El pasado mes de octubre se han celebrado los aniversarios de tres acontecimientos de relevancia en la historia del pueblo vasco sobre los que voy a realizar esta reseña. Los tres tienen un mismo denominador común: la relación jurídico-política existente entre Euskal Herria y España. Estos momentos históricos son la aprobación de la Ley de 25 de octubre de 1839 de confirmación de los fueros, la aprobación el 1 de octubre de 1936 en las Cortes españolas del Estatuto Vasco de la II República y otro 25 de octubre, pero de 1979, la celebración del referéndum para la aprobación del Estatuto de autonomía para los territorios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
La ley de 25
de octubre de 1839 tiene su origen en el final de la primera guerra carlista,
el 31 de agosto de 1839, mediante el Abrazo de Vergara entre el general
isabelino Espartero y el general carlista Maroto. Al finalizar la guerra se
procedió a la aprobación de la Ley de Confirmación de los fueros. Esta
denominación no deja de ser un eufemismo, porque esa ley lo que realmente trajo
fue el primer recorte a los fueros que tenían los territorios vascos hasta la
fecha. Las Cortes aprobaron dos artículos con el siguiente contenido: “1º.
Se confirman los Fueros de las Provincias Vascongadas y de Navarra, sin
perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía 2º. El Gobierno, tan
pronto como la oportunidad lo permita, y oyendo antes a las provincias Vascongadas
y Navarra, propondrá a las Cortes la modificación indispensable que en los
mencionados Fueros reclame el interés de las mismas, conciliado con el general
de la nación y de la Constitución de la Monarquía”. Como consecuencia de
esta ley, en 1841 se aprobará la Ley “Paccionada” de modificación de los Fueros
de Navarra.
Este
sometimiento y armonización de los Fueros a la “Constitución de la Monarquía” y
que no fueran en contra de la “unidad constitucional de la Monarquía” no era
otra cosa que un recorte de tal magnitud que los Fueros perdían la esencia de
su existencia, pues eran la herramienta jurídico-política fundamental que permitía
a estos cuatro territorios gobernarse al margen del resto de la corona. Hasta
la fecha lo único que compartían era el mismo monarca. El catedrático de
Historia contemporánea Juan Pablo Fusi, en su trabajo “EL PROBLEMA VASCO: DE
LOS FUEROS AL ESTATUTO DE GUERNICA”, define de esta forma a la ley de 25 de
octubre de 1839: “la ley que abriría el proceso de abolición de los fueros,
el régimen institucional histórico de los territorios vasco-navarros”.
De la lectura
de estos dos artículos se pueden extraer las siguientes conclusiones: Si se
confirmaban los Fueros, sin perjuicio de la unidad constitucional, es evidente
que hasta 1839 no se había dado esa unidad constitucional y si estos Fueros
tenían que ser conciliados con el general de la nación y de la Constitución de
la Monarquía es que hasta la fecha ni “conciliaban”, ni las normas existentes
en el Reino formaban un cuerpo legal homogéneo que permitiera hablar de una
nación pues no existía una compilación normativa donde se recogiera todas esas
normas e instituciones necesarias para definirlo como un Estado.
A partir de la
aprobación de esta ley con el eufemismo de “confirmación de los fueros” se procedió
a una derogación de las instituciones y normas más genuinas de los fueros. En
el caso de Navarra el recorte que sufrieron lo expresa José Mari Esparza
Zabalegi en los siguientes términos: “Navarra dejaba de ser un reino y
pasaba ser mera provincia; desaparecían sus Cortes y con ellas la independencia
legislativa y judicial; se perdía la capacidad de emitir moneda propia; el
virrey era sustituido por un capitán general, en el plano militar y por un
gobernador, en el civil; se obligaba a los navarros a participar en el servicio
militar o “contribución de sangre”; se
trasladaban las aduanas del Ebro a los Pirineos, integrándose Navarra en
el mercado estatal”[1].
Por lo que respecta a los otros tres territorios vascos estos recortes se
dieron con posterioridad.
El motivo más
importante por el que el poder central iniciara el proceso de abolición foral
vasca no fue otro que el de defender los intereses económicos de las clases,
sociales y políticas, dominantes de la época. La legislación foral vasca a
principio del siglo XIX era un obstáculo para los intereses de las nacientes
clases altas en Euskal Herria, sobre todo de las ubicadas en Bilbao y San
Sebastián. Los negocios de la oligarquía, alta burguesía vasca y española y de
la naciente burguesía comercial de Bilbao y San Sebastián, chocaban con la
foralidad[2].
A todo esto habría que añadir el hecho de que, esta legislación, no era
propicia para que capitales extranjeros pudieran entrar a explotar las riquezas
naturales existentes en el subsuelo vasco. Contrariamente, en otros lugares del
Estado, acontecía que las concesiones de las explotaciones mineras estaban en
manos de empresas y capital extranjero[3]
y habían sido adjudicadas a precios muy ventajosos para las compañías
explotadoras. La hegemonía socioeconómica de la oligarquía y burguesía vasca era
importante y ambas estaban interesadas en acabar con el proteccionismo que recogía
las normas forales, para así poder potenciar el librecambismo. En este periodo,
los liberales coinciden con los intereses de la aristocracia terrateniente
andaluza y castellana, pues los procesos de desamortización que lideraron los
diversos gobiernos liberales originaron una concentración de inmuebles y
tierras en manos de un reducido grupo de terratenientes y oligarcas, en
detrimento de las clases más desfavorecidas y de los bienes comunales.
