Antecedentes históricos
La realización de procesos sumarísimos, consejos de guerra y procesos inquisitoriales ha sido una constante a lo largo de la historia. Ya mucho antes que existiera el Estado español como hoy lo conocemos era una práctica habitual en estas latitudes y, a partir que se constituyó en un Estado moderno continuó vigente este modus operandi, aun si cabe, con mayor fuerza que nunca.
Se puede decir que la aplicación de este tipo de procesos es algo innato a este Estado. Va indisolublemente ligado a la historia de Castilla y posteriormente de España. Todavía, a día de hoy observamos, si bien en la inmensa mayoría de los casos con gran sonrojo, que el Poder sigue utilizando este tipo de procesos como instrumento fundamental para reprimir a todos aquellos que se salgan de los designios establecidos para el pueblo. Para todo el que traspasa la línea del orden existente, o podríamos decir ¿impuesto?, es víctima de uno de estos procedimientos en los que el futuro del encausado está escrito de antemano.
No ha habido siglo ni época en la que los que ostentaban el poder no hayan utilizado estos métodos para, lisa y llanamente, reprimir a las clases populares cuando estas han querido participar de forma directa en la toma de decisiones o, simplemente cuando sus costumbres y modo de vida contravenían las leyes terrenales o divinas. Luego en el relato de la historia habrán utilizado eufemismos para esconder la realidad.
Quedan muy lejos en el tiempo el proceso a los Comuneros de Castilla organizado por la Corona castellana o el proceso de Logroño organizado por la Inquisición contra las mujeres de Zugarramurdi. Como el Santo Oficio le debió coger cierto placer a quemar en la hoguera, lo siguió realizando a lo largo de varios siglos. En el caso de los comuneros, lo que había que atajar es cualquier protesta que cuestionara el régimen y el poder existente y en los procesos de la Inquisición había que aniquilar todo pensamiento que se saliese de la ortodoxia católica. Pero para no extenderme en exceso, mucho más cercanos son los innumerables procesos que se han dado a lo largo del siglo XX. Cualquier protesta de cierto relieve traía consigo el correspondiente consejo de guerra. La Semana Trágica de Barcelona fue un botón de muestra. Después de los sucesos acaecidos, con la falsa acusación de instigador de las protestas, el régimen organizó un consejo de guerra a Francisco Ferrer Guardia para posteriormente ejecutarlo. Luego vino la huelga de 1917, con sus juicios respectivos. En la Revolución de octubre de 1934, además de la salvaje represión del Ejército, tampoco pudieron faltar los consejos de guerra para reprimir a la clase trabajadora.
Con el golpe de Estado de julio de 1936 y la victoria después de tres años de guerra, los procesos sumarísimos de corte militar fueron una constante durante los primeros años del franquismo. Durante la dictadura siguió habiendo consejos de guerra, aunque a lo largo de los años fue bajando en número, pero en la década de los años 60 del siglo XX, el fortalecimiento de la oposición al régimen franquista trajo consigo un nuevo incremento de esta práctica. Hubo varios consejos de guerra conocidos, como el que se celebró contra le militante del PCE Julián Grimau, que fue condenado a muerte y fusilado, y algunos consejos de guerra a militantes de ETA. Pero sin duda alguna, el consejo de guerra que más repercusión tuvo a nivel internacional y sobre el que más se ha escrito fue el que se celebró en diciembre de 1970 contra dieciséis militantes de ETA en Burgos, en el que se pedían seis penas de muerte y cientos de años de prisión, y del que el pasado mes de diciembre se ha cumplido el quincuagésimo aniversario.
Los ecos del Proceso de Burgos
El aniversario de este proceso no ha pasado desapercibido para la prensa. Otra cosa bien distinta ha sido el tratamiento que cada medio le ha dado. La profesión periodística no deja de tener un gran componente ideológico y político, y en estos tiempos que corren, en los que las portadas y titulares de la prensa destilan de todo menos información, no podían dejar pasar este acontecimiento para dar su particular versión de lo que supuso todo lo vivido dentro y fuera del juicio, porque el Proceso de Burgos no se puede entender si uno se circunscribe única y exclusivamente a las sesiones en las que duró el juicio. Si en algo pueden coincidir las diferentes visiones a la hora de analizar este acontecimiento histórico es que este Proceso ha de analizarse de forma global. Pero si realizásemos una comparación entre los materiales publicados en fechas recientes, uno se quedaría sorprendido por el tono de las diferentes versiones que se puede encontrar.
Sobre un hecho de esta trascendencia se han publicado algunos libros. Sin desmerecer a alguno que otro, yo me he decantado por la lectura de uno que se publicó pocos meses después de haberse celebrado este juicio y que ha sido reeditado recientemente.
El Proceso de Euskadi en Burgos
Con el título “El Proceso de Euskadi en Burgos” los abogados Miguel Castells y Francisco Letamendia, Ortzi, que ejercieron la defensa de dos de los procesados escribieron este libro pocos meses después de haberse celebrado el consejo de guerra. Su publicación se realizó en París por el desaparecido Editorial Ruedo Ibérico. Fue uno de las decenas de libros que este editorial publicó en Francia durante el franquismo. La reciente reedición de esta obra ha corrido a cargo del Editorial Txalaparta.
