Categoría: Política

El fin de la hegemonía de Occidente

mikelcastrillourrejola2 comentarios

A lo largo de la historia de la humanidad tanto las civilizaciones como los imperios han tenido una evolución un tanto similar a los seres humanos. Surgen, van creciendo hasta alcanzar su cenit, y a partir de un momento empiezan un periodo de decadencia que los aboca, en el mejor de los casos, a su desaparición y en las situaciones más traumáticas a su total destrucción.

En la prehistoria la duración de las civilizaciones e imperios podía prolongarse durante varios milenios, pero con el transcurso del tiempo el periodo de maduración de las diferentes civilizaciones, imperios y hegemonías han ido acortándose de forma sustancial. La secuencia es diáfana. La civilización egipcia se prolongó durante más de 3.500 años, la civilización romana y su posterior imperio se extendieron lo largo de algo más de un milenio y los posteriores imperios, como el español o el británico, apenas duraron unos siglos. Ahora que la hegemonía de EEUU está en retroceso y a falta de ver quién coge el testigo, aunque da la impresión que es China quien tiene todas papeletas, podemos decir que su duración no ha llegado ni a tan solo doscientos años. El mundo cada vez se mueve a mayor velocidad, lo que hace que tenga una vida muy intensa pero que los periodos de dominación a nivel internacional sean menores.

En este contexto parece que los EEUU han entrado en una fase en la que su hegemonía no sólo está en entredicho, pues lleva tiempo dando síntomas de agotamiento, sino que los últimos acontecimientos están siendo el preludio de su desaparición como la potencia que hemos conocido a lo largo del siglo XX y, de paso, está arrastrando a los países que forman la UE y lo que conocemos como Occidente, pues no dejan de ser sus aliados estratégicos y preferentes a través de la OTAN y otros tratados internaciones.

La salida a trompicones de Afganistán ha sido algo más que un simple traspiés. Ha supuesto un torpedo en la línea de flotación de la estrategia geopolítica de todos los países occidentales cuyas consecuencias se podrán evaluar con el tiempo. Pero hay una cosa que es necesaria tener presente, cuando alguien pierde es porque otro gana y en este caso el verdadero ganador lo veremos más pronto que tarde, porque no parece que los talibanes vayan a ser los vencedores de la batalla geoestratégica.

El ridículo con el que nos han obsequiado todos los países que han tenido una intervención directa en Afganistán a lo largo de estos últimos veinte años será estudiado en los libros de historia como uno de los fracasos más estrepitosos de la política intervencionista americana y sus socios en este conflicto, superando con creces a Vietnam o a los fracasos militares de Napoleón y Hitler en la gélida Rusia. EEUU y los países de la OTAN acaban de tener en Afganistán su Waterloo particular y no parece que estén haciendo propósito de enmienda. Las políticas intervencionistas de EEUU y sus aliados en la zona van de fiasco en fiasco y han logrado que desde Túnez hasta la frontera con India, todos esos países sean un avispero. Un conflicto internacional con varios escenarios bélicos, Libia, Siria, Kurdistán, Palestina, Irak, Yemen y Afganistán entre otros, con muchos intereses cruzados en juego y con un mundo cada vez más inseguro.

La llegada de los talibanes al poder en Afganistán era de todo punto esperable. Han realizado un trabajo de hormiga desde que en 2001 fueron desalojados del poder. Han sido pacientes y han tenido una ayuda externa nada desdeñable. El Gobierno proamericano de Afganistán de los últimos veinte años ha podido mantenerse en el poder única y exclusivamente gracias a la ayuda integral que ha recibido de Occidente. Un apoyo que se ha plasmado en todo lo que puede necesitar un gobierno para mantenerse en el poder. Era como un bebe que requería todo tipo de cuidados, pero con el paso del tiempo, en cuanto lo dejaron para que se valiese por sí mismo, se diluyó como un azucarillo en el agua.

La llegada de los talibanes era predecible desde la firma de los acuerdos de Doha por parte de la Administración de Trump en septiembre de 2020. Pusieron la pista de aterrizaje a la llegada de los talibanes, pero el poder presentar a la opinión pública americana la salida de su ejército de Afganistán, no dejaba de ser la fotografía que necesitaba Trump para presentarla en la campaña electoral a las elecciones presidenciales que estaban a dos meses vista. El aceptar ante los talibanes la retirada de las fuerzas militares americanas podía ser una fuente de votos, pero también era la firma del acta de defunción del régimen proamericano de Afganistán.

Son muchas las preguntas que quedan en el aire y muchas las hipótesis que se pueden formular sobre lo ocurrido en Afganistán y los nuevos equilibrios internaciones que se van a dar a partir de ahora, y para ello va a ser necesario que pase un tiempo prudencial para poder tener una perspectiva sobre todo lo ocurrido.

A estas alturas creer que EEUU cuando interviene militarmente en un país es para exportar la democracia es creer sencilla y llanamente en la cuadratura del círculo. Todo este tipo de intervenciones en absoluto han tenido una finalidad política, sino de control geoestratégico. La estrategia que EEUU ha utilizado de forma reiterada nunca ha pasado por poner los mimbres para que en el país invadido se fuera consolidando un régimen democrático con el que sus habitantes se sintieran identificados. Sólo hay que ver el modus operandi que han desarrollado en Latinoamérica a lo largo de la historia, llenando el continente de militares golpistas. Las soluciones que han planteado, y Afganistán es uno de los ejemplos palmarios, han sido la de poner a un gobierno títere, corrupto hasta las cejas, que más que servir a los intereses de su pueblo, estaba interesado en satisfacer las pretensiones de quienes lo habían colocado en la cúspide y, de paso, enriquecerse por si en algún momento fuese necesario buscar un exilio dorado.

La política geoestratégica que EEUU y sus aliados han desarrollado a lo largo del planeta y en especial en Oriente Medio y el norte de África en los últimos cincuenta años han estado presididas por tener aliados que están en las antípodas de los estándares democráticos y de los derechos humanos, pero con el fin de satisfacer un deseo insaciable de apropiarse de todos los recursos naturales de esos países, y para ello no han escatimado esfuerzos, ni se han preocupado por esos valores que presiden los discursos de los dirigentes de Occidente. Es sorprendente que a estas alturas hablen del desastre que supone que hayan llegado los talibanes al poder en Afganistán cuando la mayor parte de los países de la región son la negación de lo que Occidente dice representar y por el contrario las relaciones internacionales de estos con Occidente son muy estrechas. Países como las monarquías del Golfo Pérsico o Israel deberían de sonrojar a cualquier demócrata, pero para los dirigentes de EEUU y la UE siempre han estado por encima otros intereses mucho más oscuros, entre ellos el crematístico, lo que les ha llevado a ser capaces de incendiar una región del planeta para defender sus objetivos.

En algo más de veinte años han conseguido el record de desestabilizar toda la región, que de por sí ya era un escenario caliente, organizando una guerra contra Irak, financiando una serie de guerras para derrocar a los regímenes de Siria y Libia, teniendo como socios preferentes a Israel y Arabia Saudita a los que les han dado cobertura para todos sus desmanes. Y al final, todos esos conflictos se les han ido de las manos. Cuando a principios de los años ochenta del siglo pasado financiaron todo tipo de grupos muyahidines, entre los que estaban los talibanes,  para luchar contra la URSS en Afganistán, utilizando Pakistán como  auténtico santuario fueron engordando a un monstruo que ha acabado por devorarlos.

Durante décadas Occidente ha tenido como uno de sus objetivos estratégicos hacer suculentos negocios con las monarquías de Oriente Medio, vendiéndoles armamento pesado, teniendo constancia que gran parte de ese armamento podía acabar en manos de grupos de integristas islámicos para realizar todo tipo de tropelías tanto en esa región como en diferentes partes del mundo y no parece que a los países occidentales eso les haya importado demasiado. Por encima de toda ética democrática estaban muy los intereses de la industria armamentística y las contrapartidas que podrían obtener de las monarquías feudales de los países del Golfo. El lema podría ser el capitalismo por encima de la democracia.

La relación que Occidente, pero sobre todo EEUU, tiene con Pakistán, que ha sido la gran base logística de los talibanes es para tener muy presente. Algo que puede parecer a simple vista como una auténtica contradicción o, dicho de otro modo, un error de cálculo por parte de Occidente, no deja de ser una zona oscura en la que Occidente ha jugado sin que le genere ninguna contradicción pero donde se ha vuelto demostrar que han sido el cazador cazado.

Que nadie se lleve a engaños, el régimen talibán no se va a sentir sólo ni va a sufrir ningún tipo de bloqueo económico al estilo de Cuba o Venezuela. Esta forma de actuar sólo está reservada para países que reivindican su soberanía, se oponen a todo tipo de injerencias externas y tienen a gala defender un sistema económico al margen de capitalismo. Si ya en el mes de julio, antes de haber tomado el poder, una delegación de los talibanes se desplazaba a Pekín para reunirse con los dirigentes chinos, nada más tomar el poder han viajado a Pakistán para reunirse con sus autoridades. Pero el país que ha sido el mayor aliado estratégico de los talibanes ha sido Qatar y por lo últimos movimientos habidos, Turquía no se quiere quedar atrás. Por tanto, si en menos de un mes de haber logrado los talibanes el poder, ya han conseguido todos estos éxitos a nivel internacional, la duda no es si Occidente va a reconocer a los talibanes, sino cuanto van a tardar en reconocerlos. Como siempre, mirarán para otro lado en materia de derechos humanos e intentarán que sus enemigos estratégicos no tengan el control total de la zona, aunque se me antoja que llegan muy parte para evitar esto último.