Todo esto
llevará a la Corona a intentar la abolición de los fueros, lo único que faltaba
para llegar a este desenlace era esperar el momento idóneo. Desde la llegada de
los borbones hubo varios acontecimientos históricos en los que se detecta el objetivo
de la desaparición de los fueros. A principios del s. XVIII (1718) se produce
el primero, fue el episodio de privación de los fueros a Bizkaia con ocasión de
la sublevación por el Estanco de la Sal, sin embargo no fue el único. Los
vaivenes de la política española desde la llegada de los borbones, y
especialmente desde la Guerra de la Independencia con la lucha entre
absolutistas y liberales por el control del poder, facilitaban que los fueros
se convirtieran en una víctima más de la lucha que mantenían ambos sectores políticos;
por ello se puede afirmar que la cuestión foral es la causa principal de la
Primera Guerra Carlista en Euskal Herria[4].
Todo este proceso culminaría en julio de 1876 con la abolición de los fueros en
su totalidad.
La definición
que mejor se ajusta a la lucha llevada por el pueblo vasco en el siglo XIX a
través de las guerras carlistas la aporta el Colectivo IPES. Fue la expresión
de “la lucha entre la necesidad de unificación económica de la burguesía a
nivel del Estado y por consiguiente de unificación de sus estructuras políticas
y culturales y la resistencia de un pueblo a ver suprimido violentamente su
modo de producción tanto a nivel económico como político y cultural”[5].
La segunda
fecha a tener presente es la aprobación del Estatuto Vasco el 1 de octubre de
1936 en las Cortes españolas de la II República, reunidas en Valencia mediante
el procedimiento de urgencia, en plena guerra civil.
Para llegar a
la aprobación de este Estatuto, hubo que recorrer un tortuoso camino. La
cuestión vasca no empezó con buen pie. Hay que partir de la premisa que el
nacionalismo vasco no fue invitado a la reunión del Pacto de San Sebastián,
celebrada el 17 de agosto de 1930, para fijar una hoja de ruta para instaurar
la República, muy por el contrario, sí se contó con la presencia de los
nacionalistas catalanes. En aquel momento tampoco puso mucho interés el PNV en
asistir, pero lo cierto es que el hecho tuvo sus repercusiones, pues en las
decisiones adoptadas se recogía, de forma expresa, admitir la personalidad
política catalana. Sin embargo, la ausencia en dicho acuerdo de los políticos
vascos autonomistas, redundaría de forma perjudicial en una futura aprobación
de un Estatuto de autonomía vasco[6].
Una vez que se
proclamó la II República, el Gobierno republicano no demostró interés alguno
por sacar adelante un estatuto para Euskal Herria, al contrario de Cataluña,
pero en Euskadi empezaron a darse los pasos para la aprobación del Estatuto. La
Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza (SEV-EI), compuesta por nacionalistas,
tradicionalistas y republicanos, elaboró un proyecto articulado del Estatuto
General del Estado Vasco a instancia del asamblea de ayuntamientos, movimiento
vinculado al PNV[7]. Ese
proyecto partía de la base que la República, en su constitución, estaba
dispuesta a adoptar un modelo federal, pero de hecho no fue así, pues se definió
como República integral. Ese texto seguía una línea aconfesional, acorde con la
nueva forma de gobierno y los aires que lo inspiraban.
El movimiento
de alcaldes organizó varias reuniones para convocar una asamblea de alcaldes
para debatir el proyecto de la SEV-EI. En esas reuniones varios alcaldes nacionalistas
y tradicionalistas añadieron una enmienda de marcado perfil confesional. La comunidad
vasca tendría completa autonomía entre la Iglesia y el Estado y estaría
facultada para negociar un Concordato independiente con el Vaticano[8].
Ese proyecto será
el que en el mes de junio de 1931 se debata en Estella con la inclusión de la
enmienda anteriormente mencionada. Este Estatuto arrastró los siguientes
problemas: Desde las filas del nacionalismo vasco, representado por el PNV, eligieron
como compañeros de viaje a los carlistas, pues al inicio de la República la
dirección del PNV veía con ciertas reticencias el nuevo régimen. El
posicionamiento ideológico de su dirección estaba cercana al carlismo en la restauración
foral como forma para recuperar los derechos históricos vascos y en la cuestión
religiosa. El carlismo, si bien hablaba de la reinstauración foral, desde el
mismo día que se proclamó la II República estuvo conspirando para su
derrocamiento. Realmente el carlismo hacía muchas décadas que había marginado
la cuestión foral y la base de su ideario ideológico se basaba en el integrismo
religioso y la restauración de una situación predemocrática. En este momento,
para los carlistas apoyar el Estatuto de Estella no dejaba de ser una táctica para
atacar a la República. El PNV en los primeros meses de la II República había
elegido unos aliados, que con el tiempo se quitarían la máscara para
posicionarse en contra del Estatuto. Esta alianza era mirada con recelo por los
republicanos y ello influyó en que miraran con recelo el autonomismo vasco[9].
