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La sombra de Franco más allá de la Transición

La sombra de Franco más allá de la Transición

“La sombra de Franco en la Transición” (El Garaje Ediciones), ayuda a entender no sólo lo que fue la mal llamada Transición, sino a comprender situaciones como las que estamos viviendo en la actualidad: esos golpes de Estado blandos, a los que nos tienen acostumbrados los poderes y aparatos de un Estado heredero del régimen franquista. La primera edición de este libro vio la luz en 2004, siendo el grupo Anaya quien los publicó. Han tenido que pasar veinte años, para que en 2024 El Garaje Ediciones volviese a publicarlo, ofreciendo una edición revisada y ampliada hasta el 31 de diciembre de 1983, más que nada porque en aquellos años los cuerpos parapoliciales seguían desatados bajo las siglas del GAL.

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Los nostálgicos del régimen franquista no han tenido mejor forma de celebrar el 50 aniversario de la muerte del dictador que viendo al Tribunal Supremo condenar a una persona sin tan siquiera haber redactado la sentencia. Y han tenido que pasar diecinueve días para que se hayan dignado a darla a conocer. Es decir, primero deciden condenar y luego se ponen manos a la obra para intentar dar una apariencia jurídica a una resolución tomada de antemano, al viejo estilo del Tribunal de Orden Público o de los consejos de guerra de la dictadura franquista. Eso sí, como en los tribunales anteriormente mencionados, las pruebas ni las ha habido, ni falta que les hacía. Salvando las distancias, puesto que ahora no se condena a pena de muerte, poco o nada se diferencia del modus operandi de dictar sentencias durante la dictadura. El atado y bien atacado, bien engrasado y funcionando a la perfección.

No era mi intención empezar este artículo con este comentario, pero bien es verdad que viene que ni pintado en este 50 aniversario del fallecimiento del Dictador, para desempolvar aquella época, que una vez más, nos están intentando meter con calzador. Me estoy refiriendo a las bondades de todo el proceso que se dio después de su muerte e inmediata reinstauración de la monarquía, para llegar a la situación en la que hoy nos encontramos y que llamarón Transición. Y así  vemos que en la actualidad se sigue primero condenando y cuando los jueces estiman oportuno redactan la sentencia y nos la dan a conocer. En el caso del Fiscal General del Estado la condena la dictan el 20 de noviembre, lo cual no deja de ser un guiño a lo que fue el franquismo; pero no podemos olvidar que llevan actuando de forma similar en multitud de ocasiones. Sentencias como las seis de la Suiza, los seis de Zaragoza, los chavales de Altsasu o la del procés, y podría seguir alargándome, son ejemplos palmarios de vulneración de derechos civiles, políticos y sindicales por parte de una judicatura que poco se diferencia de la surgida bajo espíritu del 18 de julio de 1936. Resumiendo: la sombra de Franco es tan alargada, que no se queda en la Transición, sino que llega a nuestros días.

En mi artículo anterior decía que este año se cumple el 50 aniversario de tres acontecimientos claves para poder entender lo que fue ese periodo en que se dieron los pasos para realizar una serie de reformas políticas al régimen franquista. El primero se produjo el 27 de septiembre de 1975, con los últimos fusilamientos de la dictadura franquista, el segundo fue la muerte del dictador en la cama y el tercero no es otro que la reinstauración de la monarquía, en aplicación de la Ley de Sucesión aprobada durante la dictadura. En dicho artículo hablé del primero (los fusilamientos de septiembre de 1975), y en el de hoy es mi intención hablar de los otros, es decir, de ese periodo bastante siniestro que se inicia en ese otoño de 1975 y que uno no sabe bien cuando finaliza, porque ni los historiadores se ponen de acuerdo. Me estoy refiriendo a lo que llaman Transición.

Tengo que decir que para desempolvar ese periodo no me ha sido difícil buscar algún trabajo que recogiera de forma muy descriptiva lo que fueron aquellos años, de hecho, cuando lo he leído, ha sido como un examen a mi memoria, sirviendo para rememorar hechos que en muchos casos conocía, con el añadido que al estar muy bien documentado, ha apuntalado todos mis recuerdos de aquella época. Me estoy refiriendo al libro que escribieron los periodistas Alfredo Grimaldos y Andreu García Ribera, que bajo el título “la sombra de Franco en la Transición” (El Garaje Ediciones), ayuda a entender no sólo lo que fue la mal llamada Transición, sino a comprender situaciones como las que estamos viviendo en la actualidad: esos golpes de Estado blandos, a los que nos tienen acostumbrados los poderes y aparatos de un Estado heredero del régimen franquista. La primera edición de este libro vio la luz en 2004, siendo el grupo Anaya quien los publicó. Han tenido que pasar veinte años, para que en 2024 El Garaje Ediciones volviese a publicarlo, ofreciendo una edición revisada y ampliada hasta el 31 de diciembre de 1983, más que nada porque en aquellos años los cuerpos parapoliciales seguían desatados bajo las siglas del GAL.

José Luis Morales, en el prólogo que ha escrito para esta edición, manifiesta que hay libros que no caducan. En mi caso, iría más allá, y me atrevería a decir que es un texto de obligada lectura si se quiere conocer la realidad de lo que fue la Transición, excepcional para que sea leído por todas aquellas personas que no conocieron aquel periodo, pero también para las que lo vivieron, pero que se vieron privadas de tener acceso a la realidad de la calle, porque la información oficial, controlada por el Poder lo copaba todo, que para eso uno de los que fue timonel de todo ese proceso, Adolfo Suarez, tenía gran experiencia, al haber sido director de RTVE, y una de sus manos derechas, Rodolfo Martín Villa, conocido como la porra de la Transición, fue un maestro en manipular la información desde el Ministerio de la Gobernación y posteriormente del Interior. Es imprescindible este trabajo, pues en palabras de Andreu García Ribera, coautor del libro, es “un necesario documento para desmitificar un proceso que no fue ni modélico ni pacífico”.

La sombra de Franco más allá de la Transición
Adolfo Suarez y Rodolfo Martín Villa en un acto del Movimiento

Para que este engendro, llamado Transición, saliera airoso, fueron necesarios varios factores: la utilización a gran escala de la represión contra las organizaciones que apostaban por la ruptura con el régimen franquista, lo que era conocido como la ruptura democrática, en segundo lugar, la implicación de todos los poderes heredados de la dictadura, que pasaron de la noche a la mañana a ser instituciones a los servicios de la recién reinstaurada monarquía que acaba de jurar fidelidad a las Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales de la dictadura. Jugaron un papel fundamental en la estrategia diseñada por los mismos que unos días antes levantaban el brazo y no precisamente para parar un taxi, que no era otra que “maquillar 40 años de fascismo desde la propia institucionalización de la dictadura”. O dicho en palabras de los autores de este ensayo: “Los mandos del Ejército que ejercieron de oficiales con Franco incorporaron nuevas estrellas a sus bocamangas al amparo de la Monarquía, los implacables jueces del Tribunal de Orden Público prosiguieron su ascenso en los nuevos tribunales de excepción que surgen, y los torturadores de la antigua Brigada Político-Social mantuvieron sus siniestras trincheras en los sótanos de la Dirección General de Seguridad. El habitual “aprobado por aclamación” de las Cortes franquistas fue sustituido por el sacrosanto “consenso” y el silencio oficial continuó apoderándose de muchos asuntos esenciales de la vida política”. Pero todo ello necesitó de otro factor fundamental para lavar la cara al régimen, y no fue otro que “la impagable complicidad de una izquierda histórica que vendió la legitimidad que atesoraba a cambio de la legalidad que le ofrecía la estrecha taquilla de los falangistas remozados”. Para que nos entendamos, Grimaldos y García Ribera ponen el foco en la colaboración necesaria, y me atrevería a decir que imprescindible, de dos partidos políticos que entraron en ese juego en el que los poderes del Estado seguirían en las mismas manos y ellos, recibiendo una parte muy pequeña del pastel, se convertirían en actores secundarios, pero que con su actitud ayudaron a legitimar el proceso que se estaba viviendo. Esos dos partidos son de sobra conocidos: el PSOE y el PCE. En el caso del PSOE, con el agravante que disfrutó de unas mayorías más que absolutas durante casi 14 años, sin que hiciese nada para democratizar todos los aparatos del Estado.

Para poder poner negro sobre blanco lo que se vivió durante aquellos años, en este ensayo encontramos varias formas de analizarlo. Por un lado ofrece un estudio muy detallado de algunas acciones de los aparatos del Estado, en los que el lector encontrará datos e información muy importante para poder comprender que seguían utilizando los mismos métodos que durante el franquismo, pues aunque habían cambiado su denominación, quienes los dirigían eran los mismos.

Los autores arrancan con los últimos fusilados por Franco, para en diferentes capítulos profundizar en algunos hechos en los que el Estado, en coordinación con organizaciones de la ultraderecha española e internacional, estuvo implicado. Uno de estos fue lo acontecido en Montejurra, operación organizada por las más altas instancias del Estado, que de la mano de conocidísimos sicarios de la ultraderecha europea y latinoamericana, tuvo como objetivo “asestar un golpe definitivo al carlismo democrático y, con él, a cualquier línea dinástica que pudiera hacer sombra a Juan Carlos de Borbón, el rey designado por Franco”, y que desde el propio aparato del Estado fue denominada como “La operación reconquista”. Ya el nombre se las traía.

Con el título los últimos crímenes del Sindicato Vertical, este libro dedica un capítulo a los asesinatos de los abogados de Atocha, otro caso donde vuelve a aparecer la participación del Estado y del todavía aparato sindical de la dictadura, junto con conocidísimos ultraderechistas. Los autores no se limitan únicamente a exponer lo que fue el atentado, sino que relatan los antecedentes, las luchas obreras en el sector del transporte, los intentos del Sindicato Vertical de acabar con cualquier forma de organización de los trabajadores y cuál era el objetivo que buscaban con dicha matanza.

La sombra de Franco más allá de la Transición
José Luis Marín García-Verde, junto a él, con porra, el ultra valenciano Carlos Ferrando Sales (jurramendimontejurra.wordpress.com)

Si por algo destaca este ensayo es por el gran trabajo de investigación periodístico que realizan sus autores; es una constante en todo el libro, y especialmente a la hora de realizar el capítulo del atentado contra los abogados de Atocha. En sus páginas se pueden encontrar, entre otros datos, el origen de las armas que se utilizaron para cometerlo, las personas implicadas que aparecen, la desidia  en la investigación por parte de la judicatura, hasta el extremo que uno de los procesados se fugó gracias a un permiso que le concedió el juez instructor Rafael Gómez Chaparro, un personaje clave en el mundo de las togas. Por el juzgado de este juez y de otros conocidos magistrados de la época pasaron numerosos procedimientos abiertos por crímenes cometidos por ultraderechistas y miembros de las fuerzas del orden público durante la Transición, los cuales sufrían una flagrante obstrucción, para que en la inmensa mayoría de los casos finalizasen archivados o con leves condenas y nunca daban un paso más allá de los autores materiales de los hechos; no había un interés por investigar de donde procedían las órdenes, por lo que los autores intelectuales gozaban de la más absoluta impunidad.