En todo este tablero que es la política internacional a nivel mundial tanto Rusia como China, pero sobre todo esta última, se empiezan a encontrar muy cómodas. Sin necesidad de realizar intervenciones bélicas generalizadas, al estilo de los EEUU, están ampliando sus aéreas de influencia en todos los continentes. No es que sus políticas se caractericen por métodos éticos en su forma de operar, pues utilizan todo tipo de fórmulas para ir expandiendo su influencia.

Y como ocurrió cuando estalló la Primera Guerra Mundial, a lo largo de todas estas décadas la socialdemocracia europea ha vuelto a desarrollar un papel en el que le ha preocupado mucho más los intereses de las élites de sus respectivos países que los intereses de las clases populares. No se les ha visto un posicionamiento uniforme habiendo aceptado las políticas de los partidos de la derecha europea e intentando no contravenir mucho las posturas de los EEUU. La socialdemocracia está totalmente desaparecida en lo que atañe a la política internacional, lo que deja el camino expedito para que en política internacional la derecha europea pueda hacer seguidismo de la política internacional de los EEUU, al servicio de los intereses de las multinacionales que tienen intereses en esas regiones de conflicto.

Todo este desastre que ha supuesto la llegada de los talibanes al poder de Afganistán y el desastre humanitario que ya estamos viendo, lo único que está sirviendo es para que los partidos xenófogos y de extrema derecha pongan encima de la mesa su discurso de odio para que siga calando en la población, utilizando como mantra su discurso en contra de los refugiados y el miedo al enemigo exterior. No deja de ser un discurso que cala fácilmente en la población y que no parece que encuentre grandes obstáculos para ponerlo en práctica. En este tema, una vez más, la UE está intentando escurrir el bulto y dentro de su discurso vacío aunque de frases grandilocuentes, no está haciendo absolutamente nada por resolver la emergencia humanitaria que se avecina. La fractura interna que arrastra desde hace tiempo lleva de forma irremediable a otro nuevo fracaso y así hasta que se acabe autodestruyendo.

Tres fechas claves en la historia del pueblo vasco

mikelcastrillourrejola7 comentarios

El pasado mes de octubre se han celebrado los aniversarios de tres acontecimientos de relevancia en la historia del pueblo vasco sobre los que voy a realizar esta reseña. Los tres tienen un mismo denominador común: la relación jurídico-política existente entre Euskal Herria y España. Estos momentos históricos son la aprobación de la Ley de 25 de octubre de 1839 de confirmación de los fueros, la aprobación el 1 de octubre de 1936 en las Cortes españolas del Estatuto Vasco de la II República y otro 25 de octubre, pero de 1979, la celebración del referéndum para la aprobación del Estatuto de autonomía para los territorios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

La ley de 25 de octubre de 1839 tiene su origen en el final de la primera guerra carlista, el 31 de agosto de 1839, mediante el Abrazo de Vergara entre el general isabelino Espartero y el general carlista Maroto. Al finalizar la guerra se procedió a la aprobación de la Ley de Confirmación de los fueros. Esta denominación no deja de ser un eufemismo, porque esa ley lo que realmente trajo fue el primer recorte a los fueros que tenían los territorios vascos hasta la fecha. Las Cortes aprobaron dos artículos con el siguiente contenido: “1º. Se confirman los Fueros de las Provincias Vascongadas y de Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía 2º. El Gobierno, tan pronto como la oportunidad lo permita, y oyendo antes a las provincias Vascongadas y Navarra, propondrá a las Cortes la modificación indispensable que en los mencionados Fueros reclame el interés de las mismas, conciliado con el general de la nación y de la Constitución de la Monarquía”. Como consecuencia de esta ley, en 1841 se aprobará la Ley “Paccionada” de modificación de los Fueros de Navarra.

Este sometimiento y armonización de los Fueros a la “Constitución de la Monarquía” y que no fueran en contra de la “unidad constitucional de la Monarquía” no era otra cosa que un recorte de tal magnitud que los Fueros perdían la esencia de su existencia, pues eran la herramienta jurídico-política fundamental que permitía a estos cuatro territorios gobernarse al margen del resto de la corona. Hasta la fecha lo único que compartían era el mismo monarca. El catedrático de Historia contemporánea Juan Pablo Fusi, en su trabajo “EL PROBLEMA VASCO: DE LOS FUEROS AL ESTATUTO DE GUERNICA”, define de esta forma a la ley de 25 de octubre de 1839: “la ley que abriría el proceso de abolición de los fueros, el régimen institucional histórico de los territorios vasco-navarros”.

De la lectura de estos dos artículos se pueden extraer las siguientes conclusiones: Si se confirmaban los Fueros, sin perjuicio de la unidad constitucional, es evidente que hasta 1839 no se había dado esa unidad constitucional y si estos Fueros tenían que ser conciliados con el general de la nación y de la Constitución de la Monarquía es que hasta la fecha ni “conciliaban”, ni las normas existentes en el Reino formaban un cuerpo legal homogéneo que permitiera hablar de una nación pues no existía una compilación normativa donde se recogiera todas esas normas e instituciones necesarias para definirlo como un Estado.

A partir de la aprobación de esta ley con el eufemismo de “confirmación de los fueros” se procedió a una derogación de las instituciones y normas más genuinas de los fueros. En el caso de Navarra el recorte que sufrieron lo expresa José Mari Esparza Zabalegi en los siguientes términos: “Navarra dejaba de ser un reino y pasaba ser mera provincia; desaparecían sus Cortes y con ellas la independencia legislativa y judicial; se perdía la capacidad de emitir moneda propia; el virrey era sustituido por un capitán general, en el plano militar y por un gobernador, en el civil; se obligaba a los navarros a participar en el servicio militar o “contribución de sangre”; se  trasladaban las aduanas del Ebro a los Pirineos, integrándose Navarra en el mercado estatal”[1]. Por lo que respecta a los otros tres territorios vascos estos recortes se dieron con posterioridad.

El motivo más importante por el que el poder central iniciara el proceso de abolición foral vasca no fue otro que el de defender los intereses económicos de las clases, sociales y políticas, dominantes de la época. La legislación foral vasca a principio del siglo XIX era un obstáculo para los intereses de las nacientes clases altas en Euskal Herria, sobre todo de las ubicadas en Bilbao y San Sebastián. Los negocios de la oligarquía, alta burguesía vasca y española y de la naciente burguesía comercial de Bilbao y San Sebastián, chocaban con la foralidad[2]. A todo esto habría que añadir el hecho de que, esta legislación, no era propicia para que capitales extranjeros pudieran entrar a explotar las riquezas naturales existentes en el subsuelo vasco. Contrariamente, en otros lugares del Estado, acontecía que las concesiones de las explotaciones mineras estaban en manos de empresas y capital extranjero[3] y habían sido adjudicadas a precios muy ventajosos para las compañías explotadoras. La hegemonía socioeconómica de la oligarquía y burguesía vasca era importante y ambas estaban interesadas en acabar con el proteccionismo que recogía las normas forales, para así poder potenciar el librecambismo. En este periodo, los liberales coinciden con los intereses de la aristocracia terrateniente andaluza y castellana, pues los procesos de desamortización que lideraron los diversos gobiernos liberales originaron una concentración de inmuebles y tierras en manos de un reducido grupo de terratenientes y oligarcas, en detrimento de las clases más desfavorecidas y de los bienes comunales.

Todo esto llevará a la Corona a intentar la abolición de los fueros, lo único que faltaba para llegar a este desenlace era esperar el momento idóneo. Desde la llegada de los borbones hubo varios acontecimientos históricos en los que se detecta el objetivo de la desaparición de los fueros. A principios del s. XVIII (1718) se produce el primero, fue el episodio de privación de los fueros a Bizkaia con ocasión de la sublevación por el Estanco de la Sal, sin embargo no fue el único. Los vaivenes de la política española desde la llegada de los borbones, y especialmente desde la Guerra de la Independencia con la lucha entre absolutistas y liberales por el control del poder, facilitaban que los fueros se convirtieran en una víctima más de la lucha que mantenían ambos sectores políticos; por ello se puede afirmar que la cuestión foral es la causa principal de la Primera Guerra Carlista en Euskal Herria[4]. Todo este proceso culminaría en julio de 1876 con la abolición de los fueros en su totalidad.

La definición que mejor se ajusta a la lucha llevada por el pueblo vasco en el siglo XIX a través de las guerras carlistas la aporta el Colectivo IPES. Fue la expresión de “la lucha entre la necesidad de unificación económica de la burguesía a nivel del Estado y por consiguiente de unificación de sus estructuras políticas y culturales y la resistencia de un pueblo a ver suprimido violentamente su modo de producción tanto a nivel económico como político y cultural”[5].

La segunda fecha a tener presente es la aprobación del Estatuto Vasco el 1 de octubre de 1936 en las Cortes españolas de la II República, reunidas en Valencia mediante el procedimiento de urgencia, en plena guerra civil.

Para llegar a la aprobación de este Estatuto, hubo que recorrer un tortuoso camino. La cuestión vasca no empezó con buen pie. Hay que partir de la premisa que el nacionalismo vasco no fue invitado a la reunión del Pacto de San Sebastián, celebrada el 17 de agosto de 1930, para fijar una hoja de ruta para instaurar la República, muy por el contrario, sí se contó con la presencia de los nacionalistas catalanes. En aquel momento tampoco puso mucho interés el PNV en asistir, pero lo cierto es que el hecho tuvo sus repercusiones, pues en las decisiones adoptadas se recogía, de forma expresa, admitir la personalidad política catalana. Sin embargo, la ausencia en dicho acuerdo de los políticos vascos autonomistas, redundaría de forma perjudicial en una futura aprobación de un Estatuto de autonomía vasco[6].