El hecho que los autores del libro tuvieran un papel importante en todo el proceso es un factor importante a la hora de estudiar lo que supuso el Proceso de Burgos. Nadie mejor que ellos para relatar lo que supuso ese juicio. Ellos tuvieron una participación activa en todo el proceso judicial y, sobre todo en las sesiones de la vista. Pero, a su vez , ellos tuvieron contacto directo con los procesados y paralelamente vivieron de primera mano todos los acontecimientos de ese mes de diciembre de 1970.
El título ya nos ayuda a hacernos una composición de lugar de lo que sucedió en el juicio. El intento fracasado de juzgar a todo un pueblo a través de los procesados. Estos no dejaban de ser los chivos expiatorios dentro de la estrategia represora del régimen.
Esta nueva edición, que consta de algo más de 500 páginas, viene acompañada de un prólogo realizado por uno de los autores, Miguel Castells, en el que realiza una exposición que tiene como finalidad explicar el motivo de esta nueva reedición. Y siendo una voz autorizada para relatar los hechos que ocurrieron en aquel diciembre de 1970, en el prólogo a esta edición manifiesta que a lo largo del tiempo ha habido muchas versiones sobre este proceso, y no duda en afirmar que “muchas mienten: unas por lo que callan, otras porque contradicen directamente la verdad y otras porque en parte callan y en parte contradicen burdamente la verdad”.
Miguel Castells nos facilita algunos datos de interés que no figuran en la primera edición, no porque los autores no quisieran incluirlos, sino porque en ese momento no era conveniente que aparecieran. Aunque el libro fue editado fuera del Estado español, los autores y algunas personas relacionadas con dicha publicación vivían bajo el régimen franquista y eso podía suponer un riesgo para ellas.
En el prólogo de esta edición Miguel Castells relata a grandes rasgos como planificaron todo lo relativo a la defensa de los acusados. El papel que jugaron los procesados, marcando en todo momento la estrategia a seguir y la composición de los abogados defensores. Son datos que ayudan a poder entender el tipo de defensa que realizaron.
El prólogo de la primera edición reproduce documentos sustraídos de un sumarísimo militar de 1937 en el que fueron fusilados los seis concejales del Ayuntamiento de Busturia (Bizkaia), una vez que los sublevados fascistas ocuparon el pueblo. Su lectura es una muestra de lo que fueron los consejos de guerra desde el golpe de Estado de julio de 1936. Una farsa convertida en tragedia para quienes lo sufrieron.
Ideología política y legislación
El libro consta de dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas, con el título “Decreto sobre rebelión militar. Bandidaje y terrorismo”, es un auténtico tratado sobre la legislación penal existente a lo largo del franquismo en lo relativo a los delitos de contenido político, porque todo lo que fuera luchar contra el régimen franquista entraba dentro del término Rebelión. Este análisis exhaustivo es realizado teniendo presente en todo momento el contexto político, porque, como bien se recoge en este trabajo las leyes son dictadas por “la clase en el poder”, pues “las leyes, incluso las más inocuas, están preñadas de ideología política”.
Esta parte del libro va más allá de lo que puede ser un análisis penalista de la legislación del franquismo. Es un estudio jurídico desde una óptica ideológica y política, pues pone sobre la mesa la función que tiene la legislación en el marco de la defensa del poder por parte de la clase dominante, para ello realiza una exposición acerca de la carga ideológica que tiene la legislación en cualquier lugar y ,sobre todo la legislación penal en la defensa del grupo que esté en el poder.
El análisis de la evolución de la legislación franquista en esta materia nos ayuda a percibir las necesidades que va teniendo el régimen a lo largo de los cuarenta años de dictadura para buscar los equilibrios internos y externos para perpetuarse en el poder y, a su vez, proyectar hacia el exterior una imagen más suave. Los autores explican perfectamente como desde el final de la guerra civil el régimen franquista va haciendo modificaciones legislativas, en algunos casos, técnicas, para armonizar la legislación en materia represiva, y en otros, que son los más importantes, para adecuarse a las necesidades políticas del momento. Es interesante conocer como a partir de la década de los años 60, el régimen franquista, sin abandonar su dureza a la hora de castigar todo tipo de protestas, va dando a la legislación penal un barniz que sirva para proyectar una imagen aperturista. Todo ello con la finalidad de salvaguardar cara a la Comunidad Internacional las políticas socioeconómicas que se estaban llevando a cabo por parte del régimen.
Es interesante la radiografía que hacen los autores de la estrategia que sigue el régimen a lo largo de los años de utilizar la jurisdicción militar para juzgar este tipo de delitos en función de sus necesidades y de la coyuntura del momento y la creación de una jurisdicción ad hoc, lo que fue el TOP (Tribunal de Orden Público), compuesto por miembros de la judicatura pero muy cualificados en lo que se refiere a la represión franquista, no teniendo nada que envidiar por su dureza represiva a la jurisdicción militar.