La “Operación Mallorca” o dicho de otra forma, el atentado en Argel contra Antonio Cubillo, el líder del MPAIAC, para complacer a los operadores turísticos alemanes que estaban muy nerviosos por los atentados que realizaba esta organización a intereses turísticos de ese país en el Archipiélago canario, es otra de las perlas que nos ofrecen Grimaldos y García Ribera, gracias a la labor de investigación que hay detrás de este libro.

La sombra de Franco más allá de la Transición
Franco junto a Juan Carlos de Borbón en la Plaza de Oriente

A lo anteriormente expuesto, los autores van intercalando varios capítulos que son dedicados a quienes pilotaron la Transición. Son unas biografías en las que el lector puede conocer de cada uno de ellos, el origen, entorno familiar, sus trayectorias desde su mocedad, sus años más desconocidos dentro de la política, para llegar a sus andanzas durante los últimos de vida del Dictador y la Transición. Como no podía ser de otra forma, el primer personaje al que le dedican un capítulo es a la persona que designó Franco para sustituirle en la jefatura del Estado, y que a día de hoy no soporta que se critique al Dictador en su presencia. A partir del Borbón, van desfilando destacados políticos franquistas, aquellos que “diseñan el cambio y se reparten los papeles en la obra que ellos mismos dirigen”; personajes como Martín Villa, Suarez, Juan José Rosón o Fraga, son los escogidos, pues representan lo que fue la Transición. Sus biografías no dejan lugar a dudas. Políticos que en ese proceso supieron desempeñar ese papel, sabedores que para perpetuarse en el poder “saben que, por necesidad histórica, tienen que cambiar algunos elementos de la estructura del Régimen, pero sólo están dispuestos a hacerlo después de haber desactivado previamente al enemigo”.

Al tratar de los camaleones políticos que se hacen con el poder, cambiando la camisa azul por trajes y corbatas más acordes con los nuevos tiempos, este ensayo muestra cómo se preocuparon para que existiese una “extrema derecha violenta y golpista”, que iba a servir de tonto útil, sobre la que recayese todo lo que sucedió durante la Transición, para que la nueva clase política proveniente del franquismo pudiera salir inmaculada y cara a la opinión pública quedase como la artífice de haber traído la democracia. Pero con el pequeño detalle que a ese grupo de ultras violentos que se podían encontrar en los entornos de los cuerpos policiales, nunca fueron dejados tirados, siempre tuvieron el cariño de magistrados y policías que fueron piezas claves para poderlos ayudar a eludir sus responsabilidades penales. Es ahí donde Grimaldos y García Ribera aportan una cantidad ingente de datos y pruebas para demostrar la connivencia que el Poder tenía con estos grupos.

Este ensayo hará un repaso a esos cuerpos represivos que nunca se disolvieron, que siguieron utilizando los mismos métodos que durante la dictadura, y cómo esta edición llega a diciembre de 1983, el lector podrá ver que nada cambió con la llegada del PSOE al gobierno en octubre de 1982. Los torturadores siguieron siendo condecorados con medallas pensionadas y disfrutaron de una jubilación placentera. Roberto Conesa, Juan Antonio González Pacheco (Billy el Niño) o Manuel Sánchez Sandoval son algunas caras conocidas, pero no las únicas que desfilan por las páginas de este libro.

Han pasado 50 años de la muerte de Franco y lo que ha pasado a la historia con el nombre de Transición sigue siendo motivo de discusión, porque no deja de ser un trágala que ha sido introducido a base de un bombardeo mediático. Aquello no fue más que un proceso de reforma política en el que las instituciones franquistas fueron objeto de un lavado de cara para seguir perviviendo a lo largo del tiempo. No hay más que ver en la actualidad la forma de actuar de las actuales instituciones y aparatos del Estado. Aquellos polvos, trajeron estos lodos.

La sombra de Franco más allá de la Transición
La sombra de Franco en la Transición. El Garaje Ediciones
Los ultimos fusilamientos de la dictadura franquista

Los últimos fusilamientos de la dictadura franquista

El último episodio negro en la vida del Dictador no deja de ser un hecho relativamente reciente, porque todavía viven personas que fueron protagonistas de aquellos hechos, militantes antifascistas que sufrieron detenciones, torturas salvajes en las dependencias policiales y que fueron juzgados en aquellos consejos de guerra. También son testigos para contar lo que fue todo ese infierno, abogados que asumieron la defensa de estas personas y compañeros de los asesinados que vivieron de cerca toda aquella época. Por todo ello, para recordar los últimos fusilamientos de la dictadura, he elegido un trabajo colectivo realizado por la Plataforma Abierta “Al Alba”, que con el título “27 de septiembre la generosidad de la resistencia” (El Garaje Ediciones), nos hará algo más que un repaso de los hechos que sucedieron ese día; se trata de un trabajo pormenorizado de todo lo que sucedió antes, durante y después de las ejecuciones llevadas a cabo por la dictadura.

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Los últimos fusilamientos de la dictadura franquista

Este año se cumple el 50 aniversario de tres acontecimientos claves para poder entender lo que fue ese periodo mal llamado Transición. El primero se produjo el 27 de septiembre de 1975, con los últimos fusilados de la dictadura franquista, el segundo fue la muerte del dictador en la cama y el tercero no es otro que la instauración de la monarquía, en aplicación de la Ley de Sucesión aprobada durante la dictadura, institución identificada con la España surgida del golpe de estado del 18 de Julio de 1936, recayendo el trono en la persona que había elegido el dictador, que no era otro que Juan Carlos de Borbón. Y todo ello en un breve espacio de tiempo.

Los tres episodios anteriormente mencionado están siendo un filón, no tanto para rememorar lo sucedido, sino para moldearlos, con el objetivo de vendernos el producto final, que no es otro que durante los últimos años de la dictadura se había dado una apertura del régimen, que conocidos falangistas (dejo a la memoria del lector poner nombres y apellidos) fueron los artífices de la modélica Transición, y lo más importante, gracias a todos ellos, podemos disfrutar de lo que de ahí surgió: el régimen del 78; ese pack en el que van de la mano la monarquía, que llegó  gracias a una de la leyes fundamentales del régimen franquista, la continuidad de las instituciones franquistas, sin ningún tipo de depuración democrática (ejército, cuerpos policiales y  judicatura), y a todo esto, saliendo más fortalecida, aún si cabe, la oligarquía que había hecho pingues beneficios durante la dictadura, y que con la Transición continuarán controlando el poder económico y financiero en el Estado español.

Lo anteriormente expuesto no deja de ser un episodio más de la batalla del relato en la que estamos inmersos desde hace años, con el agravante que las nuevas generaciones están recibiendo un auténtico bombardeo de información procedente de los canales que controla el régimen, con lo que eso conlleva. Y eso me hace recordar unas palabras de Manuel Blanco Chivite, condenado a muerte en uno de esos consejos de guerra de septiembre de 1975, pena que le fue conmutada, cuando cuenta como, recientemente hablando con un joven periodista, éste le reconoció que no tenía ni idea de lo que fue la dictadura, a lo que Manuel Blanco, le respondió “no te preocupes, te enterarás con la siguiente”. Esperando que no sea premonitorio, es fundamental rescatar lo que fue la dictadura franquista y, en concreto, como fueron sus últimos años para evitar que haya jóvenes que no tengan ni idea de lo que fue aquella época de terror, o algo peor, que la acaben blanqueando, como está sucediendo en la actualidad. No cabe duda, que estas son las consecuencias de que el Dictador muriese en la cama.

En este artículo voy a desempolvar el primer suceso: los fusilamientos que ocurrieron el 27 de septiembre de 1975, contextualizados en lo que estaban siendo los últimos años de la vida del Dictador; la represión salvaje desatada por el régimen franquista llegó a su cenit con las condenas a muerte de cinco militantes antifascistas. El último episodio negro en la vida del Dictador no deja de ser un hecho relativamente reciente, porque todavía viven personas que fueron protagonistas de aquellos hechos, militantes antifascistas que sufrieron detenciones, torturas salvajes en las dependencias policiales y que fueron juzgados en aquellos consejos de guerra. También son testigos para contar lo que fue todo ese infierno, abogados que asumieron la defensa de estas personas y compañeros de los asesinados que vivieron de cerca toda aquella época. Por todo ello, para recordar los últimos fusilamientos de la dictadura, he elegido un trabajo colectivo realizado por la Plataforma Abierta “Al Alba”, que con el título “27 de septiembre la generosidad de la resistencia” (El Garaje Ediciones), nos hará algo más que un repaso de los hechos que sucedieron ese día; se trata de un trabajo pormenorizado de todo lo que sucedió antes, durante y después de las ejecuciones llevadas a cabo por la dictadura.

Los ultimos fusilamientos de la dictadura franquista
Manuel Blanco Chivite y Pablo Mayoral Rueda. Juzgados en uno de los consejos de guerra de El Goloso

En los meses de agosto y septiembre de 1975, se celebraron cuatro consejos de guerra, dos de los cuales tuvieron en carácter de sumarísimo, en virtud de la aprobación de un decreto-ley antiterrorista, con el agravante que se aplicó con carácter retroactivo. Se saldaron con once condenas a muerte, de las cuales seis fueron conmutadas y cinco fueron llevadas a cabo mediante fusilamiento. Los fusilados fueron Ángel Otaegi, Xosé Humberto Baena Alonso, José Luís Sanchez-Bravo Sola, Ramón García Sanz y Jon Paredes Manot “Txiki”.

Este libro, a diferencia de otras publicaciones, tiene una particularidad, pues han sido parte activa en su elaboración algunas de esas personas que fueron juzgadas en esos consejos de guerra, así como familiares y/o amigos de los fusilados, pues nadie mejor que ellos, para contar el periplo vivido durante aquellos meses.

El lector tendrá entre sus manos un trabajo muy documentado, donde encontrará una gran cantidad de testimonios de militantes que fueron protagonistas de aquella época, así como documentos que se recogen en este ensayo, junto con una importante colección de imágenes que se vivieron a lo largo del mes de septiembre de 1975. A priori puede dar la sensación de ser muy extenso, percepción que desaparece una vez que se inicia su lectura. En varios capítulos, el libro ofrece dos lecturas paralelas, mientras en las páginas de la derecha sigue el relato de todo lo relativo al tema central de este trabajo, en las páginas de la izquierda se puede encontrar lo que estaba sucediendo de forma simultánea en las calles del Estado y de otros puntos del planeta como respuesta a estos acontecimientos.

