

A partir de entonces la mal llamada derogación de la Reforma Laboral, primero se aparcó, luego se produjo la batalla en el Gobierno por ver quién lideraba las negociaciones con los agentes sociales, dando otro espectáculo lamentable, hasta que se metieron en el laberinto de las negociaciones a tres bandas: ministerio de Trabajo, empresarios y sindicatos. Las negociaciones se fueron eternizando y la CEOE encantada de la vida porque el tiempo corría a su favor y se empezaba a vislumbras que el verdadero interés del Gobierno no era la derogación de la legislación laboral aprobada por el PP.

Una vez visto lo que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros, la conclusión es bastante clara. En todo este proceso negociador el Gobierno en ningún momento ha tenido la intención de proceder a su derogación y para camuflar toda esta farsa, han puesto el foco en la importancia del acuerdo a tres bandas (Gobierno, patronal y sindicatos), a sabiendas que con esta metodología de negociación la CEOE tenía en su mano el derecho de veto, pues en cuanto se levantara de la mesa, la tan deseada fotografía saltaba por los aires. Por ello ha sido una negociación en la que la patronal ha controlado la situación sin mayor problema. Es decir, el Gobierno ha primado las formas y la parafernalia a resolver el fondo del asunto, renunciando a perder la iniciativa política que le han concedido los apoyos recibidos en el Parlamento.

En todo este proceso la ministra, su equipo y UP han ejercido de muletilla del PSOE, haciendo un papelón que vamos a ver como lo venden en estos meses. Su deseo de ser la ministra de la concertación social al precio que fuese tenía como objetivo mejorar su imagen para el nuevo proyecto político que empieza a liderar. Ha renunciado a exigir al PSOE cumplir el acuerdo de gobierno PSOE-UP, para ser portada de medios de comunicación junto a patronal y sindicatos.

Teniendo claro la cronología de los hechos, habría que entrar en la vertiente del juego político. En todo este interminable proceso negociador los grandes olvidados han sido todos los partidos que propiciaron la investidura de Pedro Sánchez. Es decir, El Gobierno ha decidido abstraerse del documento para gobernar que aprobaron PSOE y UP y, por supuesto, se han puesto de perfil para incumplir lo pactado con EH Bildu, por mucho que en ese momento saliese Pablo Iglesias, manifestando que los pactos, en referencia al firmado con EH Bildu, había que cumplirlos.

Esta forma de actuar por parte del PSOE no debería de pillar de sorpresa a nadie, pero el perfil bajo que está teniendo UP (sobre todo Podemos) y las declaraciones que está realizando la ministra de Trabajo son la prueba palpable que no eran casuales sus declaraciones de principio de legislatura y me atrevería a decir que cuando acordaron el documento conjunto ninguno de los dos partidos tenía una intención real de cumplir lo que estaban firmando .

Y en esta cuestión el proceso seguido ha sido una tomadura de pelo a los electores, a los partidos que en su día propiciaron la investidura de este Gobierno y a los representantes de la soberanía, porque se les ha hurtado la posibilidad de negociar y debatir en el Parlamento  los términos de esta ley.

Esta reforma laboral se ha cocinado a espaldas de la inmensa mayoría de la sociedad. No se ha discutido con los socios parlamentarios del gobierno y el contenido de las negociaciones se iban conociendo por lo que contaba la prensa, con el natural malestar de los diversos grupos políticos. Si hubiera habido un deseo de derogación de la reforma laboral del PP la participación de patronal y sindicatos hubiera sido innecesaria a todas luces, pues era volver a la casilla anterior y deshacer la lo que aprobó el PP. Pero los intereses de este Gobierno eran sustancialmente diferentes y han apostado por consolidar las políticas neoliberales del PP.

A lo largo de la este proceso negociador hemos tenido que escuchar diferentes manifestaciones que una vez visto el resultado de lo aprobado su finalidad se circunscribía en justificar y dar cobertura a la reforma que estaban preparando. Entre las cosas que se han vertido una muy recurrente ha sido que técnicamente no se podía derogar la totalidad de la reforma laboral del PP. Dar esta excusa en un país en el que se acostumbra a legislar a través de disposiciones transitorias, sobre todo en materia fiscal y tributaria, para hacer todo tipo de cambios, no deja de ser un tanto burda. Es imposible entender que no se hubiera podido derogar de un plumazo de la legislación laboral aprobada por el PP cuestiones como que la indemnización por despido se vuelva a elevar de 33 a 45 días por año, que deje de der causa para el despido objetivo la disminución de los ingresos (no de los beneficios) de la empresa  durante tres trimestres consecutivos y tampoco recupera la necesidad de obtener una autorización previa para realizar un ERE, lo que permite a las empresas hacer un ERE cuando y como quieran y la única salida que le queda al trabajador es ir a la justicia ordinaria para impugnarlo, en vez que la autoridad laboral vele por los derechos de la parte más desfavorecida en una relación laboral, el trabajador.

En todo este proceso negociador el papel de los sindicatos CCOO y UGT ha sido muy pobre, puesto que lo que tenían que haber exigido es la derogación de la normativa aprobada por el PP, pues con ellos no contaron para nada. Por el contrario, la patronal ha tenido un protagonismo muy relevante y, lo que es más preocupante, sigue haciendo un marcaje al Gobierno en este tema. Los representantes de la CEOE se están prodigando en entrevistas y comparecencias en los medios de comunicación para dejar bien claro que en el Congreso no se puede tocar ni una coma de lo acordado con ellos. Lo grave no es que desprecien la representación de la soberanía popular, lo peor es que desde el Gobierno, con su presidente a la cabeza y de la mano de la ministra de Trabajo, está haciendo seguidismo de la línea marcada por la CEOE.

Como he dicho con anterioridad, la patronal es quien tiene más clara su hoja de ruta. Han obtenido un excelente acuerdo y no van a permitir que sea modificado en el supuesto que el Real Decreto-ley aprobado por el Gobiernos se tramite mediante ley, lo que conllevaría un debate sobre la totalidad el texto. Quieren una convalidación de lo aprobado en Consejo de Ministros, mediante una única votación, que es lo que ya empiezan a manifestar los ministros que más peso politico tienen. Y ante esto el Gobierno asiente.

Sin necesidad de entrar en el fondo de la reforma laboral, observar que desde Ciudadanos se ofrezcan a apoyar al Gobierno en esta materia si sus socios rechazan este texto o que haya voces dentro del PP que se hayan levantado pidiendo no oponerse, es como para que la preocupación ronde en los partidos que hasta ahora están siendo imprescindibles para este Gobierno. Si no fuera porque Casado está en una competición con Abascal para ver quien es más de extrema derecha, no habría ninguna duda al respecto. El PP se abstendría y saldría adelante esta reforma laboral, porque es una muy buena legislación para la patronal española.

Lo aprobado por el Gobierno tiene unos perdedores: los trabajadores, y dos ganadores indiscutibles: Mariano Rajoy y Fátima Bañez, pues ven con satisfacción que su reforma laboral sale indemne en lo referente a los apartados más lesivos para los trabajadores. Y es necesario recordar que la segunda, que en la actualidad trabaja para la CEOE, gracias a los servicios que prestó a la patronal durante el tiempo que fue ministra de Trabajo, debe de estar que no cabe de gozo.


[1] Fragmento transcrito de la obra de Karl Marx “El Dieciocho Brumario de Luís Bonaparte”.

Bastan cinco minutos

La pérdida de un ser querido es una de las mayores tragedias a las que se enfrenta el ser humano a lo largo de la vida, pero, sin duda alguna, hay algo que supera con creces esta situación: su desaparición. Cuando se produce esta circunstancia su círculo familiar más íntimo, padres, hermanos, etc. entran en un proceso que tiene que ser imposible explicar para alguien que no haya vivido una circunstancia similar, pues “se sufre más por un desaparecido que por un muerto, y, sobre todo, se sufre durante mucho más tiempo. Un círculo de dolor que no se puede cerrar ni siquiera ante la rotunda certeza de la muerte”.

Cuando se resuelve la desaparición, aunque el desenlace sea por la localización sin vida del desaparecido, en muchos casos se transforma en un descanso o si se me permite, un alivio para la familia, pues se “cierra el círculo de angustia y sufrimiento abierto tras la desaparición de uno de los suyos”. Sus allegados salen de la burbuja de la incertidumbre de su destino y no deja de ser un reencuentro con ese ser querido, aunque, desgraciadamente, sea con sus restos materiales. Por fin se “cierra el círculo del dolor”.

Si la persona que desaparece pertenece a una comunidad o pueblo oprimido y/o desplazado de su tierra, sin lugar a dudas, el sufrimiento ahondará más en sus seres más queridos.

El tema de la identificación de un cadáver es el argumento principal de la novela “Bastan cinco minutos” de Juan Carlos Berrio Zaratiegi (Editorial Txalaparta) y publicada en noviembre de 2021.

La novela, perteneciente al género de la novela negra, está ambientada en Navarra y discurre a principios de 2016, cuando a un Policía Foral, que retorna a su profesión después de un largo periodo de excedencia, le asignan la investigación de un caso archivado hace más de una década: la aparición de unos restos humanos cuya identidad es desconocida.

En la novela el autor reflexiona acerca de lo que supone el quitar la vida a una persona y hacerla desaparecer. “Un crimen miserable”  hecho que muestra como “bastan cinco minutos para ser un canalla”.

A partir de que el protagonista toma las riendas de la investigación, la novela irá colocando a través de su argumento conflictos políticos y ciertas cuestiones de actualidad en la época en la que transcurre el relato, que servirán para armar el argumento de la trama del libro.

La novela, a través de su argumento, es el vehículo que utiliza al autor para ir exponiendo el problema saharaui, la lucha que lleva el Frente Polisario y la situación en la que se encuentra este pueblo, que en 1975 fue abandonado a su suerte, al que nadie le dejó elegir su futuro, para seguir bajo el yugo de las políticas coloniales de los países occidentales. A lo largo del relato, el lector irá conociendo datos que le ayudarán a empatizar con la causa del pueblo saharaui. Un conflicto que dura más de cuarenta años y que no parece que por parte de Occidente haya un deseo de resolución acorde a los tiempos en que vivimos y a las necesidades de este pueblo que se encuentra desplazado de su tierra de origen. Una vez más se ha impuesto la realpolitik. 