Una vez que se proclamó la II República, el Gobierno republicano no demostró interés alguno por sacar adelante un estatuto para Euskal Herria, al contrario de Cataluña, pero en Euskadi empezaron a darse los pasos para la aprobación del Estatuto. La Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza (SEV-EI), compuesta por nacionalistas, tradicionalistas y republicanos, elaboró un proyecto articulado del Estatuto General del Estado Vasco a instancia del asamblea de ayuntamientos, movimiento vinculado al PNV[7]. Ese proyecto partía de la base que la República, en su constitución, estaba dispuesta a adoptar un modelo federal, pero de hecho no fue así, pues se definió como República integral. Ese texto seguía una línea aconfesional, acorde con la nueva forma de gobierno y los aires que lo inspiraban.

El movimiento de alcaldes organizó varias reuniones para convocar una asamblea de alcaldes para debatir el proyecto de la SEV-EI. En esas reuniones varios alcaldes nacionalistas y tradicionalistas añadieron una enmienda de marcado perfil confesional. La comunidad vasca tendría completa autonomía entre la Iglesia y el Estado y estaría facultada para negociar un Concordato independiente con el Vaticano[8].

Ese proyecto será el que en el mes de junio de 1931 se debata en Estella con la inclusión de la enmienda anteriormente mencionada. Este Estatuto arrastró los siguientes problemas: Desde las filas del nacionalismo vasco, representado por el PNV, eligieron como compañeros de viaje a los carlistas, pues al inicio de la República la dirección del PNV veía con ciertas reticencias el nuevo régimen. El posicionamiento ideológico de su dirección estaba cercana al carlismo en la restauración foral como forma para recuperar los derechos históricos vascos y en la cuestión religiosa. El carlismo, si bien hablaba de la reinstauración foral, desde el mismo día que se proclamó la II República estuvo conspirando para su derrocamiento. Realmente el carlismo hacía muchas décadas que había marginado la cuestión foral y la base de su ideario ideológico se basaba en el integrismo religioso y la restauración de una situación predemocrática. En este momento, para los carlistas apoyar el Estatuto de Estella no dejaba de ser una táctica para atacar a la República. El PNV en los primeros meses de la II República había elegido unos aliados, que con el tiempo se quitarían la máscara para posicionarse en contra del Estatuto. Esta alianza era mirada con recelo por los republicanos y ello influyó en que miraran con recelo el autonomismo vasco[9].

Las modificaciones que se realizaron al Estatuto aprobado en Estella también recibieron la crítica de ANV, partido nacionalista, aconfesional y de izquierdas, nacido en noviembre de 1930.

En concreto, en cuanto desapareció del documento el perfil religioso, que el PNV y los carlistas añadieron al proyecto de la SEV-EI, estos últimos se descolgaron del proceso. El carlismo representaba a la oligarquía y la reacción por lo que era incompatible con el sector progresista del PNV, el cual iba ganando posiciones dentro del nacionalismo. Por el contrario, el carlismo día a día se iba profundizando en un endurecimiento reaccionario[10]. La figura que fue ganando peso en esa nueva imagen del PNV era la de José Antonio Agirre.

El tratamiento que se hacía de la cuestión religiosa en ese proyecto, debido a las modificaciones que introdujo el PNV junto con los carlistas, fue motivo más que suficiente para que socialistas y republicanos, que no se distinguían por una voluntad estatutaria, no lo apoyasen. Este Estatuto no prosperaría en las Cortes porque una de sus cláusulas, la relativa al Concordato con la Santa Sede, fue declarada inconstitucional, lo que provocó que todo el Estatuto fuera echado para atrás.

A partir de este momento, se inicia otro segundo intento para sacar adelante un estatuto, esta vez con el impulso de las Gestoras Provinciales. Al no haberse celebrado elecciones para las diputaciones, esas gestoras habían sido nombradas por el Gobierno central. Éste temía que si se celebraran unas elecciones para renovar las diputaciones, fueran controladas por nacionalistas y carlistas por el gran peso electoral del mundo rural vasco[11]. La comisión vuelve a utilizar el proyecto elaborado por la SEV-EI antes de las modificaciones de la Asamblea de Estella. En este nuevo texto las competencias reservadas al futuro Gobierno autónomo vasco son más limitadas que en el Estatuto de Estella, los idiomas oficiales son el euskera y el castellano (en el Estatuto de Estella sólo era el euskera) y las relaciones con la Iglesia se reservaban a la República[12]. Pero este proyecto tampoco fructificó. Ello se debió a que en la Asamblea celebrada en Pamplona, en junio de 1932, fue aprobado por los municipios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, pero no tuvo la mayoría entre los municipios navarros (123 en contra y 104 a favor). En días posteriores a la celebración de la asamblea, se publicaron referencias en las que hubo apoderados de algunos ayuntamientos navarros que infringieron el mandato del consistorio al que representaban, votando en contra o absteniéndose[13]. La posición contraria de la derecha navarra se vio ayudada por la postura de boicot[14] que mantuvieron los republicanos e izquierdas navarras. Republicanos y socialistas cometieron el error de no ayudar a crear un Gobierno vasco en el que estuvieran los cuatro territorios, lo que hubiera sido fundamental para dar estabilidad a la República y además hubiera servido para tener más controlados los movimientos golpistas en los que empezaba a tener presencia el carlismo. El primer intento de golpe de Estado de Sanjurjo se produjo en agosto de 1932, que tuvo el apoyo de la oligarquía vasca, junto con los terratenientes y financieros de la época y las viejas castas militares[15].

La situación derivó en la elaboración de otro proyecto únicamente para los territorios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Sus trabajos finalizaron el 6 de agosto de 1933, siendo votado en referéndum el 5 de noviembre de 1933, pero este Estatuto no pudo entrar en vigor. En las elecciones de noviembre de 1933 las derechas españolas obtuvieron el triunfo y, como era de esperar, el Estatuto se guardó en un cajón pues el bloque de derechas se oponía a su aprobación en las Cortes.

Hubo que esperar a que en las elecciones de febrero de 1936 saliera una mayoría absoluta del Frente Popular para que, en abril de ese año, el estatuto  se volviera a presentar en las Cortes españolas. La Comisión de Estatutos acuerda dar por válida la consulta realizada en noviembre de 1933, teniendo validez para los tres territorios (Álava, Gipuzkoa y Bizkaia) pero su aprobación en el pleno sigue demorándose y se produce el golpe militar de julio de 1936 que, al no triunfar, acabaría transformándose en una guerra civil. En esos momentos de organización de la defensa, ante el ataque de los sublevados y viendo que la República seguía sin desatascar el problema, algunos miembros destacados del PNV se movieron para la creación de un gobierno vasco que surgiera de las Juntas de Defensa[16].

Al final, en plena contienda, las Cortes Republicanas aprobaran el Estatuto el 1 de octubre de 1936. Un triunfo con sabor amargo porque todo este calvario se podía haber evitado y hubiera sido de gran ayuda para la defensa de la República. Sin embargo, se aprobó cuando más de la mitad del territorio vasco estaba ocupado por la sublevación fascista. Desgraciadamente, la suerte del Estatuto y de la Euskal Herria estaba echada y dejaba maltrecha a la República.

La tercera fecha, 25 de octubre de 1979, es la fecha del referéndum para la aprobación del Estatuto de autonomía para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. En este último caso el proceso duró algo más de dos años, lo que no fue óbice para que sufriera todo tipo de obstáculos y tensiones políticas y sociales.

En esta ocasión el régimen estaba representado por un gobierno cuyos miembros habían sido altos cargos de la dictadura franquista, con la misión de pilotar el proceso de reforma después del fallecimiento del dictador. Se presentaron a las elecciones a través de un partido, UCD, que estaba copado por personas destacadas del franquismo y que, a diferencia de AP, fundada por Manuel Fraga, intentaba ser la cara amable de una nueva derecha.

Los partidos tradicionales herederos de la República y del Estatuto del 1936, PNV, PSOE y PCE iban a ser los actores principales en todo este proceso que se iba a dar en Euskal Herria, junto con UCD. A todos ellos habría que añadir la presencia de un nuevo espacio político: la izquierda abertzale. En el período de la II República este espacio era muy reducido, siendo representado por ANV. Por el contrario, en el periodo 1977-1979 la izquierda abertzale era un movimiento político pujante que estaba representado por dos tendencias: Euskadiko Ezkerra (EE)[17] y Herri Batasuna (HB)[18]. Ambos espacios políticos tuvieron una participación en todo el proceso, si bien es cierto, que el Estatuto fue el momento que las terminó de alejar entre sí de forma irremediable. Las causas de ese alejamiento fueron más profundas y serán expuestas posteriormente.

En esta ocasión la aprobación del Estatuto fue un proceso que se inició el 15 de junio de 1977, fecha en la que se celebran las primeras elecciones generales desde el derrocamiento de la II República. Duró algo más de dos años, pero tuvo tanta intensidad o más que la que se vivió durante el período republicano.

Las elecciones de junio de 1977 se celebraron sin la presencia de una parte muy importante de la izquierda abertzale, que decidió no concurrir a dichos comicios al no haber salido todos los presos políticos vascos de las cárceles y estar algunas organizaciones políticas ilegalizadas, porque en sus estatutos propugnaban la independencia de Euskal Herria. Por estos motivos hicieron campaña en favor de la abstención. Este hecho, sin duda alguna, condicionó en gran medida los resultados que se dieron. De las elecciones salieron dos partidos mayoritarios, PNV y PSOE y dos partidos minoritarios, UCD y Euskadiko Ezkerra.

Nada más constituirse las Cortes en julio de 1977, se inició un proceso laborioso de redacción, debate y aprobación de la Constitución. Este proceso, que duraría hasta diciembre de 1978, marcó toda la controversia que se dio en materia territorial.