Para entender los últimos años de vida del Dictador (el régimen franquista tuvo una continuidad posterior en el tiempo), es fundamental tener presente la represión que se desató durante los últimos años, y en particular en el año 75. Sólo en ese año, los aparatos policiales de la Dictadura asesinaron a 31 personas, entre ellos hubo varios niños. Ese dato, extraído del libro, es uno de los innumerables que nos ofrece este ensayo. El régimen comenzó su andadura, allá por julio de 1936 asesinando, cosa que no dejó de hacer en ningún momento; recodar que en 1974 asesinó mediante garrote vil a Salvador Puig Antich, e iba a finalizar del mismo modo, endureciendo la legislación penal, aún más si cabe, volviendo a rescatar para la ocasión la figura de los consejos de guerra con carácter sumarísimo, para terminar, matando. El supuesto aperturismo no dejaba de ser un espejismo.

Los ultimos fusilamientos de la dictadura franquista
Presentación del libro en la Casa del Barrio de Carabanchel

Una de las virtudes de este libro es que en todo momento llama a las cosas por su nombre, arrincona eufemismos, y en un tema de esta naturaleza entierra la equidistancia. De hecho, el lector lo puede comprobar nada más empezar su lectura, cuando se habla de la dictadura, llamándola, sin ninguna vacilación, terrorismo, y la define en estos términos: “En condiciones de Dictadura, el terrorismo es la Dictadura y la resistencia a la Dictadura es la lucha anti-terrorista del pueblo. En condiciones cualesquiera de Tiranía, la Tiranía es terrorismo y luchar contra la Tiranía es luchar contra el terrorismo”. Al tratar el binomio guerra-dictadura se expresa de la siguiente forma: “Cuando a una guerra sucede una Dictadura, significa por acción, interés y deseo de quienes han ganado, financiado y se beneficiaron, que esa guerra no ha acabado”.

En este texto los autores de este trabajo, ponen negro sobre blanco lo que es una dictadura y la lucha llevada a cabo para poder derribarla, y utilizan el término tiranía, algo inusual, pero en el caso que nos ocupa es totalmente necesario. Y es importante traer a este artículo ambos extractos del libro, porque con motivo del cincuenta aniversario de los cinco militantes antifascistas fusilados por la Dictadura, se han vertido expresiones en las que se venía a decir que fueron juicios injustos, donde se vulneraron todo tipo de derechos, reconociendo que sufrieron torturas, pero, porque parece que siempre tiene que haber algún pero, que ejercieron la violencia o que profesaban ideologías totalitarias. Y en esos parámetros se manifestó recientemente Alberto Alonso, director de Gogora, cuando manifestó que “Txiki y Otaegi no luchaban por la libertad, querían imponer su visión”. Ante lo que cabe preguntarse ¿alguien se imagina llamar grupo terrorista a los partisanos de Bielorrusia, Yugoeslavia, Grecia, o a la resistencia francesa? Nadie pone en duda que pertenecieron a grupos organizados que lucharon contra otra dictadura, y se vieron en la necesidad de tomar las armas para poder combatir al nazismo, una dictadura idéntica a la que hubo en el Estado español, esta última producto de un golpe de Estado, que se alargó en el tiempo hasta la muerte del dictador, y contra la que lucharon los cinco fusilados.

Este ensayo es un testimonio único de lo que sucedió en ese espacio de tiempo. En sus más de 370 páginas, repasa la crisis que estaba viviendo la Dictadura en los últimos años, un estudio pormenorizado de aquellos hechos, que desembocaron en los fusilamientos del 27 de septiembre, teniendo presente que todo ello se produjo en un espacio de tiempo cercano a los dos meses. Todos los consejos de guerra, donde se puede encontrar las biografías de los asesinados, testimonios de procesados que lograron sobrevivir a los consejos de guerra, abogados y personas que los vivieron de cerca.

Como no podía ser de otra forma, este libro rescata todo el movimiento de solidaridad con los procesados que surgió a nivel internacional, porque las protestas se extendieron por todos los continentes. Protestas silenciadas por el régimen franquista, y si en algún momento se hacían eco de ellas, era para tildarlas de antiespañolas, con los típicos adjetivos a los que nos tenía acostumbrados el régimen.

Este libro no se olvida de los victimarios, aquellos que firmaron las sentencias de muerte, tanto de los militares que formaron parte de los tribunales que juzgaron a los militantes antifascistas, policías torturadores, como de los miembros del gobierno de la Dictadura franquista que firmaron los enterados y que acabaron condenado a muerte a cinco de ellos. A todos ellos le dedica un espacio donde el lector puede obtener una información de gran interés, entre otra, la lista de premios recibidos por los miembros de la Brigada Político Social que intervinieron en las marco operaciones policiales contra algunos de los militantes que fueron juzgados en los consejos de guerra, siendo los responsables de las torturas que sufrieron todos los detenidos.

La lucha que han llevado las familias a lo largo de estos últimos 50 años para reestablecer el nombre de los condenados a muerte, exigiendo verdad, justicia y reparación es tratada en este trabajo con gran detalle. Ese esfuerzo denodado por lograr declarar nulos los consejos de guerra donde fueron condenados. Las familias de Baena, Sánchez Bravo, Otegi y Txiki son ejemplos de esa lucha que han llevado hasta nuestros días. Una lucha denodada contra esa amnesia histórica patrocinada por los que detentan el poder.

Los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 fueron el mensaje que enviaron los dirigentes políticos de la Dictadura, para dejar claro que la Transición la iban a pilotar los mismos que firmaron las penas de muerte con Franco, que su misión no era otra que la de evitar una ruptura democrática, para llegar lo lejos que ellos quisieran, y para ello, después de la desaparición del Dictador, seguirían utilizando la violencia como principal herramienta para reprimir cualquier tipo de protesta, como se pudo comprobar durante la Transición.

Los ultimos fusilamientos de la dictadura franquista
27 de septiembre 1975. La generosidad de la resistencia

La Ley Mordaza, el PSOE y el arte de marear la perdiz

mikelcastrillourrejola1 Comentario

En política cuando se marea la perdiz es porque se quieren dejar las cosas como están. De ello puede dar buena cuenta el PSOE que es un experto en esas lides, y lo acabamos de ver con el fracaso para la derogación de la Ley Mordaza. Se ha tirado alrededor de tres años alargando unas negociaciones en las que desde el primer momento se percibía su falta de voluntad política para derogar las cuestiones más escabrosas de la norma que aprobó el PP durante el gobierno de Rajoy, y a pocos meses para el final de la legislatura, sin haberla consensuado con los grupos que sustentan este gobierno, deciden que se vote en la Comisión de Interior del Congreso sabiendo que no iba a pasar el trámite, porque no tenía los apoyos necesarios.

Hay varios detalles que no se pueden dejar pasar por alto y que corroboran la nula predisposición del PSOE para derogar la Ley Mordaza. El más importante es que este proyecto de ley no ha sido impulsado por el Gobierno, por contrario, es producto de una proposición de ley que presentó en 2020 uno de los partidos que facilitaron la investidura, el PNV. El Ministerio del Interior en ningún momento ha tenido voluntad política para elaborar un proyecto de ley para derogarla, algo lógico conociendo a quién dirige Interior, Grande-Marlaska. Solo hay que recordar que la Ley Mordaza fue aplicada con total arbitrariedad durante el periodo de pandemia, a excepción de los barrios pudientes, como el barrio de Salamanca de Madrid, que eran el oasis del incumplimiento.

La proposición de ley presentada por el PNV fue aprobada, faltaría más, puesto que al PSOE no le quedaba más remedio que votar sí, pero con el bagaje parlamentario que posee a sus espaldas, supo utilizar todo tipo de argucias parlamentarias para que la proposición de ley fuera dando tumbos por los pasillos del Congreso, en algunos momentos durmiera el sueño de los justos y en otras ocasiones estuviera sumida en un proceso de negociaciones interminables en las que no se desatascarían las cuestiones más importantes, y así lograr el objetivo de empantanar este tema. El PSOE, que cuando es necesario se alía con quién haga falta, no le hubiera hecho ascos a recibir algún apoyo de la bancada ultra para lograr sus pretensiones.

Conociendo todo esto, y con un PSOE enrocado, plantear votarla en comisión era la antesala del fracaso, puesto que era conocido que con ese texto en la mano habría partidos que no apoyarían su tramitación y visto lo sucedido, no parece que este final le haya disgustado mucho.

Una vez que ha sido rechazado el texto votado, era el turno de la maquinaria de propaganda para buscar culpables, en vez de centrarse en las causas de su rechazo. Para ello la prensa progre de Madrid no ha perdido la ocasión de encontrar chivos expiatorios, señalando a ERC y EH Bildu. Lo mismo que sucedió con la reforma laboral, que llegó cocinada al Congreso, no se podía tocar una coma porque eso podía importunar a la CEOE, aunque estos no tuvieran representación parlamentaria, y para ello no hicieron ascos al apoyo de Ciudadanos y a pactar con UPN, pero esto último les salió el tiro por la culata. Y aunque salió adelante por el error  del diputado Casero (PP) en la votación, en esa ocasión arreciaron una cascada de críticas a los partidos aliados del gobierno que votaron en contra.  Parece que es un sacrilegio no seguir los dictados del gobierno.

No es nuevo este modus operandi del PSOE, por un lado, en actos públicos habla de derogar la Ley Mordaza, pero, por otro lado, su actuación parlamentaria se aleja de sus declaraciones, y para ello utiliza todo tipo de argucias, abriéndose a procesos negociadores interminables. Este gobierno ha tenido tiempo más que suficiente para haber derogado la Ley Mordaza, pero esto parece que pasa de largo. Los diferentes análisis, editoriales y comentarios en tertulias, acerca de lo que ha sucedido con la Ley Mordaza y la polvareda que ha levantado el voto en contra de EH Bildu y ERC en la Comisión del Congreso han obviado buscar las causas para ceñirse al único argumento ventajista: si alguien sufre los efectos de la Ley Mordaza, ello se debe única y exclusivamente a EH Bildu y ERC que han votado en contra. Curioso argumento, cuando el gobierno actual ha aplicado esta ley a destajo, y qué decir del PNV, que le ha faltado tiempo para acusar a EH Bildu y ERC de este fracaso, pero desde el Departamento de Interior del Gobierno Vasco se aplica la Ley Mordaza como una apisonadora, ignorando el mandato del Parlamento Vasco en el que le instaba que no sea aplicada.

La postura del PSOE va más allá de un hipotético miedo a los sindicatos policiales, como se ha llegado a decir, cosa que no niego. La cuestión es que hay que tener presente que nunca han cuestionado el modelo policial, ni los modos de actuación. Si por algo ha destacado este partido desde que llegó al gobierno por primera vez, en 1982, es por el perfil que han tenido sus ministros del Interior y sus modos, personajes como Barrionuevo, Corcuera, Belloch, Rubalcaba, Grande-Marlaska no los voy a descubrir ahora. Han aprobado todo tipo de leyes que han vulnerado los derechos y libertades: leyes antiterroristas, la de la patada en la puerta, etc….