Un elemento, que el autor utilizará en la última parte de su novela para engarzar la trama de la obra, es la disputa que se dio a principio de los dos mil con el legado artístico de Jorge Oteiza y los problemas que surgieron en la fundación que se creó para la gestión de sus obras. Un conflicto que tuvo varias vertientes, entre ellas la política. Esta cuestión sirve a Juan Carlos Berrio Zaratiegi para ambientar el desenlace de su libro. Los diferentes enfrentamientos que saltaron a la opinión pública entorno al museo que albergaría la obra de Oteiza y los entresijos de los conflictos que se produjeron entorno a su legado.

El autor ambienta la narración con alguna cuestión de actualidad de la época en la que transcurre la novela (2016). A lo largo de la investigación que va llevando el protagonista, agente de la Policía Foral, aflorará la situación convulsa que se vivía en ese cuerpo policial debido a los aires de cambio que llegaron a la política en Navarra de la mano del nuevo gobierno foral y las luchas internas que se suelen dar en los cuerpos policiales, en los que la estructura jerárquica es algo más que una forma de organización.

El autor muestra el drama de la inmigración ilegal y las contradicciones que surgen en las sociedades del primer mundo. Ese choque existente entre ricos y pobres, en el que los primeros “levantan muros” para ignorar la pobreza que tienen delante de ellos.

Juan Carlos Berrio Zaratiegi, a través de los diálogos que mantiene el protagonista con algunos de los personajes más importantes, abordará temas de índole ética que surgen con motivo de la investigación que está realizando. Términos como verdad, justicia y reparación serán algunos de lo que el literato mencione a través de los personajes que aparecen en el libro.

La lectura de la obra es amena, con una trama bien construida en la que no falta el suspense y si hay que ponerle alguna objeción es que en una novela de este género uno espera que transmita más tensión al lector.

Bastan cinco minutos
Bastan cinco minutos. Editorial Txalaparta

El manifiesto de San Andrés. El nacimiento de Acción Nacionalista Vasca (ANV-EAE)

Introducción

Tal día como hoy, 30 de noviembre, día de San Andrés hace 91 años tuvo lugar el inicio político de la primera organización abertzale y de izquierdas. Estoy refiriéndome a Acción Nacionalista Vasca-Eusko Abertzale Ekintza (ANV-EAE) y conocido en los ambientes abertzales como Acción Vasca[1].

El 30 de noviembre de 1930, los fundadores de ANV sacan a la luz un manifiesto que será conocido por el Manifiesto de San Andrés.

Fuera de Euskal Herria las siglas ANV a muchas personas les dirán pocas cosas y a la gran mayoría les vendrá a la mente que fue un partido ilegalizado por el todopoderoso juez Garzón, un partido más que, al amparo de esa teoría en la que todo era ETA, fue proscrito. Pues bien, cuando ETA empezó a dar sus primeros pasos en diciembre de 1958, ANV-EAE ya tenía casi treinta años de existencia, ahí es nada.

Es necesario refrescar muchos acontecimientos de la historia de Euskal Herria para que no caigan en el cajón del olvido la actividad política que protagonizaron a lo largo de la historia muchas organizaciones políticas vascas en el ámbito de la izquierda abertzale, entre las que se encuentra ANV-EAE.

Hay algunas publicaciones donde se pueden encontrar datos de interés sobre la historia de ANV-EAE, como puede ser en la Enciclopedia Auñamendi y en algún que otro artículo del ámbito universitario, pero quizá uno de los trabajos más exhaustivos sea el que realizó Eduardo Renobales, que con el título “ANV, el otro nacionalismo. Historia de Acción Nacionalista Vasca-Eusko Abertzale Ekintza” (Editorial Txalaparta) en algo más de 400 páginas, el autor hace un recorrido por la historia de esta formación política hasta los años 80 del pasado siglo.

Lo que a partir de aquí expongo son unos apuntes de lo que fue este partido, sobre todo, en sus primeros años de andadura, desde su fundación hasta el golpe de Estado de julio de 1936.

  1. Antecedentes históricos

Si en 1921 el nacionalismo vasco se divide en las organizaciones Aberri y Comunión Nacionalista Vasca, a esto hay que añadirle el Directorio Militar de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) que trajo consigo la consiguiente represión.

En los años 20, con una antigüedad de cuarenta años, el nacionalismo vasco seguía anclado en la teorización que realizó Sabino Arana, es decir, los pilares fundamentales de la teoría nacionalista se asentaban en la raza y la religión. Eran el dogma incuestionable del nacionalismo aranista. “Raza era pureza de raza; nacionalista únicamente podía ser aquel que podía presumir de ocho apellidos vascos. Religión no era catolicismo, era integrismo religioso. El vasco nacionalista era católico, en la misma medida que era vasco”.

En 1930 dentro del proceso de convergencia entre las dos organizaciones que surgieron en 1921 un grupo de militantes de Comunión Nacionalistas Vasca  empiezan a abrirse camino con el objetivo de realizar una actualización de los fundamentos ideológicos sabinianos. Realizan una deconstrucción del nacionalismo sabiniano porque romperán sus pilares para realizar una nueva construcción de la ideología nacionalista. Si para el nacionalismo de Arana el lema “Jangoikoa eta Lege Zaharrak” (Dios y las Viejas Leyes) es de donde se cimenta el edificio ideológico para el nuevo grupo que va a surgir a finales de 1930 desterrarán este lema y todo lo que él puede representar y generar.

  • Breves datos históricos

Acción Nacionalista Vasca (ANV) nace en Bilbao el 30 de noviembre de 1930, dándose a conocer mediante el Manifiesto de San Andrés. Fue la primera organización política abertzale y de izquierda y de una profunda concepción republicana. Si bien no fue un partido de grandes masas tiene una importancia muy relevante a lo largo de su historia. Con menos de un año de vida de ANV se proclama la II República española y desde un primer momento se posiciona en favor de ella, entrando a formar parte de algunas de las candidaturas del Frente Popular. Esta cuestión le diferenció del PNV que “se mantuvo neutral en el dilema Monarquía o República en España en 1930-31, como algo que no le interesaba”.

Durante todo el periodo de la II República tiene buenas relaciones con Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC). Cuando se produce el golpe de Estado de julio de 1936, automáticamente se posiciona en defensa de la legalidad existente y sus militantes se organizan para defender a la II República.

Durante el tiempo que duró la Guerra Civil organizó varios batallones que pertenecieron al Eusko Gudarostea (Ejército Vasco), tomando parte en algunos de los enfrentamientos más importantes en el frente vasco. Durante esta etapa los batallones de ANV-EAE tuvieron una participación activa en todas las batallas importantes que se dieron en el frente vasco así como en el frente de Asturias en la ofensiva para la toma de Oviedo.

En el frente vasco hay que destacar la participación que tuvo en la ofensiva de Legutio, en concreto en la batalla del monte Albertia.  El Batallón nº 6, ANV-1 (Batallón Olabarri), que junto al batallón Isaac Puente de CNT fueron la fuerza de choque que más sufrió los bombardeos de la aviación alemana en la zona del Albertia. En la batalla de Areces (Asturias) participó el batallón Eusko Indarra de ANV-EAE, junto con al batallón CNT-3, donde cayó el comandante Cándido Saseta. Este batallón ekintzale también tomó parte, junto al batallón Celta de la CNT en la batalla del monte Kolitza (Balmaseda).

Con la caída de la II República muchos militantes sufrieron la represión y el exilio. Militante de ANV fue el capitán Kepa Ordoki que formó una compañía de voluntarios vascos a instancias del Lehendakari Aguirre para luchar contra la invasión alemana en territorio francés, entrando en París bajo la ikurrina el día de la toma a los alemanes.

La mayor parte de los militantes de ANV que partieron al exilio tuvieron como destino México, Venezuela, Argentina y algunos Iparralde. Se organizó en el interior, pero no pasó de ser un partido de escasa implantación.

Después de la muerte de Franco retomó su actividad política y se presentó a las elecciones de 1977 en la que no sacó ningún diputado. Participó en la creación de la coalición Herri Batasuna estando representado en su Mesa Nacional, permaneciendo en ella cuando la coalición se transformó en partido. Cuando Herri Batasuna se disolvió para la fundación de Batasuna mantuvo sus siglas como partido político siempre dentro del espectro político de la Izquierda Abertzale hasta que fue ilegalizada por el Tribunal Supremo en el año 2008.

Por lo que respecta a los congresos que celebró decir que desde su nacimiento, el 30 de noviembre de 1930, mediante el manifiesto fundacional tiene varias asambleas pero su primer congreso se demorará hasta 1936, poco antes de la sublevación fascista. Su segundo congreso no se celebrará hasta la muerte de Franco en 1976. El último congreso que celebra esta organización es en junio de 2002, siendo este su X congreso.

El 8 de febrero de 2008 el juez Garzón suspendió por un periodo de tres años las actividades de ANV dentro de la teoría de que todo es ETA, proceso que posteriormente desembocó en la ilegalización del partido por parte del Tribunal Supremo.

  • Fundamentos ideológicos

En principio, para analizar los fundamentos ideológicos de una organización política hay que dirigirse a los documentos ideológicos y políticos aprobados en sus diferentes asambleas y/o congresos, pero posteriormente no hay que dejar de perder la perspectiva de su praxis política diaria. Esta forma de estudio en el caso de ANV, hay que aplicarla, aún más si cabe, porque la evolución del partido se va dando en su lucha política diaria, madurando sus posicionamientos ideológico-políticos hasta que son posteriormente aprobados en sus diferentes congresos.

El nacimiento de ANV hay que situarlo en las postrimerías del Régimen monárquico –noviembre de 1930- lo que le obliga a entrar en una dinámica de trabajo político que en muchos casos le va a impedir profundizar ideológica y políticamente al estar volcado en labores políticas de cara al exterior. No hay que olvidar que en abril de 1931 se celebran elecciones municipales, proclamándose a los pocos días la II República y celebrándose posteriormente unas elecciones legislativas.

En el Manifiesto de San Andrés los fundadores de ANV ponen las bases ideológicas y programáticas de esta organización política. Este manifiesto no es un documento extenso, el cual se divide en tres bloques: Base ideológica, norma fundamental de su actuación y criterios de actuación en los momentos actuales, que a su vez se divide en dos apartados. Los dos primeros bloques son breves pero condensan en ellos su ideología y su forma de actuar. En el tercer bloque desarrolla la forma de hacer política con respecto a Euskadi y con respecto al Estado español.

En la base ideológica propugna el derecho a la libre determinación del pueblo vasco

“La afirmación efectiva y eficaz de la personalidad nacional del País Vasco […] originada por la estimación sentimental y reflexiva de sus características, afianzadas en la voluntad popular; y el reconocimiento y adhesión a todas las consecuencias naturales, lógicas y jurídicas que de esta afirmación se derivan y que, a su vez, cristalizan en la decisión de propugnar y recabar para la colectividad nacional vasca un régimen político que le permita disponer libremente de sus destinos”.