Paralelamente, a partir de los resultados de estas elecciones se forma la Asamblea de parlamentarios vascos (diputados y senadores). A esta asamblea se unen la totalidad de los parlamentarios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, los dos diputados del PSOE por Navarra y el histórico nacionalista, Manuel Irujo, que había sido elegido senador por Navarra en la candidatura del Frente autonómico (PSOE-PNV). Los seis parlamentarios (tres diputados y tres senadores) de UCD elegidos  por Navarra no se unieron. La primera reunión de la Asamblea se celebró el 22 de junio de 1977 y todas las fuerzas políticas presentes adoptaron tres resoluciones: el reconocimiento de la personalidad política y administrativa de Euskadi, la legalización de todos los partidos sin excepción y una amnistía total para todos los hechos de intencionalidad política[19]. El consenso no daba para más.

A partir de este momento se inicia una serie de reuniones de esta Asamblea con un objetivo: poner en marcha el régimen pre-autonómico. Esto era un estado transitorio hasta que se aprobaran los estatutos de autonomía, que no podían llegar hasta que no hubiese una constitución que les diera cobertura legal y los regulara. Pero en las naciones históricas la presión popular al Régimen llevó a la concesión de este estatus transitorio que no dejaban de ser movimientos tácticos del Gobierno de la UCD para controlar la situación.

En los primeros compases hubo una cuestión que marcaría la marcha del proceso y mediría las  fuerzas entre los diferentes partidos: La negativa de los parlamentarios de UCD de Navarra a participar en un proceso común para los cuatro territorios vascos. Hay que tener presente que gracias a la ley de Hondt la UCD obtuvo en Navarra la mayoría absoluta de los cargos electos con menos del 30% de los sufragios. En ese momento la posición del PSOE era favorable a la integración de Navarra en Euskadi. Pero el Gobierno de la UCD, sabedor que tenía la llave, dio los pasos necesarios para que no se produjera la integración. Todo esto sin soliviantar al PNV y al PSOE. Movió las fichas tanto desde Madrid como de las instituciones navarras, que todavía no habían sido elegidas democráticamente, y que estaban controladas por el Bunker franquista.

En enero de 1978 se aprueba el decreto-ley de aprobación del pre-autonómico vasco y se nombra en febrero el Consejo General Vasco. Una institución que fue el reflejo de la situación política, foro donde PNV y PSOE rivalizaban políticamente a la hora de discutir el modelo de país que defendían. Las otras formaciones que lo componían (UCD y EE) no dejaban de ser meras comparsas, sin perjuicio que la UCD siempre jugaba con la tranquilidad que le daba que los suyos controlaran todo el aparato del Estado.

El proceso de elaboración del Estatuto se realizó en dos fases: la primera fase abarcó los meses de noviembre y diciembre de 1978. En ese período la asamblea de parlamentarios vascos debatió el proyecto de Estatuto. Éste fue presentado en el Congreso de los diputados el 29 de diciembre de ese año. La segunda se inicia en el mes de julio de 1979, momento en el que se inicia el trámite en el Congreso, siendo aprobado el 21 de julio y ratificado en referendum el día 25 de octubre de 1979. Este último proceso se realiza después que el 1 de marzo de 1979 se hubieran celebrado unas nuevas elecciones generales que trajeron un cambio en el tablero político. La irrupción de HB con 3 diputados y un senador, sin duda alguna, trajo de cabeza a los artífices de la Reforma. No hay que olvidar que en las anteriores elecciones las organizaciones que conformaban esta candidatura pidieron la abstención y en los regímenes parlamentarios todo lo que no tiene representación es como si no existiese.

Todo este proceso que trascurre desde las primeras elecciones después de la muerte del dictador hasta la aprobación del Estatuto fue un momento clave en muchos aspectos.

En dicho periodo durante la tramitación tanto de la Constitución como del Estatuto de autonomía se pudo observar el margen de maniobra que dejaba el régimen a las reivindicaciones territoriales de la población vasca. Hubo momentos muy duros y tensiones en los que parecía que todo saltaba por los aires, sobre todo cuando el Estatuto se debatió en el Congreso de los diputados en julio de 1979. Uno de esos momentos se produjo días antes que el Estatuto de autonomía se tramitara en el Congreso. En ese momento el Gobierno de la UCD sospesó la posibilidad de declarar un Estado de excepción en Euskadi. La portada del diario El País del día 23 de junio era muy elocuente, abriendo con la siguiente información: “Desmentidas supuestas interferencias militares en los estatutos”[20]. Tanto en este diario como en Cambio 16 informaban de la intención del Gobierno de implantar el Estado de sitio en Euskadi en el supuesto que las negociaciones para la aprobación del Estatuto vasco fracasaran[21].

En esta ocasión, a la hora de buscar acuerdos y compañeros de viaje, el PNV estuvo más cerca del PSOE que de los partidos abertzales. De hecho, en las elecciones de junio de 1977 al Senado se presentó en coalición con el PSOE con la marca Frente Autonómico. Desde un primer momento huyó de llegar a acuerdos con la izquierda abertzale. El deseo del PNV era que los poderes del Estado le consideraran el interlocutor válido para todo lo referente a Euskadi, pero en este momento histórico en el PNV volvían a aparecer dos almas: la sabiniana, favorable a la independencia, y la defensora de los derechos históricos a través de la reinstauración foral.

Es interesante ver las posiciones que mantuvo el PNV ante las dos cuestiones que se debatían en ese momento (Constitución y Estatuto de autonomía). En lo referente al debate constitucional, el PNV se abstuvo y realizó un discurso en defensa de los derechos forales que no fueron recogidos en la Constitución como este partido esperaba. Por ello se posicionó en contra del derecho de autodeterminación. Arzallus tuvo diversas intervenciones en el Congreso muy elocuentes. “El PNV se presenta en este momento con unos planteamientos más fueristas que nacionalistas […], por ello renunciamos a la constitucionalización de postulados férreamente defendidos por todo nacionalista y aceptamos planteamientos ajenos y hasta contrarios a los nuestros”[22]. En el PNV volvía a ganar el alma fuerista. Pero toda esta retórica en el Congreso era compensada con declaraciones en actos políticos en diversos lugares de Euskal Herria en las que se sostenía un discurso independentista. No dejaba de ser una táctica para aplacar a sus bases, con el agravante de que el Estatuto que posteriormente se aprobara, iba a tener que ceñirse a la Constitución.

En esta situación, en los meses de noviembre y diciembre de 1978, con la aprobación de una constitución en la Cortes que no había tenido el apoyo ni del PNV ni de Euskadiko Ezkerra y con el rechazo frontal de la izquierda abertzale extraparlamentaria, la Asamblea de parlamentarios vascos debate un proyecto de Estatuto; fue una labor realizada entre el PNV, PSOE y EE, con una UCD, consciente que estaba en minoría, pero que no le preocupaba mucho porque harían valer su posición cuando el proyecto fuese estudiado en el Congreso, cosa que así fue.

 Cuando llegó la hora de debatir el Estatuto en el Congreso, como se ha dicho con anterioridad, el reparto de escaños había cambiado con motivo de las elecciones generales del 1 de marzo de 1979 y la correlación de fuerzas entre los partidos vascos ya no era la misma. En este momento el PNV tenía mayoría y HB había irrumpido con 3 diputados, siendo, por el contrario, el PSOE el partido más perjudicado.

El proyecto presentado por la Asamblea de parlamentarios vascos se topó con la fuerza que tenía el Gobierno de la UCD en el Congreso. En este partido había dos visiones: la defendida por un sector duro que apostaba por declarar medidas de excepción (Estado de sitio, excepción o similares) y otro sector más dialogante que abogaba por llegar a un acuerdo con el PNV.

El Estatuto tenía que ser discutido en la ponencia compuesta por una delegación elegida por la Asamblea de Parlamentarios vascos y la Comisión Constitucional, pero la realidad fue bien distinta. Esa ponencia no fue más que una pantalla, porque donde realmente se discutió el articulado del futuro Estatuto fue en el Palacio de la Moncloa. En un principio las reuniones eran entre Garaikoetxea, presidente del EBB[23], y Adolfo Suarez, presidente del Gobierno. Posteriormente se incorporaron personas relevantes de UCD y el PNV. Es de aquí de donde salió el texto que posteriormente se aprobó en el Congreso. En todo este proceso PSOE y Euskadiko Ezkerra quedaron marginados, con las consiguientes protestas de ambas formaciones. Por lo que respecta al contenido del texto, en palabras del diario El País del día 13 de julio “Las modificaciones introducidas como consecuencia de las negociaciones celebradas en La Moncloa afectan prácticamente a la totalidad de los artículos”[24].  Esta situación fue una constante en todo el proceso negociador.

Una vez que fue pactado entre el PNV y UCD, el paso por la ponencia y posterior debate en el pleno de la cámara baja no dejo de ser un mero trámite. La aprobación del Estatuto fue acompañada  por todo tipo de declaraciones y artículos periodísticos, ensalzando el acuerdo y el contenido del Estatuto por parte de las fuerzas políticas que estaban a favor (PNV, PSOE, UCD, EE, PCE). Fuera de ese ambiente de euforia las declaraciones de algunos políticos del PNV dejaban entrever que el Estatuto no era la panacea que pregonaban en sus declaraciones. En una entrevista realizada a Xabier Arzallus en el diario Egin, el 28 de diciembre de 1978, cuando la Asamblea de Parlamentarios vascos aprobó el proyecto que posteriormente se discutiría en el Congreso, el líder jeltzale declaraba  que “tiene que quedar claro que hemos partido de una realidad impuesta que es el marco constitucional concreto. Salir de este marco supondría la invalidación de todo intento estatutario, por lo que es necesario acatarlo. No es nuestro estatuto ideal, ni siquiera el que nosotros propondríamos. Es el que permite la Constitución”[25]. La pregunta que habría que realizarse  es la de que si el proyecto que fue sacado adelante por el PNV no era del agrado del PNV ¿qué grado de satisfacción podría tener el texto definitivo después de haber sido modificado casi en su totalidad?