En lo sustancial, no hay diferencias entre el modelo de seguridad del PSOE y del PP, varían los matices, porque no deja de ser uno de los pilares del régimen del 78, por ello había preceptos de la Ley Mordaza con los que se sienten muy cómodos. Y otro tanto le ocurre al PNV.

Los motivos por los que los aliados del gobierno no han apoyado el texto en comisión se centran en tres temas que son los pilares de la ley que se pretendía derogar y que salían de rositas. La prohibición de las pelotas de goma, que en ningún momento entraba en los planes del PSOE y el PNV, pues solo hay que ver como los dos partidos que están coaligados en el Gobierno Vasco han actuado en el caso de Iñigo Cabacas, muerto a consecuencia del disparo de una pelota de goma por parte de la Ertzaintza.

El caso de la negativa a derogar las entregas en caliente de inmigrantes, una vulneración de los derechos humanos, hecho que ha sido denunciado por diversas ONGs, y que a uno le hace pensar que es la coartada perfecta para que vuelvan ocurrir casos como el de la valla de Melilla.

Finalmente, el dejar vigente las faltas de respeto a la autoridad e infracciones por desobediencia es otro de los motivos que han propiciado ese rechazo, que es de gran importancia si se quiere blindar los derechos y libertades. Es algo que vemos continuamente cuando se produce un desahucio, una concentración, etc…, en el que se aplican de forma arbitraria estas infracciones, con el agravante que supone el valor que se da a la versión policial en detrimento de la que aporte el denunciado, algo que hemos visto en diferentes procesos judiciales.  

Estos días muchos de los comentarios se fundamentaban en que al menos era una derogación parcial, aunque los apartados más importantes quedasen inmaculados. Esa teoría del mal menor, que nos lleva a renunciar a nuestros planteamientos para aceptar que las cosas queden igual, pero con un barniz más atrayente, en vez de poner el foco en aquellos que no han cumplido con su compromiso, que en este caso era la derogación de la Ley Mordaza, y no su reforma.

Si hubiese voluntad política en el PSOE, cosa que dudo, esta ley se puede derogar en menos de 15 días, tan sencillo como volver a presentar una proposición de ley y que sea tramitada por vía de urgencia de la siguiente forma: “Artículo único: Quedan derogados todos los artículos de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad. Vuelven a entrar en vigor toda legislación que quedó derogada con esta ley”. Dicho esto, no nos dejemos engañar, y partir de aquí todo lo que quieran decir es volver a marear la perdiz.

La soberanía popular a merced de las togas

mikelcastrillourrejola1 Comentario

El panorama político español se asemeja a la teoría del filósofo presocrático Zenón de Elea, que argumentaba que una flecha disparada no se mueve, puesto que el movimiento no existe. En  la política española ocurre algo similar, parece como si no pasase el tiempo, da igual el momento, porque ya se encarga la derecha extrema y la extrema derecha de repetir continuamente la misma situación vivida con anterioridad, que no es otra que deslegitimar la voluntad popular expresada en las urnas cuando no obtienen el resultado electoral deseado.

Es un bucle que lo vivimos cuando ganó las elecciones Rodríguez Zapatero, cuando prosperó la moción de censura contra M. Rajoy y con las elecciones de 2019 que propiciaron el actual gobierno de coalición y en esas se encuentran las derechas, instaladas en el  discurso de negar legitimidad al gobierno de coalición y para ello todo vale. Tampoco nos debería de extrañar todo esto, pues a lo largo de la historia ha sido una constante esta forma de actuar, como es el caso de los dos periodos republicanos, que como no fueron del gusto de la derecha española, lo que no ganaron en las urnas, lo lograron en el caso de la I República de la mano del general Pavía y en la II República con el golpe de Estado de Franco.

Es conveniente no pasar por alto los arrebatos a los que nos tienen acostumbrados cuando hay procesos electorales en Catalunya, la Comunidad Autónoma Vasca o en la Comunidad Foral de Navarra, pues siempre tienen la misma solución al problema: ilegalizar todo aquello que no les gusta y en algunos casos, como es en Navarra, les entra la histeria porque las opciones independistas son imprescindibles para que haya gobiernos de progreso.

No soportan el no controlar los poderes legislativo y ejecutivo. Toda esta forma de actuar de las derechas españolas acaba teniendo una consecuencia letal, que no es otra que el discurso golpista de la extrema derecha acaba engullendo a toda la derecha española y se enzarzan en una competición por ver quien va más lejos, y empujados por esa inercia del todo vale, acaban actuando al margen de los estándares democráticos.

Desde los días previos a la votación de investidura en enero de 2020 hasta hoy no han escatimado recursos para derribar a este gobierno y la inmensa mayoría de ellos al margen de los cauces democráticos. Los días previos a la investidura de Sánchez ya enseñaron sus credenciales, cuando algunos diputados del PSOE recibieron amenazas para que votaran en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Esto no era más que el principio de la estrategia de acoso y derribo al actual gobierno y para ello la única solución que se les pasa por la cabeza es un golpe de estado, ahora bien, ¿qué tipo de golpe? ¿a la antigua usanza? Es aquí donde a algunos les pueden surgir las dudas. La extrema derecha no ha tenido ni tiene dudas al respecto, ha realizado varios guiños a los militares y en algunos casos, sencilla y llanamente, ha solicitado su intervención. El resto de la derecha no es que le haga ascos, pero son más de guardar las formas. Ellos no van a hacer un llamamiento de esa naturaleza, pero si se da la oportunidad, les faltará tiempo para apuntarse.

Ante esta disyuntiva, la derecha ha apostado por el comodín del Poder Judicial. Es consciente que mientras este Gobierno no se atreva a presentar en el Parlamento un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en la que se cambien las mayorías necesarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siguen teniendo el control de la Justicia. Esta estrategia ya la utilizaron durante el periodo en el que Zapatero fue presidente del Gobierno y la siguen utilizando, viendo los excelentes réditos que obtienen.

Desde que en 1985 el Gobierno de Felipe González aprobó la LOPJ la derecha ha tenido fijación con esa ley. Nunca le gustó la fórmula de elección del CGPJ. No olvidaré aquellos años en la facultad de derecho en la que el profesorado conservador aprovechaba cualquier clase que impartían para denunciar que esa ley quebrantaba la separación de poderes, los mismos docentes que no dudaban en alabar la legislación administrativa o procesal aprobada durante la dictadura franquista. Así funcionan las cosas en la derecha española.

Curiosamente, la contradicción le surge a la derecha cuando suele llegar al gobierno porque nunca ha tocado esa ley. Se ha beneficiado de ella y como el PSOE no deja de ser un partido del régimen siempre ha aceptado los acuerdos que le han ofrecido los diferentes gobiernos del PP para la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional, pero en los que el PP salía beneficiado, pues era el partido que gobernaba.

La derecha siempre ha intentado hacer un discurso tramposo en lo referente a la elección del Poder Judicial. Plantean que sean los jueces los que elijan a los órganos del Poder Judicial, todo ello sustentado en la separación de poderes y sin que intervengan en su elección los otros dos poderes, el Legislativo y Ejecutivo. Este planteamiento obvia algo tan importante como que la soberanía reside en el pueblo del que emanan los poderes del Estado. Y con la actual Constitución en la mano la única fórmula para que el Poder Judicial emane del pueblo es mediante su elección por parte de quienes son sus representantes.

En los países con democracias representativas hay diferentes sistemas de elección, pero me voy a quedar con el existente en EEUU, nada sospechoso de izquierdoso ni de bolivariano. En el caso norteamericano el Tribunal Supremo es elegido por el presidente de EEUU con el consejo y consentimiento del Senado que lo tiene que confirmar. Los jueces federales suelen ser elegidos de forma similar a los del Tribunal Supremo. Y por lo que respecta al resto de los jueces, suelen ser elegidos de varias formas: Los hay donde los elige la Asamblea Legislativa de cada Estado, es decir, el poder legislativo, en otros Estado es el Gobernador el que los elige, es de decir, el poder ejecutivo y hay estados donde son elegidos mediante votación directa. En ningún caso son elegidos entre los propios jueces.

El problema radica en dos cuestiones: En primer lugar, la judicatura española no fue depurada de elementos franquistas, puesto que los mismos que dictaban sentencias en el Tribunal de Orden Público contra militantes antifranquistas, pasaron a impartir justicias desde la Audiencia Nacional y siguieron subiendo en el escalafón hasta llegar en algunos casos al Tribunal Supremo ¿se puede imaginar uno un juez leal a los principios del movimiento nacional impartiendo justicia bajo unos parámetros democráticos? La derecha es la mejor conocedora de todo esto y en segundo lugar, algo tan o más importante es que el acceso a la judicatura, como a otros cuerpos de la Administración del Estado, en la realidad es muy restringido para la población. Son cuerpos en los que los apellidos pesan mucho, no es extraño encontrar sagas familiares. No hay que olvidar que son oposiciones que su preparación conlleva un coste económico nada desdeñable. En ese caldo de cultivo la derecha sabe que tiene todas las de ganar. Así las cosas hay una oligarquía judicial que controla el Poder judicial.

Ante esta situación el Gobierno de coalición ha actuado acomplejado y en cierta forma dividido, porque desde Unidas Podemos siempre han tenido claro que era primordial modificar las mayorías para la elección del CGPJ. La propuesta de UP era reformular el concepto de mayorías, pasando de tres quintas partes a mayoría absoluta y que estuviera apoyada por un número de grupos parlamentarios. Estuvieron a punto de sacar esta reforma adelante pero al final el PSOE, que no deja de ejercer de partido del régimen dio un paso atrás.

Ahora el problema es que al no haber actuado con anterioridad y dejarlo para el final de la legislatura le está pasando factura, pues la derecha política y judicial se veían que lograban llegar a las elecciones del año que viene siguiendo todo como hasta ahora. Al impulsar el Gobierno esta reforma con cierta urgencia, la derecha que probablemente no se esperara este movimiento ha decido romper el juego parlamentario e intentar dar un golpe de estado a través de los jueces conservadores del TC.

El acto de recurrir al Tribunal Constitucional para que paralice el debate de la modificación de una ley en el Congreso, no es que vaya contra el Estado de derecho, es que va en contra de toda esencia democrática. Esto va más allá de la judicialización de la política, es un intento de golpe de Estado para lo que necesita la cooperación necesaria de quien va a estudiar dicho recurso, en este caso el TC. Si finamente prohíbe el poder debatir y votar una modificación legislativa, sería de facto la suspensión de la potestad legislativa del Parlamento. Esto no sería una intromisión de un Poder en otro, sino la toma del Poder por parte de una aristocracia judicial.