El régimen en el banquillo
La segunda parte se adentra en lo que fue el Proceso de Burgos, desde el momento que se produjeron las detenciones de los procesados hasta que se dictó la sentencia y el posterior indulto.
A lo largo de esta parte de la obra se va relatando los hechos de forma pormenorizada, incluso se recogen literalmente diligencias policiales, escritos de acusación, escritos de las defensas, todos ellos previos a la vista y transcriben las sesiones del consejo de guerra.
Todo ese relato va acompañado de las protestas que se vivían en Euskal Herria, en el Estado español y a lo largo de Europa Occidental. Para ello, completan el trabajo crónicas periodísticas de esas fechas, tanto de la prensa española, que en su totalidad era de ideología franquista, como con artículos de la prensa europea, lo que ayuda al lector a contrastar la información y, en el caso de la prensa española comprobar el grado de manipulación informativa que existía.
Los autores nos relatan que desde un primer momento los procesados tenían claro que quien les podía salvar de las durísimas penas que a las que iban a ser condenados era el pueblo con sus movilizaciones, por lo que su objetivo fue utilizar la vista oral como altavoz para las reivindicaciones y denunciar la represión franquista contra la clase obrera y el pueblo trabajador vasco. El objetivo era claro: sentar al régimen en el banquillo de los acusados.
Si en la primera parte del libro se hace una excelente radiografía del régimen franquista y de la maquinaria represiva en la que se apoyaba, esta segunda, a través de los hechos que relata, nos ofrece un análisis de las disputas internas que se vivían dentro del régimen entre las diferentes familias que lo conformaban.
Si hay algo en lo que coinciden todos los que han analizado el Proceso de Burgos es que el juicio tuvo un efecto boomerang contra el régimen. El franquismo, que pensaba que había “descabezado” a la organización armada ETA, se puso como objetivo anular cualquier tipo de oposición y, sobre todo destruir al movimiento abertzale y, por extensión, que el pueblo vasco asumiera la imposibilidad de vencer al franquismo. Pero en esta obra los autores van más allá, y relatan, aportando diversos artículos publicados en la prensa estatal e internacional, como este proceso tuvo unas consecuencias muy importantes dentro del propio régimen. Como consecuencia del juicio y lo que aconteció en las sesiones de la vista oral, afloraron las contracciones existentes dentro del régimen, siendo un paso más en la descomposición de éste. A lo largo de los 40 años de dictadura franquista, éste fue el momento político en el que los choques internos entre las diversas facciones franquistas fueron más despiadados, llegándose a dar ciertos movimientos conspirativos entre la oficialidad del Ejército.
Otra de las cuestiones que nos exponen a lo largo del libro, pero donde se desarrolla es en la segunda parte, es la posición que tuvieron que adoptar los gobiernos europeos ante el juicio. Gobiernos que en los años 60 ya habían normalizado las relaciones con la España franquista, gracias a los efectos de la Guerra Fría, se vieron presionadas por sus opiniones públicas, hasta el extremo que tuvieron que presionar al Estado español para no llevar a efecto la imposición de las penas capitales.
En el libro se recoge la auténtica batalla que llevaron los letrados, entre los que se encontraban los autores del libro, bajo las directrices de los procesados, contra los miembros del Consejo de Guerra. Las tensiones que se vivieron a lo largo de las sesiones de la vista oral para finalizar con la publicación de la sentencia en la que se imponían unas condenas superiores a la petición del fiscal militar. Todas estas circunstancias, tensiones internas y presiones internacionales, abocaron al régimen a la única salida que le quedaba, conmutar las nueve penas de muerte impuestas, e intentar vender el indulto como un acto de fortaleza del régimen, aunque la realidad fue bien distinta. Fue una derrota del régimen.
Una lección para el régimen
El Proceso de Burgos consiguió fortalecer todo lo que quería combatir. Su objetivo era descabezar a ETA y, por el contrario, lo que se da es un impulso a una organización que en aquel momento estaba sufriendo una crisis sin precedentes, estando no sólo debilitada, sino que había sufrido una ruptura interna.
Los autores en este libro sólo hacen mención a una acción que realiza una de las dos ramas en las que en ese momento se había partido ETA. El secuestro del cónsul honorario de Alemania en Donostia y su posterior liberación por parte de ETA V Asamblea. Fue la acción que más repercusión mediática tuvo. En el libro no se hace mención al intento que hizo la organización ETA VI Asamblea de liberar a los acusados en este proceso que se encontraban en la cárcel de Burgos. Realizaron un túnel desde el sistema de alcantarillado, pero al final se encontraron con un muro de hormigón que les fue imposible salvarlo.
A partir de este proceso judicial las cosas cambiaron sustancialmente. ETA creció de forma exponencial y el régimen franquista aprendió la lección y no quiso repetir la experiencia de organizar un macroproceso para evitar que fuera plataforma para las reivindicaciones de los encausados. Su apuesta fue la de liquidar físicamente a los militantes de ETA bien a través de acciones de los cuerpos policiales o recurriendo a grupos parapoliciales.
Mikel Castrillo Urrejola 