La norma fundamental de actuación se basa en la actuación conjunta con cualquier organización que reconozca “la personalidad propia y diferencial del país”. Lo que podríamos definir como el reconocimiento de Euskal-Herria como pueblo.

Por lo que respecta a los criterios de actuación que se plantea a nivel de Euskadi son:

  • La difusión del euskera y la cultura vasca.
  • Trabajar políticamente para una cohesión política y administrativa de Euskadi.
  • Labor política en favor de la problemática social existente, en concreto lo referente a la relación capital-trabajo.
  • La colaboración con cualquier partido político que se posicione a favor de los derechos de Euskadi o que persiga la “constitución de un Estado español menos unitarista que el actual”.

Por lo que respecta a los criterios de actuación con respecto a España:

  • Plantea un trabajo conjunto con los partidos que reconozcan los derechos nacionales de los pueblos que forman el Estado español, así como que tengan una concepción progresista de la cuestión social:

“Colaborando con los partidos que reconozcan los derechos de las colectividades nacionales a disponer de sus destinos: que tiendan a una estructuración del Estado español menos unitarista que el actual: que mejor garantice los derechos individuales […] que resuelva con mayor espíritu de justicia y equidad los problemas sociales; que reduzcan el Ejército a la esfera de su propia función…”.

  • Reconoce la existencia de diferentes pueblos dentro del Estado español con los que desean que las relaciones sean cordiales.

ANV nace como fruto de una serie de influencias que tiene desde las reflexiones de algunos personajes públicos de ideología independentistas, pasando por la ponencia que se manejó para la fusión de Comunión Nacionalista Vasca y Aberri y la influencia del nacionalismo republicano catalán (ERC), así como algunos de los movimientos independentistas que se daban en ese periodo en Europa, en concreto, el Sinn Féin irlandés.

Como se ha dicho con anterioridad, ANV inicio un camino de deconstrucción del nacionalismo sabiniano para construir un nacionalismo democrático, progresista, aconfesional y profundamente republicano. Rechaza los dos aspectos en los que se fundamenta la ideología sabiniana: Jangoikoa eta Lege Zaharrak (Dios y las Leyes Viejas). La confesionalidad es sustituida por la Patria y la tradición aranista recogida en las “Leyes Viejas” o derechos históricos será marginado por el concepto de libertad entendido como derecho de autodeterminación. De ahí que el lema de ANV sea el de Aberri ta Askatasuna (Patria y libertad).  ANV asume la aconfesionalidad como base ideológica y política siendo respetuosa con el hecho religioso. De hecho, los fundadores y líderes del partido son católicos pero parten de la premisa que el factor religioso debe de quedar separado de la ideología política. Por lo que respecta a la raza, si bien “admite la raza como cimiento de nacionalidad” la obvia para dejarla sin valor político para llegar a condenar el racismo. Un lema clásico de ANV en esta época es “No importa de dónde vienes, sino a donde vamos”.

ANV hace una apuesta táctica de llegar a acuerdos políticos con toda organización política que reconociendo al pueblo vasco como hecho diferencial dentro del Estado apueste por una configuración federal del Estado español.

  • Evolución de ANV durante la II República

Por lo que respecta a la evolución del nacionalismo vasco progresista, representado en ANV, hay que decir que su primer congreso no se celebra hasta 1936. Sin embargo, como se ha dicho con anterioridad, la praxis política seguida por esta organización sirve para poder decir que poco a poco va avanzando hacia el campo socialista no marxista. Los artículos que aparecen en la prensa y revistas de esta organización son muy elocuentes al respecto.

ANV se mueve dentro de los parámetros de un nacionalismo moderno en el marco de una sociedad industrializada y social y políticamente plural. Su concepción de separar la religión de la política, definiendo “el hecho religioso como una opción estrictamente personal y no social o grupal” y fraternal con la emigración le enfrentará a los defensores del nacionalismo tradicional.

Desde el arranque de la II República se posiciona en favor de una Constitución federal para el Estado español y de la formación de un Gobierno Vasco provisional, siguiendo los pasos de la Generalitat de Cataluña, si bien la cuestión catalana estaba recogida en el Pacto de San Sebastián firmado por las fuerzas antimonárquicas. El partido se vuelca en la consecución de un Estatuto lo que le lleva a ir posponiendo el debate en el plano económico y social.

En un documento de febrero de 1933, con motivo de la constitución de ANV en el territorio de Navarra, recoge el programa de esta formación. En él se reafirman en el “principio fundamental del derecho de autodeterminación que se hace extensiva a las nacionalidades históricas peninsulares”, aceptando como punto de arranque el Estatuto de Autonomía. En el ámbito religioso defiende la aconfesionalidad, “aceptando la catolicidad como acto íntimo y personal pero abjurando de la intromisión de la religión y la Iglesia en la política”. Como partido republicano defiende esta fórmula de gobierno como “la estructura estatal más democrática y equilibrada”. Realiza una denuncia de la situación socio-política posicionándose en favor de “socializar el sistema productivo y el régimen de propiedad”. Propugna “la distribución más equitativa de los rendimientos del capital y la igualdad social”, planteando “un sistema fiscal más equitativo consolidando los derechos de los obreros en toda su amplitud y con todas las prerrogativas internacionalmente reconocidas”. En el campo cultural y educativo se posicionan por una enseñanza que sea patrimonio del pueblo y que no sirva para favorecer a la clase privilegiada. “La socialización de la cultura es la base de la dignidad del hombre y del trabajador, y el motor del desarrollo de un país”, estando a favor de que sea obligatoria y gratuita. Defiende la creación de una Universidad Pública Vasca y la defensa del euskera.

Este documento es mucho más avanzado que el Manifiesto de San Andrés. Es un avance ideológico hacia la izquierda que irá madurando hasta convertirse en una organización socialista no marxista. En este contexto, ANV utilizará dos lemas muy clarificadores: “Aberri ta Askatasuna” (Patria y Libertad) y “Euskadi libre, gizon libreentzat” (Una Euskadi libre para hombres libres).

Durante este periodo dentro de ANV conviven dos corrientes: moderados y progresistas que se reflejan en las asambleas que celebran durante la II República que van consolidando la ideología socialista.

I Congreso de ANV-EAE

En el I Congreso que celebra esta formación el 28 de junio de 1936 en Bilbao se produce el giro ideológico y político hacia el socialismo. Producto del trabajo político que ha llevado desde su fundación, ANV cierra este ciclo dando un salto cualitativo desde el Manifiesto de San Andrés al documento que es aprobado en este Congreso.

En este Congreso queda derogado el Manifiesto de San Andrés por un nuevo documento político más avanzado en consonancia con la última asamblea que esta organización celebró en Éibar en septiembre de 1935.

En el texto que se aprueba se define de forma nítida como un partido independentista. Su base ideológica se sustenta en el “reconocimiento previo de la personalidad nacional de Euskadi” definiéndola “como una colectividad nacional constituida por el conjunto de los siete Estados vascos” (los siete territorios que lo forman), y en base a ello hace una declaración en favor de la soberanía del pueblo vasco en los siguientes términos:

“Acción Vasca declara que el pueblo vasco no puede tener más norma reguladora de sus destinos que su propia y soberana voluntad y, en consecuencia, proclama aspirar a que Euskal Herria se rija y gobierne libremente por sus propios imperativos”.

Dentro de este contexto se posiciona en favor del internacionalismo fraternal entre los diferentes pueblos en los siguientes términos:

                “Aboga también Acción Vasca por una sólida hermandad entre los pueblos que, cristalizando en la constitución sobre las bases firmes de una federación de naciones, supere la artificiosa actual concepción de Estado y estabilice una era de convivencia y compenetración internacional progresivamente humana”.

Es la primera vez que el nacionalismo vasco hace una declaración en la que se conjuga el derecho de Euskal Herria como pueblo a ejercer su soberanía nacional y a apostar por una solidaridad internacional entre pueblos diferentes. Este planteamiento supera el concepto existente dentro del nacionalismo sabiniano y de los nacionalismos europeos de corte tradicional.

El manifiesto de San Andrés. El nacimiento de Acción Nacionalista Vasca (ANV-EAE)
Cumbre del monte Albertia (Wikimedia Commons)

Por lo que respecta a la forma de gobierno se “considera indispensable la forma de gobierno republicana como garantía normal de desenvolvimiento de la democracia”, siendo partidarios de:

“dotar a dicha forma de gobierno de una estructura constitucional que asegure a los ciudadanos integrantes de la colectividad estatal vasca, la realidad y la eficacia de los derechos inherentes a la personalidad humana para, de ese modo, llegar a la ideal concreción de una Euzkadi[2] soberana de sí misma, con hombres soberanos de su propio fuero”.

Dentro de este planteamiento político “Euzkadi debe constituir un solo Estado indivisible” siendo solo reconocida “la voluntad popular como única fuente de derecho y origen exclusivo y legítimo de todo poder”.

Si dentro de la teoría política a la hora de reconocer al pueblo vasco como nación y ejercer su derecho para constituirse en Estado es una novedad respecto al nacionalismo vasco sabiniano, lo que será un salto cualitativo es su posicionamiento en el orden socioeconómico. Se posiciona en contra de la explotación capitalista como camino para preservar la dignidad de la humanidad

“Acción Vasca aspira a la implantación en Euzkadi de un régimen económico-social que suprima la actual dependencia de unos hombres sobre otros, como único medio positivo de asegurar a todos los ciudadanos el disfrute de una vida verdaderamente digna y libre”.

Por lo que respecta al sistema económico por el que se debe gestionar la economía vasca manifiestan que debe ajustarse “a la convivencia y necesidades generales de la nación y a la posibilidad de sus recursos”. Para ello, para ANV es imprescindible que el Estado vasco controle una serie de medios de producción que sean necesarios para el empleo de masas trabajadoras y que su finalidad sea el servicio al interés general:

“Es imprescindible que se halle en poder del Estado vasco la propiedad y, por tanto, la facultad de explotación, de la gran industria, suelo, riquezas naturales, fuentes de energía, medios de comunicación y de transporte, banca, seguros y, en general, todos los servicios fundamentales de la economía y de aquellas actividades que requieren el empleo de masas trabajadoras cuyo fin sea el servicio de interés general”.

Por lo que respecta a la actuación política va a conjugar el vasquismo y el internacionalismo “puesto que constituyendo el internacionalismo el reconocimiento y exaltación más ferviente y humano de la nacionalidad, estima que ambos postulados se complementan y robustecen al presentarse inmediatamente unidos”.