Por lo que respecta a la posición de la izquierda abertzale, se dieron dos planteamientos antagónicos entre sí. La postura del sector representado por Herri Batasuna, KAS[26] y ETA militar fue contraria desde el momento en el que se empieza a hablar del pre-autonómico. No aceptaban que el proceso se iniciara a través de la representación salida de las elecciones del 15 de junio, al haberse encontrado algunas formaciones políticas sin legalizar. Para este sector la elaboración debía ser liderada por una asamblea de municipios democráticamente elegidos, la participación de Navarra en este proceso y el reconocimiento del derecho de autodeterminación. El eje sobre el que se movían eran los puntos recogidos en la Alternativa táctica de KAS. Como alternativa a este proceso estatutario, crearon un órgano de contrapoder popular vasco (EHBN[27]) que tenía, entre otros objetivos, la elaboración de un Estatuto nacional de autonomía para los cuatro territorios vascos. Era una postura pétrea en la que partían de la premisa de que cualquier participación en el proceso era legitimar las instituciones creadas al amparo de la Reforma, pues no dejaba de ser un lavado de cara del régimen franquista. Esta postura fue mantenida sin ningún tipo de fisura y era compartida por ETA militar, que era una de las dos ramas de ETA en ese momento.

La propuesta política del otro sector de la izquierda abertzale, el representado por la coalición Euskadiko Ezkerra y EIA, que actuaba en total coordinación con la organización ETA político-militar[28], tuvo dos fases bien diferenciadas. La primera se puede circunscribir al periodo que va desde las elecciones de junio de 1977 hasta el mes de noviembre de ese mismo año. En  esos meses la estrategia es similar a la que seguía el otro sector de la izquierda abertzale. Se posicionó en contra de los proyectos de régimen pre-autonómico que habían preparado PNV y PSOE. Redactó un documento alternativo en clave de ruptura democrática. Pide la urgente celebración de elecciones municipales y propone que la Asamblea de Municipios elegidos democráticamente y asambleas populares en la que estuvieran representados organismos populares, fuesen el marco donde se debatiese el Estatuto[29]. No aceptaban ni el Gobierno vasco en el exilio ni los resultados del 15 de junio por la falta de participación popular que entrañaban ambos proyectos.

Sin embargo, esta posición dio un giro de 180 grados en los meses siguientes. Una vez que EIA celebra su primer congreso en Zegama (Gipuzkoa) en el que sale elegida una nueva dirección y Mario Onaindia es nombrado secretario general, EIA cambia su planteamiento inicial y acepta el pre-autonómico que habían consensuado PNV y PSOE. Durante todo ese proceso EIA, a través de Euskadiko Ezkerra se posicionó en contra la Constitución, pero aceptó el proceso estatutario dentro de los límites de esa Constitución.

Durante el proceso de debate del Estatuto las organizaciones del bloque formado por EIA-Euskadiko Ezkerra-ETA político militar, lanzaron dos campañas que no tuvieron el éxito que esperaban. La primera fue la de “Estatutoarekin presoak etxera” (Con el Estatuto los presos a casa). La mayor parte de los presos políticos vascos de diferentes organizaciones se encontraban en la prisión de Soria y estaban llevando una lucha importante porque la policía estaba dentro del recinto de la prisión. La otra campaña fue “Estatutoarekin Nafarroa Euskadira” (Con el Estatuto Nafarroa a Euskadi). Ambas campañas conjugaban la lucha política que debían de realizar EE de la mano de EIA y la actividad de ETA pm con atentados propagandísticos. La realidad es que quien llevó el peso de ambas campañas fue la organización armada por la falta de capacidad movilizadora de EIA y EE, más preocupadas en la actividad institucional.

En esta disputa política que vivían los dos espacios políticos de la izquierda abertzale subyacía un análisis ideológico y político de mayor profundidad. Para el bloque político-militar[30] en el Estado español se estaba dando una transición de la dictadura hacia una democracia burguesa que sería equiparable a las que se daban en la Europa Occidental. Desde esta óptica, una organización como EIA no podía hacer una política demasiado enfrentada a los partidos democrático-burgueses, representados en Euskadi por el PNV y el PSOE[31]. Debía de trabajar desde las instituciones para lograr las condiciones adecuadas para iniciar un proceso hacia el socialismo. Por el contrario, las organizaciones de KAS y HB entendían que en el Estado español no se había dado un cambio de régimen. Se había realizado un proceso de reforma política en el que el franquismo seguía controlando todos los aparatos del Estado (judicatura, ejército, cuerpos policiales) estando al servicio de la misma oligarquía que había hecho negocios durante el franquismo. Las instituciones que habían surgido con el proceso de reforma iniciado en 1976 adolecían del carácter democrático para poder ser equiparadas a las democracias burguesas existentes en la Europa Occidental. Ante esta situación planteaban una lucha frontal.

La última etapa de todo este proceso fue la campaña del referéndum  en la que se dieron dos frentes. Por un lado, las organizaciones que apoyan el Estatuto (PNV, PSOE, EE, UCD y PCE) y por el lado la izquierda abertzale (HB, KAS y ETA m), junto a algunos partidos minoritarios (EMK y LKI) que se posicionaron en favor de la abstención. La campaña no estuvo exenta de tensión. Un ejemplo de ello eran los argumentos que llegaron a dar el PNV y EE. Uno de ellos fue que si no se lograba el pacto del Estatuto había peligro de intervención militar en Euskadi y de involución golpista en el Estado español[32]. También hubo argumentos que no dejaban de ser un brindis al sol con el objetivo de obtener el mayor apoyo entre el electorado nacionalista como “El Estatuto es el primer paso para la independencia de Euskadi”. Había una posición, muy residual, contraria al Estatuto defendida de forma explícita por los partidos de ultraderecha, estando a la cabeza Unidad Nacional, cuyo líder era Blas Piñar, y de forma tácita por Alianza Popular, que no se sumó a hacer campaña en favor del Estatuto.

El Estatuto cosechó el apoyo de algo más del 53% del censo, algo esperado, después de todo el despliegue de medios que se hicieron por partidos políticos, medios de comunicación y diversos aparatos del Estado.

No habían pasado  ni tres años desde su aprobación cuando el Estatuto sufría el primer ataque recentralizador. Una de las consecuencias derivadas del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 fue el acuerdo entre la UCD y el PSOE para aprobar la LOAPA. La finalidad de esta norma era la de recortar las competencias que tenían la Comunidad Autónoma Vasca y Cataluña, derivadas de sus respectivos estatutos de autonomía. Pero ese intento recentralizador no llegó a fructificar como deseaban sus promotores porque el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en el que negaba el carácter orgánico y armónico de dicha ley.

A día de hoy de las 144 competencias que recoge el Estatuto Vasco en vigor quedan pendientes de transferir 33, lo que supone un 23 por ciento de su totalidad después de 40 años[33]. Se puede decir que es la  Ley Orgánica en vigor con menor grado de aplicación. La realidad actual es que no sólo no están transferidas las 33 competencias anteriormente mencionadas, sino que en la actualidad estamos viviendo una ola recentralizadora que se manifiesta a través de recortes en las nuevas leyes orgánicas que se aprueban y a través de las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional.

En esta situación, un tanto oscura, el Parlamento Vasco está inmerso en un proceso de elaboración de un proyecto para la redacción de un nuevo Estatuto. No parece que vaya a conseguir mayor consenso que el anterior, porque los obstáculos vienen a ser muy similares a los que se vivieron a finales de la década de los 70 del pasado siglo. La piedra angular sigue estando en el reconocimiento de la soberanía del pueblo vasco, lo que conllevaría el poder tener capacidad política para ejercer el derecho a decidir. Resolver esta cuestión será la clave para que llegué a tener un consenso amplio, pero tan importante o más será ver como se encaja dentro la estructura del Régimen del 78, o si, por el contrario, es necesario que se produzca un nuevo proceso constituyente.

[1] Esparza Zabalegi, Jose Mari: VASCOSNAVARROS. Guía de su identidad, lengua y territorialidad, Txalaparta, Tafalla, 2012.

[2] Castells Arteche, Luis: Fueros y Conciertos Económicos. La Liga Foral Autonomista de Guipúzcoa (1904-1906), L. Haranburu Editor, San Sebastián, 1980.

[3] Ibarruri, Dolores (Pasionaria): El único camino, Collection Ebro, 1975.

[4] Estornes Zubizarreta, Idoia: Carlismo y abolición foral. Entorno a un centenario 1876-1976, Editorial Auñamendi, San Sebastián, 1976.

[5] Colectivo IPES: Euskadi: Herri Batzarrea. Asamblea del Pueblo y política municipal. Zero, Bilbao 1978.

[6] Castells, José Manuel: El Estatuto Vasco. L. Haranburu editorea, 1796, Donostia, 1976.

[7] Ibidem.

[8] Caro Baroja, Julio y AA.VV: Historia General del País Vasco, La Gran Enciclopedia Vasca-Haranburu Editor, Volumen XII, Donostia, 1981.

[9] Eduardo Renobales: ANV, el otro nacionalismo. Historia de Acción Nacionalista Vasca-Eusko Abertzale Ekintza. Txalaparta, Tafalla, 2005.

[10] Caro Baroja, Julio y AA.VV: Historia General del País Vasco, La Gran Enciclopedia Vasca-Haranburu Editor, Volumen XII, Donostia, 1981.

