Karl Marx, al inicio de su obra El Dieciocho Brumario de Luís Bonaparte, se hacía eco de una frase de Hegel en la que el filósofo alemán decía que “todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos dos veces” para apostillarla Marx, diciendo que aparecen “una vez como tragedia y la otra como farsa”[1]. Sin lugar a dudas la reforma laboral del PP fue una tragedia para la clase trabajadora y la que ha aprobado el Gobierno del PSOE-UP se ha convertido en una farsa y en una estafa para los trabajadores, castigados por las reiteradas reformas laborales que han traído de forma sistemática la pérdida de derechos en materia laboral.
Para ahondar en esta farsa, la casualidad ha querido que el Gobierno de coalición haya aprobado esta reforma laboral el día de los Santos Inocentes. Una vez más la clase trabajadora emula a los santos inocentes del Evangelio, convirtiéndose en las víctimas propiciatorias de las políticas laborales del gobierno de turno. Y he dicho bien, ha aprobado una reforma laboral y no la derogación de la reforma laboral del PP de febrero de 2012, porque el tiempo ha venido a demostrar que ni la han derogado ni había intención de derogarla.
Para analizar el fondo del problema voy a hacer un repaso a la cronología de los hechos y para ello hay que remontarse al punto de partida, que no es otro que la llegada del PP al gobierno. Después de haber obtenido mayoría absoluta en las elecciones del 20 de noviembre de 2011. Mariano Rajoy fue investido el 20 de diciembre y no necesitó ni dos meses para aprobar su tan denostada reforma laboral. Esta es la eficacia demoledora de la derecha cuando gobierna. En concreto, en el Consejo de Ministros del 10 de febrero de 2012 aprobaron el “Real Decreto-Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral”. La convalidación de esa norma dependió única y exclusivamente de la mayoría absoluta de la que gozaba el PP en esa legislatura. Los sindicatos fueron ninguneados y el PP se puso a los servicios de la CEOE. Lo normal en estos casos.
Después de dos elecciones generales a lo largo de 2019, se produjo un acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y UP. No es que el PSOE se sintiera atraído por esta fórmula, pero es que tampoco era cuestión de convocar unas terceras elecciones en menos de un año, con el agravante de que el comodín de Ciudadanos acaba de recibir un torpedo en su línea de flotación, abocándolos a la irrelevancia política. Al PSOE ya no le daban los números en un hipotético acuerdo con Cs, así que las posibilidades de acuerdos se estrechaban por lo que la disyuntiva era clara: pacto con UP o terceras elecciones. Esta segunda opción hubiera sido una situación propicia para que el tándem de extrema derecha PP-VOX pudieran llegar al poder y el PSOE optó por pactar con UP, como mal menor. Al fin y al cabo, el PSOE acumula una gran experiencia en política de pactos y en cómo gestionarlos en función de sus intereses y un gran arte para torear al socio de turno. Y a todo esto UP no dudo en aceptar la propuesta. No habían tomado el Cielo por asalto, pero entraban en labores de gobernanza, que para esta formación era un salvavidas, pues sus resultados dibujaban una línea descendente. Y vendían un discurso basado en la idea que entrando en el Gobierno iban a lograr mejorar la vida de la gente.
En los acuerdos de Gobierno PSOE-UP la redacción del apartado sociolaboral fue sencilla, nítida, sin frase subordinadas ni con doble sentido. En el documento que firmaron en diciembre de 2019 a la hora de afrontar la reforma laboral del PP se expresaron en los siguientes términos: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral 2012….” (este texto venía en negrita, quizá para que no empezaran a surgir las dudas desde el primer momento y no dar munición a los escépticos a este pacto) y dieron un paso más adelante en este texto, al acordar la elaboración de “un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI” (también en negrita).
Con el documento en la mano, no parecía que hubiera dudas, plasmaron en el documento una promesa electoral que ambos partidos llevaban en sus respectivos programas electorales. En condiciones normales debía de ser cuestión de semanas que el Gobierno moviera ficha para derogarla. Si el PP para sacar adelante su reforma laboral, lo que conllevaba el estudio, redacción y aprobación, no necesitó ni dos meses, la derogación debía de ser casi de la noche a la mañana.
Pero no tenía ni un mes de vida este Gobierno y en una entrevista que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz concedió al diario El País (25 de enero de 2020) ya empezaba a recular y llegaba a realizar la siguiente afirmación: “Técnicamente no es derogable toda la reforma laboral, sería irresponsable”. Para ubicar la entrevista en el tiempo, esta se realizó antes de que estallase la pandemia y en un momento en el que el Gobierno debía de tomar decisiones de calado para que la sociedad percibiese que, por fin, había llegado un cambio radical en las políticas que surgian de este nuevo gobierno.