Las modificaciones
que se realizaron al Estatuto aprobado en Estella también recibieron la crítica
de ANV, partido nacionalista, aconfesional y de izquierdas, nacido en noviembre
de 1930.
En concreto, en
cuanto desapareció del documento el perfil religioso, que el PNV y los
carlistas añadieron al proyecto de la SEV-EI, estos últimos se descolgaron del
proceso. El carlismo representaba a la oligarquía y la reacción por lo que era
incompatible con el sector progresista del PNV, el cual iba ganando posiciones
dentro del nacionalismo. Por el contrario, el carlismo día a día se iba
profundizando en un endurecimiento reaccionario[10].
La figura que fue ganando peso en esa nueva imagen del PNV era la de José
Antonio Agirre.
El tratamiento
que se hacía de la cuestión religiosa en ese proyecto, debido a las
modificaciones que introdujo el PNV junto con los carlistas, fue motivo más que
suficiente para que socialistas y republicanos, que no se distinguían por una
voluntad estatutaria, no lo apoyasen. Este Estatuto no prosperaría en las Cortes
porque una de sus cláusulas, la relativa al Concordato con la Santa Sede, fue
declarada inconstitucional, lo que provocó que todo el Estatuto fuera echado
para atrás.
A partir de
este momento, se inicia otro segundo intento para sacar adelante un estatuto,
esta vez con el impulso de las Gestoras Provinciales. Al no haberse celebrado
elecciones para las diputaciones, esas gestoras habían sido nombradas por el
Gobierno central. Éste temía que si se celebraran unas elecciones para renovar
las diputaciones, fueran controladas por nacionalistas y carlistas por el gran
peso electoral del mundo rural vasco[11].
La comisión vuelve a utilizar el proyecto elaborado por la SEV-EI antes de las
modificaciones de la Asamblea de Estella. En este nuevo texto las competencias
reservadas al futuro Gobierno autónomo vasco son más limitadas que en el
Estatuto de Estella, los idiomas oficiales son el euskera y el castellano (en
el Estatuto de Estella sólo era el euskera) y las relaciones con la Iglesia se
reservaban a la República[12].
Pero este proyecto tampoco fructificó. Ello se debió a que en la Asamblea
celebrada en Pamplona, en junio de 1932, fue aprobado por los municipios de
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, pero no tuvo la mayoría entre los municipios
navarros (123 en contra y 104 a favor). En días posteriores a la celebración de
la asamblea, se publicaron referencias en las que hubo apoderados de algunos
ayuntamientos navarros que infringieron el mandato del consistorio al que
representaban, votando en contra o absteniéndose[13].
La posición contraria de la derecha navarra se vio ayudada por la postura de
boicot[14]
que mantuvieron los republicanos e izquierdas navarras. Republicanos y
socialistas cometieron el error de no ayudar a crear un Gobierno vasco en el
que estuvieran los cuatro territorios, lo que hubiera sido fundamental para dar
estabilidad a la República y además hubiera servido para tener más controlados
los movimientos golpistas en los que empezaba a tener presencia el carlismo. El
primer intento de golpe de Estado de Sanjurjo se produjo en agosto de 1932, que
tuvo el apoyo de la oligarquía vasca, junto con los terratenientes y
financieros de la época y las viejas castas militares[15].
La situación
derivó en la elaboración de otro proyecto únicamente para los territorios de
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Sus trabajos finalizaron el 6 de agosto de 1933,
siendo votado en referéndum el 5 de noviembre de 1933, pero este Estatuto no
pudo entrar en vigor. En las elecciones de noviembre de 1933 las derechas
españolas obtuvieron el triunfo y, como era de esperar, el Estatuto se guardó
en un cajón pues el bloque de derechas se oponía a su aprobación en las Cortes.
Hubo que
esperar a que en las elecciones de febrero de 1936 saliera una mayoría absoluta
del Frente Popular para que, en abril de ese año, el estatuto se volviera a presentar en las Cortes
españolas. La Comisión de Estatutos acuerda dar por válida la consulta
realizada en noviembre de 1933, teniendo validez para los tres territorios
(Álava, Gipuzkoa y Bizkaia) pero su aprobación en el pleno sigue demorándose y se
produce el golpe militar de julio de 1936 que, al no triunfar, acabaría transformándose
en una guerra civil. En esos momentos de organización de la defensa, ante el
ataque de los sublevados y viendo que la República seguía sin desatascar el
problema, algunos miembros destacados del PNV se movieron para la creación de
un gobierno vasco que surgiera de las Juntas de Defensa[16].
Al final, en
plena contienda, las Cortes Republicanas aprobaran el Estatuto el 1 de octubre
de 1936. Un triunfo con sabor amargo porque todo este calvario se podía haber
evitado y hubiera sido de gran ayuda para la defensa de la República. Sin
embargo, se aprobó cuando más de la mitad del territorio vasco estaba ocupado
por la sublevación fascista. Desgraciadamente, la suerte del Estatuto y de la
Euskal Herria estaba echada y dejaba maltrecha a la República.
La tercera
fecha, 25 de octubre de 1979, es la fecha del referéndum para la aprobación del
Estatuto de autonomía para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. En este último caso el
proceso duró algo más de dos años, lo que no fue óbice para que sufriera todo
tipo de obstáculos y tensiones políticas y sociales.