[11] Eduardo Renobales: ANV, el otro nacionalismo. Historia de Acción Nacionalista Vasca-Eusko Abertzale Ekintza. Txalaparta, Tafalla, 2005.

[12] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): Historia de Euskadi. El Nacionalismo y ETA, Ruedo Ibérico, 1977.

[13] Castells, José Manuel: El Estatuto Vasco. L. Haranburu editorea, 1796, Donostia, 1976.

[14] Eduardo Renobales: ANV, el otro nacionalismo. Historia de Acción Nacionalista Vasca-Eusko Abertzale Ekintza. Txalaparta, Tafalla, 2005.

[15] Caro Baroja, Julio y AA.VV: Historia General del País Vasco, La Gran Enciclopedia Vasca-Haranburu Editor, Volumen XII, Donostia, 1981.

[16] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): Historia de Euskadi. El Nacionalismo y ETA, Ruedo Ibérico, 1977.

[17] Euskadiko Ezkerra se constituyó para las elecciones del 15 de junio de 1977 era una coalición formada por los partidos EIA y EMK (Movimiento Comunista de Euskadi). Este último partido en 1978 abandonó la coalición, quedándose EIA con la marca electoral.

[18] Herri Batasuna (Unidad Popular) era una coalición formada por los siguientes partidos: ANV, ESB, HASI y LAIA.

[19] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): El No Vasco a la Reforma, 1º La consolidación de la reforma, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1979.

[20] El País, 23-6-1979.

[21] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): El No Vasco a la Reforma, 2º La ofensiva de la reforma, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1979.

[22] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): El No Vasco a la Reforma, 1º La consolidación de la reforma, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1979.

[23] EBB: Acrónimo de Euskadi Buru Batzar. Es el órgano ejecutivo del PNV.

[24] El País, 13-7-1979.

[25] Casanova, Iker: ETA 1958-2008. Medio siglo de historia, Txalaparta, Tafalla, 2007.

[26] KAS: Koordinadora Abertzale Sozialista. En ese momento era un organismo formado por partidos políticos HASI, LAIA, la organización ASK y KAS Emakumeak.

[27] EHBN es el acrónimo de Euskal Herriko Biltzarre Nazionala o Asamblea Nacional Pueblo Vasco.

[28] ETA político-militar a principios de 1977 creo el partido EIA poniendo en práctica lo aprobado en su VII Asamblea. Actuaban en total coordinación y marcaban la línea política que tenía que llevar a cabo la marca electoral Euskadiko Ezkerra.

[29] Egido, José Antonio: Viaje a la nada. Principio y fin de Euskadiko Ezkerra, Txalaparta, Tafalla, 1993.

[30] El término bloque político-militar ha sido utilizado por diferentes investigadores e historiadores a la hora de englobar a las organizaciones EIA, EE y ETA pm.

[31] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): El No Vasco a la Reforma, 1º La consolidación de la reforma, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1979.

[32] Giacopuzzi, Giovanni: ETA. Historia política de una lucha armada 2ª parte, Txalaparta, Tafalla, 4ª edición, 2001.

[33] Eldiario.es, 27-1-2019

“Esperanza y libertad”, un paso en el camino hacia la República catalana

mikelcastrillourrejola3 comentarios

Hoy es 11 de septiembre, fecha en la que se celebra la Diada de Cataluña y me parece que es un día apropiado para comentar el libro que Raül Romeva ha publicado hace unos meses. “Esperanza y libertad” (Editorial Ara).

Allá por el mes de abril tuve la oportunidad de asistir en Madrid a su presentación en la librería Blanquerna. La presentación del libro corrió a cargo de Daniel Innerarity, Ignacio Sánchez Cuenca y, ante la imposibilidad de que Raül Romeva pudiera asistir, al estar privado de libertad, estuvo presente su esposa Diana Riba. No quisiera pasar por alto el hecho de que la presentadora fuera  la directora de “Público”, Ana Pardo de Vera y pienso que tiene mucho valor que esa labor la realizase una  periodista de fuera de Cataluña.

Todas las intervenciones estuvieron a un gran nivel y algunas llegaron a ser emotivas, pero en un acto realizado en Madrid, con esta temática, la presentación de Ana Pardo de Vera fue muy interesante porque enlazó dos cuestiones que ponen en tela de juicio el Régimen del 78: el proceso llevado en Cataluña y que cuestiona la estructura territorial del Estado y la monarquía como modelo de jefatura del Estado. En el primer caso el proceso tuvo como objetivo la realización de una consulta, que es lo que la moderadora reivindicó para la segunda cuestión, la posibilidad que la ciudadanía pueda elegir entre monarquía y República. Y si en el momento de la presentación le pudo llamar la atención a alguien el sacar a colación esta segunda cuestión, sin duda, le quedaría totalmente aclarada una vez que lea el libro.

Del resto de intervinientes, destacar la intervención que el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca, nada sospechoso de independentista, realizó una exposición desde la racionalidad democrática y la ciencia política para situar el problema dentro de la esfera política y sacarlo de la esfera judicial, que es donde se encuentra.

Después de esta presentación y de leer el libro de Raül Romeva, tengo que decir que me ha parecido interesantísimo, enriquecedor y muy constructivo. No me imaginaba un libro de esta calidad y escrito con tanto cariño. Jenn Díaz dice en el prólogo que Raül Romeva ha realizado un ejercicio de generosidad -continúa- escrito sin odio, sin resentimiento, tendiendo la mano. A estas palabras de Jenn Díaz habría que añadir que todo el libro es un acto de dignidad, valentía, coherencia y humildad política,  con unas dosis de ética casi imposibles de superar. Romeva es una persona que lleva más de año y medio en prisión, sufriendo uno de los mayores ataques político y mediático que se conoce. Ha reivindicado en sede judicial y en su libro las acciones que llevó a cabo como conseller, porque tenía la convicción que es lo que tenía que hacer, aun sabiendo los costes que ello podía conllevar. No cabe duda que es un acto de dignidad política y ética muy pocas veces visto en la política española.

En todo momento escribe con mucha humildad. Nunca saca la bandera de las verdades absolutas e irrefutables y hace un elogio de la duda. Para ello trae la siguiente cita de Bertrand Russell que me parece muy acertada: “el problema del mundo es que los idiotas y los fanáticos están seguros completamente seguros de sí mismos, mientras que a los listos les asaltan las dudas continuamente”.

Raül Romeva nos habla de esperanza no en términos idílicos  ni como una necesidad de agarrarse a ese término. La esperanza es incertidumbre, pero es necesaria para huir del fatalismo y “la esperanza conlleva asumir riesgos” que él y sus compañeros presos asumieron a la hora de poner en marcha el Procés, porque la esperanza también es una apuesta para logar un objetivo. Asume que para ser creíbles cara al exterior y lograr su objetivo es necesario estar dispuesto a sufrir, porque del sufrimiento y las derrotas surge la semilla de las futuras victorias.

El autor resume la actitud que se debe tener, en todo este proceso, en los siguientes términos: la cabeza alta, la mirada larga, verbo sereno y la mano tendida. Lo fácil hubiera sido que hubiese escrito un libro en el que cavase una trinchera o pintase líneas infranqueables, que sirviese para alimentar a los suyos construyendo un enemigo. Pero, por el contrario, realiza un ejercicio de empatía en el que tiene palabras de reconocimiento y afecto para personas que no son independentistas, pero que han puesto dosis de cordura en todo el proceso. Nos deja muy claro que para construir la República en Cataluña es necesario crecer a lo ancho y en palabras de Oriol Junqueras, el camino para la República consiste en aunar mayorías amplias y transversales para “ganar confianzas, tejer complicidades, construir una casa común”. 

Las reflexiones que realiza a lo largo del libro, en cierta forma, no dejan de ser un manual de instrucciones para entender los procesos de lucha política que se dan en la actualidad en cualquier otro lugar. Una de esas situaciones nos la encontramos cuando nos habla de ese activismo identitario, más preocupado en reafirmarse mirando para adentro que en salir fuera de su trinchera, que deja al margen la construcción de soluciones si no tiene la certeza del triunfo.  

El libro está plagado de citas de pensadores, políticos y activistas que utilizadas por el autor de una forma muy fina sirven como ejemplos en los diferentes pasajes del relato que recoge el libro. Es una apología al dialogo, de la negociación y el acuerdo para tender puentes con una visión largoplacista.

A través de diversos temas el autor va plasmando lo que han sido estos últimos años de la política catalana, hasta desembocar en el periodo de preparación de la consulta ciudadana del 1 de octubre de 2017 y los hechos que sucedieron con posterioridad.

He querido dejar para el final dos cuestiones que son fundamentales, para que los que no vivimos en Cataluña podamos entender todo lo que lo que ha sucedido en la última década. Me estoy refiriendo a cómo se inicia todo este proceso y el papel que desempeñan la sociedad catalana y los políticos del bloque republicano.

En primer lugar, desde fuera de Cataluña, pero, sobre todo, desde Madrid se ha vendido un relato de que los políticos independentistas han “arrastrado” o “engañado” al pueblo con un objetivo imposible de llevarse a cabo, lo que ha generado una frustración. Nada más lejos de la realidad, la batalla por el derecho a decidir, como muy bien explica Jaume López en su libro “el derecho a decidir. La vía catalana” (ed. Txalaparta), la gana la sociedad. El movimiento social gana “la batalla del frame” o de los nuevos cognitivos de gran impacto social en el que la sociedad va por delante de las organizaciones políticas. Y esta cuestión, que es vital para poder tener una foto no distorsionada de todo lo que sucede en Cataluña, aparece en el libro de Raül Romeva. En el libro explica cómo, los presos políticos, han recibido mensajes de ciudadanos catalanes en los que les piden perdón por haberlos empujado a esta situación. Los políticos recogen el guante que lanza la sociedad civil.