Lo que se está dilucidando no es que el TC estudie si una ley aprobada por el Parlamento es constitucional o, por el contrario, vulnera algún precepto constitucional. Lo que se está poniendo sobre la mesa es si el Poder Legislativo tiene potestad para poder realizar su labor legislativa sin tutelas externas. Sería entendible que después de que se aprobase el proyecto de ley fuese recurrido ante el TC, pero si todavía no se sabe ni cómo va a quedar redactado, y con el añadido que posteriormente tiene que pasar por el Senado ¿qué amparo constitucional solicita la derecha? ¿que el TC consiga lo que en el Congreso y Senado no puede lograr porque es  minoría? Sin duda, esto es un golpe de Estado.

Es curioso ver como en el PSOE y los medios de comunicación progresistas han saltado todas las alarmas, sobre todo porque el TC va a estudiar el amparo solicitado por el PP para evitar el debate y aprobación de una ley por parte del Congreso. Habría que recordarles que el PP no es la primera vez que utiliza este método para cercenar debates en un órgano legislativo. El Gobierno de M. Rajoy lo hizo de forma reiterada para prohibir debates en el Parlament de Catalunya. En ese momento el PSOE no ofreció ninguna resistencia y la prensa progresista no se manifestó con la misma fuerza que ahora. Y en ese momento se estaba creando un precedente gravísimo, porque se llamó  golpistas a los que ponían urnas y demócratas a los que aplicaban el 155 y amordazaban al Parlament al prohibir adoptar debatir y adoptar resoluciones.

He dejado para el final una cuestión que desde este lado del Atlántico parece que no se le está dando la importancia que tiene. Todos los think tank de las derechas golpistas latinoamericanas tienen conexiones con las derechas españolas que últimamente está muy activas en Latinoamérica, sobre todo VOX. Y los resultados en esa parte del globo los estamos viendo a diario Cada vez que pueden las derechas utilizan cualquier fórmula para derrocar a los gobiernos de izquierdas.

Es imposible saber cuál será la decisión del TC, si prosperarán las recusaciones presentadas por el PSOE y UP contra algunos magistrados por tener interés directo en que no se renueve el TC. Lo que no cabe dida es que la situación es de extremada gravedad y, como es de suponer, no se espera ninguna comparecencia del inquilino de la Zarzuela.

Belloch. Una imagen cutre del estado de derecho

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Hay una película americana de 1992 titulada Algunos hombres buenos, cuyo protagonista es Tom Cruise, (1992), un teniente de la Marina de EEUU que le asignan la defensa de dos marines estadounidenses, acusados de haber asesinado a un compañero en la base militar de Guantánamo (Cuba).

En el interrogatorio que Tom Cruise realiza en la vista oral al comandante  de la base militar, tiene la habilidad de lograr sacarlo de sus casillas hasta el extremo que acaba reconociendo que había dado la orden a los dos acusados de aplicar un código rojo al marine asesinado. Un código rojo no es otra cosa que aplicar un castigo al margen de las normas de régimen interno. Y como cabe de esperar, estas cosas no suelen terminar bien, en este caso acabo en muerte.

La escena del interrogatorio al comandante de la base de Guantánamo es muy interesante. El militar interrogado, embriagado de ardor guerrero, le responde al abogado defensor con la siguiente frase: “no tengo ni el tiempo ni las ganas de explicarme ante un hombre (se refiere al abogado) que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en el que la proporciono”. En resumen, y para que todo el mundo lo entienda: para salvaguardar la libertad, el ejército estadounidense tiene barra libre para todo, el fin justifica los medios. En el Estado español la frase análoga sería la que dijo Felipe González: “el Estado de derecho también se defiende en las alcantarillas” y dentro de ella todos tenemos claro a qué se refería.

Lo anterior no deja de ser una película que nos puede servir para conocer como son las cosas entre EEUU y, en concreto, entre sus militares, sobre todo en lugares como Guantánamo, que se ha convertido en los últimos veinte años en una macro cárcel de prisioneros procedentes en su inmensa mayoría de Oriente Medio, y donde los derechos fundamentales de los detenidos no existen, están privados de libertad de forma indefinida, sin ningún tipo de protección jurídica.

A diferencia de la película Algunos hombres buenos, últimamente algunos exministros del PSOE, durante la etapa de Felipe González no hace falta sacarlos de sus casillas, sólo necesitan una entrevista distendida para contar algunas de sus hazañas durante aquella etapa. Da la impresión que los que fueron ministros en los diferentes gobiernos de Felipe González se han venido arriba, como el comandante de la base americana de Guantánamo. A muchos no nos ha pillado de sorpresa, pues teníamos pocas dudas o mejor dicho, ninguna de lo que habían sido aquellos años. Lo que ha variado es que algunos protagonistas parece que llegados a una edad ya no les importa soltarlo ante un micrófono. Primero fue Barrionuevo cuando relató que ordeno la puesta en libertad del ciudadano francés  Segundo Marey secuestrado por el GAL y que ordenó el secuestro del Jose María Larretxea, y en fechas recientes ha sido Juan Alberto Belloch, quien llegó a ostentar simultáneamente las carteras de Justicia e Interior en el periodo 1994-1996, el que ha soltado algunas perlas que no se pueden dejar pasar por alto.

En la entrevista que Juan Alberto Belloch ha concedido hace unos días a El Español no queda ningún atisbo de duda en los métodos que se han utilizado en el Estado español a la hora de defender lo que denominan el Estado de derecho, ha plasmado negro sobre blanco como funcionaban los poderes del Estado y, en concreto, en lo referente a los derechos fundamentales y la integridad física de los detenidos. En dicha entrevista dice: “Hice general a Galindo porque, pese a maltratar a los detenidos, era el mejor en la lucha antiterrorista. Tuvo permiso de Interior para sus métodos hasta que yo se lo quité”.

Belloch. Una imagen cutre del estado de derecho
Belloch junto a Margarita Robles

Hasta la fecha, no había habido ninguna declaración de ningún exministro ni alto cargo del Gobierno que reconociera, aunque fuese con el término eufemístico de maltrato, que la tortura era una práctica generalizada. Si bien tengo que realizar una precisión al respecto: Fernando López Agudín, quien fuera director general de Relaciones Informativas y Sociales del Ministerio de Justicia e Interior, durante la etapa de Juan Alberto Belloch como ministro de Justicia e Interior y siendo Margarita Robles secretaria de Estado de Interior, publicó un libro que no hay que echarlo en saco roto. Bajo el título “En el laberinto. Diario de Interior 1994-1996”, recoge en diferentes pasajes del libro la práctica de la tortura por parte de los cuerpos policiales destacados en Euskal Herria. El término que utilizaban para definir este método es el de “trabajar con red”. En dicha obra relata, entre otros temas del momento, que desde la Secretaría de Estado de Interior se intentó que esa práctica desapareciera. El tiempo nos ha demostrado que la realidad fue bien distinta, pues los casos de torturas persistieron, la colaboración de todas las instancias implicadas (judiciales y gubernamentales) para su erradicación brilló por su ausencia y cuando de forma aislada los tribunales dictaban alguna sentencia condenatoria, ya se encargaba el Poder Ejecutivo de que no se aplicase y de dictar el oportuno indulto.

Las afirmaciones de Belloch viniendo de un ex juez no hay por donde cogerlas. Tuvo la poca catadura moral de no impulsar una investigación judicial para que fuesen estudiados todos los casos de torturas, ni de cesar inmediatamente a Rodríguez Galindo para ponerlo delante de un juez. Y para que la escena fuese más vergonzante, lo ascendieron a general ¿qué más podía pedir Galindo? Y todo esto lo hace un ministro que durante el tiempo que permaneció en la carrera judicial fue fundador y destacado miembro de la Asociación Jueces para la Democracia y cuando dejó la política volvió a ejercer como juez. Con este bagaje uno tiene derecho a dudar de su profesionalidad como persona que se ha dedicado a impartir justicia. De ministro no fue capaz de poner en manos de la justicia a una persona del que tenía conocimiento que había infringido la ley, porque no vale con decir que él le quitó el permiso para usar esos métodos ¿y los torturados hasta esa fecha no merecían una justicia reparadora? ¿Hizo algo para esclarecer la muerte de Mikel Zabalza y que los culpables fueran juzgados? Se limitó a hacer borrón y cuenta nueva, al estilo de la Transición, como si lo pasado no contase y  le quitó el permiso para que siguiese torturando, es decir, que a partir de ese momento no tenía el visto bueno del ministro, lo que no quería decir que no continuase utilizando esas prácticas.

El problema es que cuando esa forma de actuar está tan arraigada y ha tenido toda la cobertura del régimen, decirle a una persona como Rodríguez Galindo que le quitaba el permiso para torturar es como decirle que a partir de ese momento Belloch se limpiaba las manos como Pilatos, pero poco más. Para que esa orden hubiera tenido un grado de seriedad, el ministro tenía que haber adoptado una serie de medidas mucho más profundas, sin ir más lejos, la depuración total de los cuerpos policiales, empezando por Rodríguez Galindo, que estaban infectados de elementos franquistas, igual que en estos momentos. Nada ha cambiado. Salvando las distancias parece que entre Guantánamo e Intxaurrondo había alguna que otra semejanza. El poder que ostentaban los que dirigían ambos lugares podía ser superior al que tenía un ministro.

Si este fragmento de la entrevista realizada a Belloch es muy grave, tanto o más es la escasa repercusión que ha tenido en muchos ámbitos de la vida política.

En el terreno político sencillamente no ha tenido eco. La extrema derecha (PP VOX y Cs) no tiene ningún interés en ello, pues esas prácticas las enmarcan en lo que denominan la defensa de la Patria. El PSOE en todas esas cuestiones tiene por costumbre ponerse de perfil, sabe perfectamente como actuaron sus mayores en la década de los 80, pero lo más importante es no poner en tela de juicio nada que pueda afectar a la perdurabilidad del Régimen del 78. Pero lo más preocupante es que a la izquierda el PSOE no se ha alzado ninguna voz para denunciar la tortura en un régimen que se define como democrático ni para tener alguna iniciativa. Parece que todo esto está amortizado. Y en este caso, alzar la voz en este tema no deja de ser un ejercicio de memoria democrática y de defensa del estado de derecho.

Para finalizar, en el ámbito periodístico, como no podía ser de otra forma, este fragmento de la entrevista ha pasado bastante inadvertido. Los medios de comunicación han puesto el foco en todo lo que tenía que ver con Luís Roldán. Tiene su lógica que todo lo relativo a la tortura no sea atractivo para la inmensa mayoría de la prensa española. Se han pasado la vida negando su existencia, y enmarcando las denuncias que se producían en que todo era una estrategia de ETA en la que instaba a sus militantes para que denunciaran torturas. Llegaron al extremo de hablar de la existencia de un manual en que se recogía como debían de actuar ante el juez, por tanto, hubiera sido un milagro que de la noche a la mañana admitieran que en el Estado español la tortura ha sido una práctica. La prensa española no deja de servir al poder, sólo hay que ver quienes controlan sus consejos de administración y no hay que olvidar la lluvia de millones que reciben de las Administraciones Públicas. Pero sí que he echado en falta que la prensa más progresista hubiera realizado alguna referencia a este fragmento de la entrevista. Parece ser que aquí vende más hablar de Guantánamo o Abu Ghraib, que hablar de lo que sucede en casa. Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Solo cabe esperar que un tercer ministro de Felipe González tenga a bien animarse ante un micrófono y se explaye. Corcuera calienta que sales.