En esta
ocasión el régimen estaba representado por un gobierno cuyos miembros habían
sido altos cargos de la dictadura franquista, con la misión de pilotar el
proceso de reforma después del fallecimiento del dictador. Se presentaron a las
elecciones a través de un partido, UCD, que estaba copado por personas
destacadas del franquismo y que, a diferencia de AP, fundada por Manuel Fraga,
intentaba ser la cara amable de una nueva derecha.
Los partidos tradicionales herederos de la República y del Estatuto del 1936, PNV, PSOE y PCE iban a ser los actores principales en todo este proceso que se iba a dar en Euskal Herria, junto con UCD. A todos ellos habría que añadir la presencia de un nuevo espacio político: la izquierda abertzale. En el período de la II República este espacio era muy reducido, siendo representado por ANV. Por el contrario, en el periodo 1977-1979 la izquierda abertzale era un movimiento político pujante que estaba representado por dos tendencias: Euskadiko Ezkerra (EE)[17] y Herri Batasuna (HB)[18]. Ambos espacios políticos tuvieron una participación en todo el proceso, si bien es cierto, que el Estatuto fue el momento que las terminó de alejar entre sí de forma irremediable. Las causas de ese alejamiento fueron más profundas y serán expuestas posteriormente.
En esta
ocasión la aprobación del Estatuto fue un proceso que se inició el 15 de junio
de 1977, fecha en la que se celebran las primeras elecciones generales desde el
derrocamiento de la II República. Duró algo más de dos años, pero tuvo tanta
intensidad o más que la que se vivió durante el período republicano.
Las elecciones
de junio de 1977 se celebraron sin la presencia de una parte muy importante de
la izquierda abertzale, que decidió no concurrir a dichos comicios al no haber
salido todos los presos políticos vascos de las cárceles y estar algunas
organizaciones políticas ilegalizadas, porque en sus estatutos propugnaban la
independencia de Euskal Herria. Por estos motivos hicieron campaña en favor de
la abstención. Este hecho, sin duda alguna, condicionó en gran medida los
resultados que se dieron. De las elecciones salieron dos partidos mayoritarios,
PNV y PSOE y dos partidos minoritarios, UCD y Euskadiko Ezkerra.
Nada más
constituirse las Cortes en julio de 1977, se inició un proceso laborioso de redacción,
debate y aprobación de la Constitución. Este proceso, que duraría hasta
diciembre de 1978, marcó toda la controversia que se dio en materia
territorial.
Paralelamente,
a partir de los resultados de estas elecciones se forma la Asamblea de
parlamentarios vascos (diputados y senadores). A esta asamblea se unen la
totalidad de los parlamentarios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, los dos diputados
del PSOE por Navarra y el histórico nacionalista, Manuel Irujo, que había sido
elegido senador por Navarra en la candidatura del Frente autonómico (PSOE-PNV).
Los seis parlamentarios (tres diputados y tres senadores) de UCD elegidos por Navarra no se unieron. La primera reunión
de la Asamblea se celebró el 22 de junio de 1977 y todas las fuerzas políticas
presentes adoptaron tres resoluciones: el reconocimiento de la personalidad
política y administrativa de Euskadi, la legalización de todos los partidos sin
excepción y una amnistía total para todos los hechos de intencionalidad
política[19]. El
consenso no daba para más.
A partir de
este momento se inicia una serie de reuniones de esta Asamblea con un objetivo:
poner en marcha el régimen pre-autonómico. Esto era un estado transitorio hasta
que se aprobaran los estatutos de autonomía, que no podían llegar hasta que no
hubiese una constitución que les diera cobertura legal y los regulara. Pero en
las naciones históricas la presión popular al Régimen llevó a la concesión de
este estatus transitorio que no dejaban de ser movimientos tácticos del
Gobierno de la UCD para controlar la situación.
En los primeros compases hubo una cuestión que marcaría la marcha del proceso y mediría las fuerzas entre los diferentes partidos: La negativa de los parlamentarios de UCD de Navarra a participar en un proceso común para los cuatro territorios vascos. Hay que tener presente que gracias a la ley de Hondt la UCD obtuvo en Navarra la mayoría absoluta de los cargos electos con menos del 30% de los sufragios. En ese momento la posición del PSOE era favorable a la integración de Navarra en Euskadi. Pero el Gobierno de la UCD, sabedor que tenía la llave, dio los pasos necesarios para que no se produjera la integración. Todo esto sin soliviantar al PNV y al PSOE. Movió las fichas tanto desde Madrid como de las instituciones navarras, que todavía no habían sido elegidas democráticamente, y que estaban controladas por el Bunker franquista.
En enero de
1978 se aprueba el decreto-ley de aprobación del pre-autonómico vasco y se
nombra en febrero el Consejo General Vasco. Una institución que fue el reflejo
de la situación política, foro donde PNV y PSOE rivalizaban políticamente a la
hora de discutir el modelo de país que defendían. Las otras formaciones que lo
componían (UCD y EE) no dejaban de ser meras comparsas, sin perjuicio que la
UCD siempre jugaba con la tranquilidad que le daba que los suyos controlaran todo
el aparato del Estado.