En segundo lugar, para poder entender muchas de las cosas que están sucediendo, es fundamental el relato que realiza Raül Romeva acerca de cómo decidieron Junqueras y él afrontar todo el proceso judicial. Primero, no eludiendo el juicio, ellos deciden afrontarlo porque consideraron que se  limitaron a escuchar un clamor pacífico y democrático. Además, ponían en juego su credibilidad.

Romeva deja claro en su libro que, Oriol Junqueras y él, decidieron salir de su zona de confort. Ellos acordaron no defenderse de nada para encarar el juicio desde un prisma político, aun sabiendo de los riesgos que corrían. Querían decir con la cabeza muy alta que “un referéndum no es ningún delito” y que no indujeron al uso de la violencia.

Aquellos polvos trajeron estos lodos. Lifting a la dictadura franquista

mikelcastrillourrejola9 comentarios

El refranero popular es muy rico y la experiencia me dice que siempre o casi siempre se cumple. El pasado martes en el Tribunal Supremo se produjeron dos hechos que van a tener una trascendencia política y jurídica muy profunda: Una resolución jurídica y una manifestación de un fiscal en las conclusiones de un proceso penal. Ambas tienen una trascendencia política y un importante toque de relectura de la historia, porque hacen una reinterpretación de la historia del siglo XX de este país.

El primer hecho de trascendencia que se produjo el pasado martes en el Tribunal Supremo fue consecuencia del auto de suspensión de la exhumación del cadáver del dictador Franco, que ha dictado este tribunal. En ese auto hay un párrafo que dice “habida cuenta de la significación de don Francisco Franco Bahamonde. El hecho que fuera Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975”. Esta resolución ha provocado un sinfín de comentarios en artículos y tertulias en los que se ha dicho de todo. Por ejemplo, que “la democracia española está seriamente tocada” o que “el Tribunal Supremo ha legalizado el franquismo” y expresiones similares.

Ante todos estos comentarios sólo puedo decir que me quedo atónito. Da la impresión que en este país periodistas, intelectuales y algunos políticos no se han querido enterar hasta ahora de nada. Absolutamente de nada. Es más, voy a decir una cosa que no debería escandalizar a nadie: La frase que se recoge en el auto del Tribunal Supremo es correcta y tiene su lógica, aunque a cualquier demócrata de verdad nos genere sarpullidos y se nos revuelvan las tripas. No es correcta desde un punto de vista histórico pero, desgraciadamente, es correcta desde un punto de vista legal. Para ello es necesario hacer un pequeño ejercicio de memoria histórica.

Es indiscutible que el nombramiento de Franco como Jefe del Estado el 1 de octubre de 1936 es un acto ilegítimo y que no se ajusta a derecho porque es producto de una rebelión militar contra la Republica, mediante el uso de la fuerza y contra un régimen legal y democráticamente constituido tras el abandono por parte del Rey Alfonso XIII de la jefatura del Estado. Tras el triunfo de esa rebelión militar los alzados imponen una dictadura sangrienta y genocida durante 40 años que se supone que finalizó cuando el dictador fallece.

El problema radica en que desde la muerte de Franco en toda la legislación que se aprueba no se recoge ningún párrafo en el que se declare a esa dictadura como un régimen ilegal. Es más, la Ley de Reforma Política de noviembre de 1976 no cuestiona ni el Régimen franquista ni las leyes emanadas de él. Tiene una finalidad muy clara: Realizar una serie de reformas legales en el edificio legal de la dictadura, sin cuestionar en ningún momento este régimen, para desembocar en un nuevo régimen heredero de la dictadura. Una democracia formal, pero en el que en ningún momento se cuestiona todo lo anterior y como botón de muestra tenemos varios ejemplos: El nuevo Jefe del Estado (Juan Carlos de Borbón) fue designado por el Jefe del Estado surgido del golpe de Estado. Las fuerzas de seguridad (Policía y Guardia Civil), que durante 40 años fueron el baluarte de la represión contra la disidencia política, no fueron depuradas. El Ejército español, baluarte del golpe de Estado-rebelión de julio de 1936 siguió intacto. Pero, sin duda alguna, lo más grave fue que uno de los poderes del Estado, el Poder judicial, que conforme la Constitución de 1978 iba a ser uno de los pilares del nuevo régimen, estaba copado por magistrados procedentes de la dictadura, los cuales defendieron en todo momento toda la legislación y esencias jurídico-políticas franquistas. Con estos antecedentes mal comenzaba la nueva etapa porque todas las instituciones anteriormente mencionadas mantuvieron en todo momento el espíritu heredado del franquismo.

Si todo lo expuesto hasta este momento no deja lugar a dudas, menos dudas quedarán si se tienen presentes las palabras del que fuera Ministro de Justicia del Gobierno de Adolfo Suarez a la hora de defender La Ley de Reforma Política. Se expresó en los siguientes términos desde la tribuna de las Cortes franquistas: “nadie incurre en el intento insolidario de rechazar período alguno próximo o lejano de nuestra historia de otra que sería estéril pretender fundar nuestro futuro sobre sobre un presente que reviva con pasión e ira antiguos antagonismos”. No creo que sea necesario recordar algunos discursos de Suarez, en los que se subrayaba que en ningún momento se cuestionaba la legalidad existente hasta ese momento. Pero ¿cómo iba a cuestionarlo si había sido ministro secretario general del Movimiento?

Posteriormente, en ninguno de sus artículos de la Constitución de 1978 se declaró ilegal el régimen surgido del golpe de Estado de 1936 y nombró garante de la Constitución a los mismos poderes que lo fueron del Régimen franquista. Es decir, se puso a la zorra a guardar el gallinero. Por tanto, no puedo entender que ahora llame la atención el auto del Tribunal Supremo. Si es que cuando a los poderes del Estado heredados del franquismo se les toca la fibra sensible sacan a relucir su ardor guerrero y a tener presente el discurso y esencias de la dictadura.

No quiero pasar por alto un dato histórico importante. En este contencioso, cuando el Tribunal Supremo ha tenido que fijar la fecha desde la que Franco estuvo al frente de la jefatura del Estado, ha designado la del 1 de octubre de 1936, sin tener presente que hasta febrero de 1939 la II República era el gobierno legítimo reconocido por la Comunidad Internacional, pues hasta la caída de la Republica coexistían dos gobiernos enfrentados por la soberanía nacional. Dato que resaltan muchos historiadores.

Desde 1978 no ha habido ningún gobierno que haya aprobado una ley en la que se diga de forma expresa que los 40 años de franquismo carecen de legalidad y que reconozca la legalidad republicana como la inmediatamente anterior a la actual. Y nadie puede negar que posibilidades ha habido para esto y para mucho más. A todo esto, la prensa ha sido de lo más dócil con todos los hechos que acabo de relatar y la izquierda ha pasado olímpicamente de liderar la respuesta democrática a todo este proceso de lavado de cara del franquismo. Se han condecorado a torturadores, a responsables de la represión franquista y durante un cierto tiempo el papel de jefe de la oposición lo desempeñó un antiguo ministro de Franco que firmó sentencias de muerte. Entonces ¿A qué viene este escándalo cuando el Tribunal Supremo habla de Franco como Jefe del Estado? Por tanto, duele reconocer que con la legislación vigente esa frase que tanto ha escandalizado es correcta. Realmente el escándalo se arrastra desde 1976 cuando esta izquierda mojigata acepta como propio el discurso del olvido, del borrón y cuenta nueva y de la reconciliación con los responsables del golpe de 1936.

Por tanto, no puedo entender que esta resolución del Tribunal Supremo genere tanta indignación. Si lo único que hacen es ser coherentes con la legislación existen y el espíritu que emana de ella. Aquellos polvos trajeron estos lodos. El problema radica que reconocer la argumentación que realizo implica denunciar el régimen que surgió en 1978 y ello conlleva cuestionar todos los pilares de ese régimen (monarquía impuesta por Franco, unidad indivisible de España, no cuestionar el Régimen franquista, etc…) y esto ya obliga a posicionarse de verdad. En el Estado español no ha habido la voluntad política que han tenido otros países para aprobar leyes de punto final, juzgar a los que durante la dictadura cometieron crímenes y no ha habido una ley de reparación y restitución que derogara las sentencias dictadas por los tribunales franquistas en las que condenaban y difamaban a los represaliados políticos. De hecho cuando se ha solicitado anular algunas de esas sentencias el Tribunal Supremo ha denegado dichas peticiones.

El segundo hecho que se dio ayer en el Tribunal Supremo lo protagonizó uno de los fiscales del Juicio del Procés. En su alegato, para defender la acusación por rebelión y querer demostrar el uso de la violencia, invocó el golpe de Estado del 23-F diciendo la siguiente frase: “Ya que la existencia de la violencia física queda limitada a aquellas zancadillas y zarandeos al general Gutiérrez Mellado que en paz descanse”. Menos mal que los hechos están grabados y los hemos visto infinidad de veces en televisión. Tiene la desfachatez de reducir la violencia al zarandeo a un miembro del Gobierno. Omite la utilización de armas de fuego y el secuestro durante más de 12 horas de 350 diputados. Esto es reescribir la historia, pero encima de forma cutre y tomar por tonta a la ciudadanía. En un país con un cierto pedigrí democrático, el ministro de Justicia de la mano del Fiscal General del Estado hubiera cesado ipso facto a este fiscal, que para eso depende de él. Pero aquí no pasa absolutamente nada ¿Cómo van a adoptar alguna medida contra un fiscal que está haciendo la inmensa labor de apuntalar al Régimen del 78? Lo normal es que le den una medalla pensionada como a Billy el Niño.