El manifiesto de San Andrés. El nacimiento de Acción Nacionalista Vasca (ANV-EAE)
Cartel electoral de EAE-ANV

Su táctica política para el momento político “y en tanto se alcancen las metas fijadas en los principios fundamentales” (anteriormente expuestos) establece una serie de líneas generales que pueden definirse como su programa político a corto plazo que definen a ANV como una organización abertzale, internacionalista, de clase, aconfesional si tener nada que envidiar a cualquier organización de izquierdas del momento.


[1] Para la redacción de este artículo he utilizado como base el  libro de Renobales, Eduardo: ANV, el otro nacionalismo. Historia de Acción Nacionalista Vasca-Eusko Abertzale Ekintza. Editorial Txalaparta, Tafalla, 2005 y la Enciclopedia Auñamendi, que puede consultarse por Internet- Auñamendi Eusko Entziklopedia (eusko-ikaskuntza.eus). Los fragmentos de este artículo que están en cursiva están obtenidos de las obras anteriormente citas.

[2] Euzkadi: El término Euskadi en aquella época se escribía con “z”. La palabra Euzkadi es un neologismo que inventó Sabino Arana porque la palabra que siempre se había utilizado para denominar a los siete territorios históricos es Euskal-Herria. Posteriormente se ha uniformado la gramática y ha pasado a escribirse con “s”. En la actualidad con “z” únicamente lo suele utilizar el PNV.

¿A qué llamamos democracia?

El jueves 18 de noviembre ha habido un debate en la Asamblea de Madrid sobre Cuba. Estas son las cosas de vivir a la madrileña. Para algunos la Comunidad de Madrid es una Arcadia feliz, en la que no existen problemas de ningún tipo, no hay esperas en la Sanidad Pública y no pasa nada porque el Gobierno madrileño haya tenido que destruir cien mil vacunas contra el COVID porque por su ineptitud se les han caducado. Eso por no hablar de las carencias y falta de recursos en la Educación Pública. Entonces su mejor forma de que no se hablen de los problemas existentes en la Comunidad de Madrid es que el partido del Gobierno de Ayuso, el PP, presente una PNL, para considerar a Cuba una dictadura y que el Gobierno del Estado pida en la UE que se impongan sanciones contra Cuba. En  resumen, el objetivo de la extrema derecha liderada por Ayuso es que en la Asamblea de Madrid se hable de todo menos de los problemas de la ciudadanía de Madrid.

En el debate de esta PNL ha habido una intervención del diputado de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, que me ha parecido interesante, al margen que pueda compartir, más o menos, el contenido de su discurso, pues el tema de Cuba da para muchas consideraciones y diversas perspectivas.

Mi intención es poner el foco en el inicio de su intervención. Cuando condenó todo tipo de dictaduras, sin excepción, las definió como todas aquellas en las que no hay elecciones libres y pluralistas y donde no se respetan los derechos humanos. Y al hablar de Derechos Humanos, incluyó en este concepto, por un lado, los derechos civiles y políticos y, por otro, los derechos sociales. Un debate que ha sido muy recurrente durante el siglo XX y que, con gran acierto, en su intervención incluyó los derechos medioambientales, pues la situación actual nos lo está exigiendo de forma urgentísima.

Su intervención dio para mucho, porque en menos de dos minutos supo centrar la respuesta que se merecía la propuesta del PP. Pero en toda esta batalla dialéctica casi siempre tiene que salir Cuba u otros países, pero nunca se mira de puertas para adentro, a lo que se denomina democracias occidentales, el concepto de democracia formal que para algunos roza la perfección pero que al final de este artículo ya veremos si son tan perfectas.

Democracia, palabra griega, que viene a significar “poder del pueblo”, procede de la Grecia Clásica, y ya en aquella época se podía decir que no existía una democracia plena porque estaba reservada únicamente para los hombres libres y no para los esclavos que existían en las Polis griegas. Por tanto, el término no se llegó a aplicar en su plenitud. Pero volvamos a nuestros días.

Como cuestión previa, la izquierda a lo largo del siglo XX, a la hora de discutir sobre democracia y derechos humanos y para defender sus postulados y contrarrestar el discurso liberal, siempre ha ido al terreno de los derechos sociales, pues es una de las patas que sustenta los derechos humanos y el músculo que siempre han enseñado las ideologías de izquierdas, pero también se puede desnudar el discurso liberal desde los valores que representan los derechos civiles y políticos, porque liberales y conservadores ni tienen su exclusiva ni están en disposición de dar ejemplo en la defensa de estos derechos.

Los derechos sociales como pueden ser el derecho a una educación o sanidad pública, una vivienda o un trabajo digno no los voy a tratar, porque las democracias de nuestro entorno tendrían el mayor de los suspensos.

A lo largo de este artículo, para intentar entender lo que es la democracia y todo lo que con ella conlleva, voy a plantear diferentes preguntas para, a través de sus respuestas, intentar encontrar algo de luz en este debate y poder tener claro donde se ubica la democracia plena. Si es allí donde hay elecciones que están consideradas como libres y pluralistas y donde se supone que se respetan los derechos civiles y políticos.

¿Son las elecciones el instrumento para definir a un pais como democrático? En principio, es muy normal que para hablar de democracia y contraponerlo con una dictadura se utilice como recurso dialéctico que se den unas elecciones libres y plurales. Hay países donde se celebran elecciones que tienen el beneplácito de los países occidentales y no cumplen los requisitos mínimos para considerarlos democráticos.

Tenemos ejemplos de elecciones que en muchos casos ya se encargan los medios de comunicación de que los tengamos presentes estigmatizándolas como no libres, pero en otros, pasan de forma inadvertida. Este es el caso de Marruecos, que es una monarquía. En eso se parece al Reino de España, y donde se celebran elecciones legislativas. Pero hay que tener unas tragaderas muy grandes para poder afirmar que Marruecos es una democracia. Y no lo digo ya por el caso sangrante del Sahara Occidental. Es que en Marruecos la disidencia se paga en la cárcel. Mas sangrante, aun si cabe, es el caso de Turquía, que hay elecciones y se presenta la oposición y los partidos kurdos, pero donde la represión contra la posición está generalizada. Y he cogido como ejemplo estos dos países, porque tienen unas relaciones muy importantes con los países occidentales, hasta el extremo que Turquía pertenece a la OTAN, organismo internacional que para algunos es el gran defensor de la democracia en Occidente, cosa con la que me permito disentir en su totalidad. Casualmente, hace pocos días Pedro Sánchez ha realizado una visita política a Turquía, lo que no deja de ser una cobertura internacional para ese régimen.

Entonces, si tenemos claro que la celebración de elecciones no es un requisito suficiente para poder catalogar a un país como democrático, paso a formular la siguiente pregunta.

¿Qué tipo de elecciones son más o menos democráticas? Dentro de este grupo encontramos esos procesos electorales en los que no todos los ciudadanos de un Estado tienen la posibilidad de poder ejercer el derecho al voto. El derecho a ejercerlo existe para todos ellos, pero requiere una serie de requisitos burocráticos que, casualmente, para los ciudadanos con menos recursos económicos, el poder ejercer el derecho al voto les puede suponer muchos más problemas que a otros ciudadanos de ese Estado. Un ejemplo de esta situación se da en los EEUU. La normativa lectoral siempre ha sido motivo de una gran abstención en los extractos más humildes de la sociedad americana. Para poder ejercer el derecho al voto es necesario que previamente el ciudadano lo haya solicitado en el plazo establecido para ello, a lo que hay que añadir las dificultades existentes para poder ejercer el voto el día de las elecciones. Por tanto, no todos los ciudadanos tienen las mismas posibilidades de ejercer el voto, y por  tanto, esta democracia demuestra sus carencias.

En una democracia las elecciones no dejan de ser un proceso electoral que da comienzo unos meses antes de la celebración de las elecciones, lo que nos lleva a plantear la siguiente pregunta: ¿Qué condiciones se tienen que dar para que un proceso electoral se pueda calificar de democrático? Entiendo que para que se dé un proceso con todas las garantías democráticas debe de reunir una serie de requisitos que podrían resumirse en lo que paso a relacionar.

El primer requisito es que todas las opciones tengan la misma posibilidad de llegar a la ciudadanía. Por tanto, no es concebible que haya partidos que realicen un despliegue de medios para los que necesitan de una financiación que en muchos casos su procedencia es muy dudosa. Los partidos políticos para financiar las campañas recurren a las aportaciones de militantes y a la financiación a través de préstamos que les conceden las entidades financieras. Esto me lleva a plantear que si un partido tiene una deuda con una entidad financiera ¿qué capacidad va a tener a la hora de legislar sobre un tema que afecte al sector financiero? Por lo que respecta a las aportaciones privadas que reciben, eso no deja de ser un agujero negro, en el que grandes corporaciones han financiado a partidos políticos a cambio de suculentos negocios, lo que pone en tela de juicio la calidad democrática en los países en los que se dan este tipo de prácticas, entre los que se encuentran muchos países occidentales y uno de ellos es el Estado español.  Por tanto, los procesos electorales que se dan en los países occidentales para que los podamos considerar como democráticos deberían cambiar de forma radical, porque el sistema actual sencillamente no es que no sirva, es que está viciado de raíz y quien se ve afectada es, como no podía ser de otra forma, la democracia.

El segundo requisito es el acceso por parte de la ciudadanía a una información veraz. En democracia la información que recibe la población es algo fundamental, pero durante un proceso electoral tiene mayor relevancia. De hecho es un elemento  fundamental para poder ejercer el derecho al voto sin ser manipulado, pero en el siglo XXI, con la revolución tecnológica, tiene una importancia mucho mayor, puesto que con las nuevas tecnologías se corre el riesgo de la propagación de fake news, lo que conlleva una manipulación de la ciudadanía y eso adultera cualquier proceso electoral.

Esta situación se agrava de forma peligrosa si detrás de esas malas prácticas encontramos a los aparatos del Estado junto a medios de comunicación que realizan auténticos trabajos de fontanería para desprestigiar ante la opinión pública ciertas opciones políticas. Este modus operandi no es un hecho aislado. En los países occidentales suele suceder con cierta frecuencia, pero en el Estado español lo hemos visto en varias ocasiones. Las campañas de intoxicación para desprestigiar a los partidos partidarios del Proces de Catalunya, a Podemos en 2016 o las innumerables campañas para intoxicar a la izquierda abertzale han sido una constante.