El proceso de
elaboración del Estatuto se realizó en dos fases: la primera fase abarcó los
meses de noviembre y diciembre de 1978. En ese período la asamblea de
parlamentarios vascos debatió el proyecto de Estatuto. Éste fue presentado en
el Congreso de los diputados el 29 de diciembre de ese año. La segunda se
inicia en el mes de julio de 1979, momento en el que se inicia el trámite en el
Congreso, siendo aprobado el 21 de julio y ratificado en referendum el día 25
de octubre de 1979. Este último proceso se realiza después que el 1 de marzo de
1979 se hubieran celebrado unas nuevas elecciones generales que trajeron un cambio
en el tablero político. La irrupción de HB con 3 diputados y un senador, sin
duda alguna, trajo de cabeza a los artífices de la Reforma. No hay que olvidar
que en las anteriores elecciones las organizaciones que conformaban esta
candidatura pidieron la abstención y en los regímenes parlamentarios todo lo
que no tiene representación es como si no existiese.
Todo este
proceso que trascurre desde las primeras elecciones después de la muerte del
dictador hasta la aprobación del Estatuto fue un momento clave en muchos
aspectos.
En dicho
periodo durante la tramitación tanto de la Constitución como del Estatuto de
autonomía se pudo observar el margen de maniobra que dejaba el régimen a las
reivindicaciones territoriales de la población vasca. Hubo momentos muy duros y
tensiones en los que parecía que todo saltaba por los aires, sobre todo cuando
el Estatuto se debatió en el Congreso de los diputados en julio de 1979. Uno de
esos momentos se produjo días antes que el Estatuto de autonomía se tramitara en
el Congreso. En ese momento el Gobierno de la UCD sospesó la posibilidad de
declarar un Estado de excepción en Euskadi. La portada del diario El País del
día 23 de junio era muy elocuente, abriendo con la siguiente información: “Desmentidas
supuestas interferencias militares en los estatutos”[20].
Tanto en este diario como en Cambio 16 informaban de la intención del Gobierno
de implantar el Estado de sitio en Euskadi en el supuesto que las negociaciones
para la aprobación del Estatuto vasco fracasaran[21].
En esta
ocasión, a la hora de buscar acuerdos y compañeros de viaje, el PNV estuvo más
cerca del PSOE que de los partidos abertzales. De hecho, en las elecciones de
junio de 1977 al Senado se presentó en coalición con el PSOE con la marca
Frente Autonómico. Desde un primer momento huyó de llegar a acuerdos con la
izquierda abertzale. El deseo del PNV era que los poderes del Estado le
consideraran el interlocutor válido para todo lo referente a Euskadi, pero en
este momento histórico en el PNV volvían a aparecer dos almas: la sabiniana,
favorable a la independencia, y la defensora de los derechos históricos a
través de la reinstauración foral.
Es interesante
ver las posiciones que mantuvo el PNV ante las dos cuestiones que se debatían
en ese momento (Constitución y Estatuto de autonomía). En lo referente al
debate constitucional, el PNV se abstuvo y realizó un discurso en defensa de
los derechos forales que no fueron recogidos en la Constitución como este
partido esperaba. Por ello se posicionó en contra del derecho de
autodeterminación. Arzallus tuvo diversas intervenciones en el Congreso muy
elocuentes. “El PNV se presenta en este momento con unos planteamientos más
fueristas que nacionalistas […], por ello renunciamos a la
constitucionalización de postulados férreamente defendidos por todo
nacionalista y aceptamos planteamientos ajenos y hasta contrarios a los
nuestros”[22].
En el PNV volvía a ganar el alma fuerista. Pero toda esta retórica en el
Congreso era compensada con declaraciones en actos políticos en diversos
lugares de Euskal Herria en las que se sostenía un discurso independentista. No
dejaba de ser una táctica para aplacar a sus bases, con el agravante de que el
Estatuto que posteriormente se aprobara, iba a tener que ceñirse a la
Constitución.
En esta
situación, en los meses de noviembre y diciembre de 1978, con la aprobación de
una constitución en la Cortes que no había tenido el apoyo ni del PNV ni de
Euskadiko Ezkerra y con el rechazo frontal de la izquierda abertzale
extraparlamentaria, la Asamblea de parlamentarios vascos debate un proyecto de
Estatuto; fue una labor realizada entre el PNV, PSOE y EE, con una UCD,
consciente que estaba en minoría, pero que no le preocupaba mucho porque harían
valer su posición cuando el proyecto fuese estudiado en el Congreso, cosa que
así fue.
Cuando llegó la hora de debatir el Estatuto en
el Congreso, como se ha dicho con anterioridad, el reparto de escaños había
cambiado con motivo de las elecciones generales del 1 de marzo de 1979 y la
correlación de fuerzas entre los partidos vascos ya no era la misma. En este
momento el PNV tenía mayoría y HB había irrumpido con 3 diputados, siendo, por
el contrario, el PSOE el partido más perjudicado.
El proyecto
presentado por la Asamblea de parlamentarios vascos se topó con la fuerza que tenía
el Gobierno de la UCD en el Congreso. En este partido había dos visiones: la
defendida por un sector duro que apostaba por declarar medidas de excepción
(Estado de sitio, excepción o similares) y otro sector más dialogante que
abogaba por llegar a un acuerdo con el PNV.