27 de septiembre, una fecha para conmemorar la lucha antifranquista

mikelcastrillourrejola1 Comentario

Ayer, 27 de septiembre, se cumplieron 47 años de los últimos fusilamientos del franquismo. Estando todavía mucha gente despertándose del resultado electoral de Italia y haciéndose la pregunta retórica de cómo ha podido pasar que en Italia el fascismo del siglo XXI haya ganado unas elecciones, nos encontramos que las barbaridades que hizo el fascismo a lo largo de 40 años en el Estado español siguen siendo la preocupación de una minoría. Fiel reflejo de ello es la falta de un acto institucional por parte de un Gobierno que se autodefine progresista y de izquierdas y que ha aprobado a bombo y platillo la nueva Ley de Memoria Democrática y la nula repercusión que ha tenido en los medios de comunicación.

Empiezo por el final, es decir, por los medios de comunicación. Si digo que los medios que componen la Brunete mediática están al servicio de los grandes poderes económicos no estoy desvelando ningún secreto y que para estos poderes el fascismo no sólo no es su preocupación, sino que perfectamente puede llegar a ser su aliado táctico y estratégico, es algo que lo estamos comprobando en el día a día. Por ello, la estrategia de esos medios de comunicación en su labor de blanquear al fascismo en el Estado español no debería de llamar la atención a nadie que esté medianamente informado, lo que conlleva el olvido de hechos como los que se produjeron el 27 de septiembre de 1975. Lo que debería de llamar la atención es la gran cantidad de medios que en la actualidad se pueden definir como condescendiente con el golpe de Estado de julio de 1936 y con la dictadura franquista.

Lo realmente triste y grave es que la prensa que se puede enclavar en un espacio democrático y progresista, salvado contadas excepciones, parece que ha decidido meter en el cajón del olvido unos hechos que deberían de ser recordados todos años.

A lo largo de esta legislatura este Gobierno no ha dado muestras palpables de querer recordar esta fecha de una forma solemne. A nivel institucional este hecho sencillamente no existe. Parece que hay que contentarse con que los actos que se convocan no sean prohibidos, bajo el pretexto que se daba un enaltecimiento del terrorismo, como ocurrió con algunos homenajes que se intentaron celebrar en la pasada década. Parece como si los homenajes haya que hacerlos de tapadillo.

La lucha contra la dictadura franquista, en general, debería de ser motivo de estudio y admiración en cualquier régimen que se precie de democrático y, en particular, tanto por parte del Gobierno como de la prensa que defiende unos valores democráticos y antifascistas. De hecho, es algo habitual que en el Estado francés, como en otros estados europeos, todos los años se celebre la victoria contra el nazismo, fascismo, o como se quieran denominar los movimientos totalitarios que se dieron en los años 20 y 30 del siglo XX. Y para ello existen fechas emblemáticas, como puede ser la liberación de París o de Berlín, esta última por parte de las tropas soviéticas. Todo esto sólo sirve para hacer chirriar, aún más si cabe, la sala de máquinas de lo que hoy se denomina democracia española.

En el Estado español no existe ninguna fecha similar a las comentadas anteriormente por la sencilla razón que el fascismo murió plácidamente en la cama. Ello nos llevaría a plantear que en ausencia de buscar una fecha que significara la victoria contra el fascismo, un estado que se precie de ser democrático debería buscar otra que sirva para homenajear a todos aquellos luchadores antifranquistas y, en ese caso se hace difícil pensar que haya una fecha mejor que el 27 de septiembre, día en el que la dictadura franquista fusiló a cinco militantes antifranquistas. En esa fecha el régimen biológicamente estaba en las últimas, puesto que el dictador duró algo menos de dos meses. El problema radica en que políticamente el régimen ha durado mucho más, puesto que todavía estamos sufriendo las consecuencias políticas de dicho periodo dictatorial y ese el mayor obstáculo para institucionalizar el 27 de septiembre como día de la lucha antifranquista.

Esa fecha reúne todos los requisitos necesarios para que sea un día de recuerdo a todas las personas que durante los cuarenta años de dictadura lucharon contra el franquismo, primero defendiendo la legalidad republicana y después luchando contra la dictadura militar. Los militantes antifranquistas fusilados sufrieron detenciones, torturas y un simulacro de juicio en el que se vulneraron todo tipo de garantías para condenarlos a muerte.

Un Estado que apueste por ensalzar los valores democráticos debe de tener presente una serie fechas en las que se conmemoren hechos de esta naturaleza. Si la Diada, día nacional de Catalunya se homenaje a los que defendieron Barcelona de las tropas borbónicas, el 19 de julio se homenajea en Amaiur a los defensores del Reino de Navarra o el 2 de mayo se recuerda al pueblo de Madrid que se sublevó contra las tropas francesas, falta un día en el que se recuerde a los que dieron su vida por la libertad durante el franquismo. Y el mejor día es el 27 de septiembre, fecha en la que la dictadura franquista fusiló a cinco militantes antifascistas. Y lo demás es seguir blanqueando al franquismo y los cuarenta años de dictadura fascista.

Hagan juego señores, pero la patronal siempre gana

mikelcastrillourrejolaDeja un comentario

Lo sencillo sería recurrir a la frase que allá por 1990 inmortalizó el futbolista británico Gary Lineker y que decía que “el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania”. A mí me ha venido a la mente porque en la política española si hay alguien que siempre gana es la patronal, siendo indiferente el color del gobierno y las mayorías que haya en el Congreso. Los Garamendi y Cía duermen tranquilos, la maquinaria por la que hacen crecer de forma exponencial sus plusvalías a cuenta de la clase trabajadora funciona a destajo incasablemente de noche y de día, teniendo la tranquilidad que todos los vientos van a soplar a su favor. Da igual que sea en materia laboral como en el campo de la fiscalidad, la deriva legislativa existente desde los años 80 ha girado en reducir derechos laborales, incrementar los ajustes salariales y aprobar grandes reformas fiscales que han ido dejando de gravar los beneficios empresariales y a las grandes fortunas.

Cuando se pusieron los mimbres para que arrancase el acuerdo de gobierno uno de los pilares fue la derogación de la reforma laboral del PP, que a finales del año pasado vimos que era un deseo que se esfumaba en aras a llegar a grandes acuerdos con los agentes sociales, para acabar siendo una reforma de la reforma. Para apuntalar ese viraje se intentó vender a la población las bondades de un acuerdo en el que estuvieran patronal y sindicatos. Se hicieron discursos grandilocuentes más parecidos al País de las Maravillas por el que se paseó Alicia, pero una de las cosas que llamaba la atención es lo satisfecha que estaba la patronal y su entorno, hasta el extremo que las tuvieron tiesas con el PP, que en ese momento lideraba Casado. Personajes nada dudosos como Fátima Báñez, ex ministra de Trabajo en los gobiernos de Rajoy y ahora en nómina de la CEOE, y antiguos pesos pesados del PP salieron en defensa de ese acuerdo, llegando a pedir al PP la abstención. Pero una de las cosas que más rechinaba eran los piropos que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz lanzaba a la patronal por el acuerdo alcanzado.

No hay que ser muy avezado para tener claro que el papel que jugó la patronal fue inteligente. Entró al juego de la negociación con la carta que se levantaba de las negociaciones si se traspasaban ciertas líneas sabiendo que por parte del Gobierno había un deseo de llegar a un acuerdo a tres bandas (Gobierno, patronal y sindicatos). Eran conocedores que tenían de su lado a parte del Gobierno representado por los ministros del PSOE y en la negociación tenía enfrente a dos sindicatos totalmente apesebrados (CCOO y UGT). Solo les faltaba neutralizar a Unidas Podemos, que era algo relativamente sencillo sabiendo que la ministra de Trabajo y futura candidata a Presidenta del Gobierno tenía muchísimo interés en buscar una fotografía en la que estuvieran Gobierno, patronal y sindicatos, aunque tuviese que renunciar a liderar una reforma más progresiva y valiente, pues esa imagen la podía catapultar como líder de su nuevo proyecto político. El final de ese vodevil es de sobra conocido, pues hasta su aprobación en el Congreso fue más propio de una ópera bufa.

Lo que ocurre es que en estos tiempos en los que reina la zozobra y la incertidumbre en todos los ámbitos, y en especial en el económico con una inflación galopante, este Gobierno y, sobre todo su ministra de Trabajo y los sindicatos se han encontrado con algo que era esperable: una postura de la patronal muy nítida, consistente en no negociar nada que suponga la merma de sus beneficios. Los empresarios saben que el incremento de los salarios, excepto el SMI, no los puede regular el Gobierno, por el contrario, dependen de la negoción colectiva en el marco de cada convenio y no se van a mover de ese punto. Esta postura de la patronal, que por otra parte era del todo esperable, ha llevado a la ministra de Trabajo a apoyar las reivindicaciones sindicales y a realizar una crítica a la patronal en las que se ha quedado sola, porque la parte socialista del Gobierno no está por la labor de enemistase con la patronal. Son muchos años en los que el PSOE ha estado más cerca de la patronal que de los trabajadores, y sus dirigentes, en el mejor de los casos, se limitan a realizar declaraciones contra las grandes empresas que en realidad van más dirigidas a llenar los oídos de sus votantes que a adoptar políticas concretas para revertir la gravedad del momento actual.

Esta situación de bloqueo en lo que concierne a la negociación salarial no va a desparecer con la actual correlación de fuerzas existentes en el ámbito político, puesto que el PSOE va a torpedear cualquier medida que se pueda tomar en el marco de las relaciones laborales para presionar a la patronal, aunque ,sin duda alguna, es el momento ideal para cambiar la legislación en materia de despidos, como en materia de ajustes de empleo colectivos como pueden ser los ERE o ERTE, viendo que se avecina un incremento del paro debido a los efectos que está causando la situación política internacional (no es únicamente la guerra entre Rusia y Ucrania la que está generando la coyuntura actual).

Sería un paso muy importante hacer una modificación legislativa que sirviese para que un empresario antes de despedir a un trabajador se lo tuviera que pensar dos veces porque no le iba a salir gratis. Cuestiones como la recuperación de los 45 día por año en los despidos, el incremento en el tope de la indemnización de 2 a 4 años, la supresión de algunos supuestos a la hora de realizar ERES o ERTES, como la reducción de la facturación, puesto que no es sinónimo de reducción de beneficios o generación pérdidas y su aprobación por la autoridad laboral y el reconocimiento de los salarios de tramitación, serían cuestiones importantes para garantizar a los trabajadores unas condiciones de protección mínimas.