Con la perspectiva que da el tiempo que ha pasado es evidente que la entrevista de la ministra de Trabajo al diario El País tenía como finalidad el preparar el terreno para las renuncias que iba a hacer este Gobierno a lo largo de la legislatura.
Al poco tiempo llegó la pandemia y en todos ese camino lleno de complicaciones llegó el 20 de mayo de 2020 y como el Gobierno no tenía garantizados los votos suficientes en el Congreso de los diputados para la prórroga de uno de los Estados de alarma, los partidos del Gobierno (PSOE y UP) firmaron un acuerdo con EH Bildu en el que esta última formación se comprometía a apoyar la prórroga del estado de alarma y las tres fuerzas políticas se comprometían “a derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular”. Los términos utilizados no dejaban lugar a dudas, pero en cuanto se hizo público, Nadia Calviño, que más que vicepresidenta da la sensación que es la presidenta de facto, puso el grito en el cielo y el PSOE reculó sin ningún complejo. Ese es el valor que tiene la firma del PSOE en un acuerdo. En aquel momento Pablo Iglesias exigió que se cumpliera lo acordado, pero con el PSOE no va lo de Pacta Sunt Servanda (los acuerdos están para cumplirse) y al entonces líder de Podemos no le quedó más remedio que tragarse este sapo. Pero si esto fue grave, aún lo fue más que, ante ese acuerdo, los dos sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) saltaran como un resorte, exigiendo que antes se consultara a los agentes sociales. Algo inaudito, porque la derogación era una reivindicación sindical, pero parece que están más preocupados en ser invitados a una reunión y poderse hacer una fotografía que en la derogación de la norma para mejorar las condiciones laborales de los que dicen representar.
A partir de entonces la mal llamada derogación de la Reforma Laboral, primero se aparcó, luego se produjo la batalla en el Gobierno por ver quién lideraba las negociaciones con los agentes sociales, dando otro espectáculo lamentable, hasta que se metieron en el laberinto de las negociaciones a tres bandas: ministerio de Trabajo, empresarios y sindicatos. Las negociaciones se fueron eternizando y la CEOE encantada de la vida porque el tiempo corría a su favor y se empezaba a vislumbras que el verdadero interés del Gobierno no era la derogación de la legislación laboral aprobada por el PP.
Una vez visto lo que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros, la conclusión es bastante clara. En todo este proceso negociador el Gobierno en ningún momento ha tenido la intención de proceder a su derogación y para camuflar toda esta farsa, han puesto el foco en la importancia del acuerdo a tres bandas (Gobierno, patronal y sindicatos), a sabiendas que con esta metodología de negociación la CEOE tenía en su mano el derecho de veto, pues en cuanto se levantara de la mesa, la tan deseada fotografía saltaba por los aires. Por ello ha sido una negociación en la que la patronal ha controlado la situación sin mayor problema. Es decir, el Gobierno ha primado las formas y la parafernalia a resolver el fondo del asunto, renunciando a perder la iniciativa política que le han concedido los apoyos recibidos en el Parlamento.
En todo este proceso la ministra, su equipo y UP han ejercido de muletilla del PSOE, haciendo un papelón que vamos a ver como lo venden en estos meses. Su deseo de ser la ministra de la concertación social al precio que fuese tenía como objetivo mejorar su imagen para el nuevo proyecto político que empieza a liderar. Ha renunciado a exigir al PSOE cumplir el acuerdo de gobierno PSOE-UP, para ser portada de medios de comunicación junto a patronal y sindicatos.
Teniendo claro la cronología de los hechos, habría que entrar en la vertiente del juego político. En todo este interminable proceso negociador los grandes olvidados han sido todos los partidos que propiciaron la investidura de Pedro Sánchez. Es decir, El Gobierno ha decidido abstraerse del documento para gobernar que aprobaron PSOE y UP y, por supuesto, se han puesto de perfil para incumplir lo pactado con EH Bildu, por mucho que en ese momento saliese Pablo Iglesias, manifestando que los pactos, en referencia al firmado con EH Bildu, había que cumplirlos.
Esta forma de actuar por parte del PSOE no debería de pillar de sorpresa a nadie, pero el perfil bajo que está teniendo UP (sobre todo Podemos) y las declaraciones que está realizando la ministra de Trabajo son la prueba palpable que no eran casuales sus declaraciones de principio de legislatura y me atrevería a decir que cuando acordaron el documento conjunto ninguno de los dos partidos tenía una intención real de cumplir lo que estaban firmando .