En el Estado español está probada la existencia de estas prácticas por parte de los aparatos del Estado en colaboración con medios de comunicación y esta democracia tan sumamente avanzada en la que con tanta frecuencia la ponen como ejemplo ha sido incapaz de condenar a nadie por ello. Pues es importante tener claro que eso no es ejercer la libertad de información. Eso es, sencilla y llanamente, intoxicación.

En el marco del derecho a una información veraz, no se puede pasar por alto que la inmensa mayoría de los medios de comunicación pertenecen a grupos económicos, lo que implica que sus medios de comunicación están mediatizados por los intereses que tienen en diferentes sectores económicos y a nivel general. Otro motivo más para que la información que llega a la población se vea contaminada en función de los intereses torticeros de los grupos económicos que controlan los medios de comunicación, que forman lobbys y que no son más que un peligro para la democracia real.

Entonces, podemos decir que encontrar elecciones libres y plurales se nos antoja un tanto complicado.

Si ahora pasamos a analizar los derechos civiles y políticos, esos que tanto le gusta reivindicar al neoliberalismo, vamos a ver cuánto de democrático nos podemos encontrar en nuestro entorno. Es más, no voy a tener presente toda esa lista de países que están en las antípodas de estos derechos, pero que están muy bien vistos en las democracias occidentales, y me estoy refiriendo a países que son auténticas dictaduras, pero con los que Occidente tiene una relación muy estrecha. Países como Arabia Saudí o los países del Golfo gozan de toda la cobertura de Europa y EEUU.

Cuando hablamos de derechos civiles y políticos hay que referirse a derechos fundamentales como libertad de expresión, asociación, manifestación, etc… Y estos derechos en muchos países occidentales están cada vez más cercenados. Y si hay algún país que va a la cabeza, ese es el Estado español. No es que el TEDH haya condenado de forma sistemática muchas de las decisiones adoptadas por algunos de sus aparatos del Estado, es que los derechos civiles y políticos han sido vulnerados de forma sistemática. Y los últimos años han sido un ejemplo de la vulneración de estos derechos.

Se ha intentado criminalizar el hecho poner urnas en Catalunya como herramienta de participación y expresión popular. Pero los mismos que persiguieron esto, paralelamente apoyaban a la oposición venezolana en una consulta que organizaron por su cuenta, al margen de las instituciones de este país.

El Estado español tiene un déficit democrático importante, no sólo con la existencia de la Ley Mordaza, sino con la tipificación en el Código Penal de un delito como es la sedición, que no existe en los códigos penales europeos, y que el Gobierno actual, para algunos el más progresista de la historia de España, es incapaz de derogar. Y la tipificación penal de la sedición es un tema muy peligroso, porque la sentencia del Proces ha hecho saltar todas las alarmas, pues con la sentencia en la mano da cabida a que se aplique a un sinfín de protestas, como puede ser la lucha contra los desahucios, o en el marco de una huelga general.

Como las democracias formales de corte occidental están compuestas de tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), uno de ellos, el judicial, está enfangado en uno de los mayores ridículos a nivel internacional. Todos sus intentos de extraditar a Puigdemond se están dando de bruces con la justicia de varios países europeos y con la justicia de la Unión Europea. El ridículo que los jueces españoles están haciendo en Europa está siendo alarmante, porque quien queda tocada es esa democracia que a estas alturas de este modesto artículo no está como para ponerla de ejemplo por el extranjero.

Pero sin duda alguna, uno de los casos en el que los diferentes tribunales españoles han actuado con mayor escarnio ha sido el encarcelar a los líderes de la izquierda abertzale por intentar hacer política para poner los mimbres para el fin de ETA. El TEDH, una vez más, desautorizó a la justicia española y ya uno no sabe cuántas van. Este es el respeto a los derechos civiles y políticos.

Sin un mayor deseo de extenderme, pues no deseo alargarme en exceso, es necesario decir que las democracias occidentales, empiezan a dar síntomas de agotamiento preocupante. Es por ello que la extrema derecha está ganando posiciones. No han aprendido de los errores que se cometieron en el periodo de entreguerras (1919-1939), y que sirvieron para el auge del nazismoy el fascismo. Y como el sistema económico acaba por imponerse al sistema político, es decir, el capitalismo se impone a la democracia, el primero es el que marca los designios del segundo y si el que prima (el capitalismo) ve peligrar su hegemonía, no dudará en utilizar cualquier fórmula para imponerse, y si para ello tiene que aupar al fascismo, que a nadie le quepa la menor duda que lo hará, que la cuenta de resultados es lo que marca la agenda y no los conceptos de  elecciones libres, pluralistas y el respeto a los derechos humanos.

Y después de todo lo dicho hasta aquí, si alguien lo desea, hablemos de Cuba, pero siempre con rigor democrático.

La Sierra de Guadarrama víctima de la industria del esquí

A lo largo de estos días hemos estado inmersos en la cumbre de Glasgow, en la que se ha estado debatiendo para intentar superar la crisis climática que nos acecha. Los resultados siguen siendo decepcionantes, porque todo se queda en buenas palabras, pero, desgraciadamente, muy lejos de las medidas que la situación requiere. El capitalismo se resiste a renunciar a seguir obtenido grandes beneficios a costa de la salud de nuestro planeta y por tanto de la nuestra. La cuenta de resultados de las empresas está por encima del bienestar de la humanidad.

No nos engañemos. El capitalismo no tiene ningún interés en cambiar de actitud y si entra en este tipo de conferencias, es más por una cuestión de imagen, que por un interés real, porque cuando luego hay que bajar a los problemas del día a día, su aptitud es la misma que ha tenido desde el inicio de lo que hoy podemos definir como sociedad capitalista.

Tampoco es una novedad que cuando el capitalismo tiene dificultades para defender sus intereses y privilegios, porque estos están en peligro, no repara en medios para poder mantenerlos intacto. Para ello aplican la máxima del “todo vale” y echan mano de todo tipo de argumentos y artimañas, y si es necesario, alimentan al fascismo para que les realice el trabajo sucio.

Todo esto aun siendo obvio es necesario recordarlo pues hoy traigo aquí un problema de un gran impacto medioambiental que se da en las comunidades de Madrid y Castilla y León. En concreto, en la Sierra de Guadarrama. Me estoy refiriendo a las pistas de esquí existentes hasta la fecha en el entorno del puerto de Navacerrada y que allá por el mes de marzo el Ministerio de Transición Ecológica decidió no renovar la concesión a la empresa concesionaria.

El motivo aducido por la Administración Central se fundamenta en la subida de las temperaturas, debido al cambio climático, lo que aboca a no hacer viable el mantenimiento de la concesión para un negocio basado en la nieve.

Para las personas que no conozcan la zona, voy a ser muy conciso. El entorno del puerto de Navacerrada es el entorno montañoso que más cerca está de la metrópoli madrileña y una zona magnífica para tener un contacto directo con la naturaleza y practicar senderismo siempre respetando el medio ambiente. El incremento de las temperaturas, como consecuencia del cambio climático ha originado un descenso importante de las precipitaciones en forma de nieve en esta zona, por lo que la práctica del esquí en esas instalaciones se ha resentido considerablemente.

Por lo que respecta a las pistas de esquí que existen en ese entrono, tienen una antigüedad cercana a los setenta años, pero, lo más importante, la existencia de esas pistas ha originado un grandísimo impacto medioambiental. Se mire como se mire, las instalaciones de esquí han supuesto un deterioro paisajístico que se ha ido acrecentando a lo largo del tiempo. Desde la tala de árboles, el acondicionamiento de laderas de montaña para la práctica de este deporte y, una de las cosas más graves, la construcción de las instalaciones necesarias para la práctica de este deporte, como pueden ser los remontes, cañones de nieve y otro tipo de edificaciones que han originado un gran deterioro del entorno.

El motivo aducido por el Ministerio de Transición Ecológica para su no renovación no deja de ser un tanto endeble. No porque no le asista la razón, sino porque hay innumerables motivos que podrían fundamentar esta decisión, además del que aportaron en su momento.

La Sierra de Guadarrama victima de la industria del esqui
Siete Picos

La Sierra de Guadarrama por su vertiente sur, que corresponde a la Comunidad de Madrid, ha sufrido un impacto urbanístico, que se puede decir, sin ningún género de dudas, que es irreparable. La proliferación de edificaciones ha sido una constante a lo largo de varias décadas, sin que nadie haya puesto coto a esta barbaridad de crecimiento urbanístico.

Las políticas del ladrillazo se han cebado con diversos parajes naturales. Además de los pelotazos urbanísticos que han surgido al amparo de las políticas neoliberales en la regulación del suelo, la Sierra de Guadarrama lleva sufriendo durante muchos años un deterioro que si no se le pone coto de forma inmediata, la situación va a ser irreversible a todas luces. Y todas las infraestructuras necesarias para la explotación de las pistas de esquí son responsables directos de ese deterioro.

La situación en este momento es un tanto kafkiana, porque según las informaciones que se han publicado en algunos medios de comunicación, la empresa concesionaria, no sólo se niega a retirar las instalaciones existentes, en virtud del fin de la concesión y, previa petición de la Administración Central, sino que tiene intención de abrir las instalaciones para su explotación el próximo 1 de diciembre. Habrá que esperar a ver que sucede ese día, pero esperemos que el Ministerio de Transición Ecológica tome las medidas oportunas para que la concesionaria no actúe a su libre albedrío.

Ante esta situación la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que el ultraliberalismo campa a sus anchas en sus despachos, con el apoyo imprescindible de la extrema derecha, ha decido dar batalla. Como no podía ser de otra forma, están en contra del cierre de las pistas de esquí y han llamado a arrebato. Como no podía ser de otra forma, a la extrema derecha española (PP-VOX) el medio ambiente nunca ha estado en sus agendas, entre otras cosas, porque son los responsables, que no los únicos, de los desmanes urbanísticos que se han dado en el entorno, pues la inmensa mayoría de los ayuntamientos de la zona los llevan gobernado desde hace bastantes años.

Lo que ocurre es que a todo esto hay que añadirle que la extrema derecha española es negacionista del cambio climático. Sólo hay que escuchar a personalidades importantes del PP, como Aznar, Rajoy, etc… o a líderes de VOX, lo que opinan sobre tema. La gran preocupación es la obtención de beneficios de las empresas, aunque sea a costa del deterioro irreversible del medio ambiente. Por lo que en esa confrontación entre intereses empresariales y medioambientales, la extrema derecha siempre va a elegir lo primero. Su único objetivo es la acumulación de riquezas aunque eso realmente sea pan para hoy pero hambre para mañana, porque si el planeta colapsa, lo hacemos todos. Son las teorías cortoplacistas del liberalismo económico.