El problema reside en que el PSOE no está por esa labor, ni se le pasa por la imaginación enfrentarse a los empresarios y, como siempre, lo apuesta a la mejora de la coyuntura económica. Algo similar a lo que le pasó a Zapatero en su segundo mandato. No se enfrenta al poder económico porque eso sería tanto como romper con los consensos que ha habido en el Estado español para apuntalar al Régimen del 78.

Toda esta situación ha llevado a una situación un tanto insólita. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha posicionado del lado de las reivindicaciones salariales de los sindicatos, lanzando mensajes muy críticos con la patronal. Algo a lo que hasta la fecha no estábamos acostumbrados, pero la realidad es que se ha quedado sola dentro del Gobierno, porque desde el socio de Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, ya se han encargado de lanzar algunas flores al empresariado español. Una vez más la imagen que proyecta este Gobierno es de una profunda división a la hora de tratar cuestiones tan importantes como la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, volviendo a dar munición a la derecha.

La hipótesis de que se avecina un otoño caliente con movilizaciones obreras reclamando un incremento salarial que palie los efectos de la inflación, si bien van a tener como objetivo la patronal, pueden acabar pasando factura al Gobierno que haya en ese momento y el actual lleva sufriendo un desgaste feroz desde la aparición de la pandemia, hace más de dos años, por lo que esto podría incrementar su desgaste, con el alborozo de la patronal. Sin presentarse a las elecciones conseguirían cargarse a un gobierno que sin haberse sido beligerante con los empresarios, al menos, no se ha posicionado descaradamente al lado de estos.

Las movilizaciones sindicales están totalmente justificadas, pero tan importe como esta fórmula de presión, es la de saber transmitir al conjunto de la ciudadanía a quién van dirigidas las movilizaciones y en quién recae la responsabilidad de las protestas, y esto último se me antoja complicado si vemos que la inmensa mayoría de los medios de comunicación están alienados con la derecha política y económica, si es que no pertenecen directamente a la Brunete mediática, lo que aprovecharán para atacar al Gobierno de coalición.

Lo preocupante del momento es que si en 2023 la derecha obtuviese una mayoría suficiente para recuperar el poder, la diferencia con el actual Ejecutivo sería clara. Aparcaría todo tipo de concertación entre los agentes sociales, los sindicatos pasarían a un segundo plano, para volver a legislar a golpe de decreto-ley, dando la enésima vuelta de tuerca a los derechos laborales de los trabajadores mediante una norma que llegaría redactada a la Moncloa en un correo electrónico con remite de la CEOE. Y el juego seguiría siendo el mismo, la patronal gobierne quien gobierne seguiría marcando las pautas legislativas, en unos casos con un descaro insultante y en otros de forma más sibilina, pero siempre volcada en esa ofensiva emprendida por el capital para ir recortando los derechos de los trabajadores. Y siendo todo esto que he escrito algo tan obvio, parece que si se plasma en un papel da la sensación que es un escrito con tintes incendiarios. Así es el tiempo en el que nos ha tocado vivir, en el que está triunfando de forma contundente la defensa de los intereses individuales a los colectivos. Eso del sálvese quien pueda.

El secuestro de Pablo González. El precio del periodismo independiente

mikelcastrillourrejola1 Comentario

No corren buenos tiempos para la defensa de los derechos y libertades fundamentales en Europa Occidental. Derechos como los de libertad de expresión, manifestación o información llevan tiempo siendo cercenados de forma alarmante. No es que sea una cosa de anteayer, pues la degradación de la democracia de corte liberal se lleva produciendo desde hace décadas y, casualmente, los primeros pasos de esta deriva coinciden en el tiempo con la caída de los países de Europa del Este, al inicio de la década de los noventa. Cuando el capitalismo dejó de tener competencia pasó a enseñar su verdadera faz. La situación continuó acrecentándose después de los atentados del 11-S, recientemente la pandemia que hemos sufrido en los últimos dos años ha sido la excusa perfecta para continuar en esa dirección y ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania ha supuesto la última vuelta de tuerca en esa deriva de recortes de derechos.

Cualquier escenario siempre es bueno para que desde los gobiernos y las organizaciones supranacionales se cercenen derechos individuales y colectivos. En unos casos la excusa es salvaguardar la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Así lo empezamos a sufrir después de los atentados del 11-S, con ilegalizaciones de organizaciones políticas, al amparo de que todo podía ser terrorismo, con listas interminables de organizaciones que de la noche a la mañana pasaban a ser terroristas. En otros casos, escudándose en la seguridad sanitaria, como lo vivido durante la pandemia. Eso sí, en este caso, se viese como se viese, el recorte de derechos fundamentales fue arbitrario, y así lo pudimos comprobar a lo largo de los diferentes confinamientos que tuvimos en los dos últimos años. Derechos fundamentales como el de manifestación, se podían ejercer en función del barrio al que perteneciesen los manifestantes. Y ahora la guerra en Europa del Este está sirviendo para que los gobiernos europeos apliquen leyes pensadas para situaciones de guerra, pero sin estar en guerra, puesto que está localizada de forma muy nítida; es una contienda ente Ucrania y Rusia, y no pasa por las mentes de la  OTAN ni la UE la idea de formalmente ser parte directa en el conflicto.

Detrás de todo este recorte de derechos individuales y colectivos, lo que está habiendo es un intento de control de la disidencia política e ideológica, y para ello el paso fundamental que están dando los estados es la manipulación de la información. Esta tiene que llegar a la ciudadanía lo suficientemente cocinada para que cualquier parecido con la realidad sea pura coincidencia, pero que sirva a los intereses de los que dominan en los países occidentales.

En todo este deterioro de la salud democrática, los medios de comunicación son la herramienta perfecta para que el Poder pueda llevar a cabo toda esta estrategia, y el periodismo independiente se acaba convirtiendo en la mayor víctima. Los aparatos de los Estados se apoyan en los grandes medios de comunicación que pertenecen a los grandes grupos económicos para la defensa de sus intereses y los periodistas de esos medios no dejan de ser marionetas en manos de los que dirigen esos medios de comunicación.

En este ambiente de manipulación informativa, tienen que andarse con cuidado todos aquellos profesionales del periodismo que son independientes y que tienen un compromiso con la sociedad y con el derecho a una información veraz.

Desde que dio comienzo el conflicto entre Ucrania y Rusia los estados que forman parte de la OTAN y la UE están utilizando la información como el arma más importante para ganar la batalla ante la opinión pública, por lo que el derecho a la información ha pasado a mejor vida. Desde Occidente se ha criticado duramente la actuación del Gobierno ruso en esta materia, pero las diferencias entre ambas partes son más bien de matices. La prohibición de poder ver canales de televisión ruso en Europa occidental es una vulneración del derecho a una información plural. Da la impresión que sólo buscan el pensamiento único. Y con todo esto que acabo de exponer no  justifico la decisión de Putin de invadir Ucrania, pues son cuestiones diferentes.

En este conflicto no quieren testigos que cuenten las cosas que ven, porque la verdad pone en peligro los intereses de toda esa maquinaria montada para que la ciudadanía se forme una opinión en función de los intereses de los países occidentales y cuando hay algún periodista que su objetivo es informar al margen de los poderes mediáticos no deja de ser una persona molesta.

En esta situación se encuentra el periodista vasco Pablo González, que lleva más de 130 días secuestrado e incomunicado en una prisión de Polonia, bajo la acusación de ser espía ruso. Para denunciar esta situación y solidarizarse con el Pablo González, el pasado jueves, 7 de julio, se celebró en Euskal-Etxea de Madrid un acto en el que intervinieron personas de diferentes ámbitos[1]. También intervino mediante videoconferencia Oihana Goiriena, compañera de Pablo González.

Este caso está sirviendo para poder observar el grado de rusofobia que se está trasladando a la ciudadanía. El hecho que Pablo González tenga doble pasaporte, español y ruso, al ser hijo de uno de los niños de la guerra que acabó recalando en la URSS, que domine el ruso y sea un conocedor de los países de esa zona, habiendo estado como periodista en el Dombás, ha servido para estigmatizarlo desde el momento que se conoció su detención.

Del acto quisiera destacar algunas cuestiones que son importantes para poder entender el nivel informativo que se está dando en Europa occidental entorno del conflicto entre Ucrania y Rusia.

Desde la óptica jurídica el magistrado Martín Pallín definió esta situación como un secuestro judicial. La detención se ha producido en un país que no es parte directa en el conflicto, puesto que Polonia y Rusia no están en guerra. Se están vulnerado todo tipo de legislación y tratados europeos, que son de obligado cumplimiento en Polonia al ser miembro de la UE. Pablo González se encuentra en un régimen de incomunicación en el que se le ha prohibido tener un abogado de su confianza y tener una comunicación con su familia. Y dentro de esta situación la abogada Silvia Arribas denunció la pasividad del Gobierno español que se ha limitado a darle asistencia consular mediante tres visitas que le ha realizado el cónsul español. La UE en este caso está mirando para otro lado, sabiendo de las dudas que desde hace tiempo ha generado en este organismo la judicatura polaca.

Desde la óptica del derecho a la información, el panorama que describieron diferentes intervinientes del mundo del periodismo fue bastante negro. Las diversas intervenciones que se dieron en la sala tuvieron un denominador común: hicieron hincapié en la falta de solidaridad por parte de los profesionales del periodismo y la falta de sensibilidad que se vive en nuestra sociedad ante situaciones de este tipo.

El grado de abandono que está sufriendo Pablo González llega al extremo que si uno intenta buscar en Internet la única crónica sobre el acto es la que ha escrito Iñaki Alrui, para el digital LoqueSOMOS. Aquí os dejo el enlace de la crónica para quien esté interesado: https://loquesomos.org/desde-madrid-pablo-gonzalez-libertad.

El apagón informativo está funcionando a la perfección en una sociedad en la que se presume que es transparente. Y en palabras de la periodista Teresa Aranguren, nos encontramos en un contexto de pensamiento único.

Para finalizar, es de agradecer que el salón de actos de Euskal-Etxea de Madrid haya podido servir para ser un altavoz de la solidaridad con el periodista Pablo González, puesto que un acto de esta naturaleza no es lo más atrayente para muchos auditorios.

[1] Los intervinientes fueron Lola, del Colectivo de Madres contra la Represión, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, Ana María Pascual, periodista de Público, Silvia Arribas, abogada de la Asociación Libre de Abogadas y la periodista Teresa Aranguren.