El Estatuto tenía que ser discutido en la ponencia compuesta por una delegación elegida por la Asamblea de Parlamentarios vascos y la Comisión Constitucional, pero la realidad fue bien distinta. Esa ponencia no fue más que una pantalla, porque donde realmente se discutió el articulado del futuro Estatuto fue en el Palacio de la Moncloa. En un principio las reuniones eran entre Garaikoetxea, presidente del EBB[23], y Adolfo Suarez, presidente del Gobierno. Posteriormente se incorporaron personas relevantes de UCD y el PNV. Es de aquí de donde salió el texto que posteriormente se aprobó en el Congreso. En todo este proceso PSOE y Euskadiko Ezkerra quedaron marginados, con las consiguientes protestas de ambas formaciones. Por lo que respecta al contenido del texto, en palabras del diario El País del día 13 de julio “Las modificaciones introducidas como consecuencia de las negociaciones celebradas en La Moncloa afectan prácticamente a la totalidad de los artículos”[24]. Esta situación fue una constante en todo el proceso negociador.
Una vez que fue pactado entre el PNV y UCD, el paso por la ponencia y posterior debate en el pleno de la cámara baja no dejo de ser un mero trámite. La aprobación del Estatuto fue acompañada por todo tipo de declaraciones y artículos periodísticos, ensalzando el acuerdo y el contenido del Estatuto por parte de las fuerzas políticas que estaban a favor (PNV, PSOE, UCD, EE, PCE). Fuera de ese ambiente de euforia las declaraciones de algunos políticos del PNV dejaban entrever que el Estatuto no era la panacea que pregonaban en sus declaraciones. En una entrevista realizada a Xabier Arzallus en el diario Egin, el 28 de diciembre de 1978, cuando la Asamblea de Parlamentarios vascos aprobó el proyecto que posteriormente se discutiría en el Congreso, el líder jeltzale declaraba que “tiene que quedar claro que hemos partido de una realidad impuesta que es el marco constitucional concreto. Salir de este marco supondría la invalidación de todo intento estatutario, por lo que es necesario acatarlo. No es nuestro estatuto ideal, ni siquiera el que nosotros propondríamos. Es el que permite la Constitución”[25]. La pregunta que habría que realizarse es la de que si el proyecto que fue sacado adelante por el PNV no era del agrado del PNV ¿qué grado de satisfacción podría tener el texto definitivo después de haber sido modificado casi en su totalidad?
Por lo que
respecta a la posición de la izquierda abertzale, se dieron dos planteamientos
antagónicos entre sí. La postura del sector representado por Herri Batasuna,
KAS[26]
y ETA militar fue contraria desde el momento en el que se empieza a hablar del
pre-autonómico. No aceptaban que el proceso se iniciara a través de la
representación salida de las elecciones del 15 de junio, al haberse encontrado
algunas formaciones políticas sin legalizar. Para este sector la elaboración debía
ser liderada por una asamblea de municipios democráticamente elegidos, la
participación de Navarra en este proceso y el reconocimiento del derecho de
autodeterminación. El eje sobre el que se movían eran los puntos recogidos en
la Alternativa táctica de KAS. Como alternativa a este proceso estatutario,
crearon un órgano de contrapoder popular vasco (EHBN[27])
que tenía, entre otros objetivos, la elaboración de un Estatuto nacional de
autonomía para los cuatro territorios vascos. Era una postura pétrea en la que partían
de la premisa de que cualquier participación en el proceso era legitimar las
instituciones creadas al amparo de la Reforma, pues no dejaba de ser un lavado
de cara del régimen franquista. Esta postura fue mantenida sin ningún tipo de
fisura y era compartida por ETA militar, que era una de las dos ramas de ETA en
ese momento.
La propuesta
política del otro sector de la izquierda abertzale, el representado por la
coalición Euskadiko Ezkerra y EIA, que actuaba en total coordinación con la organización
ETA político-militar[28],
tuvo dos fases bien diferenciadas. La primera se puede circunscribir al periodo
que va desde las elecciones de junio de 1977 hasta el mes de noviembre de ese
mismo año. En esos meses la estrategia
es similar a la que seguía el otro sector de la izquierda abertzale. Se posicionó
en contra de los proyectos de régimen pre-autonómico que habían preparado PNV y
PSOE. Redactó un documento alternativo en clave de ruptura democrática. Pide la
urgente celebración de elecciones municipales y propone que la Asamblea de
Municipios elegidos democráticamente y asambleas populares en la que estuvieran
representados organismos populares, fuesen el marco donde se debatiese el
Estatuto[29]. No
aceptaban ni el Gobierno vasco en el exilio ni los resultados del 15 de junio
por la falta de participación popular que entrañaban ambos proyectos.
Sin embargo, esta
posición dio un giro de 180 grados en los meses siguientes. Una vez que EIA
celebra su primer congreso en Zegama (Gipuzkoa) en el que sale elegida una
nueva dirección y Mario Onaindia es nombrado secretario general, EIA cambia su
planteamiento inicial y acepta el pre-autonómico que habían consensuado PNV y
PSOE. Durante todo ese proceso EIA, a través de Euskadiko Ezkerra se posicionó
en contra la Constitución, pero aceptó el proceso estatutario dentro de los
límites de esa Constitución.