No hay que olvidar que muchas estaciones de esquí sobreviven gracias a las ayudas públicas, pues son deficitarias. Tienen que recurrir a las administraciones públicas para que las explotaciones sigan siendo viables, sin ser una actividad que esté extendida entre la población en general, pues sigue siendo un deporte muy minoritario, pero con un grandísimo coste en infraestructuras.

En toda esta historia falta un elemento que he mencionado en la introducción que he realizado, y corresponde a la intervención de la extrema derecha española, el fascismo del siglo XXI. Son los negacionistas del cambio climático elevados a la enésima potencia. No hay duda de cuál va a ser su postura, pero a la hora de utilizar un argumentario tiran de falsedades, demagogia y lo que haga falta. Al fin y al cabo, la cobertura mediática que tienen les posibilita todo ello. Y en este tema no han tenido mejor idea de unir cultura y esquí. A cualquier persona en su sano juicio le puede chocar, pero así es.

La Sierra de Guadarrama victima de la industria del esqui
Pico de Peñalara

VOX ha presentado una iniciativa para que la Comunidad de Madrid declare a las pistas de esquí de Navacerrada que están en la vertiente madrileña, como Bien de Interés Cultural. Debe de ser que quieren equipar las pistas de esquí al Museo del Prado o al Acueducto de Segovia. Dos bienes de interés cultural muy cercanos a donde se encuentran las pistas de esquí. Pero no sería de extrañar que esa estrategia les de resultado y mucha gente se trague el anzuelo, al fin y al cabo es la misma que han utilizado para hacer ver que la caza y los toros son bienes de interés cultural. Algo que en pleno siglo XXI no deja de ser una aberración.

Detrás de todo esto no hay otra cosa que mantener su modelo económico y de ocio, pensado en defender los intereses de una minoría y nunca en los intereses de la ciudadanía en general. Y para ello lo disfrazan  con términos, como en este caso “bien de interés cultural”, que nada tienen que ver con la cultura, pero mucho con intereses de otra índole.

Para que la situación tenga un toque algo más surrealista, el pasado sábado 13 de noviembre, el puerto de Navacerrada tuvo unos visitantes muy especiales. VOX se manifestó en contra del cierre de las pistas de esquí, pidiendo que Navacerrada sea declarado bien de interés cultural. En su lema no hablaban de pistas de esquí, porque de esa forma quedan a relucir sus intereses. Pero una vez más, el fascismo trata a la gente como imbécil. Quizá porque por desgracia, su estrategia le ha dado muy buenos resultados.

Golpe de estado contra la separación de poderes

Desde hace tiempo la calidad de la democracia en el Estado español está en la UCI. Realmente cuando se supone que fue concebida la democracia española, ésta ya nació con más de una tara y anomalía por todos conocidas. La herencia franquista en los diferentes estamentos del Estado es algo que no es necesario volver a recordarla.  Ni tampoco es necesario resaltar que el Poder Judicial del régimen del 78 no era ni más ni menos que el Poder Judicial franquista. Las mismas togas pasaron de aplicar la justicia franquista a dictar resoluciones bajo el paraguas del nuevo régimen.

Golpe de Estado contra la separacion de poderes

A lo largo de los años ese Poder Judicial ha coexistido con el régimen existente sin grandes sobresaltos. Cuando ha tenido que dictar sentencias para apuntalar el régimen 78 ha tenido grandes alabanzas de los partidos que llevan sustentando este entramado desde hace más de cuarenta años (PSOE-PP). Y han sido varias las ocasiones en las que se han dado circunstancias que se han roto más de una costura del traje del supuesto Estado de derecho. Generalmente en la inmensa mayoría de esos casos el origen del conflicto procedía de la periferia territorial. Cuando han tenido que juzgar hechos cuya procedencia había que buscarla en disputas políticas procedentes de Euskal Herria y Catalunya, las más altas instancias de la judicatura española no han tenido ningún reparo en hacer volar por los aires todo lo que suene a un modelo de justicia garantista o a cualquier derecho fundamental que tengan las personas encausadas.

El problema es que estos casos de vulneración de los derechos civiles y políticos han sido vistos desde el resto del Estado como una cuestión lejana, que parecía que no iba con ellos. Pero de un tiempo a esta parte, en concreto, desde que en enero de 2020 fue investido el Gobierno de coalición actual, las togas empezaron a disparar a otros objetivos. De hecho, hace un año publiqué un artículo que lo titulé “Golpe de Estado de baja intensidad”[1], pues ya se venían dando ciertos episodios que eran muy preocupantes.

Este golpe de estado de baja intensidad, como hasta la fecha no ha logrado su objetivo, que no es otro que derrocar a este gobierno para que la extrema derecha acceda al poder, ha ido subiendo peldaños y el último ha sido la retirada del acta del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. En esta tesitura, la izquierda española empieza a vivir auténticas pesadillas desde que ha pasado a estar en el punto de mira de los poderes del Estado, convirtiéndose en el blanco de sus ataques con el objetivo de finiquitarlos políticamente y que vuelvan a la irrelevancia política.

El caso de Alberto Rodríguez es de una gravedad enorme, que se puede resumir con la siguiente frase: el Poder Judicial, con sus resoluciones, pisotea la separación de poderes para dejar sin efecto la voluntad de la soberanía popular que está representada en el Parlamento. Pero como he dicho anteriormente, esta forma de actuar por parte del Poder Judicial no es nueva. Existen precedentes que tienen muchos elementos en común con el caso de Alberto Rodríguez y que es necesario tenerlos presentes para poder tener una mejor visión de la involución que se está viviendo en algunas instituciones del Estado.

Golpe de Estado contra la separacion de poderes

Los ataques e injerencias del Poder Judicial hacia el Poder Legislativo han logrado condenar a presidentes y miembros de la mesa de órganos legislativos, como son los casos vividos en el Parlamento Vasco y en el Parlament de Catalunya.

En el primer caso la mesa del Parlamento Vasco se negó a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak a requerimiento del Tribunal Supremo. Por dicho motivo condenó a su presidente, Juan Maria Atutxa (PNV) y a otros dos miembros de la mesa, Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB Berdeak). Un caso de injerencia del Poder Judicial sobre el Legislativo autonómico vasco. El presidente del tribunal que les condenó era Marchena. El caso, como no podía ser de otra forma, acabó en TEDH, que dio la razón a los condenados y anuló la condena impuesta.

El segundo caso es la condena a Carmen Forcadell (ERC), siendo presidenta del Parlament de Catalunya. Los motivos que justificaron la condena es que facilitó el debate y aprobación de las leyes de desconexión. Por ello fue condenada por sedición, es decir, por dejar que en el Parlament se pudiera discutir una ley, que es para lo que se supone que sirve una cámara legislativa, para que sus miembros debatan y aprueben leyes, y luego ya se verán si se ajustan a la legislación o no, pero a priori, en un parlamento todo es discutible y debatible. Este procedimiento no ha tenido tiempo material de llegar a Estrasburgo, pero no cabe duda que ese es su destino, y en este caso el presidente del tribunal que condenó a Forcadell también fue Marchena.

Ambos casos citados tienen un denominador común: una injerencia por parte de un poder, el judicial, sobre otro, el legislativo. Y en ambos casos el mensaje es muy claro: cuidado con salirse de la línea, que los jueces guardianes del actual régimen están por encima de la representación popular y la separación de poderes no es que sea inexistente, sino que uno de ellos, el Judicial, está por encima del Legislativo que es la expresión de la soberanía popular.

Ahora el Tribunal Supremo ha dado un paso más en su injerencia ante el Poder Legislativo. Esta vez la víctima ha sido la mesa del Congreso de los Diputados. Pero en este caso, se ha encontrado una presidenta, Meritxell Batet, que es de un partido (PSOE), que lleva sustentando el régimen del 78 desde su inicio y obviando los informes de los letrados de la cámara que rechazaban que se inhabilitara al diputado de UP, Alberto Rodríguez, se ha plegado a las exigencias del Tribunal Supremo que lo condenó y que estaba también presidido por Marchena. Curioso, el mismo magistrado que actuó en los anteriores casos mencionados y que salía en los mensajes de Whassapp de los parlamentarios del PP como persona idónea para presidir el Tribunal Supremo y controlar la Sala Segunda por parte del PP. Si en algún momento cabía alguna duda por parte de algún despistado, con todo esto cual duda debería de estar más que de sobra despejada.

La actitud de la presidenta del Congreso no es casual. El hecho que no haya tenido en cuenta los informes realizados por los letrados del Congreso, lleva a pensar que ha obedecido instrucciones provenientes de otras instancias, porque los letrados no están como figuras decorativas.  Quizá sea casualidad que esta semana pasada PSOE y PP hayan pactado la renovación del Tribunal Constitucional y algunas otras instituciones, pero la verdad es que da que pensar.

Si la sentencia contra Alberto Rodríguez fue un atropello jurídico en lo concerniente a las pruebas practicadas y la valoración que de ellas hizo el tribunal, el retirarle su acta de diputado por parte de la presidenta del Congreso, ha sido un castigo político. Es preocupante, que la presidenta del Congreso no haya tenido presente los reiterados varapalos que el TEDH ha dado a las resoluciones que el TS, que de la mano de Marchena, ha emitido en procesos judiciales de un marcado cariz político. Da la sensación que no les debe de preocupar la imagen cara al exterior. En la actualidad, con toda la secuencia de ridículos judiciales a nivel internacional del Tribunal Supremo para intentar sin ningún éxito la extradición de Carles Puigdemont, es como para que la presidenta del Congreso hubiera tenido muy en cuenta la opinión de los juristas del Congreso, más que nada por una cuestión de higiene democrática. Si se me apura, hasta por preservar la imagen del régimen al que representa cara a Europa. Pero da la sensación que ante ciertas cuestiones, la imagen que pueden proyectar hacia el exterior no les importa absolutamente nada.

Todo esto no tendría un cierto tono surrealista, si no fuese porque el PSOE y UP forman parte de un Gobierno de coalición, que está siendo atacado por la extrema derecha a través de los elementos que tiene colocados dentro del Poder Judicial.

Lo realmente grave es que cada vez que hay un conflicto de esta naturaleza la posición del PSOE es nítida. Elige apuntalar al régimen del 78. Lo lleva haciendo desde hace años con el tema de la monarquía y, sobre todo, desde los escándalos que ha protagonizado el Emérito y que han salido a la luz en los últimos meses. Lo hace cuando tiene que tapar temas relacionados con los abusos policiales y violencia de Estado durante el franquismo como los ocurridos en los últimos cuarenta años. Y después de lo que se ha visto en el último congreso del PSOE, en que sólo ha faltado que sacasen a hombros a Felipe González, lo único que se puede uno preguntar ¿hasta cuándo Unidas Podemos va a seguir haciendo de palmeros de este gobierno?