Y en esta cuestión el proceso seguido ha sido una tomadura de pelo a los electores, a los partidos que en su día propiciaron la investidura de este Gobierno y a los representantes de la soberanía, porque se les ha hurtado la posibilidad de negociar y debatir en el Parlamento los términos de esta ley.
Esta reforma laboral se ha cocinado a espaldas de la inmensa mayoría de la sociedad. No se ha discutido con los socios parlamentarios del gobierno y el contenido de las negociaciones se iban conociendo por lo que contaba la prensa, con el natural malestar de los diversos grupos políticos. Si hubiera habido un deseo de derogación de la reforma laboral del PP la participación de patronal y sindicatos hubiera sido innecesaria a todas luces, pues era volver a la casilla anterior y deshacer la lo que aprobó el PP. Pero los intereses de este Gobierno eran sustancialmente diferentes y han apostado por consolidar las políticas neoliberales del PP.
A lo largo de la este proceso negociador hemos tenido que escuchar diferentes manifestaciones que una vez visto el resultado de lo aprobado su finalidad se circunscribía en justificar y dar cobertura a la reforma que estaban preparando. Entre las cosas que se han vertido una muy recurrente ha sido que técnicamente no se podía derogar la totalidad de la reforma laboral del PP. Dar esta excusa en un país en el que se acostumbra a legislar a través de disposiciones transitorias, sobre todo en materia fiscal y tributaria, para hacer todo tipo de cambios, no deja de ser un tanto burda. Es imposible entender que no se hubiera podido derogar de un plumazo de la legislación laboral aprobada por el PP cuestiones como que la indemnización por despido se vuelva a elevar de 33 a 45 días por año, que deje de der causa para el despido objetivo la disminución de los ingresos (no de los beneficios) de la empresa durante tres trimestres consecutivos y tampoco recupera la necesidad de obtener una autorización previa para realizar un ERE, lo que permite a las empresas hacer un ERE cuando y como quieran y la única salida que le queda al trabajador es ir a la justicia ordinaria para impugnarlo, en vez que la autoridad laboral vele por los derechos de la parte más desfavorecida en una relación laboral, el trabajador.
En todo este proceso negociador el papel de los sindicatos CCOO y UGT ha sido muy pobre, puesto que lo que tenían que haber exigido es la derogación de la normativa aprobada por el PP, pues con ellos no contaron para nada. Por el contrario, la patronal ha tenido un protagonismo muy relevante y, lo que es más preocupante, sigue haciendo un marcaje al Gobierno en este tema. Los representantes de la CEOE se están prodigando en entrevistas y comparecencias en los medios de comunicación para dejar bien claro que en el Congreso no se puede tocar ni una coma de lo acordado con ellos. Lo grave no es que desprecien la representación de la soberanía popular, lo peor es que desde el Gobierno, con su presidente a la cabeza y de la mano de la ministra de Trabajo, está haciendo seguidismo de la línea marcada por la CEOE.
Como he dicho con anterioridad, la patronal es quien tiene más clara su hoja de ruta. Han obtenido un excelente acuerdo y no van a permitir que sea modificado en el supuesto que el Real Decreto-ley aprobado por el Gobiernos se tramite mediante ley, lo que conllevaría un debate sobre la totalidad el texto. Quieren una convalidación de lo aprobado en Consejo de Ministros, mediante una única votación, que es lo que ya empiezan a manifestar los ministros que más peso politico tienen. Y ante esto el Gobierno asiente.
Sin necesidad de entrar en el fondo de la reforma laboral, observar que desde Ciudadanos se ofrezcan a apoyar al Gobierno en esta materia si sus socios rechazan este texto o que haya voces dentro del PP que se hayan levantado pidiendo no oponerse, es como para que la preocupación ronde en los partidos que hasta ahora están siendo imprescindibles para este Gobierno. Si no fuera porque Casado está en una competición con Abascal para ver quien es más de extrema derecha, no habría ninguna duda al respecto. El PP se abstendría y saldría adelante esta reforma laboral, porque es una muy buena legislación para la patronal española.
Lo aprobado por el Gobierno tiene unos perdedores: los trabajadores, y dos ganadores indiscutibles: Mariano Rajoy y Fátima Bañez, pues ven con satisfacción que su reforma laboral sale indemne en lo referente a los apartados más lesivos para los trabajadores. Y es necesario recordar que la segunda, que en la actualidad trabaja para la CEOE, gracias a los servicios que prestó a la patronal durante el tiempo que fue ministra de Trabajo, debe de estar que no cabe de gozo.
[1] Fragmento transcrito de la obra de Karl Marx “El Dieciocho Brumario de Luís Bonaparte”.