Durante el
proceso de debate del Estatuto las organizaciones del bloque formado por
EIA-Euskadiko Ezkerra-ETA político militar, lanzaron dos campañas que no
tuvieron el éxito que esperaban. La primera fue la de “Estatutoarekin presoak
etxera” (Con el Estatuto los presos a casa). La mayor parte de los presos
políticos vascos de diferentes organizaciones se encontraban en la prisión de
Soria y estaban llevando una lucha importante porque la policía estaba dentro del
recinto de la prisión. La otra campaña fue “Estatutoarekin Nafarroa Euskadira”
(Con el Estatuto Nafarroa a Euskadi). Ambas campañas conjugaban la lucha
política que debían de realizar EE de la mano de EIA y la actividad de ETA pm
con atentados propagandísticos. La realidad es que quien llevó el peso de ambas
campañas fue la organización armada por la falta de capacidad movilizadora de
EIA y EE, más preocupadas en la actividad institucional.
En esta
disputa política que vivían los dos espacios políticos de la izquierda
abertzale subyacía un análisis ideológico y político de mayor profundidad. Para
el bloque político-militar[30]
en el Estado español se estaba dando una transición de la dictadura hacia una
democracia burguesa que sería equiparable a las que se daban en la Europa
Occidental. Desde esta óptica, una organización como EIA no podía hacer una
política demasiado enfrentada a los partidos democrático-burgueses,
representados en Euskadi por el PNV y el PSOE[31].
Debía de trabajar desde las instituciones para lograr las condiciones adecuadas
para iniciar un proceso hacia el socialismo. Por el contrario, las organizaciones
de KAS y HB entendían que en el Estado español no se había dado un cambio de
régimen. Se había realizado un proceso de reforma política en el que el
franquismo seguía controlando todos los aparatos del Estado (judicatura,
ejército, cuerpos policiales) estando al servicio de la misma oligarquía que
había hecho negocios durante el franquismo. Las instituciones que habían
surgido con el proceso de reforma iniciado en 1976 adolecían del carácter
democrático para poder ser equiparadas a las democracias burguesas existentes
en la Europa Occidental. Ante esta situación planteaban una lucha frontal.
La última
etapa de todo este proceso fue la campaña del referéndum en la que se dieron dos frentes. Por un lado,
las organizaciones que apoyan el Estatuto (PNV, PSOE, EE, UCD y PCE) y por el
lado la izquierda abertzale (HB, KAS y ETA m), junto a algunos partidos
minoritarios (EMK y LKI) que se posicionaron en favor de la abstención. La
campaña no estuvo exenta de tensión. Un ejemplo de ello eran los argumentos que
llegaron a dar el PNV y EE. Uno de ellos fue que si no se lograba el pacto del
Estatuto había peligro de intervención militar en Euskadi y de involución
golpista en el Estado español[32].
También hubo argumentos que no dejaban de ser un brindis al sol con el objetivo
de obtener el mayor apoyo entre el electorado nacionalista como “El Estatuto es
el primer paso para la independencia de Euskadi”. Había una posición, muy
residual, contraria al Estatuto defendida de forma explícita por los partidos
de ultraderecha, estando a la cabeza Unidad Nacional, cuyo líder era Blas Piñar,
y de forma tácita por Alianza Popular, que no se sumó a hacer campaña en favor
del Estatuto.
El Estatuto
cosechó el apoyo de algo más del 53% del censo, algo esperado, después de todo
el despliegue de medios que se hicieron por partidos políticos, medios de
comunicación y diversos aparatos del Estado.
No habían
pasado ni tres años desde su aprobación
cuando el Estatuto sufría el primer ataque recentralizador. Una de las
consecuencias derivadas del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 fue el
acuerdo entre la UCD y el PSOE para aprobar la LOAPA. La finalidad de esta norma
era la de recortar las competencias que tenían la Comunidad Autónoma Vasca y
Cataluña, derivadas de sus respectivos estatutos de autonomía. Pero ese intento
recentralizador no llegó a fructificar como deseaban sus promotores porque el
Tribunal Constitucional dictó una sentencia en el que negaba el carácter
orgánico y armónico de dicha ley.
A día de hoy
de las 144 competencias que recoge el Estatuto Vasco en vigor quedan pendientes
de transferir 33, lo que supone un 23 por ciento de su totalidad después de 40
años[33].
Se puede decir que es la Ley Orgánica en
vigor con menor grado de aplicación. La realidad actual es que no sólo no están
transferidas las 33 competencias anteriormente mencionadas, sino que en la
actualidad estamos viviendo una ola recentralizadora que se manifiesta a través
de recortes en las nuevas leyes orgánicas que se aprueban y a través de las
sentencias que dicta el Tribunal Constitucional.
En esta
situación, un tanto oscura, el Parlamento Vasco está inmerso en un proceso de
elaboración de un proyecto para la redacción de un nuevo Estatuto. No parece
que vaya a conseguir mayor consenso que el anterior, porque los obstáculos
vienen a ser muy similares a los que se vivieron a finales de la década de los
70 del pasado siglo. La piedra angular sigue estando en el reconocimiento de la
soberanía del pueblo vasco, lo que conllevaría el poder tener capacidad
política para ejercer el derecho a decidir. Resolver esta cuestión será la
clave para que llegué a tener un consenso amplio, pero tan importante o más
será ver como se encaja dentro la estructura del Régimen del 78, o si, por el
contrario, es necesario que se produzca un nuevo proceso constituyente.