[1] Enlace del artículo “golpe de Estado de baja intensidad” https://mikelcastrillourrejola.wordpress.com/2020/10/18/golpe-de-estado-de-baja-intensidad/

¿Es posible una ética para el siglo XXI? Javier Sádaba nos da algunas claves

Desde que Aristóteles escribió Ética a Nicómaco allá por el siglo IV a.C. han pasado más de 2.300 años y para el ser humano la ética sigue siendo un tema recurrente. Si bien el pensamiento del filósofo de Estagira sigue siendo piedra angular en todo lo relativo al razonamiento que gira alrededor del ser humano, la vida actual nada tiene que ver con la que vivieron en la Grecia Clásica. En la actualidad estamos inmersos en tiempos de incertidumbre, que se caracterizan por unos cambios vertiginosos, lo que obliga al hombre a interpretar las nuevas situaciones existentes para buscar unos códigos de conducta que nos puedan ayudar a que las relaciones con nuestros semejantes se muevan en unos parámetros lo más cercanos, en la medida de nuestras posibilidades, a la felicidad. Porque no olvidemos que la ética tiene como finalidad la búsqueda de la felicidad.

En estos tiempos de cierta zozobra por lo que nos pueda deparar el futuro, que se refleja en el los valores que hay en nuestra sociedad, el filósofo Javier Sádaba publicó en septiembre de 2020 su ensayo “Una ética para el siglo XXI”. Editorial Tecnos, en una edición de bolsillo.

Bajo un título un tanto sugestivo, Sádaba da respuesta desde una mirada ética al mundo en el que vivimos. Para ello, este ensayo de algo menos de 200 páginas, consta de seis capítulos. En cada uno de ellos “desde la perspectiva de la ética” se acercará a los desafíos que el ser humano tiene en la actualidad.

Estando inmersos en la pandemia que nos sacude, este libro puede ser una ayuda para poder afrontar los grandes problemas que tenemos en esta sociedad, teniendo muy presente los actuales avances tecnológicos que afectan directamente a las personas. 

  1. Ética y cultura.

Este primer capítulo lo desarrolla en tres partes. Lo inicia realizando un compendio de lo que es la ética para posteriormente abordar la cultura. Las enfrenta entre sí, para finalizar con las conclusiones del autor.

Al hablarnos de la ética, Sádaba lo inicia con una definición que nos sirve para tener presente en qué parámetros se va a mover a lo largo de esta obra: “ La ética o moral consiste en lograr el mejor modo de vida con uno mismo y con los demás […] En ser fiel a lo que uno cree y hacer el mayor bien a los otros evitando su mal”. A partir de aquí, inicia una síntesis de lo que es la ética. Si bien en este ensayo ética y moral los utilizará como sinónimos, da unas pinceladas de las diferencias existentes y los usos para la ética. Incide en que la ética o moral forma parte de las ciencias sociales o humanas, de ahí que factores como “la libertad humana la rodean de una inevitable incertidumbre”, pero sin llegar a ser algo arbitrario.

En este contexto en el que para responder a las dudas que surgen en el campo de la moral surgen las justificaciones o “Teorías Morales”, desarrollando cinco teorías: emotivismo, intuicionismo, la moral de la religión, deontologismo (principialismo) y el utilitarismo. Haciendo un discurso en el que desmonta las tres primeras teorías, se centra en el principialismo, siendo Kant su principal defensor y en el utilitarismo, representado por Hume, Bentham y Mill, para enfrentándolos entre sí llegar a la conclusión que lo ideal es combinar ambas opciones para “hacerlos complementarios”. Si “para el deontologista algo es bueno porque debe hacerse”, por el contrario “para el utilitarista algo debe de hacerse porque es bueno”. Para Sádaba hay que empezar siendo utilitarista, pero ha de haber una barrera compuesta de principios para neutralizar el egoísmo.

Este debate lo traslada a nuestros días utilizando la economía y los Derechos Humanos para analizar ambas posturas.

Deja para el final hablar, por un lado, del amoral, que sencillamente es quien rechaza las diferentes teorías para vivir al margen del resto de los seres humanos, siendo él el epicentro de su mundo y, por otro, quien opta por vivir la moral en su plenitud. Éste último elige el vivir La Vida Buena, teniendo como objetivo que todo el mundo viva mejor, lo que a esta persona le aporta “una satisfacción de conciencia que le hace sentirse a gusto con el resto de los humanos”.

Para el autor, el objetivo de la Vida Buena debería de estar siempre presente, aunque los avatares del día a día los vayan rebajando.

Al entrar a confrontar ética y cultura nos llevará a través de conceptos como la etología y biología, lo que desemboca en la relación entre los genes y la cultura, pues para Sádaba “la base de la cultura se entienda como se entienda, reside en la genética”.

Menciona tres formas culturales sobre las que les pasará el filtro de la ética para optar por una de ellas. Rechaza el concepto de cultura basada en “la posesión de los mayores conocimientos y sabiduría posibles” pues desde un punto de vista ético este concepto trae aparejados “el elitismo y la estratificación clasista de la sociedad”. La cultura como “transmisión social de conocimientos, entendidos estos en su sentido más amplio” la deshecha por el riesgo que “inmovilismo podría afectar a la transmisión social en cuestión”. Para el autor, una cultura dentro de los parámetros de la ética aconseja vivir la cultura de forma democrática. Une los conceptos ética, cultura y democracia. La cultura tiene que servir para “vivir el día a día con la mayor curiosidad posible” y una ética cultural debería “ayudarnos a que no nos engañen ni nos autoengañemos, a que sepamos aspirar a una manera política de vivir que nos haga convivir como iguales y con toda la libertad posible”.

Viendo los tiempos en los que estamos inmersos, con un ascenso de las ideas totalitarias, las palabras de Sádaba nos sirven para poner en valor el respeto a la diversidad cultural dentro de los valores democráticos.

  1. Ética y política.

Este capítulo es el más extenso. En él, el autor una vez que de la mano de Kant nos interrelaciona ambos conceptos al propugnar “el ejercicio de la política,.., sin entrar en colisión con derechos básicos de la persona”. Nos realiza un repaso histórico fugaz de las diferentes ideologías, arrancando en el siglo XVII con algunas pinceladas sobre el liberalismo político, para pasar a hacer una autentico repaso de las diferentes corrientes de la izquierda. Sin perder de vista que Sádaba se define como una persona libertaria, tanto en este libro como en el anterior que ha publicado[1], realiza un análisis en el que nos expone sus puntos de vista al respecto.

Al analizar las diferentes ideologías del entorno de la izquierda, uno de los interrogantes que se plantea Sádaba es dónde se encuentran en la actualidad los socialistas clásicos que se oponían a la lectura que el leninismo hacía en lo referente a la dictadura del proletariado. Por lo que respecta a la socialdemocracia, le asigna el papel de blanqueador del capitalismo. Y acabará realizando un análisis del anarquismo. La conquista o la destrucción del Estado no deja de ser el debate que a lo largo de los años ha sobrevolado en las diferentes corrientes de la izquierda.

Para Sádaba, el comportamiento de un partido ante “la conquista o la destrucción del Estado” o “cómo se confronta un partido político respecto a la estructura del Estado sirve hoy como criterio esencial para distinguir si se trata de un partido de la antigua usanza o de lo que se está llamando la nueva política”.

Todo este estudio tiene como finalidad realizar una crítica mordaz a lo que ha sido la trayectoria de la izquierda durante los últimos cincuenta años, sobre todo en el Estado español. Aboga por una democracia radical, en la que prevalezca la soberanía de los individuos, que están por encima de los políticos que se deben de limitar a ser “recadistas” de cada uno de los individuos “y no al revés”.

Es muy crítico con la teoría del mal menor que ha rondado en la izquierda española como argumento recurrente para aceptar la transición española, convirtiéndose “dogmáticamente en un principio incuestionable” que le ha llevado a encadenar fracasos, pues ha estado más preocupada en obtener poder que en “buscar alternativas … para construir una sociedad verdaderamente democrática”.

Para el autor, la ética, dentro del campo de la política, tiene que buscar una justicia para toda la sociedad, que sirva para mejora la vida de todos.

Desde el campo de la ética, profundiza en la democracia, las ideologías totalitarias y los Derechos Humanos donde nos hace un diagnóstico en el que pone el acento en la desideologización en la que se encuentra inmersa la sociedad actual. La ideología se va diluyendo hasta tocar suelo, lo que sirve de caldo de cultivo para el resurgimiento de la extrema derecha cuyos pilares son el totalitarismo y la negación de la democracia. Ante esta situación los “Derechos Humanos languidecen” al no tener una “ideología convencida que los defienda”.

Para Sádaba, el triunfo de la concepción utilitarista de la ética está llevando a esta pérdida de valores morales y a que “la democracia haga aguas”.

En la última parte de este segundo bloque, lo dedica a la “ética y la identidad local en el marco de un mundo global”. Nos expondrá una serie de conceptos como son identidad y globalización. Para ello vuelve a traer a colación la identidad cultural desde una perspectiva local y global. Sádaba nos dice que la cultura la hacemos los seres humanos, pues esta no está dada y la identidad cultural la va construyendo el ser humano, siendo el idioma, historia y tradición los tres motores de nuestra identidad cultural.

A la hora de desarrollar el estudio de la identidad local en el mundo global, como vasco y conocedor de la idiosincrasia de su pueblo, utilizará Euskadi y su identidad cultural como herramienta para realizar un análisis crítico de la situación en la que se encuentra.  A este respecto el filósofo portugalujo sostiene que “la identidad vasca tiene que ser vasca y universal. Conseguirlo, supone entender la identidad como un conjunto de rasgos distintivos que se modifican a lo largo del tiempo y que dependen de nosotros” y para ello entiende que “los vascos debemos de mantener aquello que nos constituye como tales”. A la hora de poder entender esta cuestión, el acervo cultural es una herramienta fundamental.

  1. Ética y Economía

Este capítulo no es de los más extensos, pero Sádaba sintetiza su discurso lo suficiente para que su análisis sea sencillo y ágil. Si economía y política tienen una relación estrechísima, capitalismo y liberalismo son dos caras de una misma moneda. Esto es una cuestión importante porque la crítica que realiza de la economía capitalista, va indisolublemente unida a la crítica al sistema político que lo sustenta, cuestión esta que ya ha sido tratada en el bloque anterior.