Lo más curioso es que entendía que, este segundo tema era tan importante, que merecía que esta noticia hubiese ocupado un espacio relevante en las cabeceras de los periódicos que todavía tienen una inspiración democrática. Pero es lo que hay. No vamos a pedir imposibles. Hay que tener presente que la intervención de este fiscal se ha realizado en el marco del Juicio al Procés, y cualquier cuestión en este tema conlleva poner en tela de juicio este proceso y, por tanto, cuestionar la actuación de los poderes del Estado. Y eso son palabras mayores. Así que nadie se escandalice si a partir de ahora los jueces y fiscales de este país deciden quitar el trabajo a los historiadores y ponerse a redactar los nuevos libros de historia. Por si acaso, guardemos los actuales para leerlos de vez en cuando e intentar protegernos de la que se nos avecina.

La hegemonía del discurso liberal en las políticas socioeconómicas

mikelcastrillourrejola2 comentarios

Durante las últimas semanas estamos asistiendo a un bombardeo continuo de declaraciones por parte de los partidos que representan el liberalismo económico, en las que se enuncian las medidas fiscales que van a tomar en el caso que logren gobernar. El hecho que nos encontremos en una precampaña, de facto, para las elecciones municipales y autonómicas, también está sirviendo para que hablen sobre medidas de gobierno que competen al Gobierno Central.

En el Estado español en estos momentos el discurso liberal en materia económica está representado por el bloque que forman PP, Ciudadanos y VOX, porque en materia económica no hay grandes diferencias entre las tres formaciones, pero me atrevería a decir que en las políticas fiscales también son muy similares, estando inmersos en una carrera por ver cuál de los tres partidos realiza las propuestas más liberales en esta materia.

La ofensiva de estas formaciones es la rebaja y, en algunos casos, supresión de impuestos directos. Algunas de sus propuestas oscilan entre una rebaja en IRPF y Sociedades y la supresión del impuesto sobre patrimonio y de sucesiones. Ni que decir tiene que no se plantean rebajar el coste de las innumerables tasas existentes sobre todo en las CCAA y en los municipios, que son las que afectan de forma directa a la ciudadanía.

Esta ofensiva no siendo nueva, pues ya la han realizado en otros momentos, en este caso se me antoja mucho más preocupante por diversos motivos de sobra conocidos.

Desde un enfoque puramente técnico-fiscal a estos planteamientos, hay que plantearles muchas objeciones por las que pueden ser refutados. Cuando todavía las administraciones públicas no han recuperado, en algunos impuestos, los niveles de ingresos anteriores a la crisis ya están planteando nuevas rebajas fiscales.  Si bien las previsiones eran que casi se recuperara el nivel de recaudación en el ejercicio de 2017, hay un dato importante: la recaudación del Impuesto sobre Sociedades en 2017 se situaría en el cincuenta por ciento de la recaudación de 2007, año anterior al inicio de la crisis.

Están focalizando la rebaja en el impuesto sobre sociedades cuando en realidad las grandes empresas en el mejor de los casos no llegan ni al diez por ciento en su tipo efectivo[1] (el tipo de gravamen en el impuesto sobre sociedades es del veinticinco por ciento). Ello se debe a la cascada de deducciones a las que se pueden acoger y a la ingeniería fiscal que aplican las grandes empresas al no tributar todos los beneficios obtenidos en el Estado español.

En la rebaja que pretenden aplicar en el IRPF, sin duda alguna, el segmento más beneficiado es el de las rentas medias-altas, pues tiene como objetivo reducir los tramos de tributación y rebajar el tipo en las rentas más altas.

Todas estas medidas no sólo son obstáculo para la recuperación de los ingresos públicos con los que poder hacer frente al gasto social, inversión pública que genere empleo de calidad, sino, lo que es más grave: se va ensanchando la grieta en lo que respecta al aumento de las desigualdades sociales.

Pero, siendo importante lo que he expuesto hasta ahora, lo más preocupante es sin duda alguna el triunfo de la hegemonía ideológica liberal que se está dando no solo en el Estado español sino en toda Europa y que está llevando a dilapidar el Estado del bienestar del que hemos disfrutado en la Europa Occidental además de hacer retroceder muchas décadas en lo que respecta a la consecución de derechos y libertades en el ámbito socioeconómico.

Para analizar esta deriva es necesario remontarse a los precursores de estas políticas liberales: Reagan y Thatcher. En los años 80 del siglo XX, ellos pusieron en marcha medidas con el objetivo de la reducción radical del Estado. Esto se reflejó en la minoración de los ingresos públicos y en el adelgazamiento del gasto público, excepto en defensa y orden público –política de fortalecimiento del Estado como instrumento coactivo- lo que va abocar a los recortes en todo lo relativo al Estado del bienestar. A esto hay que sumar por un lado la caída de la URSS y de los países representantes de la economía estatalizada lo que conllevó la desaparición de un enemigo estratégico para la ideología liberal. Ante esta situación la socialdemocracia no sólo no ha sabido dar una respuesta a todos estos cambios sino que ha terminado siendo asimilada por las teorías liberales, como se refleja en la Tercera Vía auspiciada por el Partido Laborista británico de la mano de Tony Blair y que posteriormente se propagaron por toda Europa Occidental.

Es necesario recordar que en la década de los 80 las políticas liberales fueron aplicadas de forma generalizada en Latinoamérica, lo que generó un empobrecimiento de la población, dando lugar al crecimiento de las diferencias sociales de forma exponencial. Estas líneas de actuación  son las que estamos viviendo en la Europa Occidental desde finales de los 90 y han ido in crescendo hasta nuestros días.

En la Europa Occidental, en lo referente a las políticas económicas, las diferencias entre los partidos denominados socialdemócratas y los que representan las teorías liberales y reaccionarias son de matiz. En caso del Estado español durante los gobiernos de Felipe González ya se dieron los primeros pasos para la aplicación de reformas que podían haber sido firmadas por la derecha, y esta línea fue seguida por los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Reformas fiscales en las que se beneficiaba a las rentas más altas y a las grandes empresas pactadas con la derecha catalana (CiU) y vasca (PNV), aprobación de la ley de empresas de trabajo temporal, reformas laborales, etc. La integración del Estado español en la CEE con el PSOE trae consigo la destrucción del tejido industrial, sobre todo dentro de la esfera del sector público, para convertirlo en un país de servicios, siendo el precursor de la cultura del pelotazo. Han avanzado hacia la desaparición del modelo productivo existente en favor de sectores íntimamente unidos a la especulación: sector de la construcción y sector financiero, fomentando la precariedad en el empleo. Y como colofón, las élites políticas del Estado español (PP-PSOE) haciendo una dejación de la soberanía popular, modifican la Constitución para anteponer los intereses de la oligarquía y de los poderes financieros europeos a los de la ciudadanía. Algo similar se ha vivido en toda Europa con las peculiaridades de cada Estado.

Uno de los objetivos de las élites políticas ha sido desclasar a la sociedad, para que pierda el nexo de unión con otras personas de su misma clase y así fortalecer la cultura del individualismo, base de la ideología liberal, en detrimento de la concepción colectiva de la sociedad. Hoy en día, cuando a alguien que percibe un salario se le dice que es clase trabajadora huye del término y buscan otra denominación para evitar definirse de esa forma, sobre todo prefieren definirse como “clase media” aun siendo asalariados. No dejan de ser eufemismos que ocultan la realidad. El filósofo Slavoj Žižek tiene un término que entiendo que puede ser válido: “burguesía asalariada”, pues no hay que olvidar que una persona que vive de un salario por sí misma no tiene independencia económica, lo que en términos socioeconómicos le hace ser una persona vulnerable.

 A lo anteriormente expuesto hay que añadirle el interés existente de los poderes económicos y políticos porque la población pierda el interés por la política. Todo ello lleva a esa hegemonía que tiene el discurso liberal en la sociedad actual.

Las diferencias entre las élites políticas son de matices porque, en lo que respecta a su contenido, las diferencias han desaparecido. La población lo percibe en gran medida, lo que en muchos casos llevan a sectores de la población a conclusiones como “qué más da votar a unos y a otros si van a hacer lo mismo” o a pensar “entre el original (la derecha) y la copia (la socialdemocracia) siempre el original”. Es aquí donde se visibiliza la hegemonía del discurso liberal que domina en Europa y que ha conducido a la situación que estamos viviendo en la actualidad, pues el liberalismo ha conseguido que la estructura jurídico-política de los regímenes existentes se sustente en normas de profundo contenido liberal, lo que les da la ventaja que aunque el que gobierne sea el adversario no tenga margen de maniobra para poder hacer otras políticas.

Para romper con esta dinámica, lo primero que se tiene que dar es una transformación en la hegemonía del discurso existente en la sociedad. Es imposible  invertir esta situación si en amplias capas de la población no hay un cambio en la forma de ubicarse dentro de la sociedad. El cambio no se producirá mientras la mayor parte de la población ignore que forma parte de una gran franja en la que están olvidados a la hora de la toma de decisiones que les afectan de forma directa. Además el control de la toma de decisiones está en manos de unas élites minoritarias que aglutinan el poder gracias a esa inacción social. Por tanto, es fundamental que la sociedad dé el paso de convertirse en sujeto político activo e intervenga de forma activa para influir en la toma de decisiones. Si bien es verdad que últimamente ha habido diferentes movimientos políticos, en Europa, que han intentado canalizar el descontento de la población, el balance a fecha de hoy no parece que sea muy alentador.

[1] La Agencia Tributaria ha publicado que el tipo efectivo sobre el resultado contable de las grandes empresas es del 6,14%.