[1]
Esparza Zabalegi, Jose Mari: VASCOSNAVARROS. Guía de su identidad,
lengua y territorialidad, Txalaparta, Tafalla, 2012.
[2] Castells
Arteche, Luis: Fueros y Conciertos Económicos. La Liga Foral Autonomista de
Guipúzcoa (1904-1906), L. Haranburu Editor, San Sebastián, 1980.
[3] Ibarruri,
Dolores (Pasionaria): El único camino, Collection Ebro, 1975.
[4]
Estornes Zubizarreta, Idoia: Carlismo y abolición foral. Entorno a un
centenario 1876-1976, Editorial Auñamendi, San Sebastián, 1976.
[5]
Colectivo
IPES: Euskadi: Herri Batzarrea. Asamblea del Pueblo y política
municipal. Zero, Bilbao 1978.
[6]
Castells, José Manuel: El Estatuto Vasco. L. Haranburu editorea, 1796,
Donostia, 1976.
[7]
Ibidem.
[8]
Caro
Baroja, Julio y AA.VV: Historia General del País Vasco, La Gran
Enciclopedia Vasca-Haranburu Editor, Volumen XII, Donostia, 1981.
[9]
Eduardo Renobales: ANV, el otro nacionalismo. Historia de Acción
Nacionalista Vasca-Eusko Abertzale Ekintza. Txalaparta, Tafalla, 2005.
[10]
Caro
Baroja, Julio y AA.VV: Historia General del País Vasco, La Gran
Enciclopedia Vasca-Haranburu Editor, Volumen XII, Donostia, 1981.
[11]
Eduardo Renobales: ANV, el otro nacionalismo. Historia de Acción
Nacionalista Vasca-Eusko Abertzale Ekintza. Txalaparta, Tafalla, 2005.
[12]
Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): Historia
de Euskadi. El Nacionalismo y ETA, Ruedo Ibérico, 1977.
[13]
Castells, José Manuel: El Estatuto Vasco. L. Haranburu editorea, 1796,
Donostia, 1976.
[14]
Eduardo Renobales: ANV, el otro nacionalismo. Historia de Acción
Nacionalista Vasca-Eusko Abertzale Ekintza. Txalaparta, Tafalla, 2005.
[15]
Caro
Baroja, Julio y AA.VV: Historia General del País Vasco, La Gran
Enciclopedia Vasca-Haranburu Editor, Volumen XII, Donostia, 1981.
[16]
Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): Historia
de Euskadi. El Nacionalismo y ETA, Ruedo Ibérico, 1977.
[17] Euskadiko Ezkerra se constituyó para las elecciones del 15 de junio de 1977 era una coalición formada por los partidos EIA y EMK (Movimiento Comunista de Euskadi). Este último partido en 1978 abandonó la coalición, quedándose EIA con la marca electoral.
[18]
Herri Batasuna (Unidad Popular) era una coalición formada por los siguientes
partidos: ANV, ESB, HASI y LAIA.
[19]
Letamendia
Belzunce, Francisco (Ortzi): El No Vasco a la Reforma, 1º La
consolidación de la reforma, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1979.
[20] El
País, 23-6-1979.
[21]
Letamendia
Belzunce, Francisco (Ortzi): El No Vasco a la Reforma, 2º La ofensiva de
la reforma, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1979.
[22]
Letamendia
Belzunce, Francisco (Ortzi): El No Vasco a la Reforma, 1º La
consolidación de la reforma, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1979.
[23]
EBB: Acrónimo de Euskadi Buru Batzar. Es el órgano ejecutivo del PNV.
[24]
El País, 13-7-1979.
[25] Casanova,
Iker: ETA 1958-2008. Medio siglo de historia, Txalaparta, Tafalla,
2007.
[26] KAS: Koordinadora Abertzale Sozialista. En ese momento era un organismo formado por partidos políticos HASI, LAIA, la organización ASK y KAS Emakumeak.
[27]
EHBN es el acrónimo de Euskal Herriko Biltzarre Nazionala o Asamblea Nacional
Pueblo Vasco.
[28]
ETA político-militar a principios de 1977 creo el partido EIA poniendo en
práctica lo aprobado en su VII Asamblea. Actuaban en total coordinación y
marcaban la línea política que tenía que llevar a cabo la marca electoral
Euskadiko Ezkerra.
[29]
Egido,
José Antonio: Viaje a la nada. Principio y fin de Euskadiko Ezkerra,
Txalaparta, Tafalla, 1993.
[30]
El término bloque político-militar ha sido utilizado por diferentes
investigadores e historiadores a la hora de englobar a las organizaciones EIA,
EE y ETA pm.
[31]
Letamendia
Belzunce, Francisco (Ortzi): El No Vasco a la Reforma, 1º La
consolidación de la reforma, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1979.
[32]
Giacopuzzi,
Giovanni: ETA. Historia política de una lucha armada 2ª parte, Txalaparta,
Tafalla, 4ª edición, 2001.
[33]
Eldiario.es, 27-1-2019