A la hora de hablar de ética y economía, se centra en la ética de la empresa o ética de los negocios, pues esta (la empresa) se ha convertido en el corazón de la economía capitalista. Sin la existencia de la empresa, el capitalismo no sería como lo conocemos en la actualidad. La empresa lo mueve todo, genera las condiciones necesarias para que el capitalismo se pueda expandir en todos los ámbitos, siendo la responsable de las desigualdades que sufre la sociedad actual. La empresa se ha convertido en el epicentro del sistema capitalista dentro de la aldea global en la que vivimos y en autentico “incitador al consumo”. Por tanto ¿qué mejor forma para hablar de la ética en la economía que haciéndolo sobre la empresa?

Sádaba, a lo largo de este bloque hace un repaso histórico de la concepción que han tenido de la empresa algunos pensadores y filósofos para pasar a analizar dos puntos de vista contrapuestos: los que propugnan una ética de la empresa y los que, por el contrario, realizan una crítica de raíz a este concepto. Nos muestra como a lo largo de la historia de la humanidad ha habido una contraposición significativa entre economía y ética. Y para hacer ese recorrido histórico, se remonta a la Grecia Clásica y, en concreto a Aristóteles, como pensador más antiguo que ya veía con desconfianza “la obtención de rentas ilimitadas”, pues ello “trastocará el recto funcionamiento de la ciudad”. Esa disputa entre economía de la empresa y ética sirve para plantearse si la empresa tiene moral o su único objetivo es la obtención de beneficios. Para ello, nos hablará de los términos RSE (Responsabilidad Social de la Empresa) y RSC (Responsabilidad Social Corporativa), que hoy están muy en boga, como un intento de salvaguarda de la imagen reputacional de las empresas.

La defensa de la ética empresarial se caracteriza por proyectar un capitalismo con rostro humano, “no cuestionarán el capitalismo sino sus excesos”, son defensores del mercado, pero “sujeto a limitaciones”. Sus seguidores utilizarán términos como RSE y RSC como herramientas para mejorar la relación de la empresa dentro de la sociedad. Dejar a un lado el término consumidor para sustituirlo por ciudadano. La pregunta es si detrás de todo este proceso de moralidad empresarial no se esconde una nueva fórmula para cosechar mayores beneficios, como ha ocurrido en empresas donde se ha puesto en práctica.

El autor se posicionará entre los que realizan una crítica radical hacia los defensores de la ética en la empresa. A la hora de analizar las teorías económicas opuestas a la ética empresarial, mencionará a marxistas y libertarios. De los primeros manifestará que “el socialismo real ha fracasado”, si bien hará una mención a la corriente del entorno del marxismo que entiende que el concepto de ética empresarial no deja de ser un intento de consolidar el sistema capitalista. Sádaba argumenta que no sostienen una alternativa clara al capitalismo, pero su insatisfacción le lleva a afirmar que “otro mundo es posible”, y para ello, canalizarían sus esfuerzos en utilizar algunas herramientas existentes dentro del sistema capitalista, como la organización de cooperativas y empresas autogestionados, como método para que la sociedad se organice en movimientos sociales, para poner en marcha los mimbres para que crezca el movimiento asociativo.

Otra de las críticas que realizan a la ética empresarial se fundamenta en que bajo esta imagen un tanto altruista y con rostro humano se esconde el mejorar la cuenta de resultado de las empresas.

Sádaba no se opone al libre mercado, pero si a la mercantilización global existente, ni se opone a la competencia siempre que esta se mantenga dentro de los parámetros de “una armonizada humanidad”.

  1. Ética y feminismo: la igualdad de la mujer

Dedica una parte de su obra al feminismo, al ser un asunto que todavía no ha sido superado de forma global por la sociedad. Siendo consciente el autor de la imposibilidad de ser original en este punto, afronta este tema para dar una respuesta comprometida.

Es interesante la radiografía que hace a lo largo de la historia para constatar la valoración que se ha hecho de la mujer, que ha tenido como denominador común la marginación a la que ha estado sometida y el desprecio hacia el género femenino.

Para Sádaba “la revolución del pensamiento femenino ha traído consigo una revolución similar en lo que atañe a la igualdad y la diferencia” y este tema pasa por “establecer una teoría feminista en la que se insista más en la diferencia, en la igualdad, o se busquen fórmulas intermedias”.

En el campo de la ética el autor nos habla de una ética masculina y otra femenina, que irían ligadas a la conciliación de las virtudes femeninas y masculinas, para la búsqueda de una ética más equilibrada. Cualquier avance en el marco de la ética que recoge este ensayo, pasa porque se dé en el marco de una sociedad igualitaria, y la igualdad hombre-mujer es, sin duda alguna, primordial.

  • Ética y religión

Al tratar sobre la ética y la religión lo hace desde dos planos diferenciados. En un primer lugar lo enfoca desde una visión académica, para ver la relación que tienen ambos términos. Es de tener cuenta la valoración que realiza de “la religión en sentido amplio” como herramienta para la búsqueda de respuestas, porque “solo desde la conciencia de tales contrasentidos surge el gran animal que es el hombre. Solo de esa manera se hace el hombre un animal interesante”.

Siendo cierto que la relación entre moral (ética) y religión tiene su punto de partida en el origen de las religiones, pues estas “incorporan un código moral a sus creencias”, Sádaba nos dice que hay que abandonar la idea que moral sea religión. Y a partir de esa afirmación nos mostrará que si bien ambas nacieron de la mano, por el contrario, la religión se moverá en el ámbito de la fe y la moral tendrá su desarrollo en el ámbito de una sociedad laica. La teología y la moral chocarán cuando una invada el terreno de la otra y ¿Cuándo se invade? Cuando una impone sus postulados a la otra.

Al estudiar esta cuestión desde “la vida cotidiana”, Sádaba nos recuerda que en la sociedad actual se siguen dando soluciones desde una visión teológica a las cuestiones morales que rondan en esta sociedad, llegándose a dar la paradoja a día de hoy, que el no creyente es el que tiene que fundamentar su postura, en vez de ser el creyente sobre el que recaiga la carga de la prueba.

Para el autor de este trabajo, esto lleva a que la religión católica goce del apoyo institucional, lo que lleva a situarla en un lugar privilegiado, en el que la religión esté por encima de la ética.

  • La ética ante la ciencia del siglo XXI

Los grandes avances de la ciencia en los últimos decenios han abierto nuevos escenarios en los que el hombre tiene que buscar respuestas y para ello necesita de la ética. Esta se convierte en una herramienta imprescindible para que los avances en todos los ámbitos de la ciencia no pongan en cuestión la identidad del ser humano. Javier Sádaba dará respuesta a todo esto a través de la ética y lo hará hablando de tres temas: la bioética, la eutanasia y el transhumanismo.

El autor nos habla de la bioética, cuya función consiste en aportar “una valoración moral sobre las ciencias de la vida”. Para ello nos realizará un viaje para darnos a conocer las diferentes tendencias que se mueven en este campo y las respuestas que dan al respecto, teniendo presente que “lo científico y lo humanístico se tocan o pueden tocarse en ocasiones”.

La bioética se enfrenta, entre otros, a temas como el aborto, eutanasia, las células madre o investigación sobre embriones. De todos estos temas se centrará en la eutanasia.

Defensor de la práctica de la eutanasia, Sádaba profundizará en ella para enfrentarla con la moralidad y las objeciones existente.

Si en palabras de Sádaba, para Francis Bacon, el significado de eutanasia es “buena muerte”, el autor de este ensayo aboga por la inclusión de varias características fundamentales como “la voluntad clara del paciente de que se acabe con su vida, irreversibilidad de la enfermedad, con la consiguiente falta de alternativas, y sufrimiento físico y psíquico”, lo que le lleva a diferenciar algunas prácticas que no se pueden considerar propiamente eutanasia activa.

La eutanasia la encuadra “dentro de los derechos que nos competen a los humanos y que funcionan para proteger algunas de nuestras necesidades”. Y nada tiene que ver con la eutanasia pasiva o el suicidio asistido. La gran diferencia con el suicidio asistido es que en este último caso no se le aplica a un enfermo terminal, como sucede en la eutanasia.

Sádaba nos realiza un discurso muy clarificador para diferenciar la eutanasia con cierto tipo de praxis que sí que se pueden considerar atrocidades contra vida y la dignidad humana. Y desmonta los tabús y la imagen manipulada que se quiere dar de la eutanasia.

Cuando confronta la eutanasia con la moralidad, utiliza como pilares la libertad y el no sufrir. En el caso de la libertad, que equivale a ser uno dueño de sus actos y, por tanto, debe de ser respetada “la libertad que la persona tiene sobre su cuerpo y su salud”. Si el morir es el último acto de la vida, este tiene que estar en manos de cada individuo, para que pueda de tener un final con dignidad, que pasa por el respeto a que la persona pueda decidir con su propia muerte.

En esta confrontación entre ética y eutanasia Sádaba nos viene a decir que uno de los fines de la ética, al igual que la medicina, es evitar el sufrimiento Hay que evitar el sufrimiento inútil. Lo importante no es la vida sino la calidad de vida, y la eutanasia ayuda a minimizar el sufrimiento.

El último tema que trata en este capitulo es el concerniente al transhumanismo. Genética, robótica y desarrollo tecnológico son términos que están ayudando a mejorar el cuerpo humano. En el caso de la robótica, nos acerca a la Inteligencia Artificial. Todo esto tendría como finalidad “lograr seres superhumanos con una inteligencia” superior a la nuestra. Todos estos avances que van superando el concepto que tenemos de humanidad, está revolucionando hasta tal punto los estándares existentes, que se está abriendo paso términos como inmortalidad.

Al hablar de inmortalidad la ciencia entra en el campo de las religiones, pues, como nos dice Sádaba, “el núcleo de las religiones de nuestro entorno reside en la superación de la muerte”. Buscan la inmortalidad. En la actualidad nos encontraríamos con unos avances científicos que podrían poner en peligro al ser humano como lo concebimos, o en palabras de Sádaba “tales transformaciones podrían acabar con lo que entendemos por Homo Sapiens”.

Para finalizar, la lectura de este libro nos puede ayudar a responder algunos interrogantes que nos surgen en este mundo tan complicado y cambiante. El filósofo Javier Sádaba nos expone en este libro su visión de una serie de temas alejada de cualquier dogmatismo.


[1] Porque soy libertario; Editorial Catarata; Autor Javier Sádaba. https://mikelcastrillourrejola.wordpress.com/2020/03/11/el-pensamiento-libertario-en-javier-sadaba/