El constante maltrato al electorado de izquierdas

mikelcastrillourrejolaDeja un comentario

No era mi intención escribir línea alguna sobre las elecciones andaluzas, más que nada, porque el final de la película era muy previsible, en el ambiente no había duda alguna que se iba a dar el tercer resultado consecutivo en unas elecciones autonómicas en las que el PSOE pincharía y la izquierda española volvería a darse otro batacazo y de esa forma se cumpliría un guion escrito con mucho tiempo de antelación. Algunos partidos ya habían perdido las elecciones desde el momento en el que fueron convocadas. La única duda era si el PP obtendría la mayoría absoluta, como así ha ocurrido al final del proceso electoral.

El motivo que me han hecho cambiar de opinión a la hora de escribir esto, lo podría resumir en que con los resultados en la mano, es imposible que algunos líderes que se denominan de izquierdas maltraten peor a su potencial electorado.

Escuchar al candidato del PSOE decir que el mal resultado de su partido se debe a que no se ha movilizado el votante de izquierdas es un insulto a toda aquella persona que se siente de izquierdas y que es vilipendiada día tras día por parte de un partido, el PSOE, que desde que llegó por primera vez a gobernar, allá por 1982, ha realizado políticas de derechas en el Estado español, y en Andalucía en particular. Ante este fracaso, al candidato del PSOE habría que recordarle algunas cuestiones que son imprescindibles para entender lo que le ha pasado a su partido.

Las políticas del PSOE en Andalucía no han sido muy diferentes de las realizadas por el PP. Durante los más de 35 años que el PSOE gobernó en esa comunidad, las políticas de izquierda brillaron por su ausencia, sobre todo, cuando no necesito el apoyo de IU. Su acción de gobierno, en muchas ocasiones, las separaba de las del PP una línea difusa, llegando a conseguir que el electorado no encontrase diferencias entre ambos. Un ejemplo es el de la Sanidad Pública. Estando de acuerdo que es un ejercicio muy sano criticar continuamente el furor del PP para privatizar la gestión de la Sanidad en las comunidades donde gobierna, como es el caso de Díaz Ayuso en Madrid, también es necesario recordar que cuando ha gobernado el PSOE en Andalucía ha realizado las mismas políticas. Durante muchos años los hospitales que se construyeron en Andalucía bajo los mandatos del PSOE fueron de gestión privada.

Uno de los problemas que arrastra el PSOE es que no asimila que el votante ya no tiene una identificación o sentimiento inquebrantable a lo largo del tiempo con unas siglas. Esto ya no funciona como los sentimientos con un club de fútbol que son para toda la vida. Hoy en día una persona es capaz de cambiar su voto de toda la vida, máxime si, como he dicho anteriormente, las diferencias con su oponente son imperceptibles. Esto le llevaba ocurriendo al PSOE en Andalucía desde hace tiempo, pero parece que no se quieren enterar. Deben de seguir echando de menos esa época en la que para ganar las elecciones sacaban a pasear a Felipe González y Alfonso Guerra y con cuatro frases y un poco de gracejo andaluz, les era más que suficiente para cubrir sus expectativas electorales.

Cuando gobierna el PSOE suele ser una auténtica heroicidad que realice políticas de izquierda en materia socioeconómica, o para poner en su sitio a las multinacionales de la energía, como ocurre en estos momentos tan complicados que estamos pasando. Es incapaz de adoptar medidas que no sean paños calientes y que sirvan para mejorar de forma sustancial la situación de los sectores más humildes de la población, aunque ello colisione con los privilegios de unos pocos. Ante esta situación que se repite de forma cíclica cuando llega al gobierno, es imposible que el electorado de izquierdas se movilice masivamente en unas elecciones en favor de estas siglas y ocurra que el PP cada vez obtiene mejores resultados en los barrios más deprimidos  de Andalucía.

Un dato que hay que tener en cuenta es que el PSOE de Andalucía ha sido, junto al PSOE de Extremadura y Castilla-La Mancha, el estandarte del PSOE más rancio de todo el Estado español. Ese PSOE de mantilla y castañuela, que se ha montado a caballo, al igual que un señorito andaluz, enarbolando todos los símbolos de la derecha más rancia, que ha criticado cualquier gesto para solucionar los conflictos de carácter plurinacional, que ha sido reacio a más no poder con los pactos alcanzados por la dirección de su partido a la hora de formar gobierno y que ha criticado duramente cualquier acuerdo con independentistas vascos o catalanes, como si fueran una banda de apestados y no olvidemos que aplaudieron fervorosamente la aplicación del 155 en Catalunya por parte del Gobierno del PP. Cualquiera de esas intervenciones que realizan los dirigentes del PSOE de esas comunidades las puede haber realizado perfectamente cualquier líder de la ultraderecha española. Un partido que en Andalucía no ha evolucionado en el tiempo y no ha sabido hacer pedagogía por esas tierras para asumir la realidad de un Estado plurinacional. Han preferido envolverse en la bandera española, al más puro estilo de la extrema derecha, sin tener en cuenta que cuando se entra en ese juego al final lo pierden, porque ese discurso es una de las señas de identidad de la ultraderecha española.

La izquierda andaluza (cuando hablo de la izquierda me refiero única y exclusivamente a todo ese espectro a la izquierda del PSOE) iba a estas elecciones con una mochila repleta de problemas que venía arrastrando de tiempo atrás y que han terminado de explotar en cuanto fueron convocadas las elecciones.

Los problemas empezaron hace algo más de dos años con la ruptura de Anticapitalistas con Podemos derivadas de las diferencias políticas insalvables. Dos formas concepciones antagónicas a la hora de analizar el momento político, pero sobre todo, de las estrategias a seguir. La situación se agravó y llegó a ser lamentable cuando los miembros de UP expulsaron del grupo parlamentario a los miembros de Anticapitalistas entre las que se encontraba Teresa Rodríguez y el posterior intento frustrado de UP para privarles de las actas de diputados autonómicos. Una acción, la de intentar que perdieran sus actas, que generó muchas dudas legales y que no prosperó, pero que dejó una herida imposible de cicatrizarse a medio plazo, lo que auguraba que cada uno recorrería caminos diferente.

Si todo lo anterior presagiaba un futuro poco halagüeño, no era nada para el espectáculo que nos tenían reservado para los meses previos a las elecciones. Bajo el nombre Por Andalucía, la mayoría de los grupos de izquierdas crearon una candidatura en la que Podemos e IU eran las formaciones con mayor peso. Pero ese proceso ha sido uno de los capítulos más lamentables de la izquierda que uno pueda recordar. Los navajazos entre Podemos e IU a la hora de ver quien lideraba la candidatura, el reparto de las subvenciones y la imagen por parte Podemos, llegando fuera de plazo su adhesión a la candidatura, han servido para ahuyentar al votante de izquierdas. Pero como todo este esperpento no les debía de parecer suficiente, la guinda al pastel ha sido cuando la candidatura de Por Andalucía impugnaba la presencia de Adelante Andalucía en los debates televisados. El cainismo de la izquierda en estado puro. En la candidatura de Por Andalucía, tampoco han sabido dar una imagen de unidad a lo largo de la campaña y eso el votante lo percibe. Cada partido ha realizado la campaña un poco por su lado. En los mítines los líderes de unos partidos no coincidían con los de otros partidos. Mas que una candidatura, era la suma de muchas siglas. Todo esto ha ayudado a que se diese un fracaso histórico.

Claro, cuando uno escucha las declaraciones de la candidata de Por Andalucía, Inma Nieto, en las que para justificar el fracaso de su candidatura, culpa a Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) de los malos resultados por presentarse en solitario y dividir a la izquierda no deja de ser un insulto a la inteligencia. Inma nieto, una de las responsables de la expulsión de Teresa Rodríguez y los suyos del grupo parlamentario que compartían en la anterior legislatura andaluza acusa a esta de la división de la izquierda. Las declaraciones de la candidata de Por Andalucía tenían una explicación: era la manera de desviar la atención de un fracaso que llevaba fraguándose varios años, pero que el proceso para crear la candidatura Por Andalucía lo ha acabado rematando.

Si la izquierda andaluza arrastraba los problemas anteriormente descritos, en el caso de la candidatura Por Andalucía, en la que las formaciones más importantes son Podemos e IU, hay que añadir un problema de fondo en su discurso. Es muy complicado querer hacer una campaña de izquierdas con el bagaje que estos dos partidos están teniendo en el gobierno de coalición. Se hace difícil hablar de políticas progresistas en esta campaña cuando IU y Podemos forman parte de un gobierno que no es capaz de aplicarlas. Cada vez que tienen que aprobar alguna medida parece el parto de los montes. La postura de estos dos partidos es muy complicada, pues se antoja bastante difícil y, si se me apura, incómodo estar en un gobierno y a su vez desde fuera apoyar iniciativas que critican la acción del gobierno al que pertenecen.

Sin ser un buen resultado el de Adelante Andalucía, ha conseguido cubrir los objetivos que se habían marcado, que no era otro que entrar en el Parlamento andaluz. Aun teniendo una candidata muy conocida, el objetivo era complicado. La posibilidad de poder de tener voz en el un parlamento autonómico les va a permitir confrontar su discurso con el resto de fuerzas políticas.

La campaña realizada por el PSOE y las candidaturas de izquierda han servido para constatar que no han sido incapaces de acorralar al candidato del PP. Este salió ileso y si se me apura, fortalecido después de los dos debates de televisión. Los partidos a la izquierda han vuelto a entrar al trapo de pedir al candidato del PP que explicase si iba a gobernar o no con VOX. Una pregunta innecesaria, puesto que después de las elecciones de diciembre de 2018 el PP de Moreno Bonilla ya recurrió a VOX para poder lograr la investidura y visto lo visto en Castilla y León, la pregunta ya está respondida. Ante esa obcecación, el efecto que han conseguido ha sido el contrario al deseado, puesto que un porcentaje de votantes del PSOE han apoyado al candidato del PP para evitar que dependiera de los votos de la ultraderecha. Y a su vez, ante todo este despropósito, más de un votante de izquierdas, ha entendido que el voto útil era apoyar al PSOE como mal menor. Todo esto ha generado un corrimiento del electorado hacia la derecha.

A todo este movimiento de votos que se fueron al PP procedentes de votantes del PSOE, hay que añadir que VOX se pasó de frenada durante la campaña exigiendo entrar en el gobierno del PP si este no lograba la mayoría absoluta. Su insistencia fue de tal tono que lo que han conseguido es facilitarle al PP una victoria que probablemente hace unos meses no contaban que fuera de esta magnitud.

Después de las elecciones de Andalucía, el futuro del Gobierno de coalición pende de un hilo. Las consecuencias de la guerra están siendo diabólicas, máxime si le añadimos las secuelas que se arrastraba desde la pandemia. Si en las próximas semanas no es capaz de tomar medidas de carácter económico de envergadura para neutralizar la actual situación, a finales de año estará clínicamente muerto. Este mensaje le está llegando por activa y por pasiva, porque el margen de tiempo cada vez es menor y el poco crédito que le queda se le